Tras el covid-19… ¿Qué sistema judicial vamos a resucitar?

El corona virus ha puesto en evidencia las miserias y grandezas de nuestro sistema social y económico, y de los colectivos profesionales. Personas a las que prestábamos poca consideración resulta que son esenciales y además asumen en estos momentos una gran y arriesgada responsabilidad en beneficio de la comunidad. Aplaudimos por ejemplo el valor del personal sanitario, de limpieza, de supermercados, de laboratorios, y con ello también reconocemos en parte, no suficientemente, la injusticia que hemos cometido anteriormente con esas mismas personas.

Yo formo parte de un colectivo que en general no merece ahora ningún aplauso, porque como abogada formo parte del sistema judicial, y el núcleo del sistema judicial, los juzgados y entidades colaboradoras, han protagonizado un suicidio irresponsable que ha dejado abandonada de justicia a nuestra sociedad en estos momentos de oscuridad.

En la era de Internet y el teletrabajo no se puede entender la paralización (salvo guardias) de los procedimientos. El daño en nuestra sociedad, a nivel de resolución de conflictos de convivencia y económicos, es inmenso. Y especialmente el daño a los niños y niñas en contextos de explotación sexual, malos tratos o en situación de negligencia, o inmersos en conflictos de sus progenitores. ¿Cómo es posible que en vez de potenciar los juzgados que resuelven los temas de familia y por tanto que deben proteger a los niños y niñas se posponga la intervención judicial al fin del confinamiento? ¿Cómo es posible, por ejemplo, que no se estén tramitando, más allá de las guardias, los procedimientos de violencia de género en la pareja o en otros ámbitos?¿Cómo podemos dejar paralizados los casos de abusos sexuales a menores? ¿Y cómo se puede a la vez estar diciendo que se mantiene el funcionamiento de los juzgados cuando solamente hay guardias y servicios más que mínimos, minúsculos, cuando no sale ni un papel ni se atiende una llamada ni se permite -salvo excepciones puntuales- la presentación de escritos?

Sin duda el temor razonable al contagio y a la difusión de la pandemia ha motivado el abandono de las sedes judiciales, pero debería haberse previsto por un lado un abandono menos radical (¿qué habría pasado si se hubieran vaciado igual los supermercados?) y por otro la continuación telemática de los procedimientos o de buena parte de los mismos. Al no hacerse la ciudadanía ha resultado abandonada por los Tribunales.

Pero también creo que el sistema judicial estaba ya herido, tras haber sido descuidado y empobrecido durante años.

La sobrecarga y falta de medios  especialmente acentuada a raíz de la crisis financiera del 2008 ha ido desmotivando y dificultando cada vez más la labor judicial de indagación, de profundizar en cada caso y buscar la solución correcta. Lleva mucho tiempo el sistema judicial andando en bastantes casos el camino de la "opinión" más que de la investigación y la verdad. Lleva mucho tiempo el sistema judicial no garantizando la profundidad en su actuación. Cada vez nos acercamos más a un sistema judicial superficial, como si lo único que se pudiera hacer es escuchar lo que dice una parte, lo que dice otra parte, la opinión de sus defensas, la opinión de fiscalía, y finalmente aplicar la opinión de quién juzga. Una justicia de opiniones es una justicia inútil y herida. Una justicia que no tiene medios para investigar, acercarse a la verdad y valorar de manera razonada y con conocimientos específicos, lo que corresponde a cada caso, no sirve para resolver conflictos. Y tal vez también por eso en vez de dar un paso adelante en estos momentos, el sistema judicial se ha quedado por completo ciego, sordo, mudo y paralizado. Se ha desposeído de toda percepción y fuerza, se ha suicidado.

Pero el sistema judicial es esencial para nuestra vida. En nuestro día a día y especialmente en las situaciones de crisis social como ésta necesitamos justicia, JUSTICIA con mayúsculas, y hay muchos y muchas profesionales de los Tribunales -no me refiero únicamente a la fiscalía, judicatura y abogacía- que tenemos vocación de servicio social y   queremos llevar a cabo esa labor, que queremos profundizar a la hora de hacer nuestro trabajo y para ello queremos que se renueve y potencie el sistema judicial.

Es necesario reflexionar sobre en qué consiste hacer justicia, el papel imprescindible de cada operador del derecho, y exigir respetuosa pero firmemente a quienes tienen el poder, que el sistema que se ponga en marcha tras esta parada mortal tenga la humildad, igualdad, respeto, compromiso, honestidad, planificación y capacidad necesaria para servir eficazmente a la ciudadanía en cada momento. Algo que actualmente no tenemos.

Amparo Díaz Ramos, abogada especialista en violencia de género
Socia de FonRedess

https://blogs.publico.es/dominiopublico/31851/tras-el-covid-19-que-sistema-judicial-vamos-a-resucitar/

Cuando el sistema judicial renuncia a los derechos humanos

Justicia y leyes no son lo mismo. Tampoco son lo mismo la justicia y la aplicación de las leyes por los Tribunales. Es algo evidente e incluso “aceptado”.  La primera es un fin imprescindible para los sistemas democráticos, y las leyes y su aplicación son o deben ser, en ese tipo de organización política, un instrumento para llegar a la justicia. Según mi experiencia cuanto más grande es la justicia que conseguimos más sentido de utilidad y humildad tienen las leyes y quienes trabajamos con ellas. Cuanto más artesanal, detallado, cuidadoso y sin adornos es nuestro trabajo, más justo es nuestro resultado. Y viceversa. Cuanto más grande nos creemos en nuestros roles procesales, más alejado está nuestro trabajo de la justicia.

En un estado democrático vivir la experiencia de un procedimiento judicial, y por tanto de las leyes en acción, debería acercarnos a la justicia y ayudarnos a mejorar como individuos y como sociedad. Las leyes y los procedimientos judiciales deberían servir de modelo de cumplimiento de los derechos humanos. Pero no siempre es así. Es más, no pocas veces el procedimiento judicial aporta escasa claridad a quieres intervienen y genera un efecto de confusión,  impotencia e ira. No pocas veces las personas que pasan por los procedimientos judiciales padecen a una o varias personas, profesionales del derecho, que les tratan sin respeto, con autoritarismo, con prejuicios, sobre todo de género, o con superficialidad. No pocas veces dentro del procedimiento judicial hay comportamiento ajenos  a los derechos humanos, sin que haya una reacción pública contra algo tan grave: la renuncia a los derechos humanos dentro del propio sistema judicial.

El verdadero poder de la justicia no es el miedo sino la claridad, porque la justicia nos lleva o acerca  a la verdad de lo que ha sucedido y de lo que nos corresponde a cada persona por nuestros actos en nuestras circunstancias. Pero en los procedimientos judiciales no pocas veces hay más imposición que claridad, algo que causa malestar entre la ciudadanía y también en ocasiones entre quienes trabajamos en este mundo.

Cuando el sistema legal o judicial, o ambos, renuncia a garantizar los derechos humanos, renuncia a la justicia. Es bueno no olvidarlo.

Amparo Díaz Ramos

 https://blogs.publico.es/dominiopublico/30152/cuando-el-sistema-judicial-renuncia-a-los-derechos-humanos/

Los derechos humanos y la Renta Básica Universal

El mes de ocubre pasado hemos celebrado en Sevilla el XIX Simposio Estatal y I Ibérico de la Renta Básica Universal (RBU). Estudiosos y representantes de la sociedad civil de los estados portugués y español hemos debatido sobre los avances del movimiento por la implantación de la medida: un ingreso a toda la ciudadanía, que iguale el umbral de la pobreza, individual, e incondicional, que esto es la RBU. La asociación organizadora ha sido Andalucía por la RBU, coordinada con la Red Renta Básica, que integra a las entidades que en el conjunto del Estado defienden su implantación, y la Asociación homóloga portuguesa Rendimiento Básico Incondicional, que aglutina a los partidarios del país vecino.

La continuidad de estos encuentros demuestra la solidez del movimiento asociativo y el crecimiento de las personas convencidas de la necesidad de la RBU para el avance de la justicia, la equidad, la autonomía personal y la seguridad material básica de todos y todas, es decir, para el avance de los Derechos Humanos. Lo reconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes, aprobada en la Conferencia de Monterrey en 2007, que incluye la RBU como uno de ellos. Y así se ha pronunciado el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston, que en comparecencia ante el Consejo de Derechos Humanos reunido en Ginebra en junio de 2017 ha declarado: “…la renta básica universal ofrece una solución audaz y creativa a muchos problemas acuciantes que están a punto de empeorar aún más, como consecuencia del rumbo hacia el que la economía mundial parece orientarse de manera inexorable”.

Hemos hablado en Sevilla de las experiencias de RBU que tienen lugar en distintos países o ciudades del mundo, con especial atención a la impulsada por el ayuntamiento de Barcelona; de las fórmulas y posibilidades de su financiación, con una mesa dedicada a su viabilidad económica en Andalucía; de los efectos que tendría sobre la emancipación de la mujer; de las posibilidades que abriría para el avance del cooperativismo y el amparo de los bienes comunes, y, finalmente, de la filosofía política que la sustenta.

Muchxs afirman que es financieramente inviable, pero contamos con estudios concluyentes que demuestran su viabilidad y aseguran que podría implantarse aun sin modificar la estructura tributaria y de gasto público actual (http://www.redrentabasica.org/rb/libro-renta-basica-incondicional-una-propuesta-de-financiacion-racional-y-justa/). Una prueba de que se trata de estudios rigurosos es que no han sido contestados, sino espuriamente ignorados. Cada vez está más claro que quienes aducen motivos económicos para rechazar la RBU ocultan probablemente razones menos confesables, como su avenencia con la injusticia y la opresión, o su sombría creencia de que los humanos solo nos conducimos bien sometidos y temerosos. Pero no: aunque los humanos podemos faltar a promesas asumidas, podemos también libremente cumplirlas, en lo que estriba además una de las fuentes genuinas de realización personal y extensión de la confianza. Que además, abrumadoras evidencias prueban que nuestra inclinación a cumplir los compromisos libremente asumidos aumenta, no con el crecimiento económico o la opulencia, sino con la extensión de la justicia y la equidad. Por eso, la implantación de la RBU no debería supeditarse en primera instancia a la estrecha razón economicista. Porque creemos que la justicia y la libertad son valores primeros que magnitudes abstractas y ya hoy desacreditadas, como el PIB.

Hay quien rechaza la medida porque supondría otorgar-nos un derecho sin deber de contrapartida, ignorando que ello no supone ninguna novedad en el ordenamiento institucional orientado a garantizar otros derechos universales, como el de salud, educación, seguridad personal y patrimonial, etc. Seguramente su rechazo se debe sobre todo a que miran la sociedad con las anteojeras de la ideología productivista y trabajocéntrica, concluyendo que la única aportación valiosa a los demás es mediante el trabajo, dando además por supuesto que todas las actividades englobadas en ese “cajón de sastre” contribuyen a crear riqueza. Lxs defensores de la RBU estamos convencidos de que las posibilidades de contribuir a la sociedad no se restringen a producir trabajando, por lo que, donde lxs productivistas ven vagancia, vemos ampliación de las posibilidades y maneras de vivir.

Otrxs, en fin, aducen que la RBU es innecesaria, que la solución adecuada a la pobreza y el desempleo es la mejora de los subsidios y rentas condicionadas. Pero solo una mirada ignorante puede concluir que la RBU es una renta condicionada extendida, siendo radicalmente diferentes los fines que persiguen las rentas condicionadas a los que persigue la incondicional: todas las rentas y subsidios condicionados pretenden mantener la supeditación universal de la ciudadanía al trabajo. Pero lo que llamamos vulgarmente trabajo es en realidad una heterogeneidad de actividades de implicaciones y efectos dispares, amalgamadas y englobadas por el economicismo hegemónico. Las rentas condicionadas, sean o no cicateras, contribuyen a la hegemonía del economicismo y a un mundo trabajocéntrico, lo que constituye una singularidad civilizatoria total, y una postergación de los ideales también modernos de libertad, equidad y justicia. Son justamente estos los que pretende amparar la RBU.

Seguiremos hablando de RBU.

Félix Talego

Comisión de Justicia de la Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía

¿Es suficiente la solidaridad?

La política de mercados libres de la derecha y la propuesta de amplia prosperidad de la izquierda, ambas sin protección del medio ambiente, han desembocado en una crisis financiera, energética y climática. Ésta está transformando el significado del ‘nosotros’. «Lo nuestro» está siendo reemplazado por: «nosotros primero». Optar por «lo nuestro» es lógico. Abandonar a los demás, creer que nosotros estamos primero, es  una reacción de miedo que nos hace sentir bien. Más seguros. Ante ello surge la pregunta: ¿para enfrentarnos a esta situación es suficiente la solidaridad o necesitamos un valor que cree unos lazos más fuertes?

Hacer lo que nos hace sentir bien, es más fácil que hacer lo que es lógico. Un ejemplo de ello fueron las elecciones ganadas por Reagan prometiendo que la fiesta del consumo podía continuar, tras el anuncio de Jimmy Carter de que el petróleo y el gas estaban agotándose y eran necesarios sacrificios graduales y realistas. Éste fue el primer caso de influencia electoral de las cuestiones ambientales. ¿Están haciendo lo mismo Trump con su ‘América primero’; Iglesias cuando dice que ya que no se puede hacer una enmienda a la totalidad del sistema, aunque vamos al desastre ecológico, lo importante ahora es dar de comer a la gente; o Juan Carlos Monedero cuando dice: «hablando de decrecimiento no se ganan elecciones». ¿Ante la dureza de los años que vendrán, caerán las banderas de la solidaridad para mantener el nivel de vida actual? ¿La negaremos como Pedro negó a Jesús de Nazaret? Al mantener y promover las izquierdas y las derechas las mismas políticas de producción y consumo sin límite, que nos han traído a este punto: ¿estamos instalados en lo que Manuel Casal llama «antes fascistas que sencillos»?

Lemas y afirmaciones como las de Trump, Iglesias o Monedero expresan valores conservadores que, desde una y otra perspectiva, ignoran las leyes del planeta. El del primero empuja a la apropiación y a la guerra por los recursos. Las de los segundos los sitúan en la irresponsabilidad ambiental, porque sin energía y con un planeta deteriorado, mañana, será improbable que se pueda dar de comer a tantos como somos hoy y mucho menos a los muchos más que se espera que seamos mañana (1). Todos ellos padecen un desfase moral. Y transmiten valores del mundo del siglo XX. Pero ese mundo ya no existe. ¿Se autoengañan y nos conducen al suicidio colectivo o engañan y arrastran a la gente al abismo en su ambición por el poder? ¿O es simple ignorancia?

Estamos destruyendo el lugar hermoso que es este planeta, cuyas condiciones benignas posibilitaron el acontecimiento de la vida. Pero a pesar de no tener un planeta de repuesto seguimos con la fiesta. El mal que hacemos al planeta se vuelve contra nosotros. Y se volverá contra nuestros nietos. Ese será el precio a pagar si se mantiene un nivel de producción y consumo insostenible. ¿Dejaremos que ellos nos maldigan?

Para evitar destruir el planeta y sortear la trampa del nuevo fascismo ambiental que acecha, no basta con apostar por un cambio de modelo energético, con realizar una transición a las energías renovables —que hasta la derecha secunda— y confiar en la tecnología para la resolución del cambio climático. Es necesaria una inmersión colectiva en nuevos valores dirigidos al cuidado, a la responsabilidad, a la equidad. Y a la resiliencia.

Cambiar las cosas es cambiar el modo que la gente tiene de ver el mundo. Seguir pensando, pues, en términos de mercado libre como las derechas o de prosperidad amplia como las izquierdas, sin cambiar los valores morales de la sociedad es crear y creer en la ilusión de un capitalismo verde. La crisis del sistema climático que hemos inducido exige la transformación del modelo industrial de civilización, no solo del energético. Para evitar esta artimaña —que a quienes más perjudica es a los más débiles y a los que menos han contribuido al colapso—, es necesario un reseteo moral. Dicho de otra manera, que la sociedad se sustente en una elección moral diferente, que escoja un modo de vida acorde con los límites que nos impone el planeta. Si nuestro bienestar procede en última instancia de los recursos, agotados éstos el bienestar de la sociedad en el futuro deberá tener otro origen.

Para llevar a cabo este cambio social es crucial que dominen la esfera pública los sentimientos de empatía, cuidado, responsabilidad e interdependencia, acompañantes naturales de los valores necesarios para restaurar las capacidades antiguas —justicia y equidad— precisas para preservar —entre las naciones y dentro de ellas— la armonía en la competencia por unos recursos cada día más escasos.

Debemos construir para ello una solidaridad más fuerte, fundada en lazos de hermandad entre quienes comparten, no solo intereses de clase, económicos o nacionales, sino también destino. Esta solidaridad fuerte es la fraternidad. Desde ella emergen nuevos valores, derechos y deberes vinculados a la justicia: la equidad intergeneracional; el gobierno ético: como gobierno cimentado en los derechos humanos y en los derechos de los seres no humanos; el desarrollo humano; y la construcción de la paz positiva. Solo desde una postura moral así conformada podremos superar el reto que tenemos planteado como especie, sin olvidar injusticia de las políticas neoliberales ni el fascismo que nos acecha. La sociedad ha de prepararse para el postcolapso de la civilización industrial. Un día si no, mientras  soportamos la ira de la Naturaleza, aflorarán preguntas sobre nuestra relación con el planeta que harán surgir en nosotros el dilema del verdugo.

Francisco Soler

 http://mas.laopiniondemalaga.es/blog/barra-verde/2018/08/17/es-suficiente-la-solidaridad/

(1) ¿Hemos llegado al pico de comida? La escasez se cierne a medida que las tasas de producción mundial disminuyen: Tom Bawden indica en en el artículo del 28.1.2015, publicado en The Independent, que maíz, arroz y hasta trigo y pollo desaceleran el crecimiento de su producción. Recientes investigaciones indican además que la producción de huevos, carne, verduras, soja, y así hasta 21 productos básicos, está empezando a quedarse sin impulso. Mientras la población mundial continúa creciendo. Se espera llegue a nueve mil millones en 2050. Los problemas causados por la creciente población se han visto agravados por el crecimiento de las poblaciones adineradas de la clase media en países como China y la India, que exigen una dieta más sustanciosa. Si a lo anterior se une el pico del fósforo (2) —más complejo y difícil que el del petróleo— y las implicaciones que tiene para la inviabilidad a largo plazo —incluso a medio— de la agricultura industrial, al ser éste un recurso no renovable, puede comprenderse que las luces rojas se hayan encendido.

(2) Por qué el agotamiento del fósforo debería preocuparte, Iñaki Berazaluce, Yorokubu, 2.12.2013
Ante el declive del fósforo para la agricultura, Jesús Bermúdez, Crisis energética, 18.8.2018

El tiempo que resta

Cada vez que la derecha ve que se le escapa el tiempo, detiene la historia. El tiempo se le escapó a la derecha española al plantear un recurso contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña ante el Tribunal Constitucional. Y a la derecha catalana al aprobar en el Parlamento de Cataluña las leyes de referéndum y transitoriedad, con las que activó el bucle creación/salvación. La derecha española ha detenido otra vez la historia con un uso desproporcionado de la fuerza en Cataluña, en alianza con una derecha catalana irresponsable que se ha instalado en una declaración unilateral de independencia estrambótica y estrafalaria. Sin mayoría, sin ley. El estado de cosas y la escalada del conflicto pide analizar la situación desde la perspectiva de una teología política secular, para desvelar sin filtros ni velos la gravedad de la situación.

El acontecimiento catalán irrumpe en clave mesiánica. Quien proclama la excepción no es aquí la autoridad vigente, sino quien viene a subvertir su poder. El tiempo se ha detenido. Los frenos de mano han sido activados. ¿Volverán a rehacerse las comunidades mesiánicas? ¿Habrá «repliegue de lo religioso en lo profano»? La última aceleración interna de este tiempo, el de la Constitución de 1978, ya detenido, es la declaración de vigencia del tiempo mesiánico. Éste ya ha sido sancionado por el Rey, que ordenó el cumplimiento y la consumación integral de la ley: es la «responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones», ante el intento de «quebrar la unidad de España y la soberanía nacional». Hay visto bueno de la Unión Europea y de los poderes económicos americano y europeo. Véanse las declaraciones del Vicepresidente primero de la Unión Europea Franz Timmermans y los editoriales de los diarios Wall Street, Financial Times, Le Monde y Liberation. Todas las decisiones están tomadas ya. ¿Nos encontramos otra vez en el umbral de una cruzada entre ángeles y profetas? El ejército ha comenzado a desplazar efectivos –logísticos, por ahora− a Cataluña.

El choque será entre la fuerza de los hecho y el peso de la ley, sin que quede espacio para la fuerza de la razón. Cataluña y España ya han activado el modo comunidad mesiánica que reclama salvación: unos declarando la independencia de la España antidemocrática, franquista, con las masas en la calle; los otros invocando protección contra la massa contaminada del pecado original, que quiere romper la «Nación». Todo el foco está sobre Cataluña, pero en el resto de España también están pasando cosas. Las juras de bandera civiles, sus juramentos, y el compromiso de apoyo a la seguridad y la defensa de España. Comienzan a asomar banderas de España en los balcones. Manifestaciones en defensa de la unidad. El malestar y el agravio que empieza a aflorar en el resto del país. Mucha gente está harta de lo que consideran el chantaje catalán. Todavía no se ha cruzado la línea de no retorno. Hay una ocasión más, una última oportunidad todavía, para alcanzar algún tipo de entendimiento. ¡Aprovéchenla!

Si los independentistas habían demostrado haber leído a Maquiavelo, el anuncio de la declaración unilateral de independencia (DUI) denota que no han leído a Tzun Su. Han calculado mal la repercusión que tendría una declaración unilateral de independencia en una Europa plagada de tensiones territoriales latentes. Y no supieron ver que la independencia de Cataluña generaba un conflicto más allá de las fronteras de España, pues «si se permitiera a una región ejercer unilateralmente, en un contexto de estado de derecho, el derecho a la autodeterminación», ésta señalaría al resto de regiones europeas que quisieran ejercer dicho derecho el camino para poner fin a «la inviolabilidad de fronteras establecidas a precio de sangre» (Diario Liberation). No se han dado cuenta, o no han querido ver, que una declaración unilateral de independencia atenta contra uno de los pilares de la Unión Europea: «el imperio de la ley». El Vicepresidente primero de la Unión Europea ha enviado un ultimátum a Puigdemont: «Si la ley no te da lo que quieres, te puedes oponer o trabajar para cambiarla, pero no se debe ignorar». Y ha añadido: a veces imponer la supremacía de la ley requiere «el uso proporcionado de la fuerza.» Los independentistas no han medido las repercusiones exteriores de su incitación a los ciudadanos a la desobediencia a las fuerzas de seguridad del estado, su apoyo una huelga general, su petición de retirada de las «fuerzas de ocupación» de Cataluña, la expulsión de la fuerzas de seguridad del Estado de algunos municipios a instancias de las instituciones locales, la total ausencia de garantías del referéndum, la vulneración de todas las leyes.

Ante la soledad internacional Puigdemont busca, desesperado, la mediación del Arzobispo de Barcelona y del Abad de Montserrat. Está derrotado y lo sabe, pero su  opción es redoblar el desafío. El Gobierno de Rajoy sólo está sostenido por el respaldo de la Unión Europea, como ultima barrera para evitar el contagio de una epidemia secesionista en otros países europeos. Rajoy sólo es el mal menor, el dique de contención. Sea cual sea el desenlace, la gripe se extenderá por Europa. El camino lo ha marcado Cataluña. España ha quedado desacreditada en Europa por la gestión de la crisis catalana y por la actuación de las instituciones catalanas. Ningún partido político está a la altura del desafío histórico al que nos enfrentamos. Costará que Europa vuelva a confiar en nosotros.

«Cuando Dios creó a los ángeles –reza un hadith− estos alzaron la cabeza al cielo y preguntaron: “Señor, ¿con quién estás?”. El respondió: “Estoy con aquel que es víctima de una injusticia, hasta que su derecho sea restablecido”.» Hoy este restablecimiento será por la ley.

Paco Soler

http://mas.laopiniondemalaga.es/blog/barra-verde/2017/10/04/el-tiempo-que-resta/

Soberanía, ley y violencia en Cataluña

A la vista de los acontecimientos de Cataluña, no podemos más que reivindicar el pensamiento de Montaigne, quien decía que «las leyes mantienen su crédito no porque sean justas sino porque son leyes». Y decía a este respecto otro francés universal, Derrida, que las leyes «no se obedecen porque sean justas sino porque tienen autoridad». El Estado sabe que en Cataluña su autoridad es menguante. La prueba de ello es el envío de 6.000 Policías Nacionales y Guardias Civiles de refuerzo o el adelantamiento por la Mesa del Congreso de los Diputados de la creación de la Comisión para la Evaluación y la Modernización del Modelo Territorial que estaba prevista para la próxima semana. Y el independentismo sabe que su autoridad —social, política y moral— crece. En esa estamos. En la pugna de soberanías, leyes y violencias. Unos reclaman democracia otros la autoridad de la ley. Si en el artículo anterior analizaba la realidad catalana desde la realidad nacida de las leyes de referéndum y transitoriedad, en este la analizaré desde el interior del orden constituido.

El deseo de justicia ha desbordado la ley en Cataluña. Es dentro de la justicia donde se está produciendo el choque. Para unos ésta es la aplicación de la ley, y la no aplicabilidad de la ley da como resultado una justicia sin fuerza. Y una justicia impotente no es justicia. Para otros la justicia es democracia, poder decidir. Poder decir. Pero este decir no puede ser expresado de cualquier manera, ha de ir acompañado de garantías, procedimientos y derechos. Es lo propio, lo característico, de una democracia procedimental como la nuestra. De lo contrario la democracia se convierte en una coartada, en un concepto abstracto sin existencia real, en un simple sonido −flatus vocis−. Y en Cataluña lo que estamos viendo es una fábrica de mentiras.

En Cataluña se está produciendo el despotismo de la minoría que busca la independencia sin mayoría, sin procedimiento y sin garantías. Es la negación misma de la democracia, cuyo primer mandamiento es luchar por la democracia, contra los adversarios de la democracia, dentro de la democracia.

La insuficiencia de la democracia hace aflorar dimensión del poder, de la misma manera que lo aflora la insuficiencia de la ley. Una lo hace desde la mentira de la palabra, la otra desde la fuerza de la ley o de la policía. Despotismo o abuso/opresión es mala pareja para una elección. ¿Acaso la razón del más fuerte es siempre la mejor? ¿Quién es el mejor: el opresor o el déspota? ¿Quién es el más justo?

Si las leyes se obedecen porque tienen autoridad, como dice Derrida, la debilidad de la ley alienta la revuelta. No contribuye a la resolución de la crisis territorial de Cataluña, ni a la crisis política que late bajo ella, que una parte de la izquierda continúe instalada en el callejón sin salida del rechazo vacío, donde sólo le queda exclamar, como hizo Iglesias en la Diada, «Visca Catalunya lliure i sobirana» o decir que en España hay «presos políticos». Estas manifestaciones no debilitan la cerrazón obcecada del Gobierno del Estado de instalarse en la fuerza de la ley, sino que favorece el debilitamiento de la autoridad de la ley. «La autoridad de las leyes sólo reposa en el crédito que se les da. Se cree en ellas, ese es su único fundamento». Y este marasmo no ayuda a que la razón deje de seguir apareciendo «como una extranjera» en este conflicto.

Es necesario por tanto recuperar el nexo que hay entre ley y democracia, y abandonar por antidemocrática toda política –estatal o autonómica, gubernamental o parlamentaria− que socave la legalidad y transforme «la democracia formal en democracia ficticia». La concesión de espacio a la ilegalidad o la connivencia con ella «es un espacio sustraído a la democracia», al distorsionar radicalmente el mecanismo de formación del consenso. Este nexo no se va a restituir polarizando el espacio político en Cataluña entre quienes no renuncian a que «lo justo sea fuerte» y quienes sólo actúan desde la voluntad opuesta para que «lo fuerte sea justo». Por el contrario con esta actitud la democracia muta en «democracia lobotomizada», en la que como en este caso  se instala un ciclo acción/reacción de fuerza/revuelta que amenaza con persistir ad infinitum.

Cada parte en este conflicto tiene su ley y cada parte puede invocar, por tanto, su legítimo derecho a ejercer la violencia conservadora de su ley. El Estado lo está haciendo. La Generalitat la ejerce de forma indirecta desobedeciendo la ley del Estado. ¿Y cuando éstas no basten qué ocurrirá?

Paco Soler

http://mas.laopiniondemalaga.es/blog/barra-verde/2017/09/24/soberania-ley-violencia-cataluna/

LA REFORMA DEL LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL

El Consejo General del Poder Judicial es un órgano constitucional (art 122.3 CE), compuesto por 20 miembros, 8 de los cuales se eligen necesariamente por las Cortes Generales entre juristas de reconocido prestigio, y los 12 restantes, son elegidos entre jueces y magistrados, también de reconocido prestigio, en los términos que establezca una ley orgánica, en este caso, la Ley Orgánica del Poder Judicial. Desde que el PSOE aprobó esta ley en 1985, los 20 miembros son elegidos por las Cortes, por mayoría de tres quintos. Más tarde, en el 2001, se decidió, en virtud del pacto de la justicia firmado entre el PP y el PSOE, que los 12 miembros procedentes del Poder Judicial siguiesen siendo elegidos por las Cortes, pero dentro de una lista propuesta por el propio Poder Judicial de 36 miembros, con el fin de darle a este poder un mayor protagonismo en la elección. Pero con esta última reforma puesta en marcha por el PP, estos 12 vocales serán elegidos exclusivamente por el mismo Poder Judicial.

Gallardón explicó que la reforma se debe a la mala imagen que se da de la justicia cuando tanto PSOE como PP se enfrentan en una guerra sin cuartel por el nombramiento de los miembros de los órganos constitucionales, ya que la amplia mayoría necesaria para ello (tres quintos), conlleva que sin la existencia un gran consenso, una minoría parlamentaria de dos quintos más uno pueda vetar cualquier miembro propuesto por la mayoría parlamentaria. Es la llamada minoría de bloqueo. Precisamente esta situación es la que ha venido ocurriendo con la renovación de 4 de los 8 vocales del Tribunal Constitucional cuyo nombramiento corresponde a las Cortes. La falta de acuerdo en sede parlamentaria ha impedido su sustitución, viéndose obligado el TC a tener a estos 4 magistrados en prolongación de sus funciones, e incluso a funcionar durante un tiempo con un miembro menos a causa del fallecimiento de uno de sus magistrados, lo que ha provocado que el TC emita una nota recientemente a las Cortes denunciando esta situación y exigiendo su renovación.

Viendo las prerrogativas del CGPJ, no sorprende en absoluto que su control sea una pieza muy codiciada por los partidos. Entre otras, esta institución ostenta la potestad disciplinaria de los jueces y magistrados, propone a dos miembros del Tribunal Constitucional, y nombra a todos los miembros del Tribunal Supremo (que es el órgano judicial del que emana la jurisprudencia en sentido estricto, a la que se someten todos los órganos judiciales en la interpretación del derecho).

No obstante, si evitar las luchas partidistas puede ser a simple vista algo razonable, esta justificación no es sino un velo que oculta las verdaderas intenciones del PP, que no son otras que impedir que el PSOE pueda bloquear con su minoría parlamentaria (tal como hizo el PP con el Constitucional), los nombramientos de estos 12 vocales del CGPJ, de ahí que la reforma de la LOPJ haya trasladado esta potestad de nombramiento desde el Poder Legislativo hacia el Poder Judicial, un poder este último copado abrumadoramente por jueces y magistrados conservadores. En efecto, de la mitad de jueces y magistrados asociados (una muestra a priori suficientemente representativa), aproximadamente el 60% pertenece a la conservadora Asociación Profesional para la Magistratura, mientras que el 40% restante se lo reparten entre la progresista Jueces para la Democracia, la centrista Francisco de Victoria y el Foro Judicial Independiente.

No es de extrañar esta composición en la magistratura. Para preparar unas oposiciones tan exigentes como son las de Judicatura, el estudiante tiene que dedicar la mayor parte de su tiempo a estar memorizando temas, y para ello se requiere, salvo elogiosas excepciones, estar en unas condiciones óptimas que permitan un sustento económico mientras el opositor estudia sin tener que compartir su tiempo con un trabajo, y no todas las familias pueden dispensar esta cobertura económica. Así pues, en hipótesis, no es sorprendente que la mayoría de los jueces se hayan criado en ambientes conservadores, considerando la correlación positiva entre una posición económica elevada e ideología de derechas. Además, esta situación tiende a reproducirse, ya que la Judicatura, como muchas otras profesiones, no está libre de tradición familiar.

Para relativizar la cuestión, hay que señalar que tanto el sistema anterior de nombramientos como el que ha quedado tras la reforma tienen sus puntos positivos y negativos. Otorgar a los jueces la posibilidad de cooptar parte del CGPJ supone reforzar una posición corporativista, y con ello instituir un poder sin contrapoder, pero efectivamente, se aleja la elección de los vocales de las luchas partidistas y del uso abusivo de la minoría de bloqueo. Al contrario, dejar la elección en manos únicamente de las Cortes Generales lleva, si no se está dispuesto a un llegar a mínimo consenso, a una interminable guerra de bloqueos, pero se pierde el hecho de que la justicia emane del pueblo, que es la situación que denunció el PSOE en el debate parlamentario cuando se trató esta reforma.

Pero con independencia de las ventajas e inconvenientes de uno u otro sistema, en realidad, como se ha expuesto, tanto el PSOE como el PP anhelan extender su poder político a través del control del CGPJ. Si el PSOE decidió en su día que fuesen las Cortes quienes eligiesen todos los miembros del CGPJ fue para apartar del poder de elección a la magistratura conservadora. Si ahora el PP ha usado como excusa para reformar la LOPJ la falta de acuerdo en sede parlamentaria, la argumentación del PSOE para oponerse enmascara su malestar por haber perdido casi todo el poder en el CGPJ, porque el PSOE sabe que invocar la justicia popular es mera retórica. Una verdadera justicia popular se da cuando, como pasa en EEUU, algunos jueces son elegidos directamente por los ciudadanos. Pero después de todo, con esta reforma de la LOPJ, el control del órgano de los jueces estará casi en exclusiva en manos de una sola corriente ideológica, situación que no es ni mucho menos la mejor para una democracia.

Iván Núñez Loza