El día 6 de diciembre es la conmemoración del Día de la
Constitución que marcó el inicio del Régimen del 78. Un régimen
hoy día agotado y sobre todo, cercado por la corrupción política y
el desprestigio social tras la reforma de su Art. 135 por el Gobierno
Zapatero con la complicidad del PP.
Este régimen constitucional ha
cumplido su tiempo histórico con un saldo en general positivo, pero
con sombras importantes tanto en su elaboración primigenia, como en
sus contenidos de calidad y profundidad democrática. El punto de
inflexión que supuso la reforma con nocturnidad y alevosía del Art.
135, fue ampliamente contestado en la calle por el 15M y las grandes
movilizaciones posteriores al 2010. La ruptura del pacto
constitucional por parte del bipartidismo, en el altar de las
políticas neoliberales y de recortes sociales impuestas por la
Troika, han supuesto una reactivación entre la ciudadanía de los
deseos de una democracia de mucha más excelencia, que nos proteja de
los abusos por parte de las élites económicas y sus aliados
políticos. Lo que se ha venido a llamar por los nuevos actores
políticos “la CASTA”.
Es evidente que el discurso de la
reforma constitucional ha penetrado en todos los partidos como no
podría ser de otra forma en los momentos que estamos viviendo, pero
muy especialmente en la herramienta ciudadana de cambio político que
ha supuesto PODEMOS para millones de personas, y que están a la
cabeza de esa regeneración democrática.
No obstante, quisiera apuntar un
par de cuestiones fundamentales para acometer los cambios
constitucionales que se nos presentan en el futuro inmediato.
Por un lado, la profundidad y los
contenidos de los que se parten para dichos cambios constitucionales,
son la base fundamental del debate constituyente, ya que no se pueden
quedar en meras reformas cosméticas que no apunten al fondo de las
demandas ciudadanas, o sea, la participación política y el derecho
a decidir del soberano, en este caso el pueblo en general. No sólo
en cuestiones tangenciales de la constitución actual, como pudieran
ser la reforma de la Corona en materia de sucesión, o el Senado, o
la nueva visión de la arquitectura de las comunidades o
nacionalidades del estado.
Por tanto, quiero decir a mi
entender, que se deben tratar los nuevos espacios de participación
ciudadana que ya existen en el ideario colectivo, pero que no recoge
nuestra constitución actual. Referéndum vinculante, democracia 2.0
Y 4.0, ILP con verdadera capacidad legislativa popular, revocatorio
de representantes institucionales y políticos, ley Electoral y de
participación ciudadana y nuevas circunscripciones electorales, etc.
Ese es el verdadero punto fundamental del cambio, porque afecta a la
posibilidad de que la ciudadanía, esté o no organizada en partidos,
confíe más o menos en estos, pueda participar de forma directa en
las cuestiones que le afectan, y se consolide de una vez esa mayoría
de edad democrática que está más que demostrada.
Y por otro lado otro terrible
ERROR a mi modo de ver, supondría que los partidos políticos asuman
en este debate constitucional, querer ser juez y parte del cambio
constituyente. A nadie parece sorprender, y es más, en el imaginario
colectivo se asume de forma automática que cuando se crea un club,
sociedad, peña, entidad, colectivo, etc. Son los socios en pleno o
asamblea general los que aprueban las normas y reglamentos de dicha
sociedad, o sea, el soberano es el que dicta, y la junta directiva
acata dichas normas y ejerce sus funciones ejecutivas en virtud de
estas normas.
Sin embargo, los partidos
políticos se quieren arrogar el papel de PODER CONSTITUIDO y PODER
CONSTITUYENTE. Quieren ejercer desde el ejecutivo y las instituciones
que gobiernan el país, el poder que sólo al SOBERANO corresponde, y
no es que el pueblo en su conjunto.
El papel de los partidos debe ser
abrir el camino, allanar legalmente las vías de debate y las normas
por las que se deben discurrir dichos debates y su posterior
aprobación colectiva, y en cualquier caso vigilar de la neutralidad
y transparencia máxima del proceso. En ningún caso deben torpedear,
frenar o manipular a tenor de sus intereses partidarios, tanto los
debates como la profundidad de los cambios requeridos. No podemos
permitir que los políticos que deben estar al servicio de toda la
ciudadanía, se conviertan en los únicos redactores de las normas
que les tocará cumplir posteriormente. La ciudadanía no podemos
permitir ser convidados de piedra en la articulación de las normas y
el marco jurídico de una regeneración democrática que por otra
parte ha sido forzada por el pueblo en la calle, y frenada con toda
la fuerza de la que disponen, por parte de los partidos surgidos del
Régimen del 78.
El pueblo es el soberano y pone
las reglas del juego, y los políticos que son el poder constituido,
obedecen y acatan estas normas. Si esto no es así, volveremos a
tener un secuestro de nuestra soberanía, y un fraude histórico que
no perdonaran las posteriores generaciones, y además no se van a
solucionar los problemas institucionales y la grave crisis de
credibilidad política que hoy por hoy acumulan estos mismos
partidos.
Todo está inventado, el derecho
comparado nos ofrece un amplio abanico de posibilidades de como otros
países han abordado la apertura de sus procesos de cambio
constituyente. Preguntar y consultar al pueblo si desea realmente
este cambio constituyente, convocar cortes constituyentes con amplios
poderes constitucionales, realizar consultas parciales en temas
concretos y polémicos, debates abiertos y muy participativos,
ampliar a través de la redes sociales y telemáticas, etc. Hay un
sinfín de posibilidades de participación social, no hay escusas
salvo el miedo de los políticos a su propio pueblo. Y esto último
sería causa y justificación suficiente para botarlos a todos, y
pedirles amablemente de una vez por todas que se vayan ya. Una CARTA
MAGNA, es al fin y al cabo una PACTO SOCIAL Y POLITICO de una
generación determinada con sus deseos y sus sueños presentes y
futuros. Nuestros jóvenes tienen derecho a participar en ese nuevo
pacto social, se lo han ganado con su esfuerzo, con su lucha en la
calle y con su sacrificio en las estaciones de tren y aeropuertos.
Por tanto tenemos que gritar con
todas nuestras fuerzas que NO queremos cambios cosméticos para “QUE
TODO CAMBIE Y AL FINAL TODO SIGA IGUAL”, queremos cambiar de verdad
la ley de leyes, que a partir del 20D queremos abrir un verdadero y
democrático PROCESO CONSTITUYENTE.
Por Federico Noriega González Miembro de Asambleas Ciudadanas
Constituyentes y del Consejo Ciudadano Municipal de Podemos Sevilla
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