«Paz,
piedad, perdón» es el discurso que Azaña pronunció en el
Ayuntamiento de Barcelona en 1938. Salvando las distancias entre
aquella España y la de hoy, entre aquellas circunstancias y éstas,
es oportuno que las partes en el conflicto catalán, todas ellas sin
excepción, evoquen el mensaje que transmiten esas palabras a todos
los hijos de España, que han de significar la puesta a cero del
contador. El President de la Generalitat ha reconocido de
manera clara que no hubo declaración de independencia en el
Parlament. De manera que si el punto de partida ha de ser la
Constitución, ya está dentro de la Constitución. Dura lex sed
lex. Fiat iustitia, pereat mundus. Es decir, aplíquese la
ley, pero sin humillación. Fundamentum iustitiae primus est ne
cui noceatur. El primer fundamento de la justicia es no dañar al
otro. En la Transición, hay que recordar, que muchos de los pactos
que se alcanzaron no se iniciaron en plena conformidad con la
legalidad vigente entonces. Compromiso.
Dice Enric
Juliana: «Madrid no puede con todo. Barcelona no tiene fuerza para
romper la baraja.» Este puede ser el resumen de la situación. En el
tan nombrado artículo 155 de la Constitución sabemos como se entra,
pero no como saldremos. Si atendemos a las declaraciones que se han
realizado tanto desde el Gobierno como desde el Govern,
respecto al mismo, la aplicación de dicho precepto nos desliza a un
escenario a la venezolana: dos legalidades y dos institucionalidades:
la Constitución y la Ley de Transitoriedad; una Generalitat
intervenida y una Asamblea de Cargos Electos y un Parlament
rebelde. Las masas en la calle. Un President que no es
Josep Tarradellas, pero se ve como el George Washington catalán, si
bien se parece al Presidente Nicolás Maduro. La conllevancia
orteguiana como política para Cataluña está agotada y debe ser
amortizada.
El intento de
secesión es la tercera explosión de la cuestión catalana en los
últimos cien años. De la misma manera que no es posible la secesión
con más de la mitad de la población en contra, tampoco es posible
la convivencia con casi la mitad de la población declarada
partidaria de la secesión. Dado el estado de cosas en que hoy está
el conflicto catalán ya no es suficiente con proponer un nuevo pacto
político (paz negativa) para encontrar una solución. Se deben
eliminar todas las formas de violencia (directa, estructural y
cultural) que las dos partes se imputan mutuamente (paz positiva).
A pesar de
las dificultades hay un camino para volver a empezar: que ambas
partes acepten que hemos de recorrer la distancia que existe entre la
democracia que tenemos, nuestra democracia realmente existente, y la
«democracia tomada en serio». Es momento de apelar a la sociedad
catalana e impulsar la reforma de la Constitución. Ir de la ley a la
nueva ley. Es irreal pensar que el conflicto se resolverá con el
intento de restauración de la legalidad a través de la sola
aplicación del artículo 155 de la Constitución.
¿Qué hará
el Estado frente a la movilización permanente anunciada en caso de
intervención? ¿Cómo va a hacer frente el Estado a las medidas
coordinadas de boicot, no-cooperación y/o desobediencia de los
ciudadanos de producirse? ¿Cómo va a hacer frente a los
funcionarios que boicoteen la intervención de la Generalitat?
¿Abrirá miles de expedientes sancionadores? Sólo sus recursos
colapsarían los tribunales. ¿Qué ocurrirá si tras el anuncio de
la puesta en marcha del artículo 155, se declarara la independencia
y se ocupan las infraestructuras básicas del Estado? ¿Y si a las
elecciones que convocara el Gobierno no se presentan los partidos que
defienden la independencia y no se reconoce su legitimidad por estos?
¿Y si vuelve a haber mayoría absoluta independentista tras las
nuevas elecciones? ¿Y si fuera aún mayor a la ahora existente?
¿Después de la rebelión de Cataluña y la aplicación del artículo
155 de la Constitución, es posible una vuelta, sin más, a la
autonomía? Más de un 26% de los españoles pide una
recentralización de competencias. Demasiados interrogantes para los
que no hay una respuesta.
Dicho de otro
modo. Cualquier gobierno puede gobernar mientras reciba de los
ciudadanos y de las instituciones de la sociedad cooperación,
sumisión y obediencia constante. La sociología jurídica nos dice
que el Estado, en casos de desobediencia generalizada de la ley, sólo
puede obligar mediante la coerción al 15% de la población. El
desafío político no-violento que se impulsa desde la Generalitat
de Cataluyna es idóneo para negar al Estado el acceso a las
fuentes de poder. Para alcanzar la soberanía la Generalitat
no usa armas físicas como hizo el Gobierno del Estado el 1-O. Se
vale de una lucha no-violenta variada y compleja. A diferencia de la
violencia, emplea armas políticas, económicas, sociales y
psicológicas, aplicadas por la población y las instituciones de la
sociedad. Estas armas son las protestas, las huelgas, la
desobediencia, la no-cooperación, el boicot, el descontento. Por eso
cualquier medida de coerción o represión que pretende usar el
Gobierno del Estado resulta tan ineficaz, que se vuelve contra quien
la usa por un uso inteligente de la comunicación. El Gobierno,
aunque cuenta con el apoyo inequívoco de la Unión Europea,
visualizado en la entrega de los Premios Princesa de Asturias ha
diseñado para combatir esta desobediencia no-violenta un plan de
coerción jurídica propio del siglo XIX.
El
principio de realidad impone la opción «paz, piedad, perdón».
Esta elección debe arbitrar alguna solución que permita a los
catalanes votar y expresar su voluntad sobre su futuro. Y distender
el clima político. Incluso podría conducir a una Ley de Claridad.
Ante un eventual fracaso de la coerción jurídica del artículo 155
y otras medidas, escenario no improbable, la otra alternativa es el
artículo 116 de la Constitución: estados de alarma, excepción y
sitio, que es la máxima fuerza y coerción que el Estado puede usar
en democracia. El resultado de esta medida, como en cada intento que
ha habido de imponer la unidad, será la libertad de los
discrepantes. Cada opción nos conduce a una España diferente.
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