La cuestión del Estado está más
que nunca en el centro del debate. Mientras que el Estado-nación (y
sus componentes como el pueblo, la soberanía, etc.) se ve
profundamente cuestionado por la
crisis
socio-ecológica (
Marcellesi,
2012a),
la crisis económica ha puesto en la diana al
“Estado del bienestar” como máximo representante del
“interés general” y canal de redistribución de las riquezas.
Considerado por los sectores neoliberales como un freno al mercado y
a la vuelta al crecimiento, se ve atacado de forma brutal y reiterada
a través de recortes y/o de privatizaciones de servicios públicos
básicos como la educación o la sanidad. Mientras tanto, del otro
lado del arco político, las izquierdas se movilizan en la calle o en
las instituciones para evitar su desmantelamiento y defender los
derechos laborales y sociales obtenidos durante decenios de años.
El
Estado-nación de Bienestar, verdadero pilar del modelo de
desarrollo europeo después de la segunda guerra mundial, por tanto
cristaliza
la lucha entre las dos visiones que han
estructurado la sociedad industrial en torno a la creación y al
reparto de las riquezas producidas.
Sin embargo,
hoy se suman a este eje clásico de enfrentamiento ideológico y
práctico en torno al Estado, su forma actual y su futuro,
otras
interrogaciones y contradicciones (algunas nuevas, otras no
tanto) que, en este artículo, analizaremos desde el triple prisma
interdependiente:
la crisis ecológica, los comunes y la
regeneración democrática. En base a esta reflexión
inicial, propondremos algunas pistas para el debate y la práctica.
El Estado frente a los retos del
siglo XXI
Estado y crisis ecológica
Vivimos una crisis ecológica
profunda que es a la vez energética, climática y alimentaria
y que, si no hacemos nada para contrarrestarla, cuestiona la propia
supervivencia civilizada de la humanidad (
Marcellesi,
2012b). Esta crisis multidimensional es la consecuencia de un
modelo socio-económico, el “liberal-productivismo”, basado en la
idea industrial de un crecimiento continuo de las cantidades
producidas y consumidas. Sin embargo, todo indica que los países
enriquecidos van a salir tarde o temprano de este breve periodo de su
historia en que el crecimiento daba sustento a la (relativa) paz
social y al progreso (
Gadrey,
Marcellesi, Barragué, 2013). En este contexto,
sería
iluso pensar que el fin de la era del crecimiento no afecte al Estado
moderno y, en concreto, al “Estado de bienestar”. De
hecho, la
new economics foundation (nef) realiza para Gran
Bretaña el análisis siguiente que, sin duda, podemos extender al
resto de los Estados europeos: “el Estado del bienestar ha crecido
de manera exponencial desde que se fundó a mediados de los años
cuarenta. Su crecimiento ha dependido siempre de un crecimiento
económico continuo que, a través de los impuestos, produjese más
beneficios para pagar mayor y mejores servicios públicos. Este
supuesto ya no se sostiene.” (nef, Ecopolítica, 2012: pp. 77-78).
Además, en este contexto el Estado —junto con las administraciones
públicas locales y el sector privado— ha sido uno de los
promotores esenciales del productivismo y de las megainfraestructuras
(nucleares, autopistas, aeropuertos, tren de alta velocidad,
sanitarias, etc.) en nombre del “interés general” a veces
confundido con el “interés corporativo” o simplemente aplicado
desde un enfoque típicamente crecentista y tecno-científico del
progreso.
El Estado actual es fruto,
reflejo y actor principal de la sociedad industrial y, al
igual que ella, fundamenta su visión y acción en la capacidad de
tener acceso a fuentes de energía barata, abundante y de buena
calidad. (2) Esta característica de “abundancia energética”
permite mantener o aumentar la complejidad cada vez mayor del Estado
(administraciones, leyes, etc.), (3) una centralización de sus
decisiones y estructuras, su capacidad de control sobre el territorio
así como un amplio abanico de personas y colectivos no dedicados a
la producción de alimentos y energía pero indispensables al
funcionamiento político-administrativo (ejército, burocracia, clase
dirigente, etc., [Diamond, 2006]). Sin embargo, la era de los
combustibles fósiles (con altísimos rendimientos energéticos) está
tocando a su fin y entramos en la era de la sobriedad energética
donde además las fuentes renovables tienen retornos energéticos
mucho más bajos que las fuentes fósiles. Además de cuestiones
ideológicas sobre el papel del Estado,
es por tanto
necesario repensar, dentro de una reconfiguración general
de la sociedad,
formas de administración pública acordes
con la biofísica y los recursos naturales disponibles.
Dicho de otro modo, “el coste entrópico es demasiado elevado (…)
y la superficie estatal debe decrecer” (Cochet, 2012).
Desde
la justicia social y ambiental, el Estado tiene un enorme reto para
iniciar su transición
socio-ecológica ya que “no hay país que disponga de
avanzados servicios de cuidados sociales que no los haya construido
sobre una base social de consumo intensivo de energía total y per
capita. Aumentar el bienestar y el crecimiento económico con
recursos de peor calidad, aunque sea posible, es algo que no sabemos
cómo se puede materializar” (Mediavilla et al, 2013).
Estado y los “commons“
Entendidos como los recursos,
bienes, servicios o cosas, tangibles o intangibles, producidos y
gestionados desde una comunidad determinada, los comunes no reducen
las relaciones sociales a las de interés económicos o de poder, por
muy reales y exigentes que sean, y se diferencian de las dos formas
más emblemáticas de la modernidad: los intercambios a través del
mercado y a través del Estado. Es una apuesta para que las
comunidades puedan tener más control sobre sus vidas, sus tierras y
recursos naturales (propiedad y gestión de los derechos comunales),
su relación con los ecosistemas, su trabajo productivo y
reproductivo, su cultura e identidad, y poner en el centro la
cooperación, la solidaridad, la ecología y la autogestión.
Por lo tanto, al poner en el centro
de atención y como sujeto activo la comunidad (en vez del concepto
de “pueblo” (4)) y el interés comunitario (en vez del “interés
general”), los comunes no se confunden con lo “público”
(sinónimo principalmente en nuestras sociedades de lo estatal y sus
mecanismos de redistribución y protección social). Esto plantea dos
contradicciones centrales en nuestras sociedades con Estado
(5):
Universalización
y relocalización de los derechos: existe una tensión
evidente entre estas dos dinámicas potencialmente opuestas.
Mientras que el Estado amplia la solidaridad a toda la ciudadanía
de su nación de referencia por encima de los lazos comunitarios
(universaliza —parcialmente (6)— los derechos), los comunes
ponen el énfasis en la solidaridad intracomunitaria (relocalizan
los derechos). (7)
Articulación de lo
local y lo global: de la misma manera, mientras que los
comunes centran sus esfuerzos en construir comunidades políticas
locales, la situación de interdependencia y ecodependencia a nivel
continental y mundial tendría que suponer mayor conectividad
democrática social e institucional globales. Esta danza dialéctica
entre lo local y lo global plantea por un lado la cuestión de las
relaciones entre el Estado existente (o estructuras supraestatales)
y las comunidades y, por otro lado en caso de ausencia de un Estado
moderno, la cuestión de la articulación a nivel supralocal,
continental o mundial de una multiplicidad de unidades
autogestionadas según los derechos comunales.
Los comunes marcan no solo
un proceso evidente de desmercantilización sino también una
tendencia clara a la desestatalización de la vida. Dicho de
paso, no nos tendría que sorprender este doble proceso de éxodo
fuera del mercado y del Estado puesto que, como lo recuerda y
demuestra Graeber (2012), “el Estado y el mercado son dos caras de
una misma moneda”.
Estado y regeneración democrática
Las demandas de regeneración
democrática son patentes. En las sociedades occidentales, ya sea a
través del 15M, del movimiento Occupy Wall Street y de los
“procesos constituyentes”, el Estado se enfrenta también
a las reivindicaciones de democracia, participación y
horizontalidad. Este desafío es desde luego de difícil
solución ya que, como decía Charbonneau (1949), el Estado es el
poder, la fuerza, la guerra: “hablar de Estado autoritario,
centralizado o jerarquizado, es un pleonasmo”. Y cuanto más grande
e importante es el Estado —sea cual sea su régimen político—,
más alejado está de los centros de decisiones y menos capacitado se
ve para ofrecer democracia directa y deliberativa. Dicho
coloquialmente, el tamaño importa.
Con este análisis, existe
una tensión evidente entre las exigencias de “democracia real” y
de defensa del “Estado de bienestar”. De hecho, a
diferencia de Bourdieu que opinaba que existía un “Estado de la
mano izquierda” y un “Estado de la mano derecha”, es necesario
reconocer que el Estado es un solo cuerpo indisociable que asienta su
capacidad de redistribución y regulación (su mano social) en su
capacidad de ejercer la violencia legítima (su mano derecha). Ahora
bien, el corolario de este planteamiento nos lleva a preguntar de
nuevo: en una sociedad de masas ¿es posible garantizar la
seguridad y los derechos universales de la ciudadanía sin —o con
menos— aparatos estatales complejos y represivos? En este
caso, ¿hace falta renunciar a la participación directa a cambio de
mayor universalización y paz intra e interterritorial?
Pistas para el debate y la práctica
Este breve análisis en torno a la
crisis ecológica, los comunes y la regeneración democrática lleva
a proponer —en diferentes grados según las respuestas que se dan a
los diferentes cuestionamientos apuntados más arriba—:
Una
descomplejificación del Estado, es decir una menor
necesidad de recursos energéticos para alimentar sus estructuras y
que éstas sean capaces de adaptarse a la nueva realidad
socio-ecológica.
Su
descentralización, que permita un “circuito corto de
producción-consumo” de servicios públicos así como un
acercamiento de las decisiones democráticas a nivel local.
Una desestatalización:
de la mano de la desmercantilización, es una devolución de poder a
las comunidades y un refuerzo de la democracia desde abajo (barrio,
municipio, comarca, etc.).
En base a estos elementos, surgen
propuestas más o menos radicales de cara a la transformación del
Estado realmente existente que podemos clasificar en tres
categorías:
Una
reforma progresiva del Estado que insiste a la vez en la
descentralización de sus servicios públicos (garantizando el
principio de igualdad de acceso) y en su papel central como agente
para la transformación ecológica de la economía. Por un lado, se
trata de reforzar los servicios públicos a nivel local, fuertemente
descentralizados y abiertos a la participación (8), y en sectores
de alto valor añadido para las personas, la sociedad y el medio
ambiente (transportes públicos y limpios, bicicletas, educación,
salud, justicia, redes energéticas distribuidas, etc.). Por otro
lado, se trata de reconocer que el Estado tiene a nivel ecológico
la capacidad real de inversión en un “New Deal Verde” que
fomente la transición estructural hacia una economía sostenible.
El Estado, incluso a una escala supralocal o regional, no
desaparece. Más bien, su rol cambia: de omnipotente, pasa a tener
una función de financiación del proceso de cambio y de
coordinación de las iniciativas locales.
Una
evolución radical de la forma Estado que insiste en la
dimensión energética y/o democrática de sus estructuras y
capacidades. Por ejemplo, Cochet (2012), que postula que el colapso
de la sociedad industrial es inevitable, propone la evolución de
los actuales Estado hacia nuevos “Estados simples locales”. El
tamaño de esta “sociedad local autónoma” dependería de los
“grupos enemigos” que tiene que enfrentarse y, seguramente, se
parecerían bastante a las ciudades-Estado italianas o germánicas
del siglo XVIII. Por su parte, Fotopopulos, impulsor de la
iniciativa Democracia Inclusiva y con muchos rasgos del
municipalismo libertario de Bookchin, propone (re)construir núcleos
locales de un máximo de 30.000 personas (al igual que en las
ciudades griegas antiguas) en torno a instituciones que permitan la
democracia económica y política. Luego se establecería una
confederación de municipios a nivel local, regional y planetario
que “más allá de los confines de la economía de mercado y la
planificación estatal” evolucionaría hacia una planificación
participativa. (9)
Una sustitución del
Estado por las comunidades autogestionadas. Es, por
ejemplo, la propuesta de Víctor Toledo que desde México plantea un
poder social entendido como “autogestión, autosuficiencia,
autoabasto y, por supuesto, autodefensa” (2013). El objetivo es
claramente la potenciación de “un poder paralelo de carácter
emancipador” (basado en la cooperación, la solidaridad y el apoyo
mutuo) que crea sus cooperativas, bancos locales, producen alimentos
sanos, autoconstruyen viviendas, radios comunitarias y sus propias
policías. Por su parte, las cooperativas integrales europeas
responden a planteamientos muy parecidos de construcción paralela
de realidades prácticas que, aunque se amparan en una forma
jurídica legal de transición, buscan escapar tanto del mercado
como del Estado. De tamaño reducido (un centenar de personas, para
permitir el mutuo conocimiento y la gestión democrática), es una
apuesta por la independencia política y económica al margen del
sistema y por la autogestión en red donde están presentes todos
los elementos básicos de una economía como la producción, el
consumo, la financiación o una moneda propia.
Sea cual sea el camino elegido
(aunque con más fuerza para el segundo y tercero), hay preguntas
comunes. Para no pecar de ‘buenismo’, es importante
reflexionar sobre la relación y/o confrontación con el poder
institucional y la capacidad de llevar el cambio más allá
de proyectos locales. Como lo explica Besson-Girard (2012) sin ningún
tipo de ingenuidad hay que prepararse a “situaciones cuando los
dueños del sistema ya no tolerarán más su perdida de influencia.
Por encima de un umbral de reformas aceptables, es decir que puedan
recuperar en beneficio propio, utilizarán su fuerza brutal como
siempre lo han hecho”. Es de hecho lo que Bensaïd (2003) llama la
“dualidad de poder”, entre el poder de arriba y el poder de
abajo, que potencialmente puede llevar a la acción represiva de los
gobernantes y la autodefensa violenta de las personas y de los
colectivos oprimidos.
Para que la transición sea
cuanto más ordenada y pacífica posible, es necesario pensar por
tanto la institucionalización y generalización de las prácticas e
iniciativas llevadas desde abajo. Llegado un momento dado y
superado la fase de pruebas y laboratorio de ideas, las nuevas
realidades necesitan un marco regulatorio (a nivel local y
supralocal) que fije las nuevas reglas del juego. Para ello, no se
puede obviar que, como recordaba el poeta Paul Éluard “otros
mundos son posibles pero se encuentran en éste”: es decir, por
mucho que queramos construir mundos al margen del sistema y aún más
en un mundo totalmente eco e interdependiente, existen estructuras e
instituciones que se interrelacionan con las nuevas realidades, las
limitan, las controlan, las destruyen… o colaboran con ellas y les
dan alas. Más allá de proyectos concretos que pueden acabar
conviviendo dentro del sistema dominante sin cambiar su esencia (como
pasó con las cooperativas integrales del siglo XIX), requiere
herramientas socio-políticas capaces de articular una visión
global y solidaria, crear alianzas o luchar en las instituciones
(como dentro del Estado) y tomar decisiones determinantes en momentos
críticos.
En este sentido, se refuerza la
prioridad de tejer redes de reflexión y acción entre todas las
“islas alternativas” para que no se conformen con ser una gestión
cooperativa o comunitaria del capitalismo y del Estado o una gota en
una océano de conformismo sino que “se enmarquen en un proyecto
político que busque un mayor grado de autodeterminación de las
personas, los pueblos y los territorios (en alianza con otros sujetos
de cambio social)” (Azkarraga y Altuna, 2012) (10) y tomen
conciencia colectiva de su potencial como fuerza de transformación
de las estructuras actuales, incluido el Estado. Como lo dice
Subirats (2013), cogiendo ejemplo de la Plataforma de Afectados por
las Hipotecas, “el cambio no vendrá ni principalmente ni
únicamente desde arriba” así que “necesitamos construir una
nueva agenda y una nueva coalición a su alrededor. Crear nueva
política, nuevos rituales de acción y decisión de lo común (…)
Las alternativas deberán surgir de nuevos conglomerados,
ciudadanos e institucionales”.
En este contexto, la cuestión del
Estado —su realidad y su potencial tanto de resistencia como de
cambio— es clave de cara al futuro y hace falta desarrollar un
discurso y una práctica que tengan en cuenta su papel en la
transición
hacia una sociedad equitativa y ecológica.
Bibliografía:
Azkarraga Etxagibel, Joseba y
Larraitz Altuna (2012): “Cooperativismo, economía solidaria y
paradigma ecológico: una aproximación conceptual” en Ecología
Política, nº44
Bensaïd, Daniel (2003): “La
Révolution sans prendre le pouvoir ?” Contremps, febrero 2003
Besson-Girard, Jean-Claude (2012):
“Par delà l’État”, en “La décroissance et l’État”,
Entropia, nº13 otoño 2012, p. 150-161
Charbonneau, Bernard (1949): L’État,
Economica.
Cochet, Yves (2012): “États
simples locaux”, en “La décroissance et l’État”, Entropia,
nº13 otoño 2012, pp. 63-73.
Diamond, Jared (2006): Armas,
gérmenes y acero, Debate Editorial
Fotopoulos, Takis (2002):
“Estrategias de transición y el proyecto de la Democracia
Inclusiva”, Democracy & Nature, Vol. 8, No. 1
Graeber, David (2012): En deuda,
Ariel
Mediavilla, M. Carlos de Castro,
Luis Javier Miguel, Iñigo Capellán, Pedro Prieto, Emilio Menéndez,
Juan José Álvarez (2013): ¿Por qué basar todo en el crecimiento?
(contestación a Vicenç Navarro), disponible en
http://www.eis.uva.es/energiasostenible/?p=1170
New Economics Foundation,
Ecopolítica (2012): 21 horas: Por qué una semana laboral más
corta puede ayudarnos a prosperar en el siglo XXI, Icaria.
Subirats, Joan (2013): “¿Bloqueo
político?”, en El País, 23-03-2013.
Toledo, Victor M. (2013): “Y ¿si
nos autodefendemos?”, en La Jornada, 03-01-2013.
Notas:
(2) Mientras que las sociedades
primitivas o agropecuarias necesitaban una Tasa de Retorno Energético
(TRE) global de entre 4 y 6, la sociedad industrial y tecnológica
actual tiene una TRE global de entre 12 y 25. Sin embargo, es poco
probable que sin combustibles fósiles y solo con energías
renovables podamos mantener TRE globales tan altos (por ejemplo, la
fotovolcaíca tiene un TRE de 2,4). Recordamos que la TRE es el
cociente de la cantidad de energía total que es capaz de producir
una fuente de energía y la cantidad de energía que es necesario
emplear o aportar para explotar ese recurso energético. Es decir:
TRE = energía obtenida / energía invertida. Fuente: Prieto, P:
Renovables: mitos y realidades, Conferencia del 19 de marzo 2013 en
Málaga.
(4) En la teoría del Estado-nación
moderno, el pueblo es un cuerpo homogéneo y con voluntad única que
entrega y deposita su soberanía en el Estado.
(5) El “Estado plurinacional de
Bolivia” es un buen caso práctico para estudiar las
contradicciones entre voluntad de unidad e igualdad del Estado y las
distintas formas de autonomía regional, municipal y de los pueblos
originarios.
(6) Esta “universalización” es
parcial, puesto que se circunscribe al marco del Estado-nación. Si
bien existen dinámicas más amplias de universalización de derechos
más allá de la nación como en la Unión Europea o a través de las
luchas de solidaridad internacional, la casi totalidad de los
derechos de una persona siguen vinculados a su nacionalidad.
(7) Dicho de paso, la relocalización
de la solidaridad también implica una relocalización del uso de la
violencia legítima desde el Estado hacia la comunidad y, por tanto,
plantea la cuestión de la regulación de conflictos entre
comunidades.
(8) Por ejemplo, el pueblo francés
de Loos-en-gohelle ha puesto en marcha el “compromiso 50%-50%”
que consiste en la aportación municipal de capital económico y
técnico a una iniciativa del vecindario si se compromete este último
a participar en su mantenimiento y cuidado (i.e. financia un huerto
escolar que la AMPA y los escolares gestionan). Es lo que la nef
llama la “coproducción de bienestar”.
(9) La propuesta de Fotopopulos deja
muchos interrogantes prácticos abiertos: ¿cómo funcionaría esta
confederación? ¿Cómo se alcanzaría esta mutación radical
institucional más allá de coger el poder a nivel municipal?
(10) Los autores se refieren
principalmente al movimiento cooperativista pero su reflexión se
pueden extender a cualquier otro movimiento a favor de los comunes.