Se ha escrito un crimen o el comienzo del curso escolar 2020-21

Estamos viviendo probablemente el curso escolar más atípico desde la posguerra. La aparición de la pandemia de la COVID19 el curso pasado trastocó el curso escolar con consecuencias que todavía no se perciben con demasiada claridad. Sabemos que un porcentaje del alumnado se desconectó durante el confinamiento, que afectó especialmente al alumnado vulnerable (con necesidades lingüísticas, de PMAR, con problemas de aprendizaje, con escasos medios, etc.). El Ministerio de Educación y las Consejerías de Educación calcularon que entre un 10 a un 15% del alumnado, que varía mucho entre CC.AA., barrios, ciudades, etc., se desconectó durante este período. Añadan al trimestre dado a medio gas, con el pobre sustitutivo que son las clases online, el tercio de aprendizaje que se pierde en los meses de vacaciones de verano y comprobarán que el panorama es desolador.

Si el problema hubiese sido sólo de medios, se hubiera solventado con cierta rapidez. Pero a los medios hay que añadirles la falta de competencias para el uso de las herramientas digitales (aunque sea irónico al hablar de los famosos “nativos digitales”), los problemas de conexión a internet, los problemas de espacio o que el aparato que había en casa se tuviese que repartir entre varias personas.

La enseñanza presencial es insustituible para todo el alumnado, que no sólo aprende conceptos, teoría, competencias, educación en valores, ciencias, letras, artes, u otras disciplinas, sino que también aprende a socializarse, a ser disciplinado, a pensar por sí mismo, etc. Todo esto es muy difícil de transmitir a través de una pantalla y con distracciones alrededor. No se logra el mismo efecto. Recordemos que en la Universidad, donde el alumnado no necesita tanto el espacio de socialización o la tutorización de un docente, los estudios que más se abandonan son los online.

Si estamos de acuerdo con que la Escuela presencial es insustituible, y así nos lo han hecho saber la Ministra de Educación, Isabel Celáa, como los Consejeros/as de Educación de las CC.AA., habría que intentar lograr que la vuelta a las clases sea lo más segura posible, aunque sepamos claramente que no pueden ser 100% seguras.

La propuesta más evidente y clara es utilizar los fondos COVID, que ha puesto el Gobierno central a disposición de las CC.AA., reducir las ratios y contratar docentes. Esto choca en numerosas CC.AA. con la política que se estaba llevando desde hace tiempo, o se ha empezado a ejecutar en esta legislatura, que es perjudicar a la Escuela Pública en favor de la Concertada-Privada. Pongamos que hablo de Madrid o de Andalucía. En el caso de Madrid, que es la Comunidad modelo de la política neoliberal, segregadora y clasista del PP (y las derechas nacionalistas, con la excepción del PNV), lleva años “desmochando” a la Educación Pública a favor de la Concertada-Privada, teniendo el mayor número de alumnado matriculado en estas (53% frente al 47% respectivamente), además de ser la Comunidad más segregada de España por clase social y que ha tenido varios casos de corrupción derivados de la adjudicación de suelos a dichos centros. Si la COVID19 ha demostrado la necesidad de fortalecer lo Público, en especial la Sanidad y la Educación, ¿por qué el Gobierno de Díaz Ayuso (y otros presidentes del PP) va a dar marcha atrás a su programa político en estas circunstancias? Es evidente que reducir las ratios y contratar docentes va a mejorar la calidad de la Educación y puede reducir la distancia entre la Pública y la Concertada-Privada, pero si la Pública mejora habría menos incentivos para enviarlos a la Concertada. Reforzar el Estado del Bienestar no está en la agenda del PP tal y como están demostrando. La pregunta es obvia: ¿Qué han hecho las Comunidades Autónomas del PP, la catalana y alguna del PSOE con los fondos COVID? Porque las propuestas de muchas Consejerías son claramente insuficientes para afrontar las necesidades de la Educación, además de que en algunas Comunidades los fondos serán repartidos para contratar personal entre la Pública y la Concertada. En Andalucía, como en otras Comunidades, se descarta bajar las ratios. Les pongo un ejemplo, en Andalucía, en mi IES hay 3 clases, dos de 2ºESO y una de 4ºESO, a 34 alumnos/as y no nos han permitido hacer desdobles.

Algunas CC.AA. están contratando sucedáneos de docentes que son los llamados “docentes COVID”, digo sucedáneos porque los contratos, aunque son prorrogables, serán hasta diciembre, lo que complica a los centros escolares su asignación para tareas concretas. El segundo problema que tienen es que dichos docentes (dos de ciencias y dos de letras en el caso andaluz, aunque no se saben de qué especialidad) si no llegan antes del claustro de comienzo de curso no se les podrá asignar un horario como al resto de los docentes y habrá que rellenar sus horarios de guardias y más guardias. Sería mucho más interesante bajar las ratios para reducir las posibilidades de contagio, contratar a más docentes (CC.OO. calcula que hacen falta unos 70.746 docentes para todo el país) para mejorar la calidad de la Educación y poner medios para que si se produce un confinamiento en alguna clase o centro el alumnado pueda seguir las clases a distancia correctamente.

Por último, las Consejerías de Educación han delegado sus funciones de orientar con protocolos claros a los centros escolares, que luego se pudiesen modificar según las necesidades de cada centro. Dicho de otra manera, han hecho dejación de funciones endosando las responsabilidades a los equipos directivos y a los/las coordinadores/as COVID, que han recibido una formación de 10 horas y son las personas responsables de realizar los protocolos en cada centro. De enviar a personal con conocimientos y formación sanitaria suficientes nada de nada, que con un curso de 10 horas y buena voluntad se arregla todo. Esa dejación de funciones tiene un objetivo claro: responsabilizar a los equipos directivos o al coordinador/a COVID de los problemas acaecidos en el centro escolar con respecto a la pandemia. Por no hablar de la pruebas que se hará a los docentes, desde el negocio que ha montado el PP de Madrid para RIBERA Salud, pasando por las enormes colas, o lo irracional de que las pruebas no se hagan con mayor frecuencia.

Para que no titulemos este inicio escolar como “Se ha escrito un crimen”, las Consejerías de Educación deben velar por los intereses de los educandos y de los trabajadores de nuestro sector. Reforzar lo Público es imprescindible, no sólo por justicia sino también por Salud Pública.

  

Por Pedro González de Molina Soler. Profesor de Geografía e Historia, ExSecretario de Educación y Formación de Podemos Canarias y militante de CCOO.

Tenemos que hablar. Carta abierta al Movimiento de Hombres por la Igualdad

 

El artículo "El maltratador políticamente correcto" de June Fernández [elDiario.es 30/07/2020] ha sido como una piedra que ha agitado las tranquilas aguas del MHX=. No es la primera vez que alguien de nuestro movimiento es acusado de maltrato, pero sí la primera que algunos de nosotros hemos decidido pronunciarnos públicamente a favor de la denunciante ["Somos lo que hacemos", elDiario.es 11/08/2020].

No ha sido una decisión fácil, al menos para mí. No conozco a June, ni sé de las relaciones que denuncia más que lo que cuenta, pero sí que conozco al acusado y me une a él una relación de cariño y militancia. Tenemos algunas diferencias sobre el camino a seguir, pero nunca imaginé que pudiera ser acusado de violencia sexista. Aunque, como dice June, "No son agresiones que una pueda denunciar a la policía y las heridas que dejan no son visibles", que ella no las olvide ni las perdone dan idea de lo que aún le duelen. No nos corresponde decidir hasta qué punto son ciertos los hechos que denuncia, pero no podemos, bajo ningún pretexto, olvidar que toda mujer que se atreve a denunciar merece ser creída, y que el silencio nos hace cómplices.

Me ha sorprendido el silencio de muchos conocidos militantes de nuestro movimiento; también que algunos lo hayan justificado por falta de datos, o que la mayoría se haya limitado a clicar un “me gusta” al artículo de June o a nuestra respuesta. Pero me ha sorprendido menos que algunos compañeros comenten que alguna de sus parejas anteriores podría decir de ellos cosas similares a las que denuncia June. Es un clásico oír en determinados ambientes que "se liga más" si uno se presenta como igualitario, o que se suelen poner en duda las acusaciones cuando conocemos al acusado por su actividad en pro de la igualdad. Sabemos que no es el primer caso, ni será el último, en el que un militante por la igualdad es acusado de maltrato por su ex pareja.

No se trata por tanto de un caso aislado que podamos despachar echando al acusado a los leones, como hacen muchos defraudadores con quienes han tenido la mala suerte de ser pillados por Hacienda. La lucha contra la violencia ejercida por hombres contra las mujeres es la columna vertebral y la razón de ser de nuestro movimiento. Nuestra prioridad es la lucha contra las desigualdades que la reproducen, y por eso contribuimos a explicar las múltiples formas de violencia contra las mujeres y las causas estructurales que las sustentan. Sabemos que la responsabilidad personal crece con nuestro grado de conocimiento de las violencias sexistas y del impacto que estas tienen sobre quien las sufre, con independencia de que hayan sido ejercidas de forma consciente o inconsciente. Sostenemos que todos hemos sido educados en el sexismo y nos hemos socializado en los privilegios masculinos, pero que cada cual es responsable de la violencia particular que ejerce ante su víctima y ante la justicia.

Sabemos que el camino hacia la igualdad no es fácil. Muchos hombres hemos empezado este camino precisamente a partir del contacto con el movimiento feminista en los foros públicos del activismo social, y de nuestro contacto en lo personal con nuestras compañeras, mujeres feministas, y en este doble aprendizaje hemos comprendido, por encima de la "corrección política" [tan simplista como engañosa], que lo personal es político. Esto nos obliga a un esfuerzo consciente de revisión de nuestra masculinidad que exige la permanente renuncia a los privilegios cotidianos.

Sabemos que, mientras nos movemos en la difusa frontera que a veces separa la discusión de pareja de formas sutiles de maltrato y comportamientos machistas, la reflexión y la aceptación de las críticas nos ayudan a cambiar. También sabemos que por estar a favor del cambio creamos (en algunas compañeras y en nosotros mismos) unas expectativas exageradas, que llevan a esperar que nos comportemos como si hubiéramos llegado al final del camino y estuviéramos definitivamente deconstruidos. No podemos bajar el nivel de exigencia, aunque nos sepamos una suerte de adictos en rehabilitación que tratan de superar el impacto del machismo (del Patriarcado) en sus biografías, que tienen recaídas que los sitúan bajo sospecha permanente, y que necesitan mantener la alerta activada para que estas sean cada vez menos frecuentes e importantes. En este camino hacia la igualdad nadie es el que era cuando inició el cambio, y ni el punto de partida ni los errores cometidos en el camino nos han de impedir seguir luchando por la igualdad.

No debería ser necesario recordar que es fundamental que los hombres por la igualdad seamos coherentes para ser convincentes. Nos jugamos muchos años de trabajo tratando de vencer las legítimas resistencias de los sectores del movimiento feminista que desconfían de nuestras intenciones, que nos ven como a los nuevos semblantes del Patriarcado ("los mismos perros con distinto collar"), capaces de simular para conservar nuestros privilegios, y nos perciben como una amenaza, tanto a su liderazgo como a parte de los recursos que han logrado arrancar a las instituciones.

En el ámbito público, el Patriarcado utiliza la "corrección política" como arma que banaliza y vacía de contenido la lucha en favor de la igualdad. En este contexto, y contra lo que suele suponerse, los hombres por la igualdad somos muy vulnerables a las denuncias por conductas que pueden calificarse de violencia machista; la denuncia se difunde tan deprisa como conocido sea el denunciado y queda en su biografía, aunque la acusación no llegue a probarse. En estos casos podemos ver cómo funcionan algunas relaciones de poder en nuestro entorno observando cómo salen parados sus protagonistas. La víctima es creída y reforzada, y el presunto victimario, pese al tiempo transcurrido y lo que haya cambiado su vida en ese periodo, puede llegar a pagar un precio muy alto en el plano personal, profesional y familiar.

Para avanzar en nuestro camino, los hombres por la igualdad tenemos que tomar nota, evitar las complicidades, censurar las conductas denunciadas y exigir al acusado que asuma el daño causado, aunque no lo provocara de forma intencionada. Que pida perdón e intente repararlo en lo posible. A partir de ahí, creo que, en la mayoría de los casos, no cabe exigir el abandono de la lucha pública por la igualdad, porque eso equivale a una especie de condena de inhabilitación permanente no revisable que les niega la capacidad de cambio que pedimos a la mayoría de los hombres.

Sevilla, agosto de 2020

José Ángel Lozoya Gómez

Miembro del Foro y de la Red de hombres por la igualdad