El corona virus ha puesto en evidencia las miserias y grandezas de
nuestro sistema social y económico, y de los colectivos profesionales.
Personas a las que prestábamos poca consideración resulta que son
esenciales y además asumen en estos momentos una gran y arriesgada
responsabilidad en beneficio de la comunidad. Aplaudimos por ejemplo el
valor del personal sanitario, de limpieza, de supermercados, de
laboratorios, y con ello también reconocemos en parte, no
suficientemente, la injusticia que hemos cometido anteriormente con esas
mismas personas.
Yo formo parte de un colectivo
que en general no merece ahora ningún aplauso, porque como abogada formo
parte del sistema judicial, y el núcleo del sistema judicial, los
juzgados y entidades colaboradoras, han protagonizado un suicidio
irresponsable que ha dejado abandonada de justicia a nuestra sociedad en
estos momentos de oscuridad.
En la era de Internet y el teletrabajo no se puede entender la
paralización (salvo guardias) de los procedimientos. El daño en nuestra
sociedad, a nivel de resolución de conflictos de convivencia y
económicos, es inmenso. Y especialmente el daño a los niños y niñas en
contextos de explotación sexual, malos tratos o en situación de
negligencia, o inmersos en conflictos de sus progenitores. ¿Cómo es
posible que en vez de potenciar los juzgados que resuelven los temas de
familia y por tanto que deben proteger a los niños y niñas se posponga
la intervención judicial al fin del confinamiento? ¿Cómo es posible, por
ejemplo, que no se estén tramitando, más allá de las guardias, los
procedimientos de violencia de género en la pareja o en otros
ámbitos?¿Cómo podemos dejar paralizados los casos de abusos sexuales a
menores? ¿Y cómo se puede a la vez estar diciendo que se mantiene el
funcionamiento de los juzgados cuando solamente hay guardias y servicios
más que mínimos, minúsculos, cuando no sale ni un papel ni se atiende
una llamada ni se permite -salvo excepciones puntuales- la presentación
de escritos?
Sin duda el temor razonable al contagio y a la difusión de la
pandemia ha motivado el abandono de las sedes judiciales, pero debería
haberse previsto por un lado un abandono menos radical (¿qué habría
pasado si se hubieran vaciado igual los supermercados?) y por otro la
continuación telemática de los procedimientos o de buena parte de los
mismos. Al no hacerse la ciudadanía ha resultado abandonada por los
Tribunales.
Pero también creo que el sistema judicial estaba ya herido, tras haber sido descuidado y empobrecido durante años.
La sobrecarga y falta de medios especialmente acentuada a raíz de la
crisis financiera del 2008 ha ido desmotivando y dificultando cada vez
más la labor judicial de indagación, de profundizar en cada caso y
buscar la solución correcta. Lleva mucho tiempo el sistema judicial
andando en bastantes casos el camino de la "opinión" más que de la
investigación y la verdad. Lleva mucho tiempo el sistema judicial no garantizando la profundidad en su actuación.
Cada vez nos acercamos más a un sistema judicial superficial, como si
lo único que se pudiera hacer es escuchar lo que dice una parte, lo que
dice otra parte, la opinión de sus defensas, la opinión de fiscalía, y
finalmente aplicar la opinión de quién juzga. Una justicia de
opiniones es una justicia inútil y herida. Una justicia que no tiene
medios para investigar, acercarse a la verdad y valorar de manera
razonada y con conocimientos específicos, lo que corresponde a cada
caso, no sirve para resolver conflictos. Y tal vez también por
eso en vez de dar un paso adelante en estos momentos, el sistema
judicial se ha quedado por completo ciego, sordo, mudo y paralizado. Se
ha desposeído de toda percepción y fuerza, se ha suicidado.
Pero el sistema judicial es esencial para nuestra vida. En nuestro
día a día y especialmente en las situaciones de crisis social como ésta
necesitamos justicia, JUSTICIA con mayúsculas, y hay muchos y muchas
profesionales de los Tribunales -no me refiero únicamente a la fiscalía,
judicatura y abogacía- que tenemos vocación de servicio social
y queremos llevar a cabo esa labor, que queremos profundizar a la hora
de hacer nuestro trabajo y para ello queremos que se renueve y potencie
el sistema judicial.
Es necesario reflexionar sobre en qué consiste hacer justicia, el
papel imprescindible de cada operador del derecho, y exigir respetuosa
pero firmemente a quienes tienen el poder, que el sistema que se ponga
en marcha tras esta parada mortal tenga la humildad, igualdad, respeto,
compromiso, honestidad, planificación y capacidad necesaria para servir
eficazmente a la ciudadanía en cada momento. Algo que actualmente no
tenemos.
Amparo Díaz Ramos, abogada especialista en violencia de género
Socia de FonRedess
Socia de FonRedess
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