¿Más allá del estado?

La cuestión del Estado está más que nunca en el centro del debate. Mientras que el Estado-nación (y sus componentes como el pueblo, la soberanía, etc.) se ve profundamente cuestionado por la crisis socio-ecológica (Marcellesi, 2012a), la crisis económica ha puesto en la diana al “Estado del bienestar” como máximo representante del “interés general” y canal de redistribución de las riquezas. Considerado por los sectores neoliberales como un freno al mercado y a la vuelta al crecimiento, se ve atacado de forma brutal y reiterada a través de recortes y/o de privatizaciones de servicios públicos básicos como la educación o la sanidad. Mientras tanto, del otro lado del arco político, las izquierdas se movilizan en la calle o en las instituciones para evitar su desmantelamiento y defender los derechos laborales y sociales obtenidos durante decenios de años. El Estado-nación de Bienestar, verdadero pilar del modelo de desarrollo europeo después de la segunda guerra mundial, por tanto cristaliza la lucha entre las dos visiones que han estructurado la sociedad industrial en torno a la creación y al reparto de las riquezas producidas.

Sin embargo, hoy se suman a este eje clásico de enfrentamiento ideológico y práctico en torno al Estado, su forma actual y su futuro, otras interrogaciones y contradicciones (algunas nuevas, otras no tanto) que, en este artículo, analizaremos desde el triple prisma interdependiente: la crisis ecológica, los comunes y la regeneración democrática. En base a esta reflexión inicial, propondremos algunas pistas para el debate y la práctica.

El Estado frente a los retos del siglo XXI

Estado y crisis ecológica

Vivimos una crisis ecológica profunda que es a la vez energética, climática y alimentaria y que, si no hacemos nada para contrarrestarla, cuestiona la propia supervivencia civilizada de la humanidad (Marcellesi, 2012b). Esta crisis multidimensional es la consecuencia de un modelo socio-económico, el “liberal-productivismo”, basado en la idea industrial de un crecimiento continuo de las cantidades producidas y consumidas. Sin embargo, todo indica que los países enriquecidos van a salir tarde o temprano de este breve periodo de su historia en que el crecimiento daba sustento a la (relativa) paz social y al progreso (Gadrey, Marcellesi, Barragué, 2013). En este contexto, sería iluso pensar que el fin de la era del crecimiento no afecte al Estado moderno y, en concreto, al “Estado de bienestar”. De hecho, la new economics foundation (nef) realiza para Gran Bretaña el análisis siguiente que, sin duda, podemos extender al resto de los Estados europeos: “el Estado del bienestar ha crecido de manera exponencial desde que se fundó a mediados de los años cuarenta. Su crecimiento ha dependido siempre de un crecimiento económico continuo que, a través de los impuestos, produjese más beneficios para pagar mayor y mejores servicios públicos. Este supuesto ya no se sostiene.” (nef, Ecopolítica, 2012: pp. 77-78). Además, en este contexto el Estado —junto con las administraciones públicas locales y el sector privado— ha sido uno de los promotores esenciales del productivismo y de las megainfraestructuras (nucleares, autopistas, aeropuertos, tren de alta velocidad, sanitarias, etc.) en nombre del “interés general” a veces confundido con el “interés corporativo” o simplemente aplicado desde un enfoque típicamente crecentista y tecno-científico del progreso.

El Estado actual es fruto, reflejo y actor principal de la sociedad industrial y, al igual que ella, fundamenta su visión y acción en la capacidad de tener acceso a fuentes de energía barata, abundante y de buena calidad. (2) Esta característica de “abundancia energética” permite mantener o aumentar la complejidad cada vez mayor del Estado (administraciones, leyes, etc.), (3) una centralización de sus decisiones y estructuras, su capacidad de control sobre el territorio así como un amplio abanico de personas y colectivos no dedicados a la producción de alimentos y energía pero indispensables al funcionamiento político-administrativo (ejército, burocracia, clase dirigente, etc., [Diamond, 2006]). Sin embargo, la era de los combustibles fósiles (con altísimos rendimientos energéticos) está tocando a su fin y entramos en la era de la sobriedad energética donde además las fuentes renovables tienen retornos energéticos mucho más bajos que las fuentes fósiles. Además de cuestiones ideológicas sobre el papel del Estado, es por tanto necesario repensar, dentro de una reconfiguración general de la sociedad, formas de administración pública acordes con la biofísica y los recursos naturales disponibles. Dicho de otro modo, “el coste entrópico es demasiado elevado (…) y la superficie estatal debe decrecer” (Cochet, 2012). Desde la justicia social y ambiental, el Estado tiene un enorme reto para iniciar su transición socio-ecológica ya que “no hay país que disponga de avanzados servicios de cuidados sociales que no los haya construido sobre una base social de consumo intensivo de energía total y per capita. Aumentar el bienestar y el crecimiento económico con recursos de peor calidad, aunque sea posible, es algo que no sabemos cómo se puede materializar” (Mediavilla et al, 2013).

 

Estado y los “commons“

Entendidos como los recursos, bienes, servicios o cosas, tangibles o intangibles, producidos y gestionados desde una comunidad determinada, los comunes no reducen las relaciones sociales a las de interés económicos o de poder, por muy reales y exigentes que sean, y se diferencian de las dos formas más emblemáticas de la modernidad: los intercambios a través del mercado y a través del Estado. Es una apuesta para que las comunidades puedan tener más control sobre sus vidas, sus tierras y recursos naturales (propiedad y gestión de los derechos comunales), su relación con los ecosistemas, su trabajo productivo y reproductivo, su cultura e identidad, y poner en el centro la cooperación, la solidaridad, la ecología y la autogestión.

Por lo tanto, al poner en el centro de atención y como sujeto activo la comunidad (en vez del concepto de “pueblo” (4)) y el interés comunitario (en vez del “interés general”), los comunes no se confunden con lo “público” (sinónimo principalmente en nuestras sociedades de lo estatal y sus mecanismos de redistribución y protección social). Esto plantea dos contradicciones centrales en nuestras sociedades con Estado (5):

• Universalización y relocalización de los derechos: existe una tensión evidente entre estas dos dinámicas potencialmente opuestas. Mientras que el Estado amplia la solidaridad a toda la ciudadanía de su nación de referencia por encima de los lazos comunitarios (universaliza —parcialmente (6)— los derechos), los comunes ponen el énfasis en la solidaridad intracomunitaria (relocalizan los derechos). (7)
• Articulación de lo local y lo global: de la misma manera, mientras que los comunes centran sus esfuerzos en construir comunidades políticas locales, la situación de interdependencia y ecodependencia a nivel continental y mundial tendría que suponer mayor conectividad democrática social e institucional globales. Esta danza dialéctica entre lo local y lo global plantea por un lado la cuestión de las relaciones entre el Estado existente (o estructuras supraestatales) y las comunidades y, por otro lado en caso de ausencia de un Estado moderno, la cuestión de la articulación a nivel supralocal, continental o mundial de una multiplicidad de unidades autogestionadas según los derechos comunales.

Los comunes marcan no solo un proceso evidente de desmercantilización sino también una tendencia clara a la desestatalización de la vida. Dicho de paso, no nos tendría que sorprender este doble proceso de éxodo fuera del mercado y del Estado puesto que, como lo recuerda y demuestra Graeber (2012), “el Estado y el mercado son dos caras de una misma moneda”.

 

Estado y regeneración democrática

Las demandas de regeneración democrática son patentes. En las sociedades occidentales, ya sea a través del 15M, del movimiento Occupy Wall Street y de los “procesos constituyentes”, el Estado se enfrenta también a las reivindicaciones de democracia, participación y horizontalidad. Este desafío es desde luego de difícil solución ya que, como decía Charbonneau (1949), el Estado es el poder, la fuerza, la guerra: “hablar de Estado autoritario, centralizado o jerarquizado, es un pleonasmo”. Y cuanto más grande e importante es el Estado —sea cual sea su régimen político—, más alejado está de los centros de decisiones y menos capacitado se ve para ofrecer democracia directa y deliberativa. Dicho coloquialmente, el tamaño importa.

Con este análisis, existe una tensión evidente entre las exigencias de “democracia real” y de defensa del “Estado de bienestar”. De hecho, a diferencia de Bourdieu que opinaba que existía un “Estado de la mano izquierda” y un “Estado de la mano derecha”, es necesario reconocer que el Estado es un solo cuerpo indisociable que asienta su capacidad de redistribución y regulación (su mano social) en su capacidad de ejercer la violencia legítima (su mano derecha). Ahora bien, el corolario de este planteamiento nos lleva a preguntar de nuevo: en una sociedad de masas ¿es posible garantizar la seguridad y los derechos universales de la ciudadanía sin —o con menos— aparatos estatales complejos y represivos? En este caso, ¿hace falta renunciar a la participación directa a cambio de mayor universalización y paz intra e interterritorial?

 

Pistas para el debate y la práctica

Este breve análisis en torno a la crisis ecológica, los comunes y la regeneración democrática lleva a proponer —en diferentes grados según las respuestas que se dan a los diferentes cuestionamientos apuntados más arriba—:

• Una descomplejificación del Estado, es decir una menor necesidad de recursos energéticos para alimentar sus estructuras y que éstas sean capaces de adaptarse a la nueva realidad socio-ecológica.
• Su descentralización, que permita un “circuito corto de producción-consumo” de servicios públicos así como un acercamiento de las decisiones democráticas a nivel local.
• Una desestatalización: de la mano de la desmercantilización, es una devolución de poder a las comunidades y un refuerzo de la democracia desde abajo (barrio, municipio, comarca, etc.).

En base a estos elementos, surgen propuestas más o menos radicales de cara a la transformación del Estado realmente existente que podemos clasificar en tres categorías:

1. Una reforma progresiva del Estado que insiste a la vez en la descentralización de sus servicios públicos (garantizando el principio de igualdad de acceso) y en su papel central como agente para la transformación ecológica de la economía. Por un lado, se trata de reforzar los servicios públicos a nivel local, fuertemente descentralizados y abiertos a la participación (8), y en sectores de alto valor añadido para las personas, la sociedad y el medio ambiente (transportes públicos y limpios, bicicletas, educación, salud, justicia, redes energéticas distribuidas, etc.). Por otro lado, se trata de reconocer que el Estado tiene a nivel ecológico la capacidad real de inversión en un “New Deal Verde” que fomente la transición estructural hacia una economía sostenible. El Estado, incluso a una escala supralocal o regional, no desaparece. Más bien, su rol cambia: de omnipotente, pasa a tener una función de financiación del proceso de cambio y de coordinación de las iniciativas locales.
2. Una evolución radical de la forma Estado que insiste en la dimensión energética y/o democrática de sus estructuras y capacidades. Por ejemplo, Cochet (2012), que postula que el colapso de la sociedad industrial es inevitable, propone la evolución de los actuales Estado hacia nuevos “Estados simples locales”. El tamaño de esta “sociedad local autónoma” dependería de los “grupos enemigos” que tiene que enfrentarse y, seguramente, se parecerían bastante a las ciudades-Estado italianas o germánicas del siglo XVIII. Por su parte, Fotopopulos, impulsor de la iniciativa Democracia Inclusiva y con muchos rasgos del municipalismo libertario de Bookchin, propone (re)construir núcleos locales de un máximo de 30.000 personas (al igual que en las ciudades griegas antiguas) en torno a instituciones que permitan la democracia económica y política. Luego se establecería una confederación de municipios a nivel local, regional y planetario que “más allá de los confines de la economía de mercado y la planificación estatal” evolucionaría hacia una planificación participativa. (9)
3. Una sustitución del Estado por las comunidades autogestionadas. Es, por ejemplo, la propuesta de Víctor Toledo que desde México plantea un poder social entendido como “autogestión, autosuficiencia, autoabasto y, por supuesto, autodefensa” (2013). El objetivo es claramente la potenciación de “un poder paralelo de carácter emancipador” (basado en la cooperación, la solidaridad y el apoyo mutuo) que crea sus cooperativas, bancos locales, producen alimentos sanos, autoconstruyen viviendas, radios comunitarias y sus propias policías. Por su parte, las cooperativas integrales europeas responden a planteamientos muy parecidos de construcción paralela de realidades prácticas que, aunque se amparan en una forma jurídica legal de transición, buscan escapar tanto del mercado como del Estado. De tamaño reducido (un centenar de personas, para permitir el mutuo conocimiento y la gestión democrática), es una apuesta por la independencia política y económica al margen del sistema y por la autogestión en red donde están presentes todos los elementos básicos de una economía como la producción, el consumo, la financiación o una moneda propia.

Sea cual sea el camino elegido (aunque con más fuerza para el segundo y tercero), hay preguntas comunes. Para no pecar de ‘buenismo’, es importante reflexionar sobre la relación y/o confrontación con el poder institucional y la capacidad de llevar el cambio más allá de proyectos locales. Como lo explica Besson-Girard (2012) sin ningún tipo de ingenuidad hay que prepararse a “situaciones cuando los dueños del sistema ya no tolerarán más su perdida de influencia. Por encima de un umbral de reformas aceptables, es decir que puedan recuperar en beneficio propio, utilizarán su fuerza brutal como siempre lo han hecho”. Es de hecho lo que Bensaïd (2003) llama la “dualidad de poder”, entre el poder de arriba y el poder de abajo, que potencialmente puede llevar a la acción represiva de los gobernantes y la autodefensa violenta de las personas y de los colectivos oprimidos.

Para que la transición sea cuanto más ordenada y pacífica posible, es necesario pensar por tanto la institucionalización y generalización de las prácticas e iniciativas llevadas desde abajo. Llegado un momento dado y superado la fase de pruebas y laboratorio de ideas, las nuevas realidades necesitan un marco regulatorio (a nivel local y supralocal) que fije las nuevas reglas del juego. Para ello, no se puede obviar que, como recordaba el poeta Paul Éluard “otros mundos son posibles pero se encuentran en éste”: es decir, por mucho que queramos construir mundos al margen del sistema y aún más en un mundo totalmente eco e interdependiente, existen estructuras e instituciones que se interrelacionan con las nuevas realidades, las limitan, las controlan, las destruyen… o colaboran con ellas y les dan alas. Más allá de proyectos concretos que pueden acabar conviviendo dentro del sistema dominante sin cambiar su esencia (como pasó con las cooperativas integrales del siglo XIX), requiere herramientas socio-políticas capaces de articular una visión global y solidaria, crear alianzas o luchar en las instituciones (como dentro del Estado) y tomar decisiones determinantes en momentos críticos.

En este sentido, se refuerza la prioridad de tejer redes de reflexión y acción entre todas las “islas alternativas” para que no se conformen con ser una gestión cooperativa o comunitaria del capitalismo y del Estado o una gota en una océano de conformismo sino que “se enmarquen en un proyecto político que busque un mayor grado de autodeterminación de las personas, los pueblos y los territorios (en alianza con otros sujetos de cambio social)” (Azkarraga y Altuna, 2012) (10)  y tomen conciencia colectiva de su potencial como fuerza de transformación de las estructuras actuales, incluido el Estado. Como lo dice Subirats (2013), cogiendo ejemplo de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, “el cambio no vendrá ni principalmente ni únicamente desde arriba” así que “necesitamos construir una nueva agenda y una nueva coalición a su alrededor. Crear nueva política, nuevos rituales de acción y decisión de lo común (…) Las alternativas deberán surgir de nuevos conglomerados, ciudadanos e institucionales”.

En este contexto, la cuestión del Estado —su realidad y su potencial tanto de resistencia como de cambio— es clave de cara al futuro y hace falta desarrollar un discurso y una práctica que tengan en cuenta su papel en la transición hacia una sociedad equitativa y ecológica.

Por Florent Marcellesi (1)

Publicado en el nº45 de la Revista Ecología Política.

Bibliografía:

Azkarraga Etxagibel, Joseba y Larraitz Altuna (2012): “Cooperativismo, economía solidaria y paradigma ecológico: una aproximación conceptual” en Ecología Política, nº44

Bensaïd, Daniel (2003): “La Révolution sans prendre le pouvoir ?” Contremps, febrero 2003

Besson-Girard, Jean-Claude (2012): “Par delà l’État”, en “La décroissance et l’État”, Entropia, nº13 otoño 2012, p. 150-161

Charbonneau, Bernard (1949): L’État, Economica.

Cochet, Yves (2012): “États simples locaux”, en “La décroissance et l’État”, Entropia, nº13 otoño 2012, pp. 63-73.

Diamond, Jared (2006): Armas, gérmenes y acero, Debate Editorial

Fotopoulos, Takis (2002): “Estrategias de transición y el proyecto de la Democracia Inclusiva”, Democracy & Nature, Vol. 8, No. 1

Gadrey, Jean, F. Marcellesi y B. Barragué (2013): Adiós al crecimiento. Vivir bien en un mundo solidario y sostenible, El Viejo Topo.

Graeber, David (2012): En deuda, Ariel

Marcellesi, Florent (2012a): “Hay que jubilar el Estado-nación“, entrevista en Diagonal, nº183.

Marcellesi, Florent (2012b): “¿Qué es la crisis ecológica?“, en Cuides, nº9

Mediavilla, M. Carlos de Castro, Luis Javier Miguel, Iñigo Capellán, Pedro Prieto, Emilio Menéndez, Juan José Álvarez (2013): ¿Por qué basar todo en el crecimiento? (contestación a Vicenç Navarro), disponible en http://www.eis.uva.es/energiasostenible/?p=1170

New Economics Foundation, Ecopolítica (2012): 21 horas: Por qué una semana laboral más corta puede ayudarnos a prosperar en el siglo XXI, Icaria.

Subirats, Joan (2013): “¿Bloqueo político?”, en El País, 23-03-2013.

Toledo, Victor M. (2013): “Y ¿si nos autodefendemos?”, en La Jornada, 03-01-2013.

Notas:

(1) Investigador y activista ecologista, es miembro del consejo de redacción de la revista Ecología política y coordinador de Ecopolítica. Es también miembro de Equo. Más información: aquí.

(2) Mientras que las sociedades primitivas o agropecuarias necesitaban una Tasa de Retorno Energético (TRE) global de entre 4 y 6, la sociedad industrial y tecnológica actual tiene una TRE global de entre 12 y 25. Sin embargo, es poco probable que sin combustibles fósiles y solo con energías renovables podamos mantener TRE globales tan altos (por ejemplo, la fotovolcaíca tiene un TRE de 2,4). Recordamos que la TRE es el cociente de la cantidad de energía total que es capaz de producir una fuente de energía y la cantidad de energía que es necesario emplear o aportar para explotar ese recurso energético. Es decir: TRE = energía obtenida / energía invertida. Fuente: Prieto, P: Renovables: mitos y realidades, Conferencia del 19 de marzo 2013 en Málaga.

(3) Como explica el antropólogo Joseph Tainter: “Disponer de una energía barata nos permite desarrollar una complejidad aún más grande (…). Es lo que llamo la espiral energía-complejidad: tienden a entremezclarse, o bien aumentar, o bien disminuir conjuntamente. De hecho, solo pueden aumentar o disminuir juntas (…): no podéis tener complejidad sin energía, y si tenéis energía, tendréis complejidad”. Fuente: http://petrole.blog.lemonde.fr/2011/10/31/lempire-romain-et-la-societe-dopulence-energetique-un-parallele/

(4) En la teoría del Estado-nación moderno, el pueblo es un cuerpo homogéneo y con voluntad única que entrega y deposita su soberanía en el Estado.

(5) El “Estado plurinacional de Bolivia” es un buen caso práctico para estudiar las contradicciones entre voluntad de unidad e igualdad del Estado y las distintas formas de autonomía regional, municipal y de los pueblos originarios.

(6) Esta “universalización” es parcial, puesto que se circunscribe al marco del Estado-nación. Si bien existen dinámicas más amplias de universalización de derechos más allá de la nación como en la Unión Europea o a través de las luchas de solidaridad internacional, la casi totalidad de los derechos de una persona siguen vinculados a su nacionalidad.

(7) Dicho de paso, la relocalización de la solidaridad también implica una relocalización del uso de la violencia legítima desde el Estado hacia la comunidad y, por tanto, plantea la cuestión de la regulación de conflictos entre comunidades.

(8) Por ejemplo, el pueblo francés de Loos-en-gohelle ha puesto en marcha el “compromiso 50%-50%” que consiste en la aportación municipal de capital económico y técnico a una iniciativa del vecindario si se compromete este último a participar en su mantenimiento y cuidado (i.e. financia un huerto escolar que la AMPA y los escolares gestionan). Es lo que la nef llama la “coproducción de bienestar”.

(9) La propuesta de Fotopopulos deja muchos interrogantes prácticos abiertos: ¿cómo funcionaría esta confederación? ¿Cómo se alcanzaría esta mutación radical institucional más allá de coger el poder a nivel municipal?

(10) Los autores se refieren principalmente al movimiento cooperativista pero su reflexión se pueden extender a cualquier otro movimiento a favor de los comunes.

25 DE NOVIEMBRE, DIA INTERNACIONAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Es obvio que las mujeres somos uno de los colectivos más vulnerables y, por tanto, uno de los que más estamos padeciendo los recortes de derechos que, con la excusa de la crisis económica, se están aplicando a todos los españoles. Dos años de recortes encadenados nos han servido para darnos cuenta que aquello que creíamos que estaba consolidado -“Todo lo que era sólido”, como Antonio Muñoz Molina describe en el ensayo recientemente publicado con ese título -, no era sino una ilusión colectiva. De ahí, que se sigan poniendo en cuestión derechos que muchas de nosotras pensábamos estaban consolidados. Tenemos así que seguir soportando actitudes que nos transportan a luchas pasadas, como la ocurrida el pasado domingo, cuando una voluntaria de la entidad que en Madrid había organizado una marcha “Pro Vida”, pintaba con un spray rojo los pechos desnudos de las manifestantes que, con su reivindicación, buscaban que la ley del aborto se quede como está. Un derecho que habíamos conseguido las mujeres de este país después de años, y que gracias a las presiones de los sectores más conservadores, tendrá un retroceso de años. Pero no sólo es el derecho al aborto; es también la nueva Ley de Educación; el recorte en la Ley de la Dependencia; es la nueva Ley de Régimen Local, y tantas y tantas nuevas normas que están recortando derechos adquiridos y que nos afectará a todos pero, en especial, a nosotras, las mujeres.

Pero hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres, no podemos ni debemos de olvidar a las 702 mujeres que en los últimos 10 años perdieron su vida a manos de sus parejas. Terrible es la cifra, sin duda, como también lo son otras que nos lo parecen y por la que se celebran manifestaciones multitudinarias, como por ejemplo, el número de asesinados por la banda terrorista ETA que desde 1960 provocó un número parejo de víctimas. Por ello, tal día como hoy, necesitamos alzar la voz y a pesar de que pueda, en algún momento, parecer reiterativo, hay que recordar por todos los medios que podamos, que en estos once meses que han transcurrido de 2013, ya han muerto 44 mujeres, sólo 8 mujeres menos que en todo el 2012. Estas víctimas han dejado 40 huérfanos menores. Pero lo que es aún más terrible, la violencia de género también se ha llevado la vida de sus hijos, porque este año han sido asesinados 8 niños, frente a los 6 que fueron en 2012 o los 5 que lo fueron en el 2011. Con los datos en la mano, la realidad que se nos presenta no puede ser peor: Durante el pasado año 2012, se presentaron 128.543 denuncias. A finales de septiembre de 2013, había en nuestro país 66.531 mujeres bajo algún sistema de atención policial, de las que además, 10.511 contaban con algún servicio de teleasistencia.

Frente a estos datos terribles, y a pesar de que la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género” aprobada a finales del 2004 nos había puesto en el buen camino, los recortes realizados por el gobierno del PP en estos dos últimos años ponen de manifiesto que, 7 años después, se está produciendo un fuerte retroceso que nos está llevando a que, de nuevo, la violencia se está quedando en casa, de puertas para adentro. El recorte presupuestario, brutal y sangrante, ya supera el 28%, lo que de hecho supone menos atención, menos sensibilización, menos prevención y más mujeres que no pueden salir de la espiral de la violencia.

Todos los indicadores están dando señales de alarma fundamentalmente porque, viendo los datos, comprobamos que el hecho de que las denuncias hayan descendido, no nos puede hacer pensar que el problema de la violencia contra las mujeres se está solucionando. Porque la denuncia protege. Las mujeres víctimas se sienten ahora más desprotegidas y, por tanto, denuncian menos y por consiguiente, tienen más posibilidades de ser asesinadas. Si analizamos las cifras, podemos corroborar esta intrínseca relación entre homicidio y denuncia: En 2009, de las 56 mujeres asesinadas, el 75% de ellas no habían presentado denuncia; en el 2010, el número de mujeres muertas sin denunciar previamente a su asesino, bajó al 70%. El año pasado, el porcentaje de mujeres asesinadas sin denuncia previa volvió a subir al 80,7%. Estos datos sólo están avalando la efectividad de la denuncia como parte del sistema de protección y confirman que la denuncia “ampara”. De ahí la importancia no sólo de concienciar a la mujer víctima de la necesidad de denunciar, sino a la sociedad en general, de la gravedad del problema.

Una mujer víctima de malos tratos tiene más posibilidades tras interponer una denuncia de disponer de las medidas de protección que establece la ley. Pero además, los recortes en esta área han llevado no sólo al desmantelamiento de muchos centros de atención a víctimas, sino también a la reducción de campañas de sensibilización hacia las mujeres y hacia la sociedad que las rodea, con lo que el círculo vicioso vuelve a empezar y muchas mujeres maltratadas no pueden salir de él.

Estamos hablando de la necesidad de que todos nos concienciemos, porque frente a la violencia contra las mujeres sólo puede haber tolerancia cero. De ahí, que sean terribles los datos como el que nos ha ofrecido recientemente un estudio en el que se demuestra que un alto porcentaje de las adolescentes y jóvenes españolas soportan a diario actitudes de sus parejas, cuanto menos sospechosas. Porque la lucha contra la violencia de género tiene un carácter integral y, fundamentalmente, de educación. Por tanto, hay muchas leyes que le afectan directamente. Cambiar estas leyes provoca dar pasos de gigante hacia el pasado. Así ha pasado con la nueva Ley de Educación, que con la desaparición de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, se elimina una de las claves en la prevención de la violencia, dejando a los y las jóvenes sin educación en valores como la igualdad y el respeto. Pero lo será también la Ley de Reforma Local, ya que al quitar a los ayuntamientos las competencias de igualdad y violencia de género, desmantela multitud de servicios de apoyo a las mujeres que prestan en estos momentos los ayuntamientos. Y lo es también la reforma del Código Penal que al eliminar la rúbrica de “delitos relacionados con la violencia de género”, ha excluido una expresión de gran carga simbólica que no hacía más que profundizar en el objetivo que debe de ser conseguir la igualdad de todos y todas.

En definitiva, se trata de seguir avanzando y no retrocediendo en la prevención. Para ello la educación debe de ser uno de los instrumentos fundamentales que ayudará a eliminar una lacra social que han padecido, en algún momento de su vida, según un estudio del CIS, un 10,9% de las mujeres españolas. La violencia contra las mujeres no es un problema que se ciñe sólo al hogar, es un problema de todos.

“La violencia contra la mujer es quizás la más vergonzosa violación de los derechos humanos. No conoce límites geográficos, culturales o de riquezas. Mientras continúe, no podremos afirmar que hemos realmente avanzado hacia la igualdad, el desarrollo y la paz” (Kofi Annan)

Mª José Acedo Chaves

Socia Fundadora y Expresidenta de la Asociación de Mujeres “Carolina Coronado”

ADMINISTRACIONES DE CRISTAL: 50 recomendaciones

La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 19 establece que «todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión», lo que supone el punto de partida para la puesta en marcha de procesos de transparencia.

1. Condiciones de la transparencia:

• Visibilidad: facilidad de acceso, lugar visible, recorrido sencillo o poco complejo.
• Accesibilidad: Adaptada a las personas independientemente de su capacidad física o intelectual; no necesidad de permiso o registro.
• Actualidad: Información actual y puesta al día.
• Contextualidad: La información debe estar contextualizada, pero sin manipulaciones, es decir, publicar información contextualizada y veraz.
• Trazabilidad: La información de las administraciones públicas debe estar perfectamente registrada y trazada y debe permitir su auditoría.

2. Realizar previamente un proceso de formalización de los procedimientos con objeto de tener accesible la información.

3. Creación de catálogos de datos en donde se especifique de forma clara qué información existe y quién la tiene.

4. Comenzar la divulgación de datos a la sociedad civil desde áreas políticamente menos sensibles.

5. La información que esté disponible públicamente debe indicar la fuente, la fecha y el enlace para verificar su veracidad y fiabilidad.

6. La información debe estar disponible en formatos que permitan su acceso o reutilización.

7. Establecer buscadores y rastreadores de información eficaces.

8. Construir lazos entre la sociedad civil y la administración pública es clave para el desarrollo de datos abiertos.

9. Incluir a la sociedad civil en el Consejo de la Transparencia.

10. Fomentar y estrechar la interacción entre funcionarios públicos y cargos institucionales.

11. Incluir entre la información a publicar:

• Los informes de reparos, los informes de los tribunales de cuentas.
• Documentos (escritos, informes, correos) que se hayan dirigido a los cargos institucionales (políticos, directores generales, coordinadores).
• Las agendas públicas (ponentes, calendarios, comparecencias, retribuciones).
• Notas, borradores, opiniones, sumarios, comunicaciones e informes internos. Definir claramente lo qué es un borrador o un informe interno.
• Publicar los correos electrónicos, llamadas.

12. Separación entre la Agencia de protección de datos y la agencia para la transparencia, garantizando su independencia.

13. Obligación de crear un Portal de transparencia en las páginas institucionales en el que consten todos los indicadores y, en su caso, la indicación no publicado o no existente. Asimismo deben publicarse las solicitudes de información y sus respuestas positivas, negativas y no contestadas.

14. Lugar de fácil acceso y formato estandarizado.

15. Estandarización de los portales de transparencia de todas las instituciones.

16. Armonización de plataformas por una mejor integración y publicación de datos (interoperabilidad, formas de descargas, software no propietario).

17. Crear auditorías ciudadanas de transparencia, con carácter vinculante, fomentando así la participación y el compromiso ciudadano.

18. Establecimiento de un comité que determine la existencia o no de la información y su carácter confidencial o de reserva.

19. Manuales sobre procedimientos, sencillos y accesibles.

20. Importar las buenas prácticas de otras instituciones y países con procedimientos y democracias más consolidadas.

21. El acceso a la información pública debe constituirse y defenderse como un derecho fundamental.

22. La transparencia y el acceso a la información deben constituirse en la regla, y la denegación de información en la excepción.

23. Revisiones periódicas de los contenidos para que se compruebe la veracidad y actualidad de los mismos (auditorías ciudadanas e institucionales de transparencia).

24. Supervisor independiente en cada institución que vele por el cumplimiento de la ley.

25. Es muy importante la información acerca de programas de gobierno y grado de cumplimiento.

26. Aprovechar la colaboración de todo tipo de instituciones: universidades, asociaciones, tercer sector, activistas.

27. Informes gráficos comprensibles, evaluación del desempeño, objetivos, certificaciones externas de control, auditorías externas y/o sociales, mecanismos participativos, etc. pueden ser algunas herramientas para la implementación de nuevos servicios a través de Internet.

28. Evitar la divulgación de grandes cantidades de información que requieren largas descargas y que tengan pocas posibilidades de selección y tratamiento.

29. No publicar información sumamente técnica y de poca utilidad para un público no especialista.

30. El/la solicitante de información no debe declarar interés alguno.

31. Control y seguimiento de solicitudes de información (auditorías, trazabilidad)

32. Sistema de solicitud de información fácil y en formato electrónico.

33. Las respuestas deben ser inmediatas, veraces y actualizadas.

34. Debe publicarse toda información solicitada e incorporarla al portal.

35. Evitar la redirección de solicitudes cuando la dependencia tenga la información en su poder, aunque dicha información no dependa de ella (pasar la pelota).

36. Evitar que las dependencias se escuden en la falta de obligación en la producción de información para responder a una solicitud, recabando la colaboración ciudadana en los casos que sean necesarios para su producción.

37. Establecer un órgano en la institución que asesore a la ciudadanía. Los solicitantes dependen de la buena voluntad de cada departamento, pues pocos ciudadanos/as tienen un conocimiento suficiente acerca de cómo localizar puntualmente información al interior de la institución, para así establecer si ésta ha proporcionado toda la información relevante de la que dispone.

38. Analizar y perseguir la tendencia a declarar “inexistencia”, pues resulta muy difícil para los solicitantes contraargumentar una declaración de inexistencia, mientras que el funcionario/a público corre poco riesgo si contesta que buscó la información y no la encontró.

39. Organismo externo para revisar y dictaminar sobre los recursos de revisión

40. La solicitudes de denegación de información deben remitirse al órgano de control para su revisión de oficio.

41. El órgano de control debe atender cualquier situación en la que un solicitante, por cualquier motivo, esté insatisfecho con la respuesta que ha recibido. Esto incluye negaciones de información tanto formales como de facto. Una negación formal ocurre a consecuencia de la clasificación de información, cuando se decide que ésta es reservada o confidencial. Una negación de facto ocurre cuando se decide que la información solicitada es inexistente o cuando la respuesta está incompleta o es inapropiada.

42. Los miembros del órgano de control deben favorecer la divulgación pública de la información, debiendo seleccionarse profesionales de reconocido prestigio y trayectoria en favor de la transparencia y normalmente críticos con los gobiernos de turno.

43. El recurso de revisión debe ser claro y sencillo. No se debe requerir de abogado ni experto técnico para interponerlo, debiendo facilitarse el proceso a través de Internet. El órgano de control debe intervenir y juzgar si la dependencia tuvo o no razón en su respuesta. No usar términos legales complejos.

44. La decisión del órgano de control debe ser de carácter vinculante, independientemente de que el organismo público disponga de vías de apelación.

45. Creación de un registro específico donde se pueda acceder con facilidad y de forma centralizada a los contratos de publicidad institucional.

46. Regular la actividad de los lobbys para evitar la opacidad de las relaciones entre poder económico y político.

47. Los partidos políticos deben ser los primeros y principales interesados en excluir de la política a los corruptos, por tanto sus órganos de gobierno deben establecer la transparencia al máximo nivel del partido, de forma que sus cargos electos estén obligados a ponerla en práctica en todas las instituciones que gobiernen.

48. La transparencia no debe limitarse a las cuentas públicas pues hay otras variables de igual o mayor importancia que los asuntos económicos y que deben ser tenidas en cuenta, como pueden ser las agendas públicas y el cumplimiento de la carta de compromisos o de los programas de gobierno.

49. El objetivo de la transparencia debe ser facilitar un gobierno abierto (participación y colaboración). Para la ciudadanía y la oposición no debe constituirse únicamente como herramienta de crítica, morbo, continua sospecha, cuestionamiento permanente y desconfianza. Para el gobernante es un instrumento de validación de sus políticas públicas, y de su distancia con la ciudadanía, de valoración de su gestión, de visualización de los campos de mejora.

50. Fomentar la colaboración de instituciones independientes en el tratamiento de la información para convertir datos en conocimiento.

Manuel Jesús García Fénix

El autor, Máster en Sociedad, Administración y Política por la Universidad Pablo de Olavide, ha llevado a cabo una investigación consistente en el análisis de la transparencia de los ayuntamientos de la provincia de Cádiz, que incluye la elaboración de estas recomendaciones. El trabajo completo se puede descargar pinchando en este enlace Administraciones de Cristal

DEMOCRACIA: NECESARIOS NUEVOS TIEMPOS

Tres pilares precisa, a mi modo de entender y hablando en calidad de ciudadano de a pie, la Democracia: corresponsabilidad, transparencia y participación. Pongo Democracia con mayúsculas, porque en minúsculas no sé escribirla, me salta el corrector del ordenador cuando lo hago.

Si sólo estuviéramos asistiendo a una crisis económica no estaría preocupado. Casi todos los analistas de la Historia nos cuentan que la economía oscila; sube y baja, se ajusta y reajusta, se contrae y dilata según complejas matrices de variables que la construyen y deconstruyen. La demografía y los desplazamientos geográficos, la adquisición de nuevos logros tecnológicos, la influencia de la naturaleza en forma de plagas, oscilaciones climáticas, terremotos, tsunamis, riadas o mil cosas más, los vaivenes geopolíticos a gran, media y pequeña escala, las corrientes sociológicas, la aparición sorpresiva de nuevos líderes de opinión, etc. En fin, un cóctel complejo y diverso de condicionantes que marcan el que en unos momentos aflore la riqueza, y en otros se entre en depresiones económicas más o menos acentuadas. Es común en el devenir histórico que cuando nos encontramos en momentos de "vacas gordas" unos pocos se beneficien de manera clara, mientras que en "vacas flacas" la inmensa mayoría se perjudique de manera despiadada, y los mismos de antes se sigan beneficiando. Aquí no descubro nada que no sepamos todos, pero pienso que no está de más recordarlo.

Corresponsabilidad

Uno de los aspectos que más me intrigan y desconciertan es la galopante infantilización de "lo político". El que se frivolice con algo tan esencial. La respuesta generalizada de muchos ciudadano/as es de desencanto y huída. Justificable, en buena medida, por los desmanes de parte de la denominada clase política y sindical de este país. Pero también desmanes por parte del sector financiero y empresarial, no se nos olvide. Reconozco que se han hecho méritos para que estos colectivos de quienes se dedican a gestionar lo público estén estigmatizados. Pero no es menos cierto que si todos fueran ladrones o amorales, el sistema se habría colapsado hace bastante tiempo.

¿Por qué digo lo de la infantilización de la política?. Lo fácil es decir "todos son iguales", "ya te lo dije, "que le quiten sus sueldos", y un largo etcétera de pronunciamientos que dificultan que todos y todas cojamos como colectividad la senda para enmendar una deteriorada situación, en la que la corresponsabilidad debe ser la moneda de cambio efectiva en el mercadeo de nuestros comportamientos. Considero que es un deber el asumir esquemas maduros por parte de todos y todas al objeto de evitar seguir con una adolescencia colectiva que solo pondrá palos en la rueda.  Sin menoscabo de lo importante que es la labor legislativa y la de gestión que desarrollan los políticos, no menos importante es la labor de aquellos que no lo son; los medios de comunicación, los empresarios y profesionales liberales, los ciudadanos en general en su papel de censores y críticos de la labor desarrollada por los primeros. Sin embargo, no es conveniente olvidar lo importante que es su implicación a la hora de solicitar una forma diferente de hacer las cosas, en las que ellos también actúen de manera adecuada y responsable. Y tampoco parece conveniente olvidar que una cosa es la realidad de los políticos de altos vuelos y otra bien diferente la de los políticos que viven en las trincheras de los ayuntamientos, mancomunidades y diputaciones de un día a día complejo y en muchas ocasiones frustrante.

Un ejemplo más concreto: mucho se ha hablado y escrito sobre la burbuja inmobiliaria, pero ésta y su declive no podrían haber sido posibles si no hubiera habido una masa de ciudadano/as como compradores-vendedores que buscaron gangas especulativas. Como cuando mi vecino vendió el piso que le costó siete millones de pesetas por treinta y cinco, y eso pasó en la planta de arriba de mi casa, y él no era ni un político ni un banquero, pero quería hacer dinero fácil y rápido y contribuyó sin importarle demasiado a alterar "el precio de las cosas".

Transparencia

Si la clase política, las administraciones, las universidades y colegios, los bancos, los hospitales, las empresas, los organismos internacionales, los medios de comunicación de masas.....todo aquello que tiene un matiz colectivo (privado o no) no son transparentes no podremos seguir por mucho más tiempo de forma sostenida. De hecho, buena parte de la desconfianza de la que hablaba un poco más arriba tiene que ver con esa dificultad generalizada que en las últimas décadas estas instituciones han demostrado. Esa desconfianza se ha aireado de manera clara por los medios de comunicación, muchas veces de forma evidente, en otras ocasiones subliminal e interesada. Sin menoscabo de que la complejidad en la trama de relaciones humanas, con nuestras grandezas y nuestras miserias, haya vuelto a las principales instituciones (entre ellos de manera especial los grandes partidos políticos y los sindicatos) en cicateros a la hora de buscar la tan necesaria transparencia, tampoco ha sido grande el empeño por su parte para que esa transparencia fuera -y aún hoy sea- efectiva.

Ser transparentes debiera ser el primero de los mandamientos, pero ser transparentes es difícil cuando no se entiende que lo principal de un servicio público es servir al público, a lo de todos y todas; así de sencillo, así de complejo.

Un ejemplo más concreto: la transparencia en los partidos políticos debería ser uno de los mandamientos absolutos para la política de los tiempos que corren y de los que deben correr. La ciudadanía está cansada de que estos- ¡ojo! los partidos grandes y la inmensa mayoría de los pequeños- funcionen con mecanismos opacos hasta para los propios simpatizantes y militantes. No levanto falso testimonio con esto, simplemente todos sabemos que es así. No considero que haya maldad en estos procederes o que estén orquestados de manera orquestada, sólo considero que las reglas están cambiando en un mundo en el que la información fluye a velocidad de vértigo, por múltiples plataformas y con nuevos lenguajes a los que tenemos que adaptarnos o perecer en las lagunas cenagosas del analfabetismo tecnológico funcional. En este nuevo universo de la información se siguen empleando respuestas que son herencia directa del siglo XIX y del XX, pero estamos en el XXI y el reloj corre hacia adelante aunque a muchas fuerzas reaccionarias y ultraconservadoras les gustara más que estas respuestas volvieran hacia atrás.

Participación

El otro gran pilar, a mi modo de ver, el más importante. Es llamado a ser el garante de los otros: el que se haga efectiva la participación de la ciudadanía en los procesos democráticos con las suficientes garantías y de manera real, aunque cueste. Ya dijo George Jean Nathan que "los malos dirigentes son elegidos por buenos ciudadanos que no votan". Comparto de manera plena el pronunciamiento de que "la democracia no es votar cuando nos llaman cada cierto tiempo". No es y no puede serlo. Aquellos que se sienten cómodos con este pensamiento, me da igual el color partidista que vistan, no se pueden enmarcar en un respirar democrático. Claro que conseguir que la participación se introduzca en los poros de las instituciones y las organizaciones va a ser difícil, sobre todo en aquellas que carecen de cualquier mecanismo electivo. Pero lo interesante del proceso es que o se desarrolla de manera adecuada o la Democracia se irá a la mierda. Esa filosofía de un incremento de las cotas de participación no será fácil, pero ningún reto que merezca la pena lo es en la vida. Habrá que hacerlo desde dentro y desde fuera, a pequeña escala, a mediana y a gran escala. Las primarias, las listas abiertas y abrir el abanico parlamentario a opciones minoritarias  son necesidades claras,  si para ello hay que cambiar las reglas, habrá que hacerlo. Y si no se hace, las reglas mutarán solas, siguiendo los mandatos de los nuevos tiempos.

Un ejemplo más concreto: los denominados presupuestos participativos. Procedimiento ideado con el objetivo de que la ciudadanía contribuya a la construcción de ciudad estableciendo prioridades concretas en las que invertir el gasto del dinero público. La intención última es que la ciudadanía no sea mera espectadora/electora y pase a ser protagonista. Esta modalidad de participación dirige los esfuerzos hacia la necesaria transparencia y sobre todo a la corresponsabilidad en la toma de decisiones. Y todo mejorando la comunicación entre administradores y administrados.

Transparencia, corresponsabilidad, participación. Estas tres palabras tendremos que llevarlas a sus últimas consecuencias, no hay otra, no tenemos otra. Yo, como Sandro Pertini, opino que "a la más perfecta de las dictaduras, preferiré siempre una imperfecta democracia", la construcción de esa imperfecta Democracia es tarea de todo/as, de políticos y de los que no lo son, no hay otra.

Francisco Carrascal Moreno

Biólogo y consultor ambiental

http://www.vanguardiadesevilla.com/6476/democracia-necesarios-nuevos-tiempos

La elección en Chile

Escribo a una semana de las elecciones 2013 en Chile, aunque en este ejercicio electoral se deciden muchos cargos, sin duda que el más importante es la elección de Presidente de la República, habida cuenta del fuerte presidencialismo que existe en el país.

Tan claro como lo anterior es que la ganadora de la elección (en una o dos vueltas electorales) será Michelle Bachelet. Aunque es relevante el fenómeno de la reelección de Bachelet como Presidenta, sin ninguna duda es más interesante analizar qué implicancias tiene su retorno al poder.

En primer lugar, representa un enorme fracaso para la derecha el que tan sólo tras un ejercicio de cuatro años, pierda la presidencia a manos de la alianza que estuvo en el gobierno en el período 1990-2010 con la adición del Partido Comunista.

Más allá de eso, la interrogante principal es qué tipo de gobierno hará esta Nueva Mayoría; en los últimos años la sociedad chilena ha dado indicios de querer moverse hacia una sociedad en que se garanticen más derechos para sus ciudadanos y ciudadanas, en que el mercado no sea el principal decisor de la manera en que se resuelvan algunas necesidades esenciales, en que las leyes sean un vehículo y no un obstáculo para las decisiones individuales en el ámbito íntimo-afectivo y en que la política esté tan preocupada por la desigualdad y las injusticias como lo ha estado hasta ahora por el crecimiento económico.

El asunto es que una parte significativa del electorado tiene desconfianza de que la coalición que ganará las elecciones avance de manera significativa en el sentido expuesto en el párrafo previo, porque considera que - habiendo tenido la posibilidad de hacerlo antes - prefirió transar, “acomodarse” al modelo existente en vez de dar la lucha de cambiarlo.

Nadie está en condiciones de predecir el futuro, por mi parte creo que los actores institucionales y los actores sociales tienen escenarios muy diferentes para el siguiente decenio.

De parte de los actores políticos, gremiales e institucionales será necesario comprender que su éxito depende de la manera en que puedan armonizar la gobernabilidad y el crecimiento económico con la transformación de un conjunto amplio de disposiciones instaladas por la dictadura en la Constitución de 1980 que son sencillamente contradictorias con las ideas expuestas en el primer párrafo y que se hacen más populares cada año que pasa.

De parte de los actores sociales y de los actores políticos minoritarios será necesario incorporar la idea de que los políticos naturalmente tienden al acuerdo y la negociación, en consecuencia, para que las reformas alcancen el estándar que se espera es necesario que se mantengan activos y vigilantes respecto de las decisiones que se tomen sin depositar en manos de los actores políticos el cien por cien de sus demandas pero evitando caer en el campo de la insensatez o la ingenuidad.

A mi juicio, todo parece indicar que la receta para navegar en estas turbulentas aguas será el ejercicio de una práctica política progresiva pero gradualista. Es decir, conducir al país en el sentido descrito al inicio pero en un plan de mediano plazo que vaya generando oportunidades de acomodo institucional y tranquilidad social.

Parece natural que la aplicación del clásico gradualismo chileno generará un proceso político social no especialmente romántico sino más bien aburrido y que se agotará en un plazo de un decenio pero que debiera culminar en una sociedad más conforme consigo misma pero aún distante de su ideal.

Creo que este último punto será decisivo porque no existe un real acuerdo sobre el tipo de sociedad que queremos, de hecho probablemente esta falta de acuerdo es lo que hace tan viable el gradualismo porque Chile no se ha desprendido del trauma que implicó intentar aplicar modelos sin consensuarlos, y, por tanto, la gran conversación será subterránea y de largo plazo pero orientada por una sola gran pregunta ¿Qué tipo de sociedad queremos ser?

Hasta ahora Chile se ha movido en una senda relativamente lógica para salir de la pobreza, llegando a convertirse en un país de ingresos medios aplicando una receta estándar… es decir que recorrió un camino ya trazado. Lo que viene por delante no tiene esa ventaja, ni está claro qué quieren los chilenos y chilenas: ¿seguirán el modelo de los países escandinavos? ¿Las ideas de Alemania? ¿El camino de los países mediterráneos o del sudeste asiático? Pienso que el éxito del país depende de que seamos capaces de encontrar nuestras propias y latinoamericanas respuestas pero eso quizás es materia de otro escrito.

Julio Troncoso

@juliotroncoso

ESTO HOY VA DE PUEBLOS MEXICANOS.

Cables negros que chirrían entretejiéndose en una malla de cobre que secciona cielos cerúleos. Infinitas medianeras de ladrillos ennegrecidos que cuartean la vida humana. Más cables y cordeles en azoteas. Cubiertas planas coronadas con negros tinacos de rotoplás homogeneizando un paisaje que, señores, no deja de ser cultural. Antenas. Lonas publicitarias. Más cables. Verdes manchones arbóreos esparcidos por doquier. Y pares de torres esbeltas, o achatadas, que se alzan con su cruz de neón orgullosas sobre el resto de edificaciones sumisas.

A simple vista de pájaro el panorama que entraña cualquiera de los tantos pueblos mexicanos visitados genera una ligera sensación de decadencia, entre asumida y consentida, que, sin embargo, se desvanece cuando uno se atreve a descorrer el velo de los imperturbables prejuicios.

Al menos así le pasa a quien por sus calles deambula sin el estrabismo de muchos virreyes mexicanos, guiris europeos o excéntricos gringos, que tienen un ojo apuntando al frente y el otro a su ombligo. Para estos que se mueven como plantas perennes, que no enraizan más que en sus macetones dorados, todo entrará dentro de la categoría de lo ranchero; sin embargo, tras este calificativo tan manoseado se desvela una realidad tan rica como diversa, tan pobre como auténtica.

El visitante sensible se maravillará con el aspecto de las fachadas de una planta, coquetas y austeras a la vez, de colores fuertes y chillones combinados entre la pared y los recercados de los vanos; con heridas que devuelven la mirada silenciosa de los bloques apisonados de adobe; con puertas y ventanas de madera, ciertamente desvencijadas, que se visten con infinitas gamas polícromas debidas al descascarillado de una pintura que se hace irremediablemente vieja; y con muros de corrales por los que asoman, sosegados, el ramaje de las alegres buganvillas o los altivos aguacates.

Se sorprenderá del mismo modo con los jardines que visten las plazas de armas, en cuyo centro el kiosco, vivo y orgulloso, continúa latiendo fuerte, mostrando los signos vitales saludables de un buen corredor. En su entorno se disponen numerosos bancos de forja, en los que siempre se verán los mismos eternos ancianos de sombreros y miradas sabias. Y niños, muchos niños. Y en uno de los lados: el mestizo templo, siempre presente, siempre protagónico y sin ningún atisbo de que pueda perecer de afonía.

Pero no es el elemento arquitectónico lo que más pasma el alma del viajero. No. Si de arquitectura se tratase, podría quedarse con los cascarones de los pueblos de la Europa mediterránea, por ejemplo, cuyos conjuntos históricos padecen de una estremecedora armonía congelada. En este plano, muchas de las localidades mexicanas solo podrían presumir de las cuadras centrales de la población, y aún así tendrían que vérselas con una tropa invasora de elementos distorsionantes. Lo que realmente llama la atención en los pueblos mexicanos es la diversidad y la viveza de sus expresiones de vida.

Es en éstas donde se atesora la verdadera riqueza. Son estas expresiones donde uno puede encontrar las lecciones de vida y los tesoros vivos más extraordinarios. Es la genialidad de su cultura tradicional la que desencadena la emoción. La permanencia de oficios ya extintos en otras latitudes, la consagración de familias y poblaciones completas a la elaboración de coloridas artesanías, como las esferas de Tlalpujahua o el papel picado de San Salvador Huixcolotla, la supervivencia de usos ancestrales, los animados puestecitos de exóticas vituallas o el realismo mágico que impregna todo constituyen algunos ejemplos de la diversidad cultural mexicana.

Una diversidad que, sin embargo, no es demasiado atendida por quienes mandan y ordenan en México, que pasa desapercibida, que es ignorada, que es aplastada y herida. No saben, o no quieren entender, que el principal recurso valedor de su territorio y su idiosincrasia lo conforma nada más y nada menos que su propia gente. Pero, ¡ojo!, como tantos otros recursos, tengámoslo muy presente, éste tampoco es inagotable.

Alfonso Suárez Pecero

https://www.facebook.com/alfonso.suarezpecero

Revolución y cultura

Cuando hablamos de la rapiña y de la corrupción moral del presente deberíamos estar en condiciones de hurgar en las raíces de nuestro actual desconcierto. ¿Cómo podríamos esperar hoy una sociedad moralmente aceptable cuando ayer nos decantábamos completamente por el botín fácil e inmediato? Nos inclinamos, como una ley general, por la depredación frente a la creación.

Rafael Argullol, La dignidad de la belleza, en El País, 10 de marzo de 2013

La cultura es la actividad artística y espontánea de una comunidad educada. La cultura, en libertad, no necesita ministerios, ni mecenas oficiales interesados, y la administración pública sólo debería procurar leyes que la protejan de la voracidad de la industria cultural.

Hoy día la cultura tiene tres enemigos fundamentales, que prosperan como causa y consecuencia de una disminución palmaria del espesor cultural: la tutela ambiciosa y manipuladora de la administración pública, la rapiña inculta de la industria cultural y, el peor de los tres, la triste deriva de la educación.

España entró en el siglo XX con unas altísimas tasas de analfabetismo, y con una estrecha relación directa entre educación y nivel social, escandalosa en sí misma pero aún más comparada con lo que ocurría en el resto de Europa. Sólo la Segunda República, de un modo más o menos serio, quiso hacer llegar la escuela pública a todos los españoles, y lo que es más importante, se propuso crear un sistema en el que los maestros poseían e impartían cultura, un sistema en el que educación y cultura serían inseparables. El golpe de estado y la dictadura destrozaron esos propósitos, y sólo con la apertura del régimen a Europa y viceversa, se empezó a abordar, aún de un modo bastante epidérmico, la alfabetización universal de los españoles.

La transición a la democracia supuso, como sucedió en otros ámbitos sociales, una aparente ruptura de calidad con la dictadura. Es cierto que se impulsó la alfabetización y el acceso de los ciudadanos a unos eventos culturales que proliferaban en aquel ambiente recién ventilado. El interés político por el fomento de la cultura parecía sincero: todos recordamos los programas electorales de aquellos tiempos, en los que los candidatos prometían con generosidad bibliotecas, teatros, cines… En cada pueblo se inauguraba por entonces una casa de la cultura, aunque por lo común no tardara en ser invadida por las telarañas, o en el mejor de los casos utilizada para los festejos que ya venían celebrándose de antiguo. Si bien la alfabetización básica se extendió de una manera efectiva, la cultura siguió en manos de unas élites intelectuales ahora renovadas, ofreciéndose a la gente un producto elaborado, festivo y entretenido, en un esquema en el que el ciudadano seguía desempeñando un papel absolutamente pasivo. Todo esto, por supuesto, con sus correspondientes y contadas excepciones.

Dicha intelectualidad cultural, compuesta por aquellos artistas y profesores que tenían la suerte (merecida o no) de gustar a los medios especializados, por todos aquellos que, con arte o sin él, conseguían entrar en la cadena de producción cultural, se instalaba cada día más en la fama, aún más sagrada en tanto que ahora era democrática, en una fama que iba convirtiéndose progresivamente en valor en sí misma. Y por eso el producto cultural que se ofrecía, sin dejar nunca de ser fiesta y entretenimiento, fue transformándose más y más en un producto económico, en un artículo venal y rentable distribuido en un mercado feliz y contemplativo.

Una de las aberraciones del capitalismo real es la de haber desligado el éxito económico de un producto de la calidad del mismo. Hoy se consiguen más ventas modificando el mercado, de forma que éste no exija el producto de más calidad, sino el producido en las mejores condiciones para el beneficio. Exactamente esto ha pasado con el mercado cultural que los gobiernos de la Transición, especialmente los socialistas, promovieron en este país. En vez de promover en la sociedad un ambiente cultural de debate, de crítica, de interés por la sabiduría y por la excelencia artística, sin dar menos importancia a los medios y a la participación que a los fines, se optó por elaborar productos simples y superficiales, que se pueden clonar sin esfuerzo, bajando a la par las expectativas de un público que nunca llegó a salir del marasmo acrítico de la dictadura, ni a tomar en serio la cultura. Se adaptó así la demanda a la oferta, y justo a la oferta que menos exige a la industria cultural y que más la beneficia económicamente.

No tardamos en comprobar que el único cambio cultural cualitativo que se buscó en la Transición, y el único que este período democrático ha conseguido con cifras destacadas, es el fortalecimiento de la industria cultural. La capacidad reflexiva de los ciudadanos, que pasan a denominarse consumidores culturales, no sólo no es necesaria en este proceso, sino que actúa como un obstáculo para los propósitos económicos de la industria. Así es como ésta, en connivencia con los gobiernos, o más bien habría que decir manejada por los mismos elementos que manejan los gobiernos, decidió que la educación, principal fuente de inteligencia ciudadana, se transformara en el espejismo de un buen sistema educativo, en la transmisión mecánica y ramplona de unos conocimientos básicos suficientes para el uso nada inteligente, basto y dócil, del mecanismo de compra y venta en el que se basa nuestra sociedad. Mientras durante la Transición hubo un período en el que la conciencia social se mantuvo, convirtiendo a los ciudadanos en un elemento importante a considerar en la toma de decisiones políticas, la conciencia cultural nunca llegó a formarse del todo, y pronto la cultura se democratizó convirtiéndola en una actividad fácil y accesible de distracción. Se dejaron las honduras, las complicaciones de una cultura de esfuerzo y profundidad, a seres extraños, periféricos, poco útiles, gente que molestaba cuestionando la alegre simplificación del genio.

Hoy basta observar de cerca los actuales movimientos de contestación, los movimientos alternativos y pretendidamente revolucionarios, para con muy pocas excepciones descubrir prácticas antiguas que adolecen, sobre todo, de una falta preocupante de creatividad. Algunas organizaciones, como los sindicatos, usan métodos de acción que ya parecían anticuados a mediados del siglo pasado, pero insisten en ellos perdiendo más y más fuerza. Las últimas huelgas educativas, en un triste panorama de desmovilización académica, y a pesar de contener voces discordantes que abogaban por unas acciones más imaginativas y eficaces, han demostrado que la contestación en este país no posee ni busca formas nuevas de enfrentarse al poder, un poder que incluso podría manifestarse encantado con esa válvula de escape que son las manifestaciones pacíficas, consoladoras y algo paralizadoras de la conciencia ciudadana.

Pero más que la falta de creatividad de los métodos usados para el cambio real de la sociedad, la característica más destacada de estos treinta y cinco años de democracia, y de la gran mayoría de las manifestaciones culturales, ha sido el desprecio por la propia cultura, por la cultura como actividad reflexiva y crítica, como forma de vida y de relación de la comunidad y de sus miembros, como método de conocimiento de uno mismo y de los demás. Nadie pone en duda la bondad de una sociedad aficionada a la cultura, pero todo se vuelve desastre si esa sociedad adora y se conforma con el aficionado, si el propio aficionado se considera artista, si cualquiera, sin conocer las más mínimas reglas ortográficas, se siente de profesión escritor. En esta sociedad, literatos que en el pasado habrían sido considerados mediocres son alabados por la industria como genios comparables a los más grandes, y sus libros se venden por millones y se maltraducen con prisas a montones de idiomas.

Todos consumimos los productos en serie de la industria cultural, y los aplaudimos mientras clamamos por la justicia social. Hay una coincidencia aberrante en la sociedad, que une a retrógrados y progresistas, al considerar que la cultura, la cultura sincera y profunda, es mera pose de una élite extraña de individuos que vienen a complicar algo tan sencillo como la extensión universal de la cultura. Si las élites fabricantes de cultura oficial, si las élites famosas están sancionadas por los gurús mediáticos, auténticos vendedores de sucedáneos culturales, y aceptadas por tirios y troyanos, las otras supuestas élites (absolutamente variadas y para nada gremiales) son despreciadas como gente molesta en una sociedad culturalmente feliz.

Uno de los métodos más extendidos de sancionar este estado de cosas es la teoría, hoy incuestionada, que establece que en lo cultural contra gustos no hay disputas. A la industria cultural, y por tanto a cualquier poder, le interesa que todos nos consideremos no sólo con el derecho a consumir la cultura que deseemos, sino con el derecho a tener razón en la elección, y aún mejor, participantes del colectivo creador. Nadie se equivoca, todo vale, todos somos artistas, y de ahí que cualquier producto cultural sea tan válido como otro, siempre y cuando produzca directa o indirectamente beneficios económicos, y más allá, siempre que nos haga pasar un buen rato. El crecimiento cultural de una persona consiste, precisamente, en la elevación progresiva del listón de sus gustos, en absoluto para limitar el abanico de delicias culturales a su alcance sino, muy al contrario, para aumentarlo y mejorarlo, porque cuanto más elaboración y más calidad posee una actividad cultural o una obra artística, más profundo y duradero es el placer que nos provoca. Pero hoy día no tenemos tiempo para ese modelo de crecimiento personal: en música, por ejemplo, disfrutamos orgullosos de los ritmos machacones y fatuos que la industria implanta en nuestros oídos, o exquisitos nos contentamos con algunos elementos aparentemente rompedores que sorprenden a los más con sus ripios ocurrentes. En literatura basta con leer, a veces con verdadera fruición, a los escritores de moda, que generalmente nos cuentan entretenidas historias con frases anodinas, en textos nada arriesgados, pretenciosos; son artistas del aparato que, en el mejor de los casos, usan correctamente los signos de puntuación. Aunque lo que usan siempre correctamente son esas técnicas pseudoliterarias de entretenimiento sin grandeza, sin sorpresa, sin asombro.

El esquema acaba siendo impecable, un bucle aparentemente indestructible: la industria cultural (o sea, la industria del entretenimiento) incluso tiene buena prensa, se muestra solidaria con la revolución, porque además la cultura es por definición de izquierdas y revolucionaria. Ofrece productos de baja calidad y, mediante el uso indiscriminado y subliminal de los medios y el destrozo en la educación (menos pensamiento y más memoria, y hasta eso sin molestar), convence a la sociedad de que sus productos son los mejores, que todos tenemos derecho a consumirlos, que todos somos de un modo un otro artistas, y que debemos defender nuestro derecho a ser definitivamente cultos consumiendo sus productos ligeros, frente a esos pocos y dispersos locos que son los que consideran la cultura no como un mero entretenimiento estático, sino como una búsqueda dinámica y una aventura. Al poder le interesa que esta industria cultural supuestamente revolucionaria domine; el poder y la industria se declaran asediados por sus artistas más revolucionarios, pero los subvencionan, los cuidan, los promocionan. Al poder, además, le interesa que la educación cree ciudadanos entretenidos, no le molesta que piensen en la revolución, ni que salgan a la calle a vocearla, pero se siente seguro cuando los ciudadanos, los que protestan y los que no, se contentan con el humor de zafias series de televisión, con la música ligera de un montón de cantamañanas, con libros frívolos e intrascendentes que leen de forma obsesiva, porque no le rompen el alma al lector, sino que la adormecen. El poder se siente más que satisfecho con una revolución así, con una revolución que, al fin y al cabo, nos iguala a todos en derechos, sobre todo en uno de los más importantes: el derecho a despreciar la filosofía y la reflexión, a considerar la cultura una pura diversión; a creer que nuestros gustos son sagrados, que están hechos, que vienen inscritos en nuestros genes y que nadie tiene derecho a cuestionarlos; a doblegarnos ante una industria cultural a la que le interesan los borregos más que los seres reflexivos y críticos, y que por eso desliga la cultura de la educación. Una revolución que nos iguala en el derecho a disfrutar sea como sea de la vida, a estar convencidos de que lo que cambiará definitivamente nuestra sociedad es el acceso igualitario a los productos artificiosos de este capitalismo salvaje y alienador en el que ya todos, retrógrados y progresistas, nos encontramos tan a gusto.

Si alguien se ha preguntado alguna vez por qué las revoluciones, hasta las más razonables y razonadas, han acabado fracasando, quizá pueda encontrar una respuesta en estas ideas. Tal vez su triunfo político nunca fue un triunfo cultural, tal vez el triunfo político (el de la sociedad, no el de los profesionales de la política) sea sólo una consecuencia del triunfo educativo y cultural, y baste perseguir éstos para conseguir aquél. Puede que en una sociedad culta y educada, en una sociedad donde todos busquen la obra bien hecha, donde todos crezcan personalmente admirando y persiguiendo la belleza, el esfuerzo, el asombro, contemplando la cultura como un medio de aumentar nuestra humanidad y no como un pasatiempo, puede que en una sociedad así no hiciera falta la revolución social. Pero si ésta ha de hacerse, y creo que ha de hacerse, no olvidemos que con canciones ligeras y libros de playa la revolución que consigamos nunca valdrá para gran cosa.

Juan Manuel Hernández

http://elhiloinvisible.blogspot.com.es/2013/11/revolucion-y-cultura.html

El autor ha coeditado, en marzo de 2013 y junto con Isabel Parreño, el libro "Miquiño mío". Cartas a Galdós, de Emilia Pardo Bazán, Editorial Turner.