Putas: ¿de la prostitución a la proletarización? La propuesta republicana.

El debate feminista actual sobre la prostitución es de la máxima relevancia, pues sacude nada menos que las instituciones del Patriarcado y el Trabajo, además de replantear el espacio de la libertad. Pueden identificarse tres posiciones en el debate, aunque las diferencias y matices son muchas: prohibicionista, abolicionista y regulacionista. En lo que refiere al concepto y sentido de la sexualidad, el prohibicionismo (posición no feminista) la concibe como un don cuyo fin es la procreación en el seno de la familia, a la que debe supeditarse, estableciendo prevenciones sobre toda práctica sexual orientada al placer, en especial de las mujeres. El prohibicionismo censura la prostitución, por tratarse de sexualidad no procreativa y extramatrimonial. Es pues patriarcal o, cuando menos, familista. En cambio, abolicionismo y regulacionismo conciben la sexualidad como un don de la persona que, junto a algunos más, es esencial para su libertad, y no solo un medio para la procreación. La soberanía personal es ahora el valor superior y, para no cercenarla, consideran irrenunciable el dominio de cada persona adulta sobre su sexualidad. Por tanto, abolicionismo y regulacionismo son antipatriarcales y, al menos en un sentido específico, liberales, por defender la extensión de los derechos de la persona a todo lo que concierne al ejercicio de la sexualidad.

En lo que refiere a los procedimientos lícitos de relación sexual, cambian las posiciones: prohibicionismo y abolicionismo coinciden en su rechazo al comercio sexual. Creen que hacer de la sexualidad una mercancía supone una desnaturalización, o una degradación, o una perversión; que no es posible mercantilizar ese don humano sin que la misma persona quede comprometida íntegramente, reducida a mercancía, o esclava;  o deshonrada, ella y también su familia en algunas posiciones prohibicionistas. Porque la sexualidad –sostienen prohibicionistas y abolicionistas-, a diferencia de otros bienes humanos, no puede alienarse de la persona, o de la familia, por ser una condición intrínseca del ser personal, o del honor familiar.

Pero es distinta la fundamentación que lleva a prohibicionismo y abolicionismo a rechazar el comercio sexual: el prohibicionismo, deudor de la cosmovisión judeocristiana, considera la actividad sexual un bien sagrado, mientras que el resto de atributos y actividades humanas serían profanas. En consecuencia, debe supeditarse al “oficio sagrado” (sacrificio) de la concepción en el matrimonio. El abolicionismo sigue otro camino para concluir también rechazando la mercantilización del sexo. Porque su fuente no es el Libro revelado, sino la Ilustración y su concepto secularizado del ser humano: las abolicionistas creen que son lícitas todas las posibilidades sexuales, pero siempre que no queden sometidas a propósitos ajenos a la afectividad y el deseo, como ocurre cuando se realiza para sustento material o lucro.  Esto, aseguran, compromete gravemente (aliena) la libertad de la persona.

Son distintos también los medios que prohibicionistas y abolicionistas consideran adecuados para impedir la mercantilización del sexo: el prohibicionismo enfatiza la gravedad del comercio sexual femenino, que llega en casos a abominar (pecado), y propugna su ilegalidad o, incluso, su castigo según códigos de honor familiar. El abolicionismo, celoso de las libertades personales, no defiende su ilegalización, sino una pedagogía que enseñe el valor intrínseco de la sexualidad y políticas que eviten la necesidad de venderla, y que denosten a quienes quieran comprarla.

Por su parte, el regulacionismo sostiene que el comercio sexual adulto no coaccionado es una opción lícita: según ellas, la autonomía de la persona, que valoran con igual énfasis que las abolicionistas, queda a salvo, aun cuando la propia sexualidad se comercie. Piensan que vender la capacidad sexual es una más, entre otras opciones, en el ejercicio de la autonomía del individuo. Porque, según ellas, la persona es, por así decirlo, un reducto, una esencia previa, que no sufre menoscabo por alienar su sexualidad, mientras esa sea su decisión adulta. Más aun –piensan-, hacer lícito y legalizar el comercio sexual ampliaría el espacio de la libertad en nuestras sociedades. Es llamativo que el regulacionismo coincida con el prohibicionismo en admitir que la sexualidad pueda ser un medio para otro fin, aunque sean fines distintos: el oficio sagrado de la procreación unas, el ganarse la vida o enriquecerse las otras. El abolicionismo se queda solo en la propuesta moral  de  una sexualidad siempre autotélica.

El debate sobre la licitud de la venta de la sexualidad lleva, inevitablemente, al debate de si la prostitución es “trabajo”. Si “trabajo” es, según las ideologías triunfantes, todo atributo humano que se pone a la venta, ¿por qué no la prostitución?; o ¿qué tiene la sexualidad que no tienen el resto de atributos humanos mercadeados, que justificaría que se la excluya de los trabajos? Y otra interrogante, desde otro ángulo: si se acepta que quienes se prostituyen son gente proletaria o trabajadora, ¿hay que aceptar entonces que es prostituta toda la gente que está atenida a un jornal o un salario? Esta es precisamente la gran cuestión en el debate de la filosofía política republicana. Para el republicanismo, la primera condición para ser libre es que la propia existencia material no dependa de otras personas sino que esté garantizada mutual e incondicionadamente por toda la ciudadanía que constituye la comunidad política. Y a ello se orientan centralmente las propuestas republicanistas, a que la existencia material de cada ciudadano/a quede garantiza por toda la ciudadanía, como inalienable propiedad o derecho. Porque la propiedad para el republicanismo no es tanto la garantía de la suficiencia material como la garantía de pertenencia y de pertinencia política del sujeto, que es pleno sujeto político solo si es autónomo entre los otros. Por eso, el republicanismo contemporáneo, universalista, quiere extender la propiedad, así entendida, a cada persona integrante de la comunidad (a cada una, no a todas, colectivizada, como quiso el marxismo), como requisito primero de un nuevo pacto de ciudadanía, para que cada uno tenga su propiedad y nadie tenga la de otros. La propiedad republicana ha de tener límites precisos: suficiente para proveer la autosuficiencia a cada uno/a, insuficiente para excederla.

Si se acepta este planteamiento, quienes tienen en la prostitución, o en el jornal o salario, su medio de vida están en posición servil, desposeídos/as; no son libres.  Harán seguramente del sustento material y el enriquecimiento el fin de sus vidas (como quieren los productivismos smithiano, marxista o socialdemócrata), pero difícilmente pueden acercarse a la virtud cívica y alcanzar la madurez política, valor supremo republicano, solo posible cuando se ha dado de lado a la necesidad, sea de subsistir o de acumular. Porque “los lazos de la necesidad no necesitan ser de hierro, pueden ser de seda” (Hannah Arendt).

El republicanismo despoja de aura a la necesidad y a sus instrumentos el Trabajo y la Producción, colocando en el centro el valor de la libertad positiva. Pensamos que el feminismo ganaría mucho incorporando esta noción de libertad como no dependencia a otr@s, pero señaladas teóricas han contribuido, quizá sin proponérselo, a mantener estas ideologías trabajocéntricas, por ejemplo, cuando llamaron “trabajos reproductivos” a las actividades asignadas convencionalmente a las mujeres, pretendiendo así equipararlas a las asignadas a los varones. Hoy volvemos a encontrar muchas feministas, consciente o inconscientemente productivistas, esforzándose por convencernos de que el modo de que desaparezca el estigma de la prostitución y de que las prostitutas tengan protección pública es convertirlas en “trabajadoras del sexo”: “Las putas también somos clase obrera”, proclaman ufanas Putas Indignadas.

¿Hemos de pensar que las putas que reclaman derechos asumen el discurso trabajocéntrico? ¿O lo que quieren en realidad es protección pública (propiedad) ante los golpes del destino, la enfermedad y el envejecimiento? ¿Se reivindican trabajadoras porque están henchidas del aura que Marx insufló al proletariado o solo porque saben que, hoy por hoy, debido a la salud del trabajocentrismo, el trabajo sigue siendo la puerta principal de entrada a los derechos ciudadanos?

De otro lado, las feministas que niegan que la prostitución sea trabajo, deberían explicar qué las ha convencido de que sí es alienante vender la sexualidad y no es alienante vender otras capacidades humanas. ¿No es también importante la capacidad de diseñar, de construir, de pilotar, de hablar, de curar, de cuidar…? Si siguen cerrándose a admitir que no solo es alienante entregar a otros la sexualidad “por un puñao de parné”, sino otras muchas capacidades, tendrían que explicar al menos qué las diferencia del prohibicionismo, que separa como bien sagrado la sexualidad del resto de atributos humanos.

Por último, las tres posiciones, cada una a su modo, aspira a imponer al conjunto de la sociedad un concepto y una práctica de sexualidad. Se alejan del pluralismo de los valores y la inclusión del otro (Rawls, Habermas) a que debe aspirar toda comunidad política que, en lugar de al Trabajo, reservase el espacio más amplio a la Libertad. No tendría que ser así, porque, en lo que refiere a las prácticas sexuales y a su consideración como fin o como medio, la polis debería favorecer la mayor diversidad y huir de cualquier perfeccionismo moral: protegiendo al conjunto de la ciudadanía con los bienes primarios elementales (sanidad, educación, vivienda, información, participación política, medio ambiente saludable y renta básica universal e incondicional). Para que fuera igual de factible a cada quien optar por la abstinencia o la promiscuidad, por la heterosexualidad, la homosexualidad o la bisexualidad, por la monogamia o la poligamia,  por la prostitución o la procreación sagrada. Para que el único límite infranqueable fuera que nadie pudiera imponer a otr@s cualquier práctica, cualquier creencia. Pero esto exigiría tomarse en serio el pluralismo y la libertad, no el Trabajo, el Crecimiento y la Economía.


Félix Talego, profesor de Antropología Política en la Universidad de Sevilla

La paradoja del Sáhara Occidental.


Recuerdo con frecuencia la marcha por la dignidad durante el mes de noviembre de 2010 en el Sáhara Occidental, muy conocida por la esfera saharaui como el Gdeim Izik. La respuesta por parte de las autoridades marroquíes es la de siempre: uso de la violencia y ocultar con el mayor descaro posible a la comunidad internacional lo ocurrido. En aquel entonces, yo tenía 16 años y no me perdí ni un acto. Acudí como todos los años a la manifestación de Madrid en la segunda semana de noviembre para condenar los Acuerdos Tripartitos de Madrid celebrados el 16 de noviembre de 1976 –de ahí la fecha de la mani que, por cierto, ese año se lio parda. Los colectivos saharauis situaban que el número de fallecidos podría llegar al centenar­ (habían cadáveres en las calles de La Aaiún para avisar a la población saharaui de su futuro), los heridos superaban el millar y habían más de 2000 detenidos. La crispación estaba generalizada, Marruecos había bloqueado la entrada a toda la prensa internacional y todos los observadores de derechos humanos, una estrategia al más puro estilo Doctrina del Shock. No obstante, en esta manifestación vi algo que jamás había visto y creo que no volveré a ver: la unión de todos los movimientos de izquierdas junto a representantes de la derecha española como el antiguo vicesecretario general de comunicación del Partido Popular González Pons a primera línea rodeado de banderas saharauis, comunistas, anarquistas, sindicalistas, independentistas... En dicha manifestación el político dijo literalmente: “el gobierno no puede anteponer su política internacional al respeto del derecho de las personas”.
Pero como todos sabemos Marruecos hace y deshace a su antojo. Tiene muy buenas relaciones con la monarquía española, y con las altas esferas del PSOE. No sabemos si es por ese chalet en Tanger a primera línea de playa de 2 millones de euros a Felipe González. ¿Estos movimientos le han valido poder limpiarse las manos de sangre?
Desde entonces las cosas han cambiado, en abril de 2015 el juez Pablo Ruz procesa a 11 altos cargos militares de Marruecos acusados de genocidio tras encontrar fosas comunes. No obstante, ese mismo mes vuelve al juzgado número cuatro de Móstoles y se queda ahí un proceso judicial que plasmaba fusilamientos en masa, bombardeos a población civil y desapariciones. El nuevo juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, no pareció muy favorable a continuar con la orden de extradición lejos de un funcionario de los 11.
Ni un año tardó Marruecos en volver a hacer de las suyas. En marzo de 2016 expulsó a 86 miembros de la Minurso (Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental). Lo hizo con el pretexto de que el secretario general, Ban Ki-Mon había ido a visitar los campos de refugiados saharauis en Tindouf. Pero no hablemos del pasado para abrir heridas “que ya se habían curado”. ¿Qué nos depara el futuro? Vamos mejorando. El año pasado creo recordar que el total de observadores expulsados fue de 95. Este año teniendo en cuenta que estamos a finales de Octubre y llevamos 37, si hacemos una prorrata, nos sale que acabaremos el año con 44,4 expulsados. Todo un logro para las autoridades marroquíes, ha disminuido en un 53’26%. Desgraciadamente, el resultado final ha sido el mismo que el del año pasado: no ha entrado ningún observador al Sáhara Occidental.
Entonces: ¿Estamos dejando a una zona en conflicto sin saber nada de ella?
No amigos, tenemos unos supervisores al más puro estilo Chicago Boys, gente de confianza. Cabe mencionar que, como todo el continente Africano, la dinastía alauí tiene al FMI como acreedor (digo la dinastía alauí y no Marruecos porque no creo que la deuda la haya generado una población totalmente excluida). Además coincide con el alto al fuego firmado entre ambos países y el traslado del conflicto a la comunidad internacional. Esto ocurrió durante los maravillosos años 90’s, un época que nos petaban los oídos con los Backstreet Boys y las Spice Girls, nos encantaban los rascacielos, los bailes de Boris Yeltsin y McDonald’s plantaba un pino en plena plaza Pushkin de Moscú; símbolo de que la ideología neoliberal había arrasado en todo el mundo. Una ideología en busca de la supremacía del dinero fiduciario ideada por Hayek, reforzada por Milton Friedmann, introducida por Margaret Teatcher y Ronald Reagan; y exportada por el FMI, el Banco Munidal y la OMC.
Cuesta entender que Marruecos se haya subido al carro y que tenga por ejemplo muchas zonas libres de impuestos, un país con sus peculiaridades; pero no, la realidad supera la ficción. Como en el propio Sahara Occidental, auténticos paraísos fiscales con una mano de obra baratísima y jornadas laborales de más de 60 horas. Puso un plan de privatización que ha atraído a innumerables inversores, la gran mayoría franceses, de EEUU y españoles. Además una ley de desregularización con la que cuesta mucho pillar la pista de los grandes conglomerados empresariales y a qué punto llegan. En esta línea cabe mencionar que la fiscalidad marroquí podría coartar las libertades individuales de los capitales financieros; teniendo que pedir asilo en Panamá, las Bahamas o las Islas Caimán.
No queda ahí la cosa, en el Sáhara Occidental se está llevando a cabo numerosos planes de inversión, por cierto, muy suculentos para las grandes firmas financieras. Entre los que me llegan al oído: una inversión de 2.000 millones de $ para la mina de Boucraa, 1.000 millones de $ para ampliar el puerto de Dajla, 3.000 millones de $ para alimentar de energía eólica la industria de las criptomonedas, cientos de millones de $ para convertir el Sáhara en el invernadero de Europa.
Pero bueno, este año la Unión Europea ha firmado 2 nuevos acuerdos con Marruecos que incluyen productos del Sáhara Occidental: uno de pesca (el 91% de la pesca pertenece a las aguas del Sáhara) y otro de productos agrícolas que se extiendo al territorio de la antigua provincia 53 (o no tan antigua). No obstante, para el Frente Polisario (Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río del Oro), se cubrió las espaldas llevando el caso al Tribunal de Justicia de Luxemburgo el año pasado, supuestamente cansado de que le tomen el pelo. Y el tribunal dictó el fallo afirmando que el acuerdo sí es válido, pero no se puede extender al Sáhara Occidental, ya que es una zona en conflicto pendiente de descolonizar, ergo, es un territorio no autónomo. No se puede firmar un acuerdo comercial respecto a un tercer país. Lógica aplastante que el propio Parlamento Europeo no quiere aplicar y el acuerdo tira para adelante. El Frente Polisario ya ha pedido una indemnización de 280 millones de euros y demandará a todas las empresas que participen en estos negocios.
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos ha emitido un comunicado preocupado por la entrada masiva de productos del Sáhara vía Marruecos, algo que no asegura en absoluto la producción nacional. Y es obvio: no pueden competir con un país que explota a sus trabajadores, encarcela a todo aquel que no quiera ser explotado y despoja a la población autóctona de sus tierras. Cuesta de entender que en este territorio no lleguen los derechos humanos a la población pero sí el modelo neoliberal en su estado más puro. Tendríamos que recordar al actual eurodiputado del PP en el Parlamento Europeo, González Pons, que este acuerdo aparte de ser inmoral, es ilegal y está jodiendo al sector nacional; además que usted defendía “el respeto al derecho de las personas” por encima de todo. ¿Por qué votó a favor del acuerdo? Y es más: ¿Por qué los otros 16 eurodiputados de PP, PSOE y Ciudadanos hicieron lo mismo?

 
Ahmed Mohamed Saleh.
Olvido Colectivo


Patinetes y bicicletas no son lo mismo

La Dirección Geneal de Tráfico acaba de anunciar una ofensiva para hacer el uso del casco obligatorio para "bicicletas y patinetes". No puedo decir que me sorprenda, porque desde siempre ha habido una poderosa corriente en la DGT a favor de obligar a los ciclistas a llevar casco, algo que ya es obligatorio en carretera y para menores, y de lo que solo nos libramos de momento los ciclistas adultos cuando circulamos por vías urbanas. Ahora, con la excusa de los "patinetes", esa corriente, fuertemente apoyada por la industria del automóvil y por las aseguradoras, vuelve a la carga.

No hay que ser un lince para darse cuenta del escaso impacto de las leyes de casco obligatorio en la seguridad real de los ciclistas, y de su gran impacto como elemento desincentivador de la movilidad ciclista. Hace tiempo que sabemos que pedalear cotidianamente para ir al trabajo o al centro de estudios tiene un gran impacto en la salud pública, que supera cualquier impacto positivo del casco obligatorio en la seguridad vial. Y hace tiempo que sabemos también que las leyes de casco obligatorio desincentivan el uso de la bicicleta como modo de transporte urbano. No es casualidad que los países con mayor uso de la bici (y con menor accidentalidad ciclista por km ciclado) - Holanda, Dinamarca - hayan rechazado sistemáticamente las leyes de casco obligatorio, que han triunfado sin embargo en las países con menos tradición de ciclismo urbano (y mayores tasas de motorización y de accidentalidad ciclista por km ciclado) como Australia o Nueva Zelanda.

No voy a detenerme mas en este asunto. El/la lector/a interesado/a puede encontrar abundante documentación al respecto en la página web de "A Contramano", concretamente AQUI. Me interesa mas analizar como hemos llegado hasta aquí. La DGT ya intentó, en la época en que María Seguí era su directora, imponer el casco ciclista obligatorio, pero tuvo que retroceder ante la oposición de muchos ayuntamientos que, por aquella época, estaban haciendo inversiones para promover la movilidad ciclista en sus ciudades, entre otras cosas mediante la implantación de sistemas de bicicletas públicas. Cuando desde los grupos de usuarios de la bicicleta se les hizo ver que una ley de casco obligatorio convertiría en inútiles esas inversiones, en especial aquellas dirigidas a la implantación de sistemas de bicicletas públicas, muchos ayuntamientos aprobaron mociones instando al gobierno a no seguir adelante con el proyecto y, finalmente, se alcanzó un consenso: el casco solo sería obligatorio en ciudad por debajo de los 16 años.

Pero la irrupción de los llamados "Vehículos de Movilidad Personal" (VMPs), mas conocidos como "patinetes eléctricos" ha cambiado por completo este escenario. Tras la emisión por la DGT de su Instrucción 16 V 124, en la que se creaba la categoría de los VMPs (categoría que solo existe en España por cierto), estos vehículos han empezado a irrumpir en todas las ciudades españolas como vehículos "asimilables" a las bicicletas. Hay que decir que la categoría de los VMPs, tal y como los define la DGT en la citada instrucción, es una categoría bastante amplia, que incluye incluso vehículos que la legislación europea define como ciclomotores (*). Otro aspecto importante a tener en cuenta es  que en la definición de tales vehículos dada por la citada instrucción no se establece ningún límite de potencia para los mismos, lo que resulta cuando menos sorprendente, ya que, tanto la legislación española como la europea sobre clasificación de vehículos de dos ruedas hace uso de dicho concepto de manera sistemática (**).

Tras la promulgación de a citada instrucción, muchos ayuntamientos se han lanzado a regular la circulación de todo tipo de VMPs asimilándolos a las bicicletas, sin poner ningún límite de potencia para dicha asimilación. Curiosamente han sido los "Ayuntamientos del Cambio" (Barcelona, Valencia, Madrid, Zaragoza... ) los mas entusiastas a la hora de asimilar los VMPs a las bicicletas, permitiéndoles circular por las vías ciclistas prácticamente sin restricciones. Obviamente, resulta difícil oponerse a la idea de que el casco no sea obligatorio para un vehículo como el de la Figura. Y una vez instalada en el imaginario popular la idea de que un VMP es lo mismo que una bicicleta, de ello se deduce automáticamente que el casco debe ser también obligatorio para los ciclistas. La industria del automóvil, así como las aseguradoras y sus paniaguados no han desaprovechado la oportunidad, a lo que la DGT se está plegando con su sumisión habitual.


Resulta difícil oponerse a la idea de que el casco sea obligatorio para vehículos como el de la foto, más parecidos a un ciclomotor que a una bicicleta.

¿Y los grupos ciclistas de las ciudades? Pues los mismos grupos que en 2013 consiguieron convencer a sus ayuntamientos de que votaran contra el casco obligatorio en su ciudad, ahora les ha faltado poco para "aplaudir con las orejas" a sus ayuntamientos cuando han aprobado las regulaciones mencionadas, que ahora los colocan en un callejón sin salida: ¿Como van a protestar porque les pongan el casco obligatorio, si acaban de admitir que un "patinete eléctrico" es "lo mismo" que una bicicleta?.

Así que la nueva regulación de los "patinetes eléctricos" no solo amenaza con convertir las vías ciclistas en pistas para todo tipo de vehículos a motor, sino que, como daño colateral, va a impulsar la imposición del casco obligatorio no solo para los mencionados "patinetes", sino también para sus "asimiladas" bicicletas.

Hace tiempo que estoy convencido que los "patinetes eléctricos" son en gran medida la quinta columna de la industria del automóvil dentro de la movilidad activa. La irracional insistencia por parte de la industria en asimilar estos vehículos a las bicicletas sin límite de potencia alguno lo demuestra: ante las dificultades que está experimentando para introducir los coches eléctricos en el mercado, los "patinetes" (que en muchos casos no son sino pequeños ciclomotores) pueden jugar un papel de "puente" para que los consumidores se vayan acostumbrando a la movilidad eléctrica. Y si logran "asimilarlos" a las bicicletas, mucho mejor, pues pueden disfrutar de las infraestructuras ya hechas para favorecer a las bicicletas, desincentivando además su uso. Y si eso lo logran sin límite de potencia mejor, así van expulsando a las bicicletas de las vías ciclistas y apropiándose también de esas infraestructuras, aparte de hacer mas suave la transición desde los "patinetes" a  otros vehículos mas potentes. Y si de paso consiguen, en virtud de una "asimilación" absurda, imponer el casco obligatorio para los ciclistas, miel sobre hojuelas.


Hace falta que, como en el cuento del Rey Desnudo, alguien diga fuerte y claro: Los patinetes eléctricos y las bicicletas no son lo mismo. 




Ricardo Marqués 
 http://movilidad-activa.blogspot.com/2019/10/el-negro-futuro-que-nos-espera-de-la.html








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(*) Estos vehículos que la legislación europea considera ciclomotores parece sin embargo que van a ser excluidos de la categoría de los VMPs tras las protestas de la asociación "A Contramano" y de otros grupos ciclistas. Ver AQUI (anexos).

(**) Por ejemplo, según la vigente Ley de Tráfico, un "ciclomotor" eléctrico es todo vehículo de dos ruedas y potencia igual e inferior a 4.000 watios. Idéntico límite figura en la legislación europea. Asimismo, la legislación europea incluye explícitamente el límite de 250 watios para que un ciclo de pedaleo asistido pueda asimilarse a una bicicleta convencional, etc.

El envite es un órdago a la grande



Si hoy queremos llegar a final de mes, debemos dejar atrás los falsos dilemas, mirar a la Medusa de frente sin quedar petrificados y abordar la más irrefutable cuestión política de cuantas tenemos que afrontar como seres humanos: «las condiciones que requiere la continuidad de nuestra especie en un planeta limitado». Es decir, como enfrentar la crisis climática y ecológica. De lo contrario, los seres humanos ―en este verse como habitantes del mundo sin ver el planeta― deberemos enfrentarnos, por nuestra desobediencia a la pureza, a una cuarta ruptura: la existencial. La extinción.

Los científicos nos están diciendo que no hacemos lo suficiente para combatir el calentamiento global y la emergencia climática. Que son necesarios «cambios sin precedentes y en todos los aspectos de la sociedad» para limitar el calentamiento a 1,5ºC. Transformaciones que ―según la ONU― habrán de constituir «una reorganización sistémica de los factores tecnológicos, económicos y sociales, incluyendo paradigmas, objetivos y valores».

Pero como decirlo a una sociedad en la que la propensión al consumo es mayor entre las rentas bajas que entre las altas ―mayoritaria por tanto―. Como decirlo cuando sabes que cada día que pasa, cada mes, cada año que retrasamos la adopción de las medidas que conlleven reducciones netas del consumo exigirá que las que tomemos posteriormente ―al disponer de menos tiempo para llevarlas a cabo― deban ser más radicales y dolorosas y gravar más a los que menos tienen y enriquecer a los que más tienen. Hace falta muchísima pedagogía para la comprensión profunda de la emergencia climática y como nos está afectando ya, a la cual no pueden renunciar los partidos políticos.

Hay que hablar de la emergencia climática con franqueza para generar las condiciones políticas necesarias y repetirlo una y otra vez para vacunar a la gente contra el mensaje de la extrema derecha que no se está cortando en explicar la crisis a su manera, negándola, y en beneficio de su propio plan político. Y para que a medida que la realidad vaya demostrando los hechos sobre los que se está advirtiendo, la gente tenga una comprensión cabal de lo que sucede, por qué sucede y cuales son las alternativas.
 
La rebelión de amplios sectores sociales por sus expectativas arruinadas, la creciente desigualdad, la corrupción persistente y una profunda sensación de frustración, con las «crecientes tensiones sociales y políticas» que está ocasionado, es evidente que tienen que ver con factores como los avances tecnológicos, la productividad, las políticas fiscales regresivas, el cambio climático o el declive de los combustibles fósiles.

La emergencia climática y el declive energético apuntan a que las políticas para combatir y atajar la desigualdad no podrán provenir ―como antaño― de la extracción sin freno de materias primas ni del incremento del consumo agregado de los hogares. Y que las inversiones públicas que se destinen a combatir la desigualdad, las transferencias sociales y el aumento del salario mínimo habrán de cumplir la regla: ‘emisiones cero’.

Esto es tanto como decir que al igual que el incremento de la desigualdad y las tensiones sociales y políticas muestran los límites del sistema económico, la crisis climática y ecológica exterioriza los límites del planeta que permiten la vida, de los cuales: el ozono estratosférico sigue estable; agua dulce, calcificación de los océanos, y usos del suelo están en riesgo de ser sobrepasados; y biodiversidad, agotamiento del nitrógeno y el fósforo y clima ha sido desbordados. Y para muestra un botón: Qatar ha comenzado a refrigerar las calles para combatir el aumento de las temperaturas.

Si las políticas surgidas del pacto neoliberal de la década de los 90 del siglo pasado explican un cierto regreso a la lucha de clases del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, la crisis ecológica, de la que el calentamiento global es una manifestación, ha destapado un conflicto entre generaciones que condena a los jóvenes a la inseguridad climática, alimentaria, laboral, económica y familiar. Éste se ve en la irrupción social del movimiento Juventud por el Clima y las huelgas climáticas globales. Y en la aparición de otros movimientos homólogos como Madres por el Clima o Científicos por el Clima.

Los múltiples retos del siglo XXI requieren, por tanto, la reconstrucción del pacto social roto por las élites. Y demandan, además, la institución de un pacto entre generaciones, que garantice a las futuras generaciones el uso del planeta y de unos recursos, al menos, en las mismas condiciones en que nos fue entregado por las anteriores, de manera que las acciones actuales no condicionen a aquéllas su capacidad para tomar sus propias decisiones.

Sin estas dos alianzas no será posible reconstruir la cohesión social fracturada, de la que son expresión conflictos como los chalecos amarillos, el Brexit, las revueltas de Chile, Brasil o Ecuador, el auge de la extrema derecha y los partidos populistas, los gobiernos iliberales de Europa del Este. O la propia crisis independentista de Cataluña, que goza de apoyo en amplias capas de la población y de una juventud inmersa en la inseguridad y la falta de perspectivas laborales. Independencia que es sentida por muchos como la única vía que les permitirá escapar de un presente sin alternativas.

La primera tarea de las fuerzas políticas, por tanto, tras las elecciones del 10-N, debe ser el cambio de sus hábitos: el fin del bloqueo político y de la inacción climática.

La superación del bloqueo político, primer paso para avanzar en la solución del desencuentro entre Cataluña y el resto de España y del resto de empresas pendientes, se traduce en la necesidad de generar espacios de diálogo y alcanzar nuevos pactos y alianzas políticas, económicas, sociales y de sostenibilidad, con los los que generar ilusión en el futuro en territorios y grupos sociales.

 El acceso al agua, la fragilidad de los ecosistemas, la alimentación, la salud y la seguridad se agravará en las próximas décadas de continuar la inacción climática, atentando contra nuestra seguridad actual y futura.




Es ineludible, por tanto, establecer un nuevo compromiso con las generaciones de españoles y españolas que nacen hoy, pero también con las generaciones futuras. Y esta alianza ha de ser de igualdad y libertad, es decir, económica y social. A la vez que un pacto de equidad y fraternidad, es decir, climático y ecológico, para evitar que el presente se convierta en tirano y déspota de si mismo y del futuro.

La inacción de los gobiernos, su falta de respuestas políticas a la emergencia climática y ecológica, hace ineludible la asunción por todas las fuerzas políticas de las reivindicaciones del movimiento de justicia climática, como programa político común: declaración de emergencia climática y ejecución de políticas acordes con lo señalado por la ciencia y dotadas de recursos económicos suficientes para abordarlas; decir la verdad a los ciudadanos respecto a la crítica situación climática y ecológica que vive el planeta y señalar la responsabilidad del crecimiento económico en la degradación actual, al ser una garantía para llevar a cabo un giro efectivo, pues sin una adecuada comprensión de la gravedad de la crisis no se podrá salir del estado de inacción actual; acción inmediata: consistente en la reducción drástica de emisiones en el menor tiempo posible, de acuerdo con lo planteado por la comunidad científica; democracia real, mediante la puesta en marcha de instrumentos ciudadanos participativos de supervisión y garantía de cumplimiento de las medidas climáticas que sean adoptadas; y justicia climática, convirtiendo ésta en el centro de toda acción para evitar que los que menos ha contribuido al problema y los sectores más vulnerables sean los que más sufran los efectos.

¿Y si, como sociedad, no estamos dispuestos a hacerlo? Habremos de vivir ―cada día más― lo que Churchill llamó «la era de las consecuencias», pues el capitalismo que viene ―escoltado por el calentamiento global y el declive de los combustibles fósiles― reordenará la sociedad de forma que ésta funcione para sus propósitos, con reformas amparadas en el paraguas de la innovación, lo tecnológicamente avanzado y las empresas creativas, tales como: la inteligencia artificial, la automatización, la robotización, el tratamiento masivo de datos o la captura de carbono.

El capitalismo se está pintando de verde y como ciudadanos debemos saber elegir y optar por aquellas ideas que resultan inspiradoras en lo moral y fértiles en lo teórico, aptas para iniciar la senda hacia una economía poscrecimiento, como el Acuerdo Verde para España, aunque no sepamos bien como realizarlas. Debemos enfocarnos en hacer lo que es necesario, en vez de hacer lo que es políticamente posible.

Las decisiones que hoy se adopten han de ser, por tanto, las más adecuadas. No aquéllas que sean definidas como las mejores que se pueden adoptar en un entorno lleno de incertidumbres. No podemos ser conformistas y hacer solo la parte que nos toque. Es necesario que hagamos comprender a «la gente» que no está dispuesta a renunciar a sus smartphones, a la comida rápida, los viajes ‘low cost’, a la ropa barata, a los automóviles o a la tecnología ―nosotros incluidos―, que el consumismo sin límite nos está llevando al abismo. Que es necesario y posible vivir de manera más justa, simple y sobria. No hay puntos intermedios entre la acción y la inacción, pero si caminos diversos, urgencias y niveles de miedo. El envite es un órdago a la grande. Hay que tirar del freno de emergencia.



Francisco Soler






CHILE EN EL CORAZÓN


En mi primer viaje a Chile, en compañía de un grupo de amigos y colegas de la Universidad Pablo de Olavide, sentí de primera mano que en todo el país se respiraba un ambiente de cambio. Los estudiantes de Secundaria se habían movilizado para pedir una educación de calidad para todos. Su movilización se tradujo en un intenso debate político que daba esperanzas a una sociedad deseosa de mejoras de vida. Unos pocos grupos económicos dominan toda la economía, la mayor parte de los grandes directivos de empresas proceden de un reducidisimo número de centros educativos privados. Así, pues, el ascensor social llevada parado décadas, al menos desde el golpe militar de Pinochet. En suma, neoliberalismo en estado puro.

A lo largo de estos años las movilizaciones estudiantiles han sido constantes, enviando señales inequívocas de lo que podía venir. La falta de equidad en el sistema universitario producido por la hiperliberalización de las universidades y, en determinados momentos, la corrupción del sistema de educación superior, ampliamente descrita en dos libros de la periodista María Olivia Mönckeberg (“El negocio de las universidades en Chile” y “Con fines de lucro”), son jalones que señalan en la dirección de lo que ahora está pasando.

Me duele profundamente Chile, lo llevo en el corazón. Con una gente buena y trabajadora capaz de transformar el país en la dirección de un mayor desarrollo cultural, político y económico, pero, sobre todo, en justicia social, la que lleva demandado esa buena gente desde hace ya demasiado tiempo.

La mirada hacia ese espacio de América Latina debería llevarnos a una reflexión política de lo que está pasando en nuestro país y de las secuelas que estas dejarían por muchos años en el caso de que las políticas neoliberales, que tan despiadadamente ha copiado el PP, sigan adelante a partir de las próximas elecciones. He mantenido y seguiré manteniendo que el neoliberalismo practicado por la derecha española ha tenido como modelo a Chile. Aquí la falta de equidad paró en seco a eso que llamamos el “ascensor social”... como allí. Por estas y otras razones que no ha lugar a analizar en este contexto, hemos de pedir a los partidos progresistas que, en el caso de conseguir la mayoría, lleguen a acuerdos realistas para llevar a cabo las reformas sociales tendentes a ganar en equidad y justicia social. En esa dirección la economía también crece a la vez que la riqueza se distribuye. Pero esto es materia para otro debate.


Juan Daniel Ramírez


¿Te apuntas?


Nuestro tiempo nos impone el reto histórico de encajar el sistema socioeconómico dentro de los límites del planeta. Pero la crisis climática, a la vez, nos brida la oportunidad para construir una nueva idea de España: moderna, sostenible, generosa, solidaria, abierta, feminista. Una España capaz de contribuir a que el proyecto europeo recupere su mejor dirección. Una España que cuide. Una España que no excluya. Una España que ofrezca orden, seguridad, protección y reglas claras para todos, pero en especial para quienes más las necesitan.

Pero no hacemos lo suficiente en la lucha contra el calentamiento global, nos dicen los científicos. España ―advierten― será uno de los países más afectados de la UE. Y la zona mediterránea se calienta más rápidamente. En ella la temperatura ya se ha incrementado 1,5ºC. Y cuanto más se caliente el planeta, más se instalará entre nosotros el discurso perverso: “no hay para todos”, cargando sobre los más débiles y sobre la naturaleza la defensa de los privilegios que algunos tienen.

Así pues, todo el tiempo que perdamos hoy, todo el esfuerzo que regateemos hoy, se volverá contra los y las españolas que hoy están naciendo y que serán los protagonistas del siglo XXI en un mundo más cálido y más difícil: con inseguridad climática, alimentaria, laboral, económica, familiar, afectiva. Sin derecho al futuro.

La transición ecológica que tenemos que llevar a cabo no es un experimento: se trata de generalizar y masificar aquello que sabemos que funciona. Hoy podemos hacer lo que no se pudo hacer antes por una coincidencia de factores que nunca se habían dado juntos: consenso científico, tecnologías maduras, dirección política europea comprometida con la descarbonización y una ciudadanía activa ―que ha sido capaz de promover las movilizaciones ecologistas más importantes de la historia― y ha construido un nuevo sentido común de mayorías.

El desbloqueo de la actual política de insostenibilidad pasa, por tanto, por una transición ecológica y energética, que parta de una declaración de la emergencia climática y la aplicación de políticas acordes con lo señalado por la ciencia, dotadas de recursos económicos suficientes para realizarlas; de decir la verdad a la ciudadanía respecto a la crítica situación climática y ecológica que vive el planeta y de la responsabilidad del crecimiento económico en la degradación actual; de una reducción drástica de las emisiones en el menor tiempo posible, según lo planteado por la comunidad científica; y de la participación ciudadana en la supervisión y garantía de cumplimiento de las medidas climáticas que sean adoptadas.

Pero los desafíos se superponen y el climático no es el único. Nos enfrentamos al declive de las energías fósiles; a una mutación radical del mundo del trabajo y del modelo productivo provocado por la digitalización y la automatización; al incremento de las desigualdades económicas, cronificación de la precariedad laboral e implantación del miedo como condición vital en amplias capas de la población; a demandas de plena igualdad de las mujeres en un contexto de creciente crisis de cuidados; pérdida de legitimidad y de capacidad de cohesión de los sistemas políticos como consecuencia de la ruptura unilateral del contrato social por parte de las élites y un teatro de juego geopolítico progresivamente más inestable y convulso.

En España, estas tendencias globales se manifiestan con algunas peculiaridades: el bloqueo institucional provocado por la primacía del interés de los partidos sobre cualquier consideración del interés general, potenciador de la desafección de los ciudadanos respecto a las instituciones; la necesidad de repensar el encaje afectivo e identitario de los distintos pueblos y naciones de España en un proyecto común tras el agotamiento del modelo autonómico nacido en 1978; y la hipertrofia territorial que rompe España en dos países contrapuestos: la España urbana y la España vaciada.

Por ello no podemos esperar más. Ya no queda tiempo si no queremos perder el tren del clima y el del nuevo mundo que llega. Es el momento de hacer la apuesta definitiva que se estudie en los libros de historia. Esa que cambie radicalmente nuestro país, nuestra economía, nuestras formas de vida y la manera de relacionarnos con el planeta.

La gran transformación que necesita España requerirá modificar nuestra relación con la Naturaleza, reorganizar la economía, reordenar el territorio, blindar derechos, establecer deberes, dar primacía al interés general sobre el partidista, cuestionar privilegios, repartir con justicia los esfuerzos y transformar costumbres e imaginarios arraigados. Por su esencia política esta transformación está en disputa y puede modularse desde valores, compromisos, intereses y definiciones muy diferentes. Este es el cambio queremos y ponemos sobre el tablero político. ¿Te apuntas a esta España?


Francisco Soler
Candidato Nº 1 al Senado
Más País-EQUO
por la provincia de Málaga

Duquelas traigo: turismo y flamenco

Ilustra JLR



«Llévame a ver flamenco, pero que no sea para guiris.» (Cualquiera en Sevilla, 2019). La frase que habréis escuchado y pronunciado, marca el campo: flamenco y turismo. Pero ¿qué le pasa al flamenco pa guiris? ¿Por qué la gente lo evita?
 
El flamenco siempre está naciendo, hijo de su tiempo y contexto, y no podría estar ajeno como práctica artística moderna a la (des)regulación del mercado global del turismo. Tres millones de turistas llegan cada año a Sevilla y, salvo por venir en masa, no suponen nada nuevo al flamenco, donde siempre han estado presentes. Presentes e importantes, en una práctica que se internacionaliza casi desde que emerge en el s. XIX. Narrando, tocando y bailando; financiando, enseñando, trayendo y llevando… con pieles y lenguas muy diversas, han sido protagonistas y su mirada ha moldeado la historia de este género. El turismo de nuestro siglo, dispuesto a pagar precios elevados por disfrutar de una velada flamenca en un tablao, condiciona de igual forma sus artistas. Sus expectativas y demandas determinan la oferta de un flamenco de lunares y peinetas. Aunque este deseo no les queda restringido, everybody has a mairenist friend. La sevillanía, a menudo, también erotiza el estereotipo.

Pony Bravo fija en la letra de su tema Turista, ven a Sevilla, la hemos convertido en un lugar ideal, los tres conceptos clave de una práctica artística turistificada: no hay futuro cuando se pierde el encanto: Autenticidad. Cada sevillanx es turista en su ciudad: Exotismo. La tradición aprieta los dientes: Folclore. La obsesión por vivir experiencias «reales y verdaderas» responde al deseo de comprar el producto más cotizado del consumo postmoderno: la autenticidad. Algo que no esté impostado, que no se produzca en masa ni sea hecho por dinero, a eso se refieren con autenticidad. Será que todo lo demás es mentira. Lo auténtico, como concepto, existe porque la gente lo usa, piensa y actúa como si existiese. Y en el flamenco, como otros campos, la capacidad de definir, de pontificar su estética, es una cuestión de poder. El neojondismo quiso parar el tiempo en las décadas de los 50 a 70, estableciendo un canon en base al duende, lo mágico, la herencia, la sangre, lo espontáneo, lo puramente emocional. «Ea, ya está, esto es el flamenco. Y ahora, ¿qué hacemos?». Una fiesta cerca de la hoguera, cantando penas y con unos pelos morenos larguísimos. Todo lo demás, bien peca de no ser lo suficientemente flamenco. Al ostracismo de la historia: Marchena, Caracol y María Pastora Pavón, que vendían su cante en cafés cantantes de la Alameda. «Hombre, por favor, el arte como mercancía, ¡qué herejía!»
 
Establecida la autenticidad del flamenco, vamos a reproducirla. Macetas en las esquinas; una rueda de carro nómada detrás; la bailaora que no sea pelirroja, ni gordita, ni bajita, que parezca que no está ensayado; una letrita de hambre y otra de amor apasionado. Desgarros, fuego, lunares y escobillas interminables. Pero que no parezca impostado, que entonces este tablao no lo compra naide. Y es que ya decía Quevedo: «Buscas a Roma en Roma, oh, viajero, y a Roma en Roma misma, no la hallas».
 
Lo que premia en el tablao es lo plástico, la imitación de lo jondo (un sentimiento trágico de la vida, a lo Unamuno). El teatro debe aprovechar las posibilidades de la escena para reproducir imaginarios, pero es difícil disimular que no se trata de una vulgar imitación cuando se proyecta una fiesta espontánea en un tablao. Una industria que minusvalora y desaprovecha el trabajo y el talento de sus artistas, con relaciones laborales precarias, un canon estético impuesto y la fosilización de la expresión artística en un deber ser marcado como auténtico. En la búsqueda de un flamenco puro, la clientela se encuentra con una exaltación de lo cañí. La fantasía de una foto fija de algo que está en movimiento, que es anacrónico, que se mueve entre las lógicas de diferentes tiempos. 

Avisa la UNESCO:
 
"El incremento del turismo puede tener efectos distorsionadores, ya que las comunidades pueden alterar el patrimonio para responder a la demanda de los turistas, (…). Existe también el peligro de que el patrimonio se fosilice mediante un proceso de folclorización o por una búsqueda de autenticidad, (…). Esto, efectivamente, podría hacer que se atribuyese al patrimonio cultural inmaterial un «valor de mercado» en lugar de su valor cultural, dejándolo expuesto a una explotación comercial impropia".
 
Que el flamenco se venda no es impropio de una música moderna y urbana como es, lo que aquí se cuestiona es el formato, plastificado cual fruta de supermercado: anti-ecológico, aséptico y nada apetecible.
 
Un producto más de la marca-ciudad, el flamenco es para la industria y las administraciones públicas un reclamo más. En Sevilla tenemos bien bonitos los jardines, abundan los coches de caballos, las casas encaladas por normativa, los geranios en la forja, albero y sangre, capirotes y, de último show, el flamenco. Un centro comercial al aire libre, un parque temático para el consumo. La Andalucía flamenca como una arcadia romántica, una terracita infinita. Del norte al sur, para consumir exotismo, Carmen con clavel entre los dientes, una excepción en occidente, un rincón salvaje para los sentidos huérfanos del turismo moderno.
 
Si la gente intuye la intención de este flamenco, no es de extrañar que prefiera evitarlo. ¿Quién va a querer ir a una fiesta donde no se rompan las formas? «No se baila para complacer, se baila para provocar», te recordaría Fernanda Romero. ¿Quién va a querer quedarse con la fotografía del estereotipo? ¿Quién va a perderse los coletazos, los problemas y las encrucijadas que implica que algo esté vivo? ¿Quién no usaría y manosearía el flamenco para arrojarlo contra el poder? Si se reduce un hecho social a una representación encorsetada de lo que viene buscando el turismo y la sevillanía como flamenco, este se apaga. La búsqueda de su pureza embrutece y encierra a una música que siempre ha transitado hacia lo inexplorado. Y si alguien sigue con el erre que erre de «lo auténtico», que se sume a una performance de FLO6x8, vaya a un potaje gitano en Utrera, lo disfrute con lo último de Rocío Molina o se meta en el instagram de la joven cantaora del momento. Abramos los teatros, las casas propias y comunes, multipliquemos nuestras puertas, ansiemos una ciudad libre de miedo.
 
 
Pablo Domínguez. Aficionao flamenco, integrante de CACTUS
http://eltopo.org/duquelas-traigo-turismo-y-flamenco/