Hace 2 semanas
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CALIDAD DEMOCRÁTICA
El concepto de participación ciudadana se
reivindica como una alternativa a los modelos de democracia por
delegación cada cuatro años. Aunque no deja de haber oportunistas,
quizá el rey de Holanda o el primer ministro inglés..., que lo
utilizan para indicar que el estado dejará de prestar servicios y
que serán los ciudadanos los que tengan que buscarse la vida por su
cuenta para cuidar al hermano discapacitado o la madre con alzehimer.
Algo así como el modelo de filantropía norteamericano, en el
que se asume que el estado no cubre a la mayoría de la población y
que la comunidad ha de implicarse en solucionar las necesidades
sociales.
Si queremos podemos ver una parte positiva en ese modelo: la
generación de un sentimiento de pertenencia a tu comunidad y la
implicación ciudadana, como parte de ella, en la búsqueda de
soluciones; la otra parte es que ese modelo al final se ciñe a la
participación social y no política (o como mucho la política se
limita a lo puntual), con lo cual tampoco se cuestionan las causas
subyacentes de los problemas, sino que es una participación
utilitarista y que aleja a la ciudadanía (en muchos casos) de la
incidencia en las causas importantes.
El problema es que en un sitio hemos dejado que el Estado sea algo
extraño y no controlado por la ciudadanía; y en otro han reducido
el Estado a la mínima expresión y dejado que sea el apaño de cada
cual, coordinado con los vecinos o no, el que vaya buscando
soluciones.
¿Retomar el control en el primer modelo sin arriesgarme al segundo?
¿Rescatar cosas de los dos mundos ya que deberían ser
complementarios y no excluyentes?
En los países con mayor participación ciudadana (voluntariado,
política...) hay una mayor calidad de vida media, mayor equilibrio
social y menor número de injusticias. Por contra en los países con
menor participación ciudadana, una pequeñísima parte de la
población se aprovecha del control político para hacer lo que
quiere y saquear los recursos del país...Hay quien afirma que estas
dos premisas se pueden discutir, pero estaremos de acuerdo en que
nosotros vemos con envidia sociedades más dinámicas y activas en
sus procesos de innovación y participación social.
Al respecto quiero traer a colación algunas conclusiones de Vargas
Machuca, Pérez Yruela y algunos otros en el año 2010, cuando
publicaron “Calidad de la democracia en España: una auditoría
ciudadana”, con los resultados de un estudio del CIS realizado en
2007. Allí constatan que los españoles consideramos de manera
mayoritaria que los que detentan el poder político y económico
están por encima de la voluntad de los ciudadanos, de la soberanía
popular y, al mismo tiempo, nos damos cuenta de que la sociedad civil
española no llega a niveles de participación suficientes para ser
un actor relevante en el proceso político.
Es decir, los problemas de nuestra democracia
se localizan en un circulo vicioso alimentado por un débil
funcionamiento de la sociedad civil y por la baja calidad de la
representación política.
Una sociedad civil desmotivada por la política en el mejor de los
casos, cuando no en abierta confrontación, y un sistema de
representación alejado de la ciudadanía, incluidas instituciones
del estado y organizaciones políticas partidarias, son los dos
ingredientes que determinan la calidad de nuestra democracia.
Indudablemente no son mimbres para tejer una suficiente calidad
democrática.
Quiero resaltar que la construcción de la ciudadanía compete a los
gobernantes, políticos y organizaciones políticas a la hora de
generar marcos de oportunidad para la generación de modos ciudadanos
de comportamiento, pero no es posible sin la confluencia deliberada
de la propia ciudadanía autoorganizada. Es decir, que necesitamos
modos comunitarios de percibir la democracia como transformacional,
no como transaccional (se trata de modificar democráticamente
nuestra realidad social, no de firmar un “contrato” en virtud del
cual yo te proveo de derechos, en forma servicios públicos, a cambio
de tu voto)
La construcción políticosocial tiene tres patas (lo público, lo
privado, lo civil). Creo que es importante. Antes la discusión se
centraba en lo público y lo privado (lo cívico-social se
desdibujaba en lo privado para los liberal-anglosajones o en lo
público para los jacobinos), ahora ya no se discute el papel
preponderante de la iniciativa privada mercantil en la construcción
social, se da por hecho que el estado y la iniciativa pública ya no
juegan y se han de traspasar sus funciones a la sociedad civil (menos
la parte del león contante y sonante que se privatizará a mayor
gloria del capital).
Algo derivado de esta situación habrá que aprender, pero sin perder
el papel del estado como redistribuidor de riqueza, generador de
igualdad, regulador de los procesos económicos, garante de los
derechos básicos de salud, educación y bienestar, responsable,
dueño y promotor de la iniciativa económica en sectores
estratégicos.
Reivindicando también el papel de la sociedad civil autoorganizada:
entender la ciudadanía como virtud cívica y compromiso social,
garantizar y facilitar el acceso a la interlocución social a poderes
ciudadanos colectivamente organizados (en torno a las necesidades y
reivindicaciones autodeterminadas) como mínimo en igualdad de
condiciones con los poderes mercantiles.
Y para terminar por donde empazábamos, no dejarse engañar por los
cantos de sirena del inglés y el holandés sobre la big society y
exigir a los partidos que estén a la altura de las circunstancias y
se reinventen como partidos ciudadanos.
Acción Politeia
¿Qué es la horizontalidad en una organización?
Con el surgimiento del1 15-M, la horizontalidad ha
vuelto a ser un concepto motor en la construcción de nuevos
movimientos sociales y políticos. Sin embargo, ¿qué entendemos por
“horizontalidad”?
Al repasar
algo de bibliografía, constato que se suele definir en negativo como
oposición o rechazo a otros términos como la verticalidad o la
jerarquía, puesto que, de forma consciente o no, entendemos mejor
las implicaciones de tales conceptos que culturalmente impregnan
nuestras sociedades y nuestros cerebros. Asimismo, tanto en el
espacio público (Estado, escuela, hospital, trabajo remunerado,
etc.) como en el privado (como la familia), vivimos en un mundo
principalmente jerarquizado donde en el mejor de los casos elegimos
nuestra cadena vertical de mandos (la democracia representativa) o en
el peor sufrimos una dominación no deseada (véase el parto
medicalizado o el significado de la relación asalariada). Sin
embargo, pocas veces encuentro definiciones en positivo de la
horizontalidad. Con esta voluntad constructiva, definiré la
horizontalidad de la manera siguiente: una profundización de la
ética de la liberación, una actitud (y un camino) y un modelo
organizativo.
La profundización de la ética de la liberación
André Gorz solía conceptualizar la
ecología política como una ética de la liberación donde “la
expansión de la autonomía [del sujeto] se halla en el centro de la
exigencia ecologista. Ello supone una subversión de la relación de
los individuos con sus herramientas, con su consumo, con su cuerpo,
con la naturaleza” (1975). En esta óptica, desarrollada también
por Illich y Castoriadis, la ecología política es una apuesta
decidida por la autonomía del sujeto y por su capacidad de cooperar
de forma voluntaria y en igualdad de condiciones con otros sujetos
para oponerse a cualquier deriva liberticida e insostenible de las
“mega-máquinas” mercantiles, estatales o tecnócratas y para
construir alternativas concretas al productivismo actual.
De esta visión emancipadora nace la
voluntad de poner en pie sociedades —u organizaciones— autónomas,
hechas de individuos a su vez autónomos y cooperativos. Estas
sociedades (u organizaciones) se convierten en ágora permanente
sobre lo que es conveniente producir (y cómo), además siempre
dentro de la capacidad de carga de los ecosistemas. Por esta razón,
las empresas tendrían que ser controladas por sus personas
empleadas, un partido o un sindicato por el conjunto de sus
militantes y la esfera política por el conjunto de la ciudadanía.
Es un llamamiento hacia organizaciones donde los sujetos autónomos
no estén subordinados a ninguna estructura, ni órgano de ésta. En
este tipo de horizontalidad también existen límites, pero no
provienen de una autoridad superior (el Líder, el Órgano central,
la Tradición, la Autoridad, etc.) sino que se basan en la
deliberación y la decisión colectiva.
Una actitud (y un camino)
Encontramos en la educación
horizontal una gran ayuda para conceptualizar la “actitud
horizontal”. Esta rama educativa entiende la horizontalidad “como
una disposición psíquica y social, interior y exterior al sujeto,
en la cual ningún hombre y mujer anula la libre expresión de otro,
de manera que todos pueden manifestarse sin hallar un obstáculo en
el otro, sino más bien un apoyo para el propio crecimiento”
(Santos, 2006). Así, primero, es una facultad del sujeto a vivir su
libertad desde el encuentro positivo con la libertad de otras
personas que a su vez, dentro una dinámica ganador-ganador, refuerza
el propio desarrollo personal. Dicho de otro modo, “se puede
concebir el aspecto interno (…) de la horizontalidad como una
suerte de receptividad y apertura al otro.” Exactamente lo que los
manuales de educación no violenta o de resolución pacífica de los
conflictos aconsejan, respectivamente, a los padres y madres con su
prole o a los negociadores con las partes en conflicto o con otros
negociadores: respeto, escucha activa y empatía.
Además, en una organización
social, política, sindical, etc. sus formas de proceder —es decir
su actitud que la definirá y le dará credibilidad en el día a día—
tienen que ser acordes en cualquier momento con los objetivos
planteados. Obviamente no se puede llevar la paz o la emancipación
con métodos violentos que sea aquí o en el Sur, no se puede enseñar
a nuestros hijos el respeto desde la metodología de la bofetada, ni
se puede pedir a las instituciones transparencia y participación sin
aplicarlo internamente. Dicho de otro modo y parafraseando a Gandhi,
podríamos decir que “no hay camino para la horizontalidad, la
horizontaliidad es el camino”.
Un modelo organizativo
No se trata de un concepto
totalmente nuevo: tiene mucho en común con —y hereda de— las
teorías y las prácticas de la autogestión del sindicalismo de
finales del siglo XIX, de los consejos obreros húngaros o de las
experiencias post-68. Sin embargo, las posibilidades abiertas por las
Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) y, sobre
todo, por las dinámicas cooperativas en torno al conocimiento, la
cultura y el software libres o en las actuales dinámicas
post-crecentistas (colectivos de decrecimiento, de ciudades en
transición, de cooperativa integral, etc.) aportan a la
horizontalidad su plena capacidad como modelo organizativo. En las
brechas del sistema, la propia existencia y praxis diaria de una
organización horizontal son pruebas de insumisión y gérmenes de
alternativa a la megamaquina técnica, económica y política.
Dicho esto, destaco algunas
características de una cooperativa
política funcionando sobre el modelo de la horizontalidad:
- Trabajo en red: “La red” es ante todo una mentalidad y una forma de trabajar adaptada al siglo XXI: prima la inteligencia colectiva y la propriedad común, como puede ser la lógica cooperativa del software libre. Es una búsqueda de sistemas organizativos basados en la igualdad, la participación activa de todo/as y la voluntad de consenso. En esta estructura líquida y partidaria de la adhocracia, todos los miembros pueden tener autoridad para tomar decisiones y llevar a cabo acciones. Asimismo la fuerza de las redes, físicas o virtuales, reside en su capacidad de mover y mezclar personas y organizaciones de diferentes intereses o círculos, con compromisos flexibles según objetivos y afinidades, desde lo territorial a lo sectorial. Dicho así, no hay que confundir el uso intensivo de Internet (o de comunidades virtuales) con alcanzar una estructura en red presencial y virtual.
- Flujos de información y transparencia: la información es poder, y el poder es compartido entre todos los miembros en igualdad de condiciones. Lo que significa que la información tiene que fluir en cualquier momento hacia todos los miembros del a organización sin exclusión, dentro de un marco que hace de la transparencia un pilar de su desarrollo. No solo requiere un fácil acceso a las fuentes de información sino una política activa personal y colectiva de transmisión de la información a todas las partes de la organización-red sin que ellas las tengan que pedir. Es también la capacidad de poner en marcha la información peer to peer, donde cada neurona se convierte en un nudo de información seguro para otras neuronas. Con unas reglas de juego claras y sin necesidad de un órgano central, la red valida la veracidad y legitimidad de la información.
- Confianza multidireccional y cooperativa: tal y como lo desarrollo más en detalle en el artículo Reflexiones sobre la confianza en un partido horizontal, no solo se trata de una confianza undireccional desde las personas asociadas hacia los cargos (y órganos) electos sino también de una “confianza de todas a todas”. Tanto las personas electas como cualquier persona asociada “depositan” en cada una de las personas de la organización o de la red, con o sin responsabilidad interna o externa, la misma confianza. De esta manera, damos un margen de confianza a la inteligencia colectiva que emana de la conexión de nuestras energías y reflexiones.
- El conocimiento libre: más allá de tener transparencia e información disponible para todas las neuronas, la inteligencia colectiva —es decir el resultado del trabajo cooperativo y en red (que va más allá de la suma de las individuales de la organización)—, pertenece a todos y todas. Decimos que se trata de una propiedad común, cuyo código fuente y posibles mejoras están en la organización, en la red o en el espacio público a un coste nulo.
En resumen, una organización
horizontal es un nodo más de una sociedad que pugna por la
“democracia de lo común” (véase Subirats, 2011), es decir que
favorece los bienes comunes, la lógica cooperativa y la capacidad de
compartir.
Referencias:
- Gorz, A. (1975): Ecologie et politique, Galilée.
- Santos, M (2006): “De la verticalidad a la horizontalidad, reflexiones para una educación emancipadora”, Revista de ciencias sociales y humanidades, enero-marzo 2006.
- Subirats, J. (2011): Otra sociedad, ¿otra política? Del “no nos representan” a la democracia de lo común, Icaria Asaco.
Artículos relacionados:
Doctrina Parot
Hoy, jueves 24 de octubre de 2013, tras haber leído y escuchado
diferentes opiniones, casi todas escandalizadoras, que versaban sobre
la sentencia que ha venido a dar la razón a la demanda o recurso de
una miembro de ETA, acusada y sentenciada por varios asesinatos,
tentativa de otros y diversos delitos más, a la que se le aplicó la
llamada "Doctrina Parot" para alargar su estancia en
prisión, he aprovechado mi derecho a la huelga, entre otras cosas,
para leer el texto de la sentencia y el comunicado de prensa del
tribunal que la dictó.
Aunque yo no tengo los conocimientos suficientes para analizar dichos
textos con suficiencia y rigor me atrevo a compartir mis deducciones
(espero que mis amigos letrados me corrijan si yerro en exceso y, si
quieren añadir o señalar cualquier cosa que consideren relevante y
que un iletrado como yo no habrá reparado en ella, les estaré
realmente agradecido). Una vez leído al completo el texto (en
francés, después de haber leído el resumen del comunicado de
prensa, que sí lo han redactado en español) hago las siguientes
deducciones:
- La aplicación de la "doctrina Parot" vulnera varias
normas de carácter superior, empezando por la propia constitución
española. Deduzco de ahí un error o dejación legislativa. A lo
mejor había que haber modificado la constitución (pero en ese
tiempo era pecado) y/o haber modificado el código penal antes y
mejor.
- En ninguna de las consideraciones del tribunal se valora o enjuicia
el tipo de delito cometido por la demandante ni hace referencia
alguna a las consecuencias de los mismos sobre familiares y resto de
la sociedad. Tan solo en una de las opiniones particulares, firmada
por 5 jueces,eso sí, se hace mención al hecho de que los delitos
fueran de tipología terrorista y a la cantidad de víctimas. En este
caso para cuestionar la compensación que el Estado debe hacer a la
demandante.
- Tan solo en esa cuestión de la compensación económica hay un
grado significativo de divergencia entre los 17 miembros del
tribunal, aunque solo son 7 los que votan en contra. De los otros 6
dictámenes son apoyados por unanimidad 4 de ellos, uno por 15 jueces
y otro por 16. Siendo el juez británico el más "reticente"
al fallo, si se puede decir así.
- También deduzco, aunque de forma aventurada, que consideran que la
norma fue, además, mal aplicada en el caso de esta mujer. Sin entrar
en la arbitrariedad con que fue usado el concepto de retroactividad
en este caso.
- Dudo que los 17 jueces tengan animadversión a los valores patrios
de nuestro país, igual que dudo que apoyen o sean cercanos a la
causa abertzale, igual que dudo que hayan querido darle la espalda a
los familiares de las víctimas de ETA, incluso dudo que hayan
querido enmendarle la plana a la guardia civil, ni siquiera a los
sucesivos gobiernos culpables, por acción u omisión, de que estas
cosas pasaran en nuestro país por mor de un puñado de votos.
-El anterior atajo en la lucha contra ETA juzgado acabó con varios
policías y dirigentes del ministerio del interior en la cárcel, me
refiero al Gal, ah! y con un gobierno tocado del ala definitivamente.
Este caso que nos trae hoy aquí, además de dejar en entredicho
nuestro sistema judicial, va a aupar a la derecha más rancia a mayor
cota de popularidad. Me resulta tremendamente curioso cómo se puede
manipular de una forma tan grosera.
- De lo que estoy más seguro es de que los 17 miembros del alto
tribunal desean que Casillas no sea titular y que "la roja"
no gane el próximo mundial. No, si ya me parecía a mi.... Y la
comunidad educativa de huelga, como si eso fuera importante.
Domingo González
¿Más allá del estado?
La cuestión del Estado está más
que nunca en el centro del debate. Mientras que el Estado-nación (y
sus componentes como el pueblo, la soberanía, etc.) se ve
profundamente cuestionado por la crisis
socio-ecológica (Marcellesi,
2012a), la crisis económica ha puesto en la diana al
“Estado del bienestar” como máximo representante del
“interés general” y canal de redistribución de las riquezas.
Considerado por los sectores neoliberales como un freno al mercado y
a la vuelta al crecimiento, se ve atacado de forma brutal y reiterada
a través de recortes y/o de privatizaciones de servicios públicos
básicos como la educación o la sanidad. Mientras tanto, del otro
lado del arco político, las izquierdas se movilizan en la calle o en
las instituciones para evitar su desmantelamiento y defender los
derechos laborales y sociales obtenidos durante decenios de años. El
Estado-nación de Bienestar, verdadero pilar del modelo de
desarrollo europeo después de la segunda guerra mundial, por tanto
cristaliza la lucha entre las dos visiones que han
estructurado la sociedad industrial en torno a la creación y al
reparto de las riquezas producidas.
Sin embargo,
hoy se suman a este eje clásico de enfrentamiento ideológico y
práctico en torno al Estado, su forma actual y su futuro, otras
interrogaciones y contradicciones (algunas nuevas, otras no
tanto) que, en este artículo, analizaremos desde el triple prisma
interdependiente: la crisis ecológica, los comunes y la
regeneración democrática. En base a esta reflexión
inicial, propondremos algunas pistas para el debate y la práctica.
El Estado frente a los retos del siglo XXI
Estado y crisis ecológica
Vivimos una crisis ecológica
profunda que es a la vez energética, climática y alimentaria
y que, si no hacemos nada para contrarrestarla, cuestiona la propia
supervivencia civilizada de la humanidad (Marcellesi,
2012b). Esta crisis multidimensional es la consecuencia de un
modelo socio-económico, el “liberal-productivismo”, basado en la
idea industrial de un crecimiento continuo de las cantidades
producidas y consumidas. Sin embargo, todo indica que los países
enriquecidos van a salir tarde o temprano de este breve periodo de su
historia en que el crecimiento daba sustento a la (relativa) paz
social y al progreso (Gadrey,
Marcellesi, Barragué, 2013). En este contexto, sería
iluso pensar que el fin de la era del crecimiento no afecte al Estado
moderno y, en concreto, al “Estado de bienestar”. De
hecho, la new economics foundation (nef) realiza para Gran
Bretaña el análisis siguiente que, sin duda, podemos extender al
resto de los Estados europeos: “el Estado del bienestar ha crecido
de manera exponencial desde que se fundó a mediados de los años
cuarenta. Su crecimiento ha dependido siempre de un crecimiento
económico continuo que, a través de los impuestos, produjese más
beneficios para pagar mayor y mejores servicios públicos. Este
supuesto ya no se sostiene.” (nef, Ecopolítica, 2012: pp. 77-78).
Además, en este contexto el Estado —junto con las administraciones
públicas locales y el sector privado— ha sido uno de los
promotores esenciales del productivismo y de las megainfraestructuras
(nucleares, autopistas, aeropuertos, tren de alta velocidad,
sanitarias, etc.) en nombre del “interés general” a veces
confundido con el “interés corporativo” o simplemente aplicado
desde un enfoque típicamente crecentista y tecno-científico del
progreso.
El Estado actual es fruto,
reflejo y actor principal de la sociedad industrial y, al
igual que ella, fundamenta su visión y acción en la capacidad de
tener acceso a fuentes de energía barata, abundante y de buena
calidad. (2) Esta característica de “abundancia energética”
permite mantener o aumentar la complejidad cada vez mayor del Estado
(administraciones, leyes, etc.), (3) una centralización de sus
decisiones y estructuras, su capacidad de control sobre el territorio
así como un amplio abanico de personas y colectivos no dedicados a
la producción de alimentos y energía pero indispensables al
funcionamiento político-administrativo (ejército, burocracia, clase
dirigente, etc., [Diamond, 2006]). Sin embargo, la era de los
combustibles fósiles (con altísimos rendimientos energéticos) está
tocando a su fin y entramos en la era de la sobriedad energética
donde además las fuentes renovables tienen retornos energéticos
mucho más bajos que las fuentes fósiles. Además de cuestiones
ideológicas sobre el papel del Estado, es por tanto
necesario repensar, dentro de una reconfiguración general
de la sociedad, formas de administración pública acordes
con la biofísica y los recursos naturales disponibles.
Dicho de otro modo, “el coste entrópico es demasiado elevado (…)
y la superficie estatal debe decrecer” (Cochet, 2012). Desde
la justicia social y ambiental, el Estado tiene un enorme reto para
iniciar su transición
socio-ecológica ya que “no hay país que disponga de
avanzados servicios de cuidados sociales que no los haya construido
sobre una base social de consumo intensivo de energía total y per
capita. Aumentar el bienestar y el crecimiento económico con
recursos de peor calidad, aunque sea posible, es algo que no sabemos
cómo se puede materializar” (Mediavilla et al, 2013).
Estado y los “commons“
Entendidos como los recursos,
bienes, servicios o cosas, tangibles o intangibles, producidos y
gestionados desde una comunidad determinada, los comunes no reducen
las relaciones sociales a las de interés económicos o de poder, por
muy reales y exigentes que sean, y se diferencian de las dos formas
más emblemáticas de la modernidad: los intercambios a través del
mercado y a través del Estado. Es una apuesta para que las
comunidades puedan tener más control sobre sus vidas, sus tierras y
recursos naturales (propiedad y gestión de los derechos comunales),
su relación con los ecosistemas, su trabajo productivo y
reproductivo, su cultura e identidad, y poner en el centro la
cooperación, la solidaridad, la ecología y la autogestión.
Por lo tanto, al poner en el centro
de atención y como sujeto activo la comunidad (en vez del concepto
de “pueblo” (4)) y el interés comunitario (en vez del “interés
general”), los comunes no se confunden con lo “público”
(sinónimo principalmente en nuestras sociedades de lo estatal y sus
mecanismos de redistribución y protección social). Esto plantea dos
contradicciones centrales en nuestras sociedades con Estado
(5):
- Universalización y relocalización de los derechos: existe una tensión evidente entre estas dos dinámicas potencialmente opuestas. Mientras que el Estado amplia la solidaridad a toda la ciudadanía de su nación de referencia por encima de los lazos comunitarios (universaliza —parcialmente (6)— los derechos), los comunes ponen el énfasis en la solidaridad intracomunitaria (relocalizan los derechos). (7)
- Articulación de lo local y lo global: de la misma manera, mientras que los comunes centran sus esfuerzos en construir comunidades políticas locales, la situación de interdependencia y ecodependencia a nivel continental y mundial tendría que suponer mayor conectividad democrática social e institucional globales. Esta danza dialéctica entre lo local y lo global plantea por un lado la cuestión de las relaciones entre el Estado existente (o estructuras supraestatales) y las comunidades y, por otro lado en caso de ausencia de un Estado moderno, la cuestión de la articulación a nivel supralocal, continental o mundial de una multiplicidad de unidades autogestionadas según los derechos comunales.
Los comunes marcan no solo
un proceso evidente de desmercantilización sino también una
tendencia clara a la desestatalización de la vida. Dicho de
paso, no nos tendría que sorprender este doble proceso de éxodo
fuera del mercado y del Estado puesto que, como lo recuerda y
demuestra Graeber (2012), “el Estado y el mercado son dos caras de
una misma moneda”.
Estado y regeneración democrática
Las demandas de regeneración
democrática son patentes. En las sociedades occidentales, ya sea a
través del 15M, del movimiento Occupy Wall Street y de los
“procesos constituyentes”, el Estado se enfrenta también
a las reivindicaciones de democracia, participación y
horizontalidad. Este desafío es desde luego de difícil
solución ya que, como decía Charbonneau (1949), el Estado es el
poder, la fuerza, la guerra: “hablar de Estado autoritario,
centralizado o jerarquizado, es un pleonasmo”. Y cuanto más grande
e importante es el Estado —sea cual sea su régimen político—,
más alejado está de los centros de decisiones y menos capacitado se
ve para ofrecer democracia directa y deliberativa. Dicho
coloquialmente, el tamaño importa.
Con este análisis, existe
una tensión evidente entre las exigencias de “democracia real” y
de defensa del “Estado de bienestar”. De hecho, a
diferencia de Bourdieu que opinaba que existía un “Estado de la
mano izquierda” y un “Estado de la mano derecha”, es necesario
reconocer que el Estado es un solo cuerpo indisociable que asienta su
capacidad de redistribución y regulación (su mano social) en su
capacidad de ejercer la violencia legítima (su mano derecha). Ahora
bien, el corolario de este planteamiento nos lleva a preguntar de
nuevo: en una sociedad de masas ¿es posible garantizar la
seguridad y los derechos universales de la ciudadanía sin —o con
menos— aparatos estatales complejos y represivos? En este
caso, ¿hace falta renunciar a la participación directa a cambio de
mayor universalización y paz intra e interterritorial?
Pistas para el debate y la práctica
Este breve análisis en torno a la
crisis ecológica, los comunes y la regeneración democrática lleva
a proponer —en diferentes grados según las respuestas que se dan a
los diferentes cuestionamientos apuntados más arriba—:
- Una descomplejificación del Estado, es decir una menor necesidad de recursos energéticos para alimentar sus estructuras y que éstas sean capaces de adaptarse a la nueva realidad socio-ecológica.
- Su descentralización, que permita un “circuito corto de producción-consumo” de servicios públicos así como un acercamiento de las decisiones democráticas a nivel local.
- Una desestatalización: de la mano de la desmercantilización, es una devolución de poder a las comunidades y un refuerzo de la democracia desde abajo (barrio, municipio, comarca, etc.).
En base a estos elementos, surgen
propuestas más o menos radicales de cara a la transformación del
Estado realmente existente que podemos clasificar en tres
categorías:
- Una reforma progresiva del Estado que insiste a la vez en la descentralización de sus servicios públicos (garantizando el principio de igualdad de acceso) y en su papel central como agente para la transformación ecológica de la economía. Por un lado, se trata de reforzar los servicios públicos a nivel local, fuertemente descentralizados y abiertos a la participación (8), y en sectores de alto valor añadido para las personas, la sociedad y el medio ambiente (transportes públicos y limpios, bicicletas, educación, salud, justicia, redes energéticas distribuidas, etc.). Por otro lado, se trata de reconocer que el Estado tiene a nivel ecológico la capacidad real de inversión en un “New Deal Verde” que fomente la transición estructural hacia una economía sostenible. El Estado, incluso a una escala supralocal o regional, no desaparece. Más bien, su rol cambia: de omnipotente, pasa a tener una función de financiación del proceso de cambio y de coordinación de las iniciativas locales.
- Una evolución radical de la forma Estado que insiste en la dimensión energética y/o democrática de sus estructuras y capacidades. Por ejemplo, Cochet (2012), que postula que el colapso de la sociedad industrial es inevitable, propone la evolución de los actuales Estado hacia nuevos “Estados simples locales”. El tamaño de esta “sociedad local autónoma” dependería de los “grupos enemigos” que tiene que enfrentarse y, seguramente, se parecerían bastante a las ciudades-Estado italianas o germánicas del siglo XVIII. Por su parte, Fotopopulos, impulsor de la iniciativa Democracia Inclusiva y con muchos rasgos del municipalismo libertario de Bookchin, propone (re)construir núcleos locales de un máximo de 30.000 personas (al igual que en las ciudades griegas antiguas) en torno a instituciones que permitan la democracia económica y política. Luego se establecería una confederación de municipios a nivel local, regional y planetario que “más allá de los confines de la economía de mercado y la planificación estatal” evolucionaría hacia una planificación participativa. (9)
- Una sustitución del Estado por las comunidades autogestionadas. Es, por ejemplo, la propuesta de Víctor Toledo que desde México plantea un poder social entendido como “autogestión, autosuficiencia, autoabasto y, por supuesto, autodefensa” (2013). El objetivo es claramente la potenciación de “un poder paralelo de carácter emancipador” (basado en la cooperación, la solidaridad y el apoyo mutuo) que crea sus cooperativas, bancos locales, producen alimentos sanos, autoconstruyen viviendas, radios comunitarias y sus propias policías. Por su parte, las cooperativas integrales europeas responden a planteamientos muy parecidos de construcción paralela de realidades prácticas que, aunque se amparan en una forma jurídica legal de transición, buscan escapar tanto del mercado como del Estado. De tamaño reducido (un centenar de personas, para permitir el mutuo conocimiento y la gestión democrática), es una apuesta por la independencia política y económica al margen del sistema y por la autogestión en red donde están presentes todos los elementos básicos de una economía como la producción, el consumo, la financiación o una moneda propia.
Sea cual sea el camino elegido
(aunque con más fuerza para el segundo y tercero), hay preguntas
comunes. Para no pecar de ‘buenismo’, es importante
reflexionar sobre la relación y/o confrontación con el poder
institucional y la capacidad de llevar el cambio más allá
de proyectos locales. Como lo explica Besson-Girard (2012) sin ningún
tipo de ingenuidad hay que prepararse a “situaciones cuando los
dueños del sistema ya no tolerarán más su perdida de influencia.
Por encima de un umbral de reformas aceptables, es decir que puedan
recuperar en beneficio propio, utilizarán su fuerza brutal como
siempre lo han hecho”. Es de hecho lo que Bensaïd (2003) llama la
“dualidad de poder”, entre el poder de arriba y el poder de
abajo, que potencialmente puede llevar a la acción represiva de los
gobernantes y la autodefensa violenta de las personas y de los
colectivos oprimidos.
Para que la transición sea
cuanto más ordenada y pacífica posible, es necesario pensar por
tanto la institucionalización y generalización de las prácticas e
iniciativas llevadas desde abajo. Llegado un momento dado y
superado la fase de pruebas y laboratorio de ideas, las nuevas
realidades necesitan un marco regulatorio (a nivel local y
supralocal) que fije las nuevas reglas del juego. Para ello, no se
puede obviar que, como recordaba el poeta Paul Éluard “otros
mundos son posibles pero se encuentran en éste”: es decir, por
mucho que queramos construir mundos al margen del sistema y aún más
en un mundo totalmente eco e interdependiente, existen estructuras e
instituciones que se interrelacionan con las nuevas realidades, las
limitan, las controlan, las destruyen… o colaboran con ellas y les
dan alas. Más allá de proyectos concretos que pueden acabar
conviviendo dentro del sistema dominante sin cambiar su esencia (como
pasó con las cooperativas integrales del siglo XIX), requiere
herramientas socio-políticas capaces de articular una visión
global y solidaria, crear alianzas o luchar en las instituciones
(como dentro del Estado) y tomar decisiones determinantes en momentos
críticos.
En este sentido, se refuerza la
prioridad de tejer redes de reflexión y acción entre todas las
“islas alternativas” para que no se conformen con ser una gestión
cooperativa o comunitaria del capitalismo y del Estado o una gota en
una océano de conformismo sino que “se enmarquen en un proyecto
político que busque un mayor grado de autodeterminación de las
personas, los pueblos y los territorios (en alianza con otros sujetos
de cambio social)” (Azkarraga y Altuna, 2012) (10) y tomen
conciencia colectiva de su potencial como fuerza de transformación
de las estructuras actuales, incluido el Estado. Como lo dice
Subirats (2013), cogiendo ejemplo de la Plataforma de Afectados por
las Hipotecas, “el cambio no vendrá ni principalmente ni
únicamente desde arriba” así que “necesitamos construir una
nueva agenda y una nueva coalición a su alrededor. Crear nueva
política, nuevos rituales de acción y decisión de lo común (…)
Las alternativas deberán surgir de nuevos conglomerados,
ciudadanos e institucionales”.
En este contexto, la cuestión del
Estado —su realidad y su potencial tanto de resistencia como de
cambio— es clave de cara al futuro y hace falta desarrollar un
discurso y una práctica que tengan en cuenta su papel en la
transición
hacia una sociedad equitativa y ecológica.
Por Florent
Marcellesi (1)
Publicado en el nº45 de la
Revista
Ecología Política.
Bibliografía:
Azkarraga Etxagibel, Joseba y
Larraitz Altuna (2012): “Cooperativismo, economía solidaria y
paradigma ecológico: una aproximación conceptual” en Ecología
Política, nº44
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nº13 otoño 2012, pp. 63-73.
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gérmenes y acero, Debate Editorial
Fotopoulos, Takis (2002):
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al crecimiento. Vivir bien en un mundo solidario y sostenible,
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Graeber, David (2012): En deuda,
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Marcellesi, Florent (2012a): “Hay
que jubilar el Estado-nación“, entrevista en Diagonal, nº183.
Marcellesi, Florent (2012b): “¿Qué
es la crisis ecológica?“, en Cuides, nº9
Mediavilla, M. Carlos de Castro,
Luis Javier Miguel, Iñigo Capellán, Pedro Prieto, Emilio Menéndez,
Juan José Álvarez (2013): ¿Por qué basar todo en el crecimiento?
(contestación a Vicenç Navarro), disponible en
http://www.eis.uva.es/energiasostenible/?p=1170
New Economics Foundation,
Ecopolítica (2012): 21 horas: Por qué una semana laboral más
corta puede ayudarnos a prosperar en el siglo XXI, Icaria.
Subirats, Joan (2013): “¿Bloqueo
político?”, en El País, 23-03-2013.
Toledo, Victor M. (2013): “Y ¿si
nos autodefendemos?”, en La Jornada, 03-01-2013.
Notas:
(1) Investigador y activista
ecologista, es miembro del consejo de redacción de la revista
Ecología política y coordinador de Ecopolítica.
Es también miembro de Equo.
Más información: aquí.
(2) Mientras que las sociedades
primitivas o agropecuarias necesitaban una Tasa de Retorno Energético
(TRE) global de entre 4 y 6, la sociedad industrial y tecnológica
actual tiene una TRE global de entre 12 y 25. Sin embargo, es poco
probable que sin combustibles fósiles y solo con energías
renovables podamos mantener TRE globales tan altos (por ejemplo, la
fotovolcaíca tiene un TRE de 2,4). Recordamos que la TRE es el
cociente de la cantidad de energía total que es capaz de producir
una fuente de energía y la cantidad de energía que es necesario
emplear o aportar para explotar ese recurso energético. Es decir:
TRE = energía obtenida / energía invertida. Fuente: Prieto, P:
Renovables: mitos y realidades, Conferencia del 19 de marzo 2013 en
Málaga.
(3) Como explica el antropólogo
Joseph Tainter: “Disponer de una energía barata nos permite
desarrollar una complejidad aún más grande (…). Es lo que llamo
la espiral energía-complejidad: tienden a entremezclarse, o bien
aumentar, o bien disminuir conjuntamente. De hecho, solo pueden
aumentar o disminuir juntas (…): no podéis tener complejidad sin
energía, y si tenéis energía, tendréis complejidad”. Fuente:
http://petrole.blog.lemonde.fr/2011/10/31/lempire-romain-et-la-societe-dopulence-energetique-un-parallele/
(4) En la teoría del Estado-nación
moderno, el pueblo es un cuerpo homogéneo y con voluntad única que
entrega y deposita su soberanía en el Estado.
(5) El “Estado plurinacional de
Bolivia” es un buen caso práctico para estudiar las
contradicciones entre voluntad de unidad e igualdad del Estado y las
distintas formas de autonomía regional, municipal y de los pueblos
originarios.
(6) Esta “universalización” es
parcial, puesto que se circunscribe al marco del Estado-nación. Si
bien existen dinámicas más amplias de universalización de derechos
más allá de la nación como en la Unión Europea o a través de las
luchas de solidaridad internacional, la casi totalidad de los
derechos de una persona siguen vinculados a su nacionalidad.
(7) Dicho de paso, la relocalización
de la solidaridad también implica una relocalización del uso de la
violencia legítima desde el Estado hacia la comunidad y, por tanto,
plantea la cuestión de la regulación de conflictos entre
comunidades.
(8) Por ejemplo, el pueblo francés
de Loos-en-gohelle ha puesto en marcha el “compromiso 50%-50%”
que consiste en la aportación municipal de capital económico y
técnico a una iniciativa del vecindario si se compromete este último
a participar en su mantenimiento y cuidado (i.e. financia un huerto
escolar que la AMPA y los escolares gestionan). Es lo que la nef
llama la “coproducción de bienestar”.
(9) La propuesta de Fotopopulos deja
muchos interrogantes prácticos abiertos: ¿cómo funcionaría esta
confederación? ¿Cómo se alcanzaría esta mutación radical
institucional más allá de coger el poder a nivel municipal?
(10) Los autores se refieren
principalmente al movimiento cooperativista pero su reflexión se
pueden extender a cualquier otro movimiento a favor de los comunes.
25 DE NOVIEMBRE, DIA INTERNACIONAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Es
obvio que las mujeres somos uno de los colectivos más vulnerables y,
por tanto, uno de los que más estamos padeciendo los recortes de
derechos que, con la excusa de la crisis económica, se están
aplicando a todos los españoles. Dos años de recortes encadenados
nos han servido para darnos cuenta que aquello que creíamos que
estaba consolidado -“Todo lo que era sólido”, como Antonio
Muñoz Molina describe en el ensayo recientemente publicado con ese
título -, no era sino una ilusión colectiva. De ahí, que se sigan
poniendo en cuestión derechos que muchas de nosotras pensábamos
estaban consolidados. Tenemos así que seguir soportando actitudes
que nos transportan a luchas pasadas, como la ocurrida el pasado
domingo, cuando una voluntaria de la entidad que en Madrid había
organizado una marcha “Pro Vida”, pintaba con un spray rojo los
pechos desnudos de las manifestantes que, con su reivindicación,
buscaban que la ley del aborto se quede como está. Un derecho que
habíamos conseguido las mujeres de este país después de años, y
que gracias a las presiones de los sectores más conservadores,
tendrá un retroceso de años. Pero no sólo es el derecho al aborto;
es también la nueva Ley de Educación; el recorte en la Ley de la
Dependencia; es la nueva Ley de Régimen Local, y tantas y tantas
nuevas normas que están recortando derechos adquiridos y que nos
afectará a todos pero, en especial, a nosotras, las mujeres.
Pero
hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de la Violencia contra las
Mujeres, no podemos ni debemos de olvidar a las 702 mujeres que en
los últimos 10 años perdieron su vida a manos de sus parejas.
Terrible es la cifra, sin duda, como también lo son otras que nos lo
parecen y por la que se celebran manifestaciones multitudinarias,
como por ejemplo, el número de asesinados por la banda terrorista
ETA que desde 1960 provocó un número parejo de víctimas. Por ello,
tal día como hoy, necesitamos alzar la voz y a pesar de que pueda,
en algún momento, parecer reiterativo, hay que recordar por todos
los medios que podamos, que en estos once meses que han transcurrido
de 2013, ya han muerto 44 mujeres, sólo 8 mujeres menos que en todo
el 2012. Estas víctimas han dejado 40 huérfanos menores. Pero lo
que es aún más terrible, la violencia de género también se ha
llevado la vida de sus hijos, porque este año han sido asesinados 8
niños, frente a los 6 que fueron en 2012 o los 5 que lo fueron en el
2011. Con los datos en la mano, la realidad que se nos presenta no
puede ser peor: Durante el pasado año 2012, se presentaron 128.543
denuncias. A finales de septiembre de 2013, había en nuestro país
66.531 mujeres bajo algún sistema de atención policial, de las que
además, 10.511 contaban con algún servicio de teleasistencia.
Frente
a estos datos terribles, y a pesar de que la Ley Orgánica de Medidas
de Protección Integral contra la Violencia de Género” aprobada a
finales del 2004 nos había puesto en el buen camino, los recortes
realizados por el gobierno del PP en estos dos últimos años ponen
de manifiesto que, 7 años después, se está produciendo un fuerte
retroceso que nos está llevando a que, de nuevo, la violencia se
está quedando en casa, de puertas para adentro. El recorte
presupuestario, brutal y sangrante, ya supera el 28%, lo que de hecho
supone menos atención, menos sensibilización, menos prevención y
más mujeres que no pueden salir de la espiral de la violencia.
Todos
los indicadores están dando señales de alarma fundamentalmente
porque, viendo los datos, comprobamos que el hecho de que las
denuncias hayan descendido, no nos puede hacer pensar que el problema
de la violencia contra las mujeres se está solucionando. Porque la
denuncia protege. Las mujeres víctimas se sienten ahora más
desprotegidas y, por tanto, denuncian menos y por consiguiente,
tienen más posibilidades de ser asesinadas. Si analizamos las
cifras, podemos corroborar esta intrínseca relación entre
homicidio y denuncia: En 2009, de las 56 mujeres asesinadas, el 75%
de ellas no habían presentado denuncia; en el 2010, el número de
mujeres muertas sin denunciar previamente a su asesino, bajó al 70%.
El año pasado, el porcentaje de mujeres asesinadas sin denuncia
previa volvió a subir al 80,7%. Estos datos sólo están avalando la
efectividad de la denuncia como parte del sistema de protección y
confirman que la denuncia “ampara”. De ahí la importancia no
sólo de concienciar a la mujer víctima de la necesidad de
denunciar, sino a la sociedad en general, de la gravedad del
problema.
Una
mujer víctima de malos tratos tiene más posibilidades tras
interponer una denuncia de disponer de las medidas de protección que
establece la ley. Pero además, los recortes en esta área han
llevado no sólo al desmantelamiento de muchos centros de atención a
víctimas, sino también a la reducción de campañas de
sensibilización hacia las mujeres y hacia la sociedad que las rodea,
con lo que el círculo vicioso vuelve a empezar y muchas mujeres
maltratadas no pueden salir de él.
Estamos
hablando de la necesidad de que todos nos concienciemos, porque
frente a la violencia contra las mujeres sólo puede haber tolerancia
cero. De ahí, que sean terribles los datos como el que nos ha
ofrecido recientemente un estudio en el que se demuestra que un alto
porcentaje de las adolescentes y jóvenes españolas soportan a
diario actitudes de sus parejas, cuanto menos sospechosas. Porque la
lucha contra la violencia de género tiene un carácter integral y,
fundamentalmente, de educación. Por tanto, hay muchas leyes que le
afectan directamente. Cambiar estas leyes provoca dar pasos de
gigante hacia el pasado. Así ha pasado con la nueva Ley de
Educación, que con la desaparición de la asignatura de Educación
para la Ciudadanía, se elimina una de las claves en la prevención
de la violencia, dejando a los y las jóvenes sin educación en
valores como la igualdad y el respeto. Pero lo será también la Ley
de Reforma Local, ya que al quitar a los ayuntamientos las
competencias de igualdad y violencia de género, desmantela multitud
de servicios de apoyo a las mujeres que prestan en estos momentos los
ayuntamientos. Y lo es también la reforma del Código Penal que al
eliminar la rúbrica de “delitos relacionados con la violencia de
género”, ha excluido una expresión de gran carga simbólica que
no hacía más que profundizar en el objetivo que debe de ser
conseguir la igualdad de todos y todas.
En definitiva, se trata de
seguir avanzando y no retrocediendo en la prevención. Para ello la
educación debe de ser uno de los instrumentos fundamentales que
ayudará a eliminar una lacra social que han padecido, en algún
momento de su vida, según un estudio del CIS, un 10,9% de las
mujeres españolas. La violencia contra las mujeres no es un problema
que se ciñe sólo al hogar, es un problema de todos.
“La
violencia contra la mujer es quizás la más vergonzosa violación de
los derechos humanos. No conoce límites geográficos, culturales o
de riquezas. Mientras continúe, no podremos afirmar que hemos
realmente avanzado hacia la igualdad, el desarrollo y la paz” (Kofi
Annan)
Mª
José Acedo Chaves
Socia Fundadora y
Expresidenta de la Asociación de Mujeres “Carolina Coronado”
ADMINISTRACIONES DE CRISTAL: 50 recomendaciones
La
Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 19
establece que «todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión
y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa
de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y
opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por
cualquier medio de expresión», lo que supone el punto de partida
para la puesta en marcha de procesos de transparencia.
1. Condiciones de la transparencia:
- Visibilidad: facilidad de acceso, lugar visible, recorrido sencillo o poco complejo.
- Accesibilidad: Adaptada a las personas independientemente de su capacidad física o intelectual; no necesidad de permiso o registro.
- Actualidad: Información actual y puesta al día.
- Contextualidad: La información debe estar contextualizada, pero sin manipulaciones, es decir, publicar información contextualizada y veraz.
- Trazabilidad: La información de las administraciones públicas debe estar perfectamente registrada y trazada y debe permitir su auditoría.
2. Realizar previamente un proceso de formalización de los
procedimientos con objeto de tener accesible la información.
3. Creación de catálogos de datos en donde se especifique de forma
clara qué información existe y quién la tiene.
4. Comenzar la divulgación de datos a la sociedad civil desde áreas
políticamente menos sensibles.
5. La información que esté disponible públicamente debe indicar la
fuente, la fecha y el enlace para verificar su veracidad y
fiabilidad.
6. La información debe estar disponible en formatos que permitan su
acceso o reutilización.
7. Establecer buscadores y rastreadores de información eficaces.
8. Construir lazos entre la sociedad civil y la administración
pública es clave para el desarrollo de datos abiertos.
9. Incluir a la sociedad civil en el Consejo de la Transparencia.
10. Fomentar y estrechar la interacción entre funcionarios públicos
y cargos institucionales.
11. Incluir entre la información a publicar:
- Los informes de reparos, los informes de los tribunales de cuentas.
- Documentos (escritos, informes, correos) que se hayan dirigido a los cargos institucionales (políticos, directores generales, coordinadores).
- Las agendas públicas (ponentes, calendarios, comparecencias, retribuciones).
- Notas, borradores, opiniones, sumarios, comunicaciones e informes internos. Definir claramente lo qué es un borrador o un informe interno.
- Publicar los correos electrónicos, llamadas.
12. Separación entre la Agencia de protección de datos y la agencia
para la transparencia, garantizando su independencia.
13. Obligación de crear un Portal de transparencia en las páginas
institucionales en el que consten todos los indicadores y, en su
caso, la indicación no publicado o no existente. Asimismo deben
publicarse las solicitudes de información y sus respuestas
positivas, negativas y no contestadas.
14. Lugar de fácil acceso y formato estandarizado.
15. Estandarización de los portales de transparencia de todas las
instituciones.
16. Armonización de plataformas por una mejor integración y
publicación de datos (interoperabilidad, formas de descargas,
software no propietario).
17. Crear auditorías ciudadanas de transparencia, con carácter
vinculante, fomentando así la participación y el compromiso
ciudadano.
18. Establecimiento de un comité que determine la existencia o no de
la información y su carácter confidencial o de reserva.
19. Manuales sobre procedimientos, sencillos y accesibles.
20. Importar las buenas prácticas de otras instituciones y países
con procedimientos y democracias más consolidadas.
21. El acceso a la información pública debe constituirse y
defenderse como un derecho fundamental.
22. La transparencia y el acceso a la información deben constituirse
en la regla, y la denegación de información en la excepción.
23. Revisiones periódicas de los contenidos para que se compruebe la
veracidad y actualidad de los mismos (auditorías ciudadanas e
institucionales de transparencia).
24. Supervisor independiente en cada institución que vele por el
cumplimiento de la ley.
25. Es muy importante la información acerca de programas de gobierno
y grado de cumplimiento.
26. Aprovechar la colaboración de todo tipo de instituciones:
universidades, asociaciones, tercer sector, activistas.
27. Informes gráficos comprensibles, evaluación del desempeño,
objetivos, certificaciones externas de control, auditorías externas
y/o sociales, mecanismos participativos, etc. pueden ser algunas
herramientas para la implementación de nuevos servicios a través
de Internet.
28. Evitar la divulgación de grandes cantidades de información que
requieren largas descargas y que tengan pocas posibilidades de
selección y tratamiento.
29. No publicar información sumamente técnica y de poca utilidad
para un público no especialista.
30. El/la solicitante de información no debe declarar interés
alguno.
31. Control y seguimiento de solicitudes de información (auditorías,
trazabilidad)
32. Sistema de solicitud de información fácil y en formato
electrónico.
33. Las respuestas deben ser inmediatas, veraces y actualizadas.
34. Debe publicarse toda información solicitada e incorporarla al
portal.
35. Evitar la redirección de solicitudes cuando la dependencia tenga
la información en su poder, aunque dicha información no dependa de
ella (pasar la pelota).
36. Evitar que las dependencias se escuden en la falta de obligación
en la producción de información para responder a una solicitud,
recabando la colaboración ciudadana en los casos que sean necesarios
para su producción.
37. Establecer un órgano en la institución que asesore a la
ciudadanía. Los solicitantes dependen de la buena voluntad de cada
departamento, pues pocos ciudadanos/as tienen un conocimiento
suficiente acerca de cómo localizar puntualmente información al
interior de la institución, para así establecer si ésta ha
proporcionado toda la información relevante de la que dispone.
38. Analizar y perseguir la tendencia a declarar “inexistencia”,
pues resulta muy difícil para los solicitantes contraargumentar una
declaración de inexistencia, mientras que el funcionario/a público
corre poco riesgo si contesta que buscó la información y no la
encontró.
39. Organismo externo para revisar y dictaminar sobre los recursos de
revisión
40. La solicitudes de denegación de información deben remitirse al
órgano de control para su revisión de oficio.
41. El órgano de control debe atender cualquier situación en la que
un solicitante, por cualquier motivo, esté insatisfecho con la
respuesta que ha recibido. Esto incluye negaciones de información
tanto formales como de facto. Una negación formal ocurre a
consecuencia de la clasificación de información, cuando se decide
que ésta es reservada o confidencial. Una negación de facto ocurre
cuando se decide que la información solicitada es inexistente o
cuando la respuesta está incompleta o es inapropiada.
42. Los miembros del órgano de control deben favorecer la
divulgación pública de la información, debiendo seleccionarse
profesionales de reconocido prestigio y trayectoria en favor de la
transparencia y normalmente críticos con los gobiernos de turno.
43. El recurso de revisión debe ser claro y sencillo. No se debe
requerir de abogado ni experto técnico para interponerlo, debiendo
facilitarse el proceso a través de Internet. El órgano de control
debe intervenir y juzgar si la dependencia tuvo o no razón en su
respuesta. No usar términos legales complejos.
44. La decisión del órgano de control debe ser de carácter
vinculante, independientemente de que el organismo público disponga
de vías de apelación.
45. Creación de un registro específico donde se pueda acceder con
facilidad y de forma centralizada a los contratos de publicidad
institucional.
46. Regular la actividad de los lobbys para evitar la opacidad de las
relaciones entre poder económico y político.
47. Los partidos políticos deben ser los primeros y principales
interesados en excluir de la política a los corruptos, por tanto sus
órganos de gobierno deben establecer la transparencia al máximo
nivel del partido, de forma que sus cargos electos estén obligados a
ponerla en práctica en todas las instituciones que gobiernen.
48. La transparencia no debe limitarse a las cuentas públicas pues
hay otras variables de igual o mayor importancia que los asuntos
económicos y que deben ser tenidas en cuenta, como pueden ser las
agendas públicas y el cumplimiento de la carta de compromisos o de
los programas de gobierno.
49. El objetivo de la transparencia debe ser facilitar un gobierno
abierto (participación y colaboración). Para la ciudadanía y la
oposición no debe constituirse únicamente como herramienta de
crítica, morbo, continua sospecha, cuestionamiento permanente y
desconfianza. Para el gobernante es un instrumento de validación de
sus políticas públicas, y de su distancia con la ciudadanía, de
valoración de su gestión, de visualización de los campos de
mejora.
50. Fomentar la colaboración de instituciones independientes en el
tratamiento de la información para convertir datos en conocimiento.
Manuel Jesús García Fénix
El autor,
Máster en Sociedad, Administración y Política por la Universidad
Pablo de Olavide, ha llevado a cabo una investigación consistente
en el análisis de la transparencia de los ayuntamientos de la
provincia de Cádiz, que incluye la elaboración de estas
recomendaciones. El trabajo completo se puede descargar pinchando en
este enlace Administraciones de Cristal
DEMOCRACIA: NECESARIOS NUEVOS TIEMPOS
Tres pilares precisa, a mi modo de entender y hablando en calidad de
ciudadano de a pie, la Democracia: corresponsabilidad, transparencia
y participación. Pongo Democracia con mayúsculas, porque en
minúsculas no sé escribirla, me salta el corrector del ordenador
cuando lo hago.
Si sólo estuviéramos asistiendo a
una crisis económica no estaría preocupado. Casi todos los
analistas de la Historia nos cuentan que la economía oscila; sube y
baja, se ajusta y reajusta, se contrae y dilata según complejas
matrices de variables que la construyen y deconstruyen. La demografía
y los desplazamientos geográficos, la adquisición de nuevos logros
tecnológicos, la influencia de la naturaleza en forma de plagas,
oscilaciones climáticas, terremotos, tsunamis, riadas o mil cosas
más, los vaivenes geopolíticos a gran, media y pequeña escala, las
corrientes sociológicas, la aparición sorpresiva de nuevos líderes
de opinión, etc. En fin, un cóctel complejo y diverso de
condicionantes que marcan el que en unos momentos aflore la riqueza,
y en otros se entre en depresiones económicas más o menos
acentuadas. Es común en el devenir histórico que cuando nos
encontramos en momentos de "vacas gordas" unos pocos se
beneficien de manera clara, mientras que en "vacas flacas"
la inmensa mayoría se perjudique de manera despiadada, y los mismos
de antes se sigan beneficiando. Aquí no descubro nada que no sepamos
todos, pero pienso que no está de más recordarlo.
Corresponsabilidad
Uno de los aspectos que más me intrigan y desconciertan es la galopante infantilización de "lo político". El que se frivolice con algo tan esencial. La respuesta generalizada de muchos ciudadano/as es de desencanto y huída. Justificable, en buena medida, por los desmanes de parte de la denominada clase política y sindical de este país. Pero también desmanes por parte del sector financiero y empresarial, no se nos olvide. Reconozco que se han hecho méritos para que estos colectivos de quienes se dedican a gestionar lo público estén estigmatizados. Pero no es menos cierto que si todos fueran ladrones o amorales, el sistema se habría colapsado hace bastante tiempo.
¿Por qué digo lo de la
infantilización de la política?. Lo fácil es decir "todos son
iguales", "ya te lo dije, "que le quiten sus sueldos",
y un largo etcétera de pronunciamientos que dificultan que todos y
todas cojamos como colectividad la senda para enmendar una
deteriorada situación, en la que la corresponsabilidad debe ser la
moneda de cambio efectiva en el mercadeo de nuestros comportamientos.
Considero que es un deber el asumir esquemas maduros por parte de
todos y todas al objeto de evitar seguir con una adolescencia
colectiva que solo pondrá palos en la rueda. Sin menoscabo de
lo importante que es la labor legislativa y la de gestión que
desarrollan los políticos, no menos importante es la labor de
aquellos que no lo son; los medios de comunicación, los empresarios
y profesionales liberales, los ciudadanos en general en su papel de
censores y críticos de la labor desarrollada por los primeros. Sin
embargo, no es conveniente olvidar lo importante que es su
implicación a la hora de solicitar una forma diferente de hacer las
cosas, en las que ellos también actúen de manera adecuada y
responsable. Y tampoco parece conveniente olvidar que una cosa es la
realidad de los políticos de altos vuelos y otra bien diferente la
de los políticos que viven en las trincheras de los ayuntamientos,
mancomunidades y diputaciones de un día a día complejo y en muchas
ocasiones frustrante.
Un ejemplo más concreto: mucho se
ha hablado y escrito sobre la burbuja inmobiliaria, pero ésta y su
declive no podrían haber sido posibles si no hubiera habido una masa
de ciudadano/as como compradores-vendedores que buscaron gangas
especulativas. Como cuando mi vecino vendió el piso que le costó
siete millones de pesetas por treinta y cinco, y eso pasó en la
planta de arriba de mi casa, y él no era ni un político ni un
banquero, pero quería hacer dinero fácil y rápido y contribuyó
sin importarle demasiado a alterar "el precio de las cosas".
Transparencia
Si la clase política, las administraciones, las universidades y colegios, los bancos, los hospitales, las empresas, los organismos internacionales, los medios de comunicación de masas.....todo aquello que tiene un matiz colectivo (privado o no) no son transparentes no podremos seguir por mucho más tiempo de forma sostenida. De hecho, buena parte de la desconfianza de la que hablaba un poco más arriba tiene que ver con esa dificultad generalizada que en las últimas décadas estas instituciones han demostrado. Esa desconfianza se ha aireado de manera clara por los medios de comunicación, muchas veces de forma evidente, en otras ocasiones subliminal e interesada. Sin menoscabo de que la complejidad en la trama de relaciones humanas, con nuestras grandezas y nuestras miserias, haya vuelto a las principales instituciones (entre ellos de manera especial los grandes partidos políticos y los sindicatos) en cicateros a la hora de buscar la tan necesaria transparencia, tampoco ha sido grande el empeño por su parte para que esa transparencia fuera -y aún hoy sea- efectiva.
Ser transparentes debiera ser el
primero de los mandamientos, pero ser transparentes es difícil
cuando no se entiende que lo principal de un servicio público es
servir al público, a lo de todos y todas; así de sencillo, así de
complejo.
Un ejemplo más concreto: la
transparencia en los partidos políticos debería ser uno de los
mandamientos absolutos para la política de los tiempos que corren y
de los que deben correr. La ciudadanía está cansada de que estos-
¡ojo! los partidos grandes y la inmensa mayoría de los pequeños-
funcionen con mecanismos opacos hasta para los propios simpatizantes
y militantes. No levanto falso testimonio con esto, simplemente todos
sabemos que es así. No considero que haya maldad en estos procederes
o que estén orquestados de manera orquestada, sólo considero que
las reglas están cambiando en un mundo en el que la información
fluye a velocidad de vértigo, por múltiples plataformas y con
nuevos lenguajes a los que tenemos que adaptarnos o perecer en las
lagunas cenagosas del analfabetismo tecnológico funcional. En este
nuevo universo de la información se siguen empleando respuestas que
son herencia directa del siglo XIX y del XX, pero estamos en el XXI y
el reloj corre hacia adelante aunque a muchas fuerzas reaccionarias y
ultraconservadoras les gustara más que estas respuestas volvieran
hacia atrás.
Participación
El otro gran pilar, a mi modo de ver, el más importante. Es llamado a ser el garante de los otros: el que se haga efectiva la participación de la ciudadanía en los procesos democráticos con las suficientes garantías y de manera real, aunque cueste. Ya dijo George Jean Nathan que "los malos dirigentes son elegidos por buenos ciudadanos que no votan". Comparto de manera plena el pronunciamiento de que "la democracia no es votar cuando nos llaman cada cierto tiempo". No es y no puede serlo. Aquellos que se sienten cómodos con este pensamiento, me da igual el color partidista que vistan, no se pueden enmarcar en un respirar democrático. Claro que conseguir que la participación se introduzca en los poros de las instituciones y las organizaciones va a ser difícil, sobre todo en aquellas que carecen de cualquier mecanismo electivo. Pero lo interesante del proceso es que o se desarrolla de manera adecuada o la Democracia se irá a la mierda. Esa filosofía de un incremento de las cotas de participación no será fácil, pero ningún reto que merezca la pena lo es en la vida. Habrá que hacerlo desde dentro y desde fuera, a pequeña escala, a mediana y a gran escala. Las primarias, las listas abiertas y abrir el abanico parlamentario a opciones minoritarias son necesidades claras, si para ello hay que cambiar las reglas, habrá que hacerlo. Y si no se hace, las reglas mutarán solas, siguiendo los mandatos de los nuevos tiempos.
Un ejemplo más concreto: los
denominados presupuestos participativos. Procedimiento ideado con el
objetivo de que la ciudadanía contribuya a la construcción de
ciudad estableciendo prioridades concretas en las que invertir el
gasto del dinero público. La intención última es que la ciudadanía
no sea mera espectadora/electora y pase a ser protagonista. Esta
modalidad de participación dirige los esfuerzos hacia la necesaria
transparencia y sobre todo a la corresponsabilidad en la toma de
decisiones. Y todo mejorando la comunicación entre administradores y
administrados.
Transparencia, corresponsabilidad,
participación. Estas tres palabras tendremos que llevarlas a sus
últimas consecuencias, no hay otra, no tenemos otra. Yo, como Sandro
Pertini, opino que "a la más perfecta de las dictaduras,
preferiré siempre una imperfecta democracia", la construcción
de esa imperfecta Democracia es tarea de todo/as, de políticos y de
los que no lo son, no hay otra.
Francisco Carrascal Moreno
Biólogo y consultor ambiental
La elección en Chile
Escribo a una semana de las elecciones 2013 en
Chile, aunque en este ejercicio electoral se deciden muchos cargos,
sin duda que el más importante es la elección de Presidente de la
República, habida cuenta del fuerte presidencialismo que existe en
el país.
Tan claro como lo anterior es que la ganadora de la
elección (en una o dos vueltas electorales) será Michelle Bachelet.
Aunque es relevante el fenómeno de la reelección de Bachelet como
Presidenta, sin ninguna duda es más interesante analizar qué
implicancias tiene su retorno al poder.
En primer lugar, representa un enorme fracaso para la
derecha el que tan sólo tras un ejercicio de cuatro años, pierda la
presidencia a manos de la alianza que estuvo en el gobierno en el
período 1990-2010 con la adición del Partido Comunista.
Más allá de eso, la interrogante principal es qué
tipo de gobierno hará esta Nueva Mayoría; en los últimos años la
sociedad chilena ha dado indicios de querer moverse hacia una
sociedad en que se garanticen más derechos para sus ciudadanos y
ciudadanas, en que el mercado no sea el principal decisor de la
manera en que se resuelvan algunas necesidades esenciales, en que las
leyes sean un vehículo y no un obstáculo para las decisiones
individuales en el ámbito íntimo-afectivo y en que la política esté tan
preocupada por la desigualdad y las injusticias como lo ha estado
hasta ahora por el crecimiento económico.
El asunto es que una parte significativa del electorado
tiene desconfianza de que la coalición que ganará las elecciones
avance de manera significativa en el sentido expuesto en el párrafo
previo, porque considera que - habiendo tenido la posibilidad de
hacerlo antes - prefirió transar, “acomodarse” al modelo
existente en vez de dar la lucha de cambiarlo.
Nadie está en condiciones de predecir el futuro, por mi
parte creo que los actores institucionales y los actores sociales
tienen escenarios muy diferentes para el siguiente decenio.
De parte de los actores políticos, gremiales e
institucionales será necesario comprender que su éxito depende de
la manera en que puedan armonizar la gobernabilidad y el crecimiento
económico con la transformación de un conjunto amplio de
disposiciones instaladas por la dictadura en la Constitución de 1980
que son sencillamente contradictorias con las ideas expuestas en el
primer párrafo y que se hacen más populares cada año que pasa.
De parte de los actores sociales y de los actores
políticos minoritarios será necesario incorporar la idea de que los
políticos naturalmente tienden al acuerdo y la negociación, en
consecuencia, para que las reformas alcancen el estándar que se
espera es necesario que se mantengan activos y vigilantes respecto de
las decisiones que se tomen sin depositar en manos de los actores
políticos el cien por cien de sus demandas pero evitando caer en el
campo de la insensatez o la ingenuidad.
A mi juicio, todo parece indicar que la receta para
navegar en estas turbulentas aguas será el ejercicio de una práctica
política progresiva pero gradualista. Es decir, conducir al país en
el sentido descrito al inicio pero en un plan de mediano plazo que
vaya generando oportunidades de acomodo institucional y tranquilidad
social.
Parece natural que la aplicación del clásico
gradualismo chileno generará un proceso político social no
especialmente romántico sino más bien aburrido y que se agotará en
un plazo de un decenio pero que debiera culminar en una sociedad más
conforme consigo misma pero aún distante de su ideal.
Creo que este último punto será decisivo porque no
existe un real acuerdo sobre el tipo de sociedad que queremos, de
hecho probablemente esta falta de acuerdo es lo que hace tan viable
el gradualismo porque Chile no se ha desprendido del trauma que
implicó intentar aplicar modelos sin consensuarlos, y, por tanto, la
gran conversación será subterránea y de largo plazo pero orientada
por una sola gran pregunta ¿Qué tipo de sociedad queremos ser?
Hasta ahora Chile se ha movido en una senda
relativamente lógica para salir de la pobreza, llegando a
convertirse en un país de ingresos medios aplicando una receta
estándar… es decir que recorrió un camino ya trazado. Lo que
viene por delante no tiene esa ventaja, ni está claro qué quieren
los chilenos y chilenas: ¿seguirán el modelo de los países
escandinavos? ¿Las ideas de Alemania? ¿El camino de los países
mediterráneos o del sudeste asiático? Pienso que el éxito del país
depende de que seamos capaces de encontrar nuestras propias y
latinoamericanas respuestas pero eso quizás es materia de otro
escrito.
Julio Troncoso
@juliotroncoso
