Una de las medidas que más controversia está alimentando en los
partidos tradicionales es la fusión de municipios y supresión de
Diputaciones. Y es extraño porque lo han llevado es sus programas.
Muchas voces autorizadas y de calado plantean un cambio en la
administración local buscando su regeneración y eficiencia, para
que se adapte a las necesidades reales de los ciudadanos a los que
administra. Nosotros no sólo lo llevamos en el programa, tenemos la
firme intención de llevarlo paulatinamente a cabo. Cuando lo
planteamos tenemos dos cosas claras: que la política local es la más
cercana a los ciudadanos, y que por tanto debe responder ante estos.
Nuestras Diputaciones responden a un modelo de Estado centralizado
con más de doscientos años de historia. Un modelo que no se
asemejaban a auténticos sistemas democráticos, sino más bien a
una clase de administración inflexible y monolítica, alejada de
los ciudadanos, y que se usaba para gestionar los municipios desde
un único poder central, a través de gobernadores provinciales.
Responde a la típica distribución de Prefecturas francesas.
Este sistema, durante el período del gobierno autoritario del 39 al
77, cumplía bien con lo que se pretendía, pues la Ciudadanía
seguía siendo administrada, pero sin poder participar de su propio
gobierno.
En el 1978, se vertebra un nuevo tipo de Estado en la Transición,
mediante una Constitución que, por primera vez en la Historia de
España, es fruto de un consenso de todos. Esta nueva “ley de
leyes” de todos los españoles, prevé que la cercanía a los
administrados debe ser una máxima a través de la descentralización
de la administración. Es el nacimiento de nuestro Estado de las
Autonomías, que en la práctica, es un tipo de Estado Federal de
los más descentralizados.
En esta lógica de descentralización nos encontramos con mandatos
de competencias y su distribución, que proponemos clarificar en la
Constitución. Queremos definir qué va al Estado, qué va a las
Comunidades Autónomas y qué debe ser competencia local. Debemos
estudiarlo detenidamente y desde el consenso dejar las pautas muy
definidas, para que no haya interpretaciones. Y esto afecta a lo
municipal, como administración más cercana y la que mejor responde
ante los ciudadanos.
Pero estamos obligados a observar que es en la Diputación donde
colisionan los principios de descentralización y de cercanía al
administrado, con el principio democrático de rendición de cuentas
del poder político ante los ciudadanos. Tenemos claro que hay dos
tipos de formas de rendir cuentas: el judicial, pero también el
político, que pasa factura por las elecciones, al ser la principal
forma de vincular el deseo de la ciudadanía en la forma de gobierno
propio. Las Diputaciones no responden a esta rendición de cuentas,
ya que su elección es indirecta, a través de los municipios. Entre
otras cosas, no conocemos una Diputación que tenga verdaderos
mecanismos de participación directa de sus administrados, si no es a
través del municipio. De nada sirve la transparencia, si no sirve
para la participación y la responsabilidad ante la Ciudadanía. Es
como un “cristal blindado”, puedes ver pero no cambiar lo que
ves.
Se justifica actualmente, la Diputación, como prestadora y garante
de servicios esenciales a pequeños municipios. Pero no sabemos si
esa función de tutela y ayuda a pequeños municipios, puede suponer
un “poder discrecional”, de uso de recursos para fines
electoralistas, desviados de un mandato de eficiente gestión y buen
gobierno. Ante la duda siempre vamos a seguir el camino de la
rendición de cuentas, y las Diputaciones no rinden cuentas
directamente.
Por otra parte, el uso de Mancomunidades de Servicios, para la
prestación y garantía de los mismos a pequeños municipios, muchas
veces se forman “ad Hoc” de forma espontánea, como respuesta a
escapar al poder de una Diputación que se encuentra dominada por un
signo político diferente. Esto cuando no son empresas mixtas que
dependen directamente de la Diputación. Puede verse en consorcios de
basuras, aguas, limpieza, etc. Ya que las prestaciones sociales
referidas a educación, sanidad o dependencia, han pasado a las
Comunidades Autónomas, que por cierto, sí tienen un sistema de
rendición de cuentas electoral en una provincia. Es obligado decir
que las delegaciones provinciales de un Gobierno autonómico conviven
en el mismo espacio que una Diputación, aunque con competencias
diferenciadas.
En el núcleo de todo este maremágnum político administrativo, el
que debería ser el eslabón más fuerte de la cadena, pero
debilitado presupuestaria y competencialmente: el municipio, y sobre
todo el pequeño municipio.
Nosotros proponemos reforzar las competencias, capacidad de recursos
y de prestación de servicios de esta administración última, que
debe ser la que mejor preparada esté por la cercanía a sus
administrados. Debemos definir y garantizar el papel del municipio,
hacerlo más competente y eficaz, más fuerte, ya que sí responde
ante la rendición de cuentas directa de la ciudadanía y esto es
garantía de buen gobierno. Responde tanto en participación
municipal, como en elecciones municipales.
La pregunta fundamental es ¿y cómo lo hacemos? La respuesta a esta
pregunta, debe ser coherente y razonada: haciéndolos mayores, más
fuertes y con más recursos, y sobre todo más fieles a los
designios de sus administrados. Ayuntamientos más autónomos sólo
pueden ser ayuntamientos de a partir de cierto tamaño. Por tanto,
fusionemos servicios de varios ayuntamientos para hacerlos mucho más
fuertes y eficientes.
La UE dejó claro en el 2013 que los municipios de menos de 10.000
habitantes deben pasar por una fusión, “fusión fría” se le
llamaba entonces, que acogieron países como Dinamarca o incluso
Islandia. Hablamos de esa Islandia que metió a los banqueros en la
cárcel y salió de la crisis o de esa Dinamarca que es un modelo de
Estado de Bienestar Escandinavo, de los que a muchos nos gustaría
pertenecer por la protección social y riqueza que generan. La fusión
de pequeños municipios no supone su desaparición, sino que
seguramente hará que aquellas fusiones de servicios en los mismos,
mejoren su habitabilidad, y por tanto los haga más atractivos para
vivir en ellos, trabajar en ellos y crear riqueza en ellos. Sería
una estupenda medida para frenar el abandono de pueblos. Los mismos
tendrían una voz más fuerte dentro de las competencias propias,
tendrían una voz más fuerte en su forma de desarrollarse y en la
reclamación de sus necesidades, y sobre todo, sus políticos serían
responsables de sus acciones y rendirían cuenta de sus aciertos y
fallos, por lo que se cuidarían mucho de equivocarse.
La segunda gran pregunta es, ¿y con la Diputación que hacemos
entonces? La respuesta también es clara: paulatinamente la
suprimimos. Ya no responde a ninguna necesidad. En el momento que
tenemos municipios más fuertes y eficientes, con mejor capacidad
económica, la Diputación pasa a ser un elemento arcaico,
reminiscencia de un pasado antidemocrático, y que queda por tanto
obsoleto para una sociedad del siglo XXI.
Por supuesto esta supresión lleva tres medidas aparejadas: la
planificada redistribución de competencias y recursos entre los
municipios y la comunidad autónoma, y por supuesto la de personal
que se absorbería; el refuerzo de la labor de las delegaciones
provinciales de las comunidades autónomas y los subdelegados del
gobierno central como coordinadores de las políticas que afecten a
una provincia; pero sobre todo implementar la capacidad de
autogobierno de los municipios y su capacidad económica real para
acometer dichos servicios de forma sostenible y sustentable, por lo
que proponemos que parte de los impuestos reviertan en ellos.
En definitiva podríamos hablar de números como que se ahorrarían
5.000 millones anuales con estas medidas, o que se mejorarían los
precios de los servicios al tener economías municipales más
fuertes, y por tanto marcarían las directrices económicas de las
prestaciones de servicios, y no las empresas que lo prestan. Podemos
decir que Ciudadanos propone que un 2% del IRPF sea para la poder dar
esos servicios municipales, o que entraríamos en una lógica de buen
gobierno y racionalidad de la administración y sus obligaciones
dentro de un Estado del Bienestar. Podríamos hablar de todas estas
cosas, que no son baladíes, pero que son lo lógicamente necesario,
la gestión de lo público. Lo importante es la parte más política:
pasaríamos a tener un mayor control como ciudadanía sobre nuestros
gobiernos y sus servicios, sobre nuestro presente y nuestro futuro:
sobre nuestra forma de vida. Y eso es la democracia, el control del
ciudadano sobre su gobierno. La capacidad de decidir sobre cuál es
nuestro camino, y hacer que quiénes no cumplan rindan cuentas. Eso
está por encima de las Tributaciones, o los Presupuestos, o las
garantías de Racionalidad o de la Eficiencia, que son fundamentales,
pero herramientas de un fin mayor: el control sostenible sobre
nuestro presente y futuro, es lo que la democracia promete, y más
una democracia del siglo XXI.
La supresión de la Diputaciones y la Fusión de Municipios es uno de
los pilares para que España sea una democracia del siglo XXI, y se
encamine en la senda de ser un Estado de Bienestar competitivo,
protector y fuerte en un mundo globalizado, pero dirigido por sus
ciudadanos.
Una medida fundamental para la Segunda Transición Española que
queremos llevar a cabo, desde el consenso y con un calendario que lo
garantice. Una medida necesaria para crecer como país.
Diego Clemente, candidato al congreso de Ciudadanos por Almería.
twitter @diego__clemente
facebook Diego Clemente
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