Una nueva ley de renta garantizada

Cuando se produce una recesión económica, se suele decir que se ha salido del agujero cuando los indicadores macroeconómicos recuperan los niveles previos. No se trata de crecer más o menos, si no de recuperar los niveles de renta disponible. Ni que decir tiene que indicadores como el nivel de contaminación atmosférico o la tasa de vacunación en poblaciones adultas ni se miran. Nos quedamos con la renta disponible y, en ocasiones, la tasa de crecimiento. Sólo los que tienen dinero apostado en productos concretos se fijarán en otros equilibrios de la estructura económica. Lo estamos viendo ahora: salimos de la crisis porque estamos creciendo, la renta disponible es la que había antes de la crisis, y, aunque hay pendiente una burbuja de alquileres y una deuda pública que ronda el 100% del PIB, somos capaces de reducir el déficit público y, por tanto, tarde o temprano, reduciremos esa deuda. Es, a grandes trazos, la explicación que se da de la coyuntura actual.

Queda, por contra, una alfombra bajo la que se esconde la otra cara de la recesión y que tarda bastante más en desaparecer. Hablar de la renta disponible suele ser una vieja trampa estadística que oculta una realidad con la que no siempre es fácil convivir: ni por asomo tenemos igual renta ni iguales oportunidades. En un país como España, decir que hay una renta disponible de 1000€ supone que cerca del 60% se pregunte ¿dónde está la parte que me falta? Y cerca del 30 % se cuestione si no le sobra algún cero. Salir de la crisis, aun manteniendo los mismos criterios de recuperación de renta disponible, se hace a velocidades distintas. Tan distintas entre sectores de la sociedad que, mientras el 1% más rico está manteniendo el ritmo de crecimiento de su renta (en el fondo nunca dejó de crecer); el 1% más pobre sigue notando los recortes. Es difícil ver la persistencia de los recortes si no nos fijamos en que es ese 1% más pobre el que más necesita de los recursos públicos para sobrevivir y que el 1% más rico es el que, hasta el momento, recoge los mayores descuentos fiscales al tiempo que se reduce la diferencia entre ingresos y gastos públicos. 

Siempre hay un pequeño porcentaje de población que, sin estar en riesgo de pobreza, está lo bastante cerca de la misma como para preocuparse. Suelen tener bajos niveles de cualificación, empleo poco estable y en sectores donde hay un uso intensivo del trabajo en comparación con la maquinaria. En cada crisis una parte de este porcentaje cae en la pobreza y en la exclusión social. Algunas de estas personas abandonarán esta circunstancia cuando causen baja en el registro civil, otras, en cambio, estarán fluctuando entre el riesgo y la exclusión directa durante un tiempo y, con suerte, podrán quedarse en el riesgo de exclusión. 

Desde el 2007, año en que se puede entender que comenzó la crisis, las sucesivas reformas laborales han ido orientadas a dos objetivos: reducción del coste salarial y flexibilización del mercado laboral.

El primer objetivo se ha conseguido principalmente por las bonificaciones en las cotizaciones a la seguridad social (un ejemplo puede ser la “tarifa plana” para los nuevos autónomos) y con la posibilidad cada vez más extendida de aplicar cláusulas de descuelgue del convenio colectivo en materia de salarios así como la caducidad de los convenios que fuerza a aceptar nuevas condiciones so pena de acabar cobrando el salario mínimo interprofesional.

El segundo objetivo se ha logrado con una reducción de la indemnización por despido improcedente que pasó de los 45 días por año trabajado con un tope de 12 mensualidades a los 21 días por año trabajado actuales. Menos de la mitad. Esto facilita el relevo generacional en la empresa puesto que la indemnización por despido se abarata y se puede despedir a una trabajadora con años de experiencia para sustituirla con otras a las que no habrá que indemnizar prácticamente. La consecuencia es que nueve de cada 10 contratos de trabajo son de carácter temporal.

Un elemento menor en cuanto a la incidencia en el presupuesto, pero de enorme calado en las relaciones laborales es la congelación de la plantilla de inspectores y subinspectores de trabajo. Tal es así que las inspecciones realizadas de oficio se han convertido en casi quimeras y, en los sectores más desfavorecidos, existe la consciencia de que, a demás, el contrato a media jornada que ronda las 6 horas, por lo menos, cotiza. 

Podría argumentarse que la proliferación de la economía sumergida acredita la necesidad de estas medidas, por cuanto que, si no se hubieran adoptado, se habría disparado el número de horas extra no pagadas, la parte de los salarios no contemplada en la nómina o las personas que estarían trabajando sin contrato.

Este es también el paisaje después de la crisis: precarización del empleo y de los salarios, aumento de la desigualdad y un grupo social más grande de nuevos pobres.

En este paisaje, inferir que una persona que ha disfrutado de 4 Rentas Básicas Extremeñas de Inserción no ha conseguido los objetivos es bastante arriesgado. Es arriesgado si se busca la verdad, puesto que la empleabilidad no mejora con los años de desempleo ni con una edad más próxima a los 50 que a los 40, por mucha formación que se haga y por mucha búsqueda activa de empleo que se realice. Pero, sobre todo, es arriesgada para la unidad familiar de convivencia que puede verse en muy serias dificultades para poder subsistir. En esta tesitura, la concatenación de contratos a tiempo parcial y duración determinada (4 horas los fines de semana que se convierten en 10-12 horas los sábados y otras tantas los domingos); no implican abandonar la pobreza si no estar de lleno en esta nueva categoría de trabajadores pobres que nos deja la crisis en España: el precariado.

Los trabajadores por cuenta propia, además, se encuentran con una dificultad añadida: para poder ejercer una actividad deben declarar a la Seguridad Social unos ingresos que son falsos. En los mercadillos, en las tiendas, en actividades profesionales con establecimiento propio, es obligatorio estar dada de alta en la Seguridad Social en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y cotizar, por lo menos, como si se estuviera ganando el salario mínimo interprofesional. En más de una ocasión el resultado de la actividad es bastante inferior cuando no se entra en pérdidas.

Desde Mayo de 2014 ha habido tiempo para conocer una enorme cantidad de casos y circunstancias de uno y otro signo: jóvenes estudiantes que quieren emanciparse con cargo a la Renta Básica; personas que han conseguido la Renta Básica y la han compatibilizado con salarios por encima del mínimo interprofesional; incluso algún jefe de servicio podrá contar la historia de una persona que pidió la Renta Básica para poder dedicarse a la música. En la misma categoría podríamos incluir resoluciones desestimatorias por no haber conseguido los objetivos del Plan Individualizado de Inserción antes de que existiera el citado plan, denegaciones por tener estudios superiores o por que la unidad familiar de convivencia era una única persona. Podríamos dedicarnos a discutir cuáles de todos los casos antes citados, y los que habrá, pueden elevarse al nivel de categoría o aceptar que la falta de concreción en las definiciones de la ley vigente hace que la discrecionalidad de la administración se parezca demasiado a la arbitrariedad. Ser pobre es bastante desgracia como para, a mayores, tener que ir demostrando la carencia de recursos en cada trámite. No es que se tenga que enseñar el carné de pobre, es que tienes que sacártelo para cada ayuda que se solicita.

Casi todo lo expuesto está de una u otra forma recogido en la proposición de Ley de Renta Garantizada que se discute actualmente en la Asamblea de Extremadura.

A pesar de que Europa entera no es un continente en el que la movilidad social vertical se prodigue y en el caso concreto de Extremadura a penas se hable de ella, garantizar un suelo donde aterrizar a la población más debilitada es rentable porque es la mejor forma de poder tirar del consumo y la inversión en un tejido como el nuestro y así podemos seguir disfrutando de una baja tasa de conflictividad social.

Rodolfo Jaime Corrella