El
mes de ocubre pasado hemos celebrado en Sevilla el XIX Simposio
Estatal y I Ibérico de la Renta Básica Universal (RBU). Estudiosos
y representantes de la sociedad civil de los estados portugués y
español hemos debatido sobre los avances del movimiento por la
implantación de la medida: un ingreso a toda la ciudadanía, que
iguale el umbral de la pobreza, individual, e incondicional, que esto
es la RBU. La asociación organizadora ha sido Andalucía por la RBU,
coordinada con la Red Renta Básica, que integra a las entidades que
en el conjunto del Estado defienden su implantación, y la Asociación
homóloga portuguesa Rendimiento Básico Incondicional, que aglutina
a los partidarios del país vecino.
La
continuidad de estos encuentros demuestra la solidez del movimiento
asociativo y el crecimiento de las personas convencidas de la
necesidad de la RBU para el avance de la justicia, la equidad, la
autonomía personal y la seguridad material básica de todos y todas,
es decir, para el avance de los Derechos Humanos. Lo reconoce la
Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes, aprobada
en la Conferencia de Monterrey en 2007, que incluye la RBU como uno
de ellos. Y así se ha pronunciado el Relator Especial de las
Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos,
Philip Alston, que en comparecencia ante el Consejo de Derechos
Humanos reunido en Ginebra en junio de 2017 ha declarado: “…la
renta básica universal ofrece una solución audaz y creativa a
muchos problemas acuciantes que están a punto de empeorar aún más,
como consecuencia del rumbo hacia el que la economía mundial parece
orientarse de manera inexorable”.
Hemos
hablado en Sevilla de las experiencias de RBU que tienen lugar en
distintos países o ciudades del mundo, con especial atención a la
impulsada por el ayuntamiento de Barcelona; de las fórmulas y
posibilidades de su financiación, con una mesa dedicada a su
viabilidad económica en Andalucía; de los efectos que tendría
sobre la emancipación de la mujer; de las posibilidades que abriría
para el avance del cooperativismo y el amparo de los bienes comunes,
y, finalmente, de la filosofía política que la sustenta.
Muchxs
afirman que es financieramente inviable, pero contamos con estudios
concluyentes que demuestran su viabilidad y aseguran que podría
implantarse aun sin modificar la estructura tributaria y de gasto
público actual
(http://www.redrentabasica.org/rb/libro-renta-basica-incondicional-una-propuesta-de-financiacion-racional-y-justa/).
Una prueba de que se trata de estudios rigurosos es que no han sido
contestados, sino espuriamente ignorados. Cada vez está más claro
que quienes aducen motivos económicos para rechazar la RBU ocultan
probablemente razones menos confesables, como su avenencia con la
injusticia y la opresión, o su sombría creencia de que los humanos
solo nos conducimos bien sometidos y temerosos. Pero no: aunque los
humanos podemos faltar a promesas asumidas, podemos también
libremente cumplirlas, en lo que estriba además una de las fuentes
genuinas de realización personal y extensión de la confianza. Que
además, abrumadoras evidencias prueban que nuestra inclinación a
cumplir los compromisos libremente asumidos aumenta, no con el
crecimiento
económico o la opulencia, sino con la extensión de la justicia y la
equidad. Por eso, la implantación de la RBU no debería supeditarse
en primera instancia a
la estrecha razón economicista. Porque creemos que la justicia y la
libertad son valores primeros que magnitudes abstractas y ya hoy
desacreditadas, como el PIB.
Hay
quien rechaza la medida porque supondría otorgar-nos un derecho sin
deber de contrapartida, ignorando que ello no supone ninguna novedad
en el ordenamiento institucional orientado a garantizar otros
derechos universales, como el de salud, educación, seguridad
personal y patrimonial, etc. Seguramente su rechazo se debe sobre
todo a que miran la sociedad con las anteojeras de la ideología
productivista y trabajocéntrica, concluyendo que la única
aportación valiosa a los demás es mediante el trabajo, dando además
por supuesto que todas las actividades englobadas en ese “cajón de
sastre” contribuyen a crear
riqueza.
Lxs defensores de la RBU estamos convencidos de que las posibilidades
de contribuir a la sociedad no se restringen a producir
trabajando,
por
lo que, donde lxs productivistas ven vagancia, vemos ampliación de
las posibilidades y maneras de vivir.
Otrxs,
en fin, aducen que la RBU es innecesaria, que la solución adecuada a
la pobreza y el desempleo es la mejora de los subsidios y rentas
condicionadas. Pero solo una mirada ignorante puede concluir que la
RBU es una renta condicionada extendida, siendo radicalmente
diferentes los fines que persiguen las rentas condicionadas a los que
persigue la incondicional: todas las rentas y subsidios condicionados
pretenden mantener la supeditación universal de la ciudadanía al
trabajo.
Pero lo que llamamos vulgarmente trabajo
es en realidad una heterogeneidad de actividades de implicaciones y
efectos dispares, amalgamadas y englobadas por el economicismo
hegemónico. Las rentas condicionadas, sean o no cicateras,
contribuyen a la hegemonía del economicismo y a un mundo
trabajocéntrico, lo que constituye una singularidad civilizatoria
total, y una postergación de los ideales también modernos de
libertad, equidad y justicia. Son justamente estos los que pretende
amparar la RBU.
Seguiremos
hablando de RBU.
Félix
Talego
Comisión
de Justicia de la Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía
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