Mostrando entradas con la etiqueta COVID19. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta COVID19. Mostrar todas las entradas

Se ha escrito un crimen o el comienzo del curso escolar 2020-21


Estamos viviendo probablemente el curso escolar más atípico desde la posguerra. La aparición de la pandemia de la COVID19 el curso pasado trastocó el curso escolar con consecuencias que todavía no se perciben con demasiada claridad. Sabemos que un porcentaje del alumnado se desconectó durante el confinamiento, que afectó especialmente al alumnado vulnerable (con necesidades lingüísticas, de PMAR, con problemas de aprendizaje, con escasos medios, etc.). El Ministerio de Educación y las Consejerías de Educación calcularon que entre un 10 a un 15% del alumnado, que varía mucho entre CC.AA., barrios, ciudades, etc., se desconectó durante este período. Añadan al trimestre dado a medio gas, con el pobre sustitutivo que son las clases online, el tercio de aprendizaje que se pierde en los meses de vacaciones de verano y comprobarán que el panorama es desolador.

Si el problema hubiese sido sólo de medios, se hubiera solventado con cierta rapidez. Pero a los medios hay que añadirles la falta de competencias para el uso de las herramientas digitales (aunque sea irónico al hablar de los famosos “nativos digitales”), los problemas de conexión a internet, los problemas de espacio o que el aparato que había en casa se tuviese que repartir entre varias personas.

La enseñanza presencial es insustituible para todo el alumnado, que no sólo aprende conceptos, teoría, competencias, educación en valores, ciencias, letras, artes, u otras disciplinas, sino que también aprende a socializarse, a ser disciplinado, a pensar por sí mismo, etc. Todo esto es muy difícil de transmitir a través de una pantalla y con distracciones alrededor. No se logra el mismo efecto. Recordemos que en la Universidad, donde el alumnado no necesita tanto el espacio de socialización o la tutorización de un docente, los estudios que más se abandonan son los online.

Si estamos de acuerdo con que la Escuela presencial es insustituible, y así nos lo han hecho saber la Ministra de Educación, Isabel Celáa, como los Consejeros/as de Educación de las CC.AA., habría que intentar lograr que la vuelta a las clases sea lo más segura posible, aunque sepamos claramente que no pueden ser 100% seguras.

La propuesta más evidente y clara es utilizar los fondos COVID, que ha puesto el Gobierno central a disposición de las CC.AA., reducir las ratios y contratar docentes. Esto choca en numerosas CC.AA. con la política que se estaba llevando desde hace tiempo, o se ha empezado a ejecutar en esta legislatura, que es perjudicar a la Escuela Pública en favor de la Concertada-Privada. Pongamos que hablo de Madrid o de Andalucía. En el caso de Madrid, que es la Comunidad modelo de la política neoliberal, segregadora y clasista del PP (y las derechas nacionalistas, con la excepción del PNV), lleva años “desmochando” a la Educación Pública a favor de la Concertada-Privada, teniendo el mayor número de alumnado matriculado en estas (53% frente al 47% respectivamente), además de ser la Comunidad más segregada de España por clase social y que ha tenido varios casos de corrupción derivados de la adjudicación de suelos a dichos centros. Si la COVID19 ha demostrado la necesidad de fortalecer lo Público, en especial la Sanidad y la Educación, ¿por qué el Gobierno de Díaz Ayuso (y otros presidentes del PP) va a dar marcha atrás a su programa político en estas circunstancias? Es evidente que reducir las ratios y contratar docentes va a mejorar la calidad de la Educación y puede reducir la distancia entre la Pública y la Concertada-Privada, pero si la Pública mejora habría menos incentivos para enviarlos a la Concertada. Reforzar el Estado del Bienestar no está en la agenda del PP tal y como están demostrando. La pregunta es obvia: ¿Qué han hecho las Comunidades Autónomas del PP, la catalana y alguna del PSOE con los fondos COVID? Porque las propuestas de muchas Consejerías son claramente insuficientes para afrontar las necesidades de la Educación, además de que en algunas Comunidades los fondos serán repartidos para contratar personal entre la Pública y la Concertada. En Andalucía, como en otras Comunidades, se descarta bajar las ratios. Les pongo un ejemplo, en Andalucía, en mi IES hay 3 clases, dos de 2ºESO y una de 4ºESO, a 34 alumnos/as y no nos han permitido hacer desdobles.

Algunas CC.AA. están contratando sucedáneos de docentes que son los llamados “docentes COVID”, digo sucedáneos porque los contratos, aunque son prorrogables, serán hasta diciembre, lo que complica a los centros escolares su asignación para tareas concretas. El segundo problema que tienen es que dichos docentes (dos de ciencias y dos de letras en el caso andaluz, aunque no se saben de qué especialidad) si no llegan antes del claustro de comienzo de curso no se les podrá asignar un horario como al resto de los docentes y habrá que rellenar sus horarios de guardias y más guardias. Sería mucho más interesante bajar las ratios para reducir las posibilidades de contagio, contratar a más docentes (CC.OO. calcula que hacen falta unos 70.746 docentes para todo el país) para mejorar la calidad de la Educación y poner medios para que si se produce un confinamiento en alguna clase o centro el alumnado pueda seguir las clases a distancia correctamente.

Por último, las Consejerías de Educación han delegado sus funciones de orientar con protocolos claros a los centros escolares, que luego se pudiesen modificar según las necesidades de cada centro. Dicho de otra manera, han hecho dejación de funciones endosando las responsabilidades a los equipos directivos y a los/las coordinadores/as COVID, que han recibido una formación de 10 horas y son las personas responsables de realizar los protocolos en cada centro. De enviar a personal con conocimientos y formación sanitaria suficientes nada de nada, que con un curso de 10 horas y buena voluntad se arregla todo. Esa dejación de funciones tiene un objetivo claro: responsabilizar a los equipos directivos o al coordinador/a COVID de los problemas acaecidos en el centro escolar con respecto a la pandemia. Por no hablar de la pruebas que se hará a los docentes, desde el negocio que ha montado el PP de Madrid para RIBERA Salud, pasando por las enormes colas, o lo irracional de que las pruebas no se hagan con mayor frecuencia.

Para que no titulemos este inicio escolar como “Se ha escrito un crimen”, las Consejerías de Educación deben velar por los intereses de los educandos y de los trabajadores de nuestro sector. Reforzar lo Público es imprescindible, no sólo por justicia sino también por Salud Pública.

  

Por Pedro González de Molina Soler. Profesor de Geografía e Historia, ExSecretario de Educación y Formación de Podemos Canarias y militante de CCOO.


“Crisis paralelas”. El valor de la experiencia histórica


“La guerra se ha ganado gracias a los esfuerzos de todo nuestro pueblo, que, con muy escasas excepciones, puso a la nación muy por delante de sus intereses privados y sectoriales... ¿Por qué vamos a pensar que podemos lograr nuestros objetivos de paz -alimentos, ropa, vivienda, educación, ocio, seguridad social y pleno empleo- dando prioridad a los intereses privados?”
Clement Attlee, líder del Partido Laborista (1945).

Hace poco hemos celebrado el 75 aniversario de la victoria contra el fascismo y nazismo en Europa. Aunque las celebraciones hayan pasado desapercibidas, los hechos acaecidos entre la Gran Guerra y la crisis de la post-II Guerra Mundial nos permiten realizar algunos paralelismos que son interesantes para analizar el presente. Uno de los valores de la Historia es realizar preguntas al pasado con las preocupaciones del presente y es la única fuente de experiencia que tenemos para no realizar saltos al vacío ante los problemas a los que nos enfrentamos como sociedad. Muchos estudios reflejaron los paralelismos entre la crisis de 2008 y el crack de 1929, así como sus consecuencias. Algo similar puede suceder con los acontecimientos derivados de la crisis del COVID19 y la coyuntura del periodo posterior a 1945, que permitió la aparición en Europa Occidental del <<pacto social de posguerra >>, centrado en el pleno empleo, la reducción de las desigualdades y la aparición del Estado del Bienestar.

Es evidente que existen diferencias notables que evitan que caigamos en simplificaciones. El COVID19, aunque ha sido destructor a nivel económico y social a escala planetaria, no ha generado una crisis tan destructiva en el tejido productivo como la II Guerra Mundial. Tampoco existe el miedo al contagio revolucionario de la URSS, que al igual que la crisis del 2008 no ha traído aparejado el ascenso del fascismo como en los años 30, aunque si la subida electoral y social de la ultraderecha y de los movimientos nativistas en gran parte del mundo. Sin embargo, la experiencia histórica puede servir como referencia ante las grandes crisis que se están produciendo en nuestra era.

Tras la Primera Guerra Mundial, la élite política y económica, pretendía una vuelta a la situación precedente, caracterizada por una desigualdad social extrema. Numerosos factores impedían esa vuelta al pasado. Lo primero fueron las crisis de las reparaciones de guerra, que afectaban especialmente a Alemania, en el contexto de las consecuencias del tratado de Versalles (un auténtico regalo para los nacionalistas germanos). No menos importante fueron los problemas de la “vuelta a la normalidad” tras la guerra (paro, inflación, deudas insostenibles, jóvenes incapacitados, etc.), además del clima revolucionario alentado por la victoria bolchevique en Rusia.

La política de la era democrática de masas hizo envejecer a los partidos tradicionales, los cuáles no tuvieron las herramientas, ni la legitimidad moral, tras las grandes masacres de la guerra, para poder volver a imponer la “normalidad” previa a la guerra. A pesar de los grandes esfuerzos de economistas como Keynes (apoyados a medias por EEUU), para estabilizar la economía alemana, y tras superar el peligro revolucionario, todo el tinglado de las reparaciones, junto con la fiebre especulativa estadounidense durante los “locos años 20”, acabó por derrumbarse en 1929. El liberalismo sucumbió.

Las consecuencias del crack del 29 son bien conocidas. Además de las puramente económicas, tuvo consecuencias sociales graves (altas tasas de paro, pobreza, etc.), instalando la inseguridad colectiva en aquellas sociedades, favoreciendo la llegada de dictaduras en Europa. Estos movimientos autoritarios tenían como referente el ascenso del movimiento nazi, que a su vez se reflejaba en el corporativismo del fascismo italiano. El auge nacionalista a escala internacional allanó el camino a la II Guerra Mundial.
El crack del 29 provocó la ruina total del paradigma económico liberal decimonónico, que ya había sido gravemente cuestionado tras la Gran Guerra. La inmunidad de la URSS a la crisis impulsó a muchos países a ensayar formas de intervención y planificación económicas, totalmente contrarias a la ortodoxia liberal. El objetivo de estas políticas era frenar los excesos del capital privado, garantizando una cierta seguridad social que rebajara la tensión política y el riesgo revolucionario. Esto contribuyó a cuestionar la sacralidad del mercado y su ideología propietarista dominante. El aprendizaje de aquellas lecciones fue muy duro, después de años de guerras, miseria, revoluciones y matanzas.

En 1945, el líder de la pertinaz resistencia británica, Winston Churchill, se presentaba a las elecciones, con la absoluta certeza de imponerse a su rival laborista, Clement Attlee. La victoria en la guerra, su incuestionable prestigio y el poder movilizador del partido conservador parecían suficientes para asegurar el gobierno. Sin embargo, Churchill planteaba una agenda de gobierno que parecía ignorar los años de guerra, muerte y sacrificio a los que se había sometido a la población.

En aquellos momentos, el famoso informe Beveridge de 1942 ya era ampliamente conocido por parte de la población, al menos en sus parámetros esenciales. Aquel extenso y detallado informe planteaba un nuevo contrato social que debía establecerse entre la población y el Estado. El foco central de esa política, se centraba en la búsqueda de la seguridad y la protección pública, mediante un sistema amplio de transferencias sociales, cuyo pilar fundamental sería la creación de un sistema de salud pública (NHS). El Partido Laborista centró su esfuerzo en promover los beneficios del modelo social propuesto por Beveridge. Churchill por su parte, planteó otra vertiente ideológica y política en su campaña. Su propuesta se centraba en las aportaciones del economista Friedrich Von Hayek. En su “Camino a la servidumbre” de 1944, había sentado las bases de la alternativa teórica al keynesianismo, alertando del peligro de la socialdemocracia como antesala del comunismo. Esta profecía, según la experiencia histórica, nunca se ha cumplido.

Churchill acabó perdiendo las elecciones por más de 13 puntos y el Estado del Bienestar echó a andar en el Reino Unido. La victoria laborista se había obtenido gracias a propuestas audaces, que habían comenzado décadas atrás, con la constitución del “presupuesto del pueblo” en 1909, y que había supuesto la creación de un impuesto sobre la renta en uno de los países más desiguales del mundo. En los siguientes treinta años que siguieron a la II Guerra Mundial, la desigualdad se redujo en el Reino Unido gracias, entre otras cosas, a un modelo radical de progresividad fiscal. Mientras desaparecía el imperio colonial británico, su economía crecía a un ritmo nunca visto.

El final de la Segunda Guerra Mundial supuso la consolidación del consenso social de posguerra, impulsado por socialdemócratas o democristianos (son ilustrativos los casos francés y alemán). Ese consenso político, condicionado por la existencia de la Unión Soviética, suponía una política de concertación social, en la que los sindicatos y partidos obreristas aceptaban las reglas del juego del sistema capitalista. Ese acuerdo quedaba condicionado a un mayor equilibrio en términos de relaciones laborales y derechos sociales. Los grandes propietarios del capital se comprometían –a regañadientes- al fortalecimiento de un modelo fiscal fuertemente progresivo, exigiendo a cambio un incremento sostenido de la productividad por parte de los trabajadores.

La progresividad fiscal serviría para la provisión de rentas y transferencias sociales en forma de sistemas de protección públicos, entre los que se encontraban la sanidad y la educación, además de otras formas de protección y cohesión social. Este consenso aglutinaba además a la clase media y las clases populares, beneficiándose de la extensión del Estado del Bienestar en igual proporción a su esfuerzo fiscal. Estos consensos políticos fueron la plasmación de las Constituciones sociales que se desarrollaron en esos países tras la Segunda Guerra Mundial. Estos acuerdos necesitaron de audacia y valentía política, pero también renuncias en los posicionamientos de partida por parte de los diferentes agentes negociadores, atendiendo a la correlación de fuerzas existente.
Pese a los grandes avances que se desarrollaron en la reducción de la desigualdad y la mejora en las condiciones de vida occidentales, es evidente que el modelo social de posguerra tuvo importantes limitaciones. Quizá la más evidente es su planteamiento de crecimiento desarrollista en un momento en que la cuestión medioambiental era irrelevante. El crecimiento económico infinito es imposible en un mundo en el que los recursos naturales son finitos. Por otra parte, el modelo de relaciones Norte-Sur, también agravó la extracción económica en los espacios coloniales o dependientes, beneficiando los procesos de acumulación en las naciones industrializadas. Finalmente, e igual de importante, esas décadas fueron también una edad de oro de la desigualdad de género, con un auge del patriarcado, especialmente en el ámbito laboral.
Las lecciones y aprendizajes colectivos que proporciona la experiencia histórica no son de aplicación mecánica en un contexto diferente y con importantes desafíos planetarios fruto de los modelos de crecimiento agresivos lesivos para el medioambiente. La actual Globalización y la revolución tecnológica limita la capacidad de actuación de los Estados, pero también ofrece posibilidades tecnológicas nunca vistas de cooperación interestatal y de federalismo regional. El futuro puede –y debería- sustentarse en el aprendizaje, aciertos, errores y limitaciones de la experiencia histórica. La evolución de la plasticidad institucional a lo largo de la historia es esencial para comprender cómo pueden imaginarse nuevos horizontes futuros.

El mundo previo a la actual pandemia se caracteriza (-ba) por la extensión global de la desigualdad y un nivel de depredación medioambiental sin parangón. Los excesos de la Globalización sin instituciones capaces de regular elementos esenciales como la armonización fiscal, reforzaron la crisis institucional del Estado en sus formas y funciones tradicionales. La Gran Recesión que se inició en 2008, puso al descubierto muchos de aquellos excesos que generaron pobreza, malestar y unos niveles de desigualdad económica que no han hecho sino crecer desde entonces. Esta era del malestar se asemeja a la del periodo de entreguerras sobre todo por la creciente inseguridad en todos los ámbitos de la vida.

Las soluciones que dieron las instituciones mundiales (FMI, BM, etc.), así como las europeas, no sólo no cumplieron su objetivo declarado (reducir la deuda y el déficit, mantener controlada la inflación y asegurar el crecimiento), sino que agravaron la recesión en muchos países, transformándola en depresión. Por el contrario, el ritmo de crecimiento ha sido decepcionante, la inflación se controló, y la reducción del déficit se ha realizado a costa de empobrecer las rentas del trabajo, reduciendo el gasto social del Estado y manteniendo las rebajas fiscales a los mayores patrimonios. Tampoco se puso coto a la especulación financiera (como si se hizo en la década de 1930) ni se ha avanzado en la cooperación fiscal entre los estados. Más bien al contrario, el dumping fiscal, que funciona como un mecanismo de demolición de la democracia y de competencia entre Estados, y la movilidad de capitales sin restricciones, han favorecido el ascenso de la extrema derecha al privar a los Estados de fondos necesarios para sus servicios sociales (entre otros factores). Los paralelismos con la crisis del 29 son evidentes. El neoliberalismo quedó desacreditado como solución de política económica, pero sus aportaciones siguen marcando las decisiones macroeconómicas, la diplomacia y las relaciones sociales.

En el momento actual, la Humanidad, en mayor o menor grado, comienza a percibir la relevancia histórica de esta trágica coyuntura. Los dramáticos indicadores socio-económicos a escala mundial, nos remiten directamente al catastrófico periodo de los desastres engendrados por el liberalismo doctrinario. La tan recurrente vuelta a la normalidad forma parte de algo que parecería irrealizable, y que también merece una reflexión en perspectiva. No se va a volver a la “normalidad” sin más, ya que el mundo ha cambiado y se han evidenciado las fallas estructurales de nuestros modelos de crecimiento. El papel del Estado, su intervención activa en la economía, el papel social del Estado del Bienestar (en especial de la Sanidad), o las políticas de concertación entre agentes sociales, han quedado reforzados en muchos países, durante la actual crisis del COVID19, tal y como ocurrió tras la II Guerra Mundial, con las diferencias señaladas anteriormente.

Por lo tanto, debemos extraer enseñanzas de la experiencia histórica, detectando sus carencias, pero también sus fortalezas y caminos inexplorados (como las valientes propuestas socialdemócratas de Olof Palme) en la búsqueda de una sociedad más justa, igualitaria y respetuosa con el medioambiente. Un nuevo consenso social es necesario, en el afán de observar las grandes oportunidades democráticas que aparecen en el horizonte, tras el inmenso sufrimiento que está causando la pandemia, tanto en Europa, como en otras regiones del mundo, menos privilegiadas económicamente.

La vuelta a esa nueva “normalidad” podría fundamentarse en la audacia de las propuestas políticas y una defensa sin reservas de un nuevo modelo de Estado del Bienestar que centre su esfuerzo en la economía de los cuidados, la preservación de la vida y el respeto al medioambiente. Una idea global de comunidad inclusiva y solidaria, frente a las recetas individualistas basadas en la competencia radical en todos los ámbitos que han sucumbido al peso de los acontecimientos. O las sociedades logran poner sobre la mesa un proyecto colectivo e inclusivo de futuro, como en 1945, o los promotores de “ideas socio-económicas zombis”, en palabras de Paul Krugman, volverán a abocarnos a una nueva crisis estructural con consecuencias imprevisibles.

La experiencia histórica avala ese camino, seamos valientes.





Daniel Castillo Hidalgo, profesor de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria.

Pedro González de Molina Soler, profesor de Geografía e Historia, ex-Secretario de Educación de Podemos Canarias.







La crisis de la UE en los tiempos del COVID19


Crisis del 2008. Alemania logró imponer su hegemonía sobre Francia y al resto de la Unión, aplicando una ortodoxa política ordoliberal. El eje franco-alemán se rompió y nunca se ha vuelto a recuperar. En 2015 se sacrificó a Grecia al altar de los Mercados a través del terrorismo financiero y de los terribles Memorándums. El gobierno de Syriza fue castigado para impedir el surgimiento de una alternativa de izquierdas a la salida de la crisis aplicada por Merkel.

 ¿Cuál eran los objetivos de Alemania y de los halcones de la UE? Lograr transformar una crisis financiera en una crisis de deuda soberana, trasladar la presión de la necesaria reforma de la banca y de las inversiones en la bolsa hacia una reforma profunda del Estado del Bienestar para abrirlo a nuevos negocios privados, reducir el tamaño del Estado, atar a estos a las reglas del déficit y gasto para impedir cualquier tipo de política keynesiana. El objetivo aparente era reducir la deuda, que se multiplicó, y el déficit, que ha ido cayendo.

¿Qué supuso también? Privatizaciones, externalizaciones y semiprivatizaciones en los Estados endeudados, ya fuese de empresas públicas o de sectores adscritos al Estado del Bienestar, la socialización de las pérdidas de los bancos, reducir el poder de los trabajadores y de los sindicatos, etc. Por poner dos ejemplos: con la excusa del envejecimiento de la población la UE exigió el aumento de la edad de jubilación, la reducción en los aportes del Estado a las pensiones y favorecer las pensiones privadas. Por otro lado, la Comisión Europea, entre 2011 y 2018, exigió en 63 ocasiones a los países miembros que recortaran sus gastos en sanidad. 

De las consecuencias de la crisis financiera de 2008 no nos hemos logrado recuperar aún. Hemos tenido pobres cifras de crecimiento, una reducción de las cifras de desempleados a cambio de una mayor precariedad, una pérdida de ahorros absorbidos en los peores momentos de la crisis por la necesidad, el aumento de las desigualdades de todo tipo, el aumento del poder de las fuerzas de extrema derecha por toda Europa y una debilitamiento de la democracia.

Si en 2008 la salida antisocial a la crisis fue suscrita por la inmensa mayoría de gobiernos de entonces, ya sea de buena gana (como el español del PP) o forzados (como el griego o el portugués), en 2020, en plena crisis del COVID19, sin embargo se está produciendo un duro choque entre el Sur (Italia, España, Portugal y Grecia), más Francia, contra Alemania, Austria, Finlandia y Holanda por la salida de la crisis. La revuelta contra la imposición de la ortodoxia es mucho más dura y seria que en 2015. No sólo porque dicha revuelta es encabezada por la segunda, tercera y cuarta potencia económica de la UE, sino porque se inscribe en el marco del debilitamiento del proyecto europeo derivado de las consecuencias de la crisis de 2008 y del BREXIT.

Por un lado, Holanda, Finlandia, Alemania y Austria defienden no mutualizar la deuda derivada de la reconstrucción que necesitará la UE en cuanto salgamos de la crisis sanitaria. Además, defienden utilizar el BEI para facilitar fondos a las empresas, la compra de deuda del BCE a los Estados y la ayuda a la banca, ayudas a los ERTES, que se movilicen 500.000 millones de euros para canalizarlos a través del MEDE a los países que lo soliciten y un pequeño fondo de solidaridad a los países afectados, cantidad ridícula en comparación con los 100.000 millones de euros movilizados para “rescatar a España” en 2012 (aunque en realidad a quienes se rescataba era a la banca holandesa, belga, francesa y alemana, que habían hecho negocio prestando a la banca y cajas de ahorro españolas durante la burbuja inmobiliaria). Wolfang Schäuble, presidente del Bundestag y bête noire de Grecia en la crisis de 2015 que incluso llegó a exigir el GREXIT, ha defendido, junto con los holandeses, que no se debe volver a resucitar el debate de los eurobonos ni cualquier salida solidaria, sino que las ayudas del MEDE vienen con condicionalidades que suponen a la postre recortes y más austeridad. Para Alemania, estas condiciones serán menos duras que en 2012, mientras que los holandeses proponen que sigan siendo igual de duras que cuando los “rescates” (o secuestros, mejor dicho) de esa época. Merkel y Rutte maniobraron a última hora para dejar fuera de la última reunión, con éxito, al presidente del Parlamento Europeo, único órgano democrático de la Unión, el socialista italiano David Sassoli, porque iba a apoyar las demandas del bloque de Francia y el Sur.

Del otro lado, Francia y España piden un mecanismo intermedio, aunque España sigue defendiendo los eurobonos. Italia exige que la solidaridad europea sea más contundente y que se mutualice la deuda derivada de esta crisis sin contraprestaciones adicionales. Los apoyan Grecia, que ha aprendido de la caída del PASOK-ND-Syriza, Portugal, donde su presidente ha defendido que la banca debe aportar ya que fue rescatada con gran sufrimiento de los ciudadanos lusos, y una decena de países. Todos rechazan la utilización del MEDE y la vuelta de los hombres de negro.

El plan Marshall que demandan parece muy lejos de aplicarse y la solidaridad de una parte de la Unión brilla por su ausencia. Italia ha llegado a amenazar con echar mano de la ayuda china, que tiene puestos los ojos en el país transalpino con el lanzamiento de la ruta de la Seda. Si en 2015 ni Rusia, agobiada por la guerra de Ukrania, las sanciones y los problemas económicos, ni China, que pretendía hacerse con infraestructuras claves como el Puerto del Pireo, apoyaron a Grecia, en 2020 tanto Rusia, como China, pueden jugar un papel mucho más importante y decisivo si la Unión no encuentra una salida solidaria a esta situación. La imagen de las tropas rusas entrando en Italia para ayudar al país y de la ayuda solidaria china, no deja de ser chocante viendo la actitud insolidaria de Holanda y Alemania.

Las instituciones europeas han buscado soluciones intermedias entre las dos posiciones, aunque la respuesta de la Comisión, dirigida por la alemana Von der Leyen, ha sido muy tibia. Por una parte, el BCE está comprando deuda y por otra parte, se ha suspendido temporalmente el “Pacto (neoliberal) de estabilidad”. 

El choque fue tan duro que Jaques Delors, antiguo presidente socialista de la Comisión Europea (1985-95), alertó del riesgo de que esta crisis se lleve por delante el proyecto europeo por la falta de solidaridad de algunos miembros. El Primer Ministro luso, António Costas, llegó a preguntar a Holanda de si se veían fuera de la UE, tras los duros enfrentamientos protagonizados por el gobierno holandés contra cualquier posibilidad de activar la solidaridad europea y aplicar los coronabonos.

Finalmente se ha alcanzado un acuerdo por el que se desbloquean préstamos para los países necesitados a través del MEDE pero, mientras dure la crisis del coronavirus y si los gastos son para solucionar problemas derivados de esta, no tendrán condiciones. Una vez pasada la crisis, cualquier ayuda recibida por el MEDE tendrá las condicionalidades nefastas de la crisis de 2008. El debate sobre los eurobonos ha quedado aplazado. La existencia de la UE está en peligro si no logra dar una respuesta más contundente y solidaria a esta situación de crisis. La necesidad de este acuerdo era palmaria, si la UE no alcanzaba algún tipo de componenda, aunque fuera insuficiente, lanzaría un mensaje de parálisis que seria interpretado como de debilidad dando alas a los euro-escépticos y a los buitres financieros.

Quién fue presidente de la Comisión Europea en la legislatura pasada, Jean-Claude Juncker, ha defendido que la idea de los coronabonos se va a abrir camino y de que hay que aumentar el raquítico presupuesto de la UE para poder afrontar la crisis. 

Lo cierto es que el debate sobre la reconstrucción, una vez pase la crisis del COVID19, no está cerrado y todas las posibilidades están abiertas. Muchos de los análisis se han planteado desde la posición de que ni Holanda, ni Alemania, ni Austria, ni Finlandia, se van a ver afectados en demasía por el virus y por consiguiente el parón de su economía va a ser menor. No creo que vaya a ser así. De hecho, el FMI ha advertido de una nueva recesión que también afecta a estos países duramente anunciando que la contracción del PIB en 2020 será en Alemania (-7,0 %), Austria (-7,0%) y Holanda (-7,5%). La crisis en la eurozona va a arrastrar a estos países, los cuales no parece que estén libres todavía del COVID19 que podría agravarse en los próximos meses. Hay que contar también que la crisis va a afectar profundamente a los EEUU. Ya que tienen más dificultades por su estructura institucional, la mentalidad del presidente Trump y de muchos estadounidenses para controlar el virus y eso puede provocar un impacto muy importante en Europa al ser EEUU un gran importador de productos europeos. Es probable que Juncker tenga razón y haga falta esperar tiempo para que holandeses y alemanes acepten.

Esta crisis está acelerando las contradicciones de la UE y de nuestras sociedades, sacando las miserias a flote, poniendo debates sobre la mesa que quedaron sepultados pero no solucionados en la crisis anterior, generando rupturas en los eslabones débiles de nuestras sociedades, nuestras economías y nuestras instituciones. Lo que nos jugamos aquí es la Democracia en mayúsculas. Si el Sur de Europa y Francia no logran imponer otra marcha a la UE no sólo es que pueda desaparecer, o ser una rémora para sus miembros y un castigo para una gran parte de la población, sino que se pueden dar salidas autoritarias a esta crisis, como las que están ensayando Víctor Orbán en Hungría, o el PIS en Polonia.

El Sur de Europa no puede permitirse asumir las condiciones y consecuencias que supondrían acogerse al MEDE con la condicionalidad de la anterior crisis (fuerte impacto social, económico, degradación democrática y el debilitamiento del Estado del Bienestar, que van en la dirección contraria a las enseñanzas que estamos sacando de esta crisis) porque sería el final de los gobiernos progresistas de Italia, Portugal y España y dejaría abierto el camino a experimentos reaccionarios y populistas de derechas, como los de VOX o Salvini. La Democracia nos va en ello. No desfallezcamos. 




Pedro González de Molina Soler. Profesor de Geografía e Historia.
Ex-Secretario de Educación y Formación de Podemos Canarias.
Militante de CCOO.