El
comunicado de prensa de ONU Medio Ambiente, de 13 marzo 2019, dice
que incluso si se cumple el Acuerdo de París, se espera que el
permafrost del Ártico se reduzca 45% en comparación con su estado
actual. Y este deshielo del permafrost despertaría al «gigante
dormido» de los gases de efecto invernadero, lo que podría
descarrilar los esfuerzos climáticos globales.
Se espera con ello que el
aumento del deshielo contribuya significativamente a las emisiones de
dióxido de carbono y metano, y el calentamiento resultante a su vez
conducirá a un deshielo aun mayor, un efecto conocido como
«retroalimentación positiva». (1)
(2)
Pero
a pesar de las advertencias de los científicos y de la ONU, las
clases dirigentes —la española también— solo tratan ponerse a
salvo fuera del mundo. Para ello construyen exclusivas urbanizaciones
privadas, a modo de fortalezas, para ponerse a salvo de los efectos
de la explosión de desigualdad. Saben que la fiesta se ha acabado,
que hemos llegado a los límites del planeta, por ello han decido
extraer (apropiarse) todo lo extraíble para ellas y sus hijos. Para
llevar a cabo su propósito han concebido la desregulación y han
desistido de toda solidaridad con los más débiles en nombre de la
libertad. Y para disimular su egoísmo niegan el cambio climático
(3) y enredan con la
fantasía del capitalismo verde.
En
este escenario, condicionado además por la aparición de la crisis
sanitaria, económica y social ocasionada por el covid19, el Gobierno
ha presentado en el Congreso de los Diputados su proyecto de ‘Ley
de cambio
climático y transición energética’. Un plan
inservible
para evitar la ‘catástrofe climática’ y que hace oídos sordos
a las peticiones de los científicos y las recomendaciones de la ONU.
El
proyecto de ley del Gobierno vende
la idea de que se están adoptando las medidas contra la emergencia
climática que piden los científicos, cuando no es así. Para
pesar de todos el proyecto de ley mantiene la
cultura consumista
existente con medidas verdes dentro lo políticamente posible
pensadas para el bussiness
as usual.
Un dato a tener en cuenta: el
70% capital que movilizará la transición energética
entre 2021 y 2030 será
privado
y solo el 30% será público, así lo indica el proyecto de ley en la
Exposición de Motivos.
Este proyecto no es más que un lavado verde de cara del sistema
económico.
Inmersos
como estamos en un «juego
político que se
caracteriza por la capacidad de
“hacer ver y hacer creer”
a los demás de otra manera», esto debe ser conocido por la
ciudadanía porque como dice Greta Thumberg: «si las personas no son
plenamente conscientes de lo que está sucediendo no podrán ejercer
presión sobre los líderes. Y sin esa presión, los líderes
políticos no harán nada». Y no hay que olvidar la
advertencia que hace ONU Medio Ambiente:
si solo confiamos en los compromisos climáticos actuales del
Acuerdo de París es posible que las temperaturas aumenten 3,2 °C
este siglo. Incremento que trae probabilidad de
guerras, incluso nucleares y a la que pocas veces se hace referencia.
Y no digamos si ni siquiera llegamos a cumplir el Acuerdo de
París.
Analizamos
ahora —tras la introducción— algunas deficiencias e
insuficiencias del proyecto de ley de cambio climático presentado
por el gobierno al Congreso de los Diputados, sin que dicha
exposición agote todo el análisis posible de las mismas.
En
el catálogo de deficiencias e insuficiencias encontradas se puede
destacar el título del proyecto de ley: «Ley de cambio
climático y transición energética». La rotulación que se ha dado
al proyecto no es una mera cuestión terminológica, sino que ésta
—en cuanto carta de presentación de la futura ley— recoge de
manera sintética el espíritu de la misma y los principios que la
alumbran. Y es que la elección semántica no es neutral como
veremos. Ésta en concreto pone de manifiesto la elección de una
opción: la continuidad del bussiness as usual desde el
«crecimiento verde».
La
primera elección que hace el Gobierno en el título usado es la de
«cambio climático», cuando tenía otras alternativas más
ajustadas a la realidad: emergencia climática o crisis climática.
La rotulación de la ley usando la descripción científica del
evento, aséptica, no transmite la gravedad y la cercanía al umbral
de irreversibilidad en el que nos encontramos. No estamos ya ante un
acontecimiento para el que disponemos de tiempo suficiente —de aquí
a final de este siglo— para mitigar sus efectos. La inacción de
los gobiernos ha acelerado la velocidad de los cambios. Hoy vivimos
una «emergencia climática» cuya mitigación exige una
reducción drástica de las emisiones en esta década, para evitar
que crucemos el umbral que conduce a un cambio apocalíptico, pues el
tiempo de reacción de que disponemos es de apenas una década, según
el consenso científico. Cada semántica crea, así, un marco
cognitivo diferente en lo referido a la urgencia en la adopción de
medidas de mitigación y adaptación a la crisis climática. Así
pues la expresión que debería haber usado el gobierno en lugar de
‘cambio climático’ es: ‘emergencia climática’.
La
segunda expresión que el ejecutivo elige para el título es la de
«transición energética». No es incorrecta pero refleja una
realidad parcial, porque también hace falta emprender otros cambios.
Es una solución de ‘final de tubería’ que no va a la raíz del
problema: el crecimiento económico ilimitado, sino que busca
corregir su efecto y mantener el statu quo. Nos anuncia lo que
el gobierno va a hacer: la sustitución de las energías fósiles por
energías renovables dentro del marco económico de crecimiento, y
también de lo que no va hacer: la reducción del consumo de energía,
materiales y viajes que suponga un drástico cambio de viajes lujosos
y consumo despilfarrador a un consumo y viajes básicos, necesarios,
sustentables y satisfactorios, sin la cual no es posible cumplir los
objetivos climáticos. El gobierno no va llevar a cabo la ‘transición
ecológica’ aunque continuamente abuse de dicha expresión con su
uso indebido.
En
lo que se refiere al modelo de transición energética recogido en el
proyecto, los análisis efectuados por el Grupo
de Energía Economía y Dinámica de Sistemas de la Universidad de
Valladolid
en este campo, evidencian que la
fuerte re-materialización
que requerirá la transición hacia las energías renovables en el
sector eléctrico cuestiona
la consistencia y solidez del ‘crecimiento
verde’, que
no cuestionan ni el proyecto de ley ni la mayor parte de fuerzas
políticas del Congreso de los Diputados.
En
este «juego político» de «hacer
ver y hacer creer», este somero análisis del título del
proyecto de ley sugiere que el texto del proyecto de ley no va a ir
en la dirección pedida por la comunidad científica de una reducción
drástica de emisiones. Todavía,
sin embargo, es pronto para establecer una conclusión definitiva.
Continuando
con el análisis de otros aspectos del proyecto de ley, debe
destacarse que éste no cuestiona el modelo económico de
crecimiento ilimitado, ni el tipo de industrias sobre las que se
asienta la economía española: turismo de masas, construcción,
industria o agricultura y ganadería industrial. Ni tampoco fija un
«catálogo de actividades económicas deseables y no deseables» en
un escenario de emergencia climática, lo que dificulta la
articulación de una política que suponga un giro real y drástico
de las emisiones de gases de efecto invernadero.
El
mantenimiento del dogma del crecimiento económico se aprecia en la
Exposición de Motivos del proyecto de ley con la referencia al
«crecimiento verde y sostenible». Un oxímoron. Y en el articulado
al definir la descarbonización de la economía como la consecución
de un modelo socioeconómico sin emisiones de gases de efecto
invernadero, pero sin hacer referencia en la definición al principio
de equidad intergeneracional como marco socioeconómico inclusivo
de las necesidades y la prosperidad de las generaciones
futuras u otro principio que establezca esta salvaguarda. El planeta
y sus recursos no pertenecen a una generación, son un legado que
pertenece a todas las generaciones, que todas tienen el deber de
cuidar y transmitir.
Un
segundo aspecto del proyecto de ley que merece ser analizado es el
objetivo nacional de reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero que se establece. La reducción que se
contempla en el texto es del 20% respecto a 1990 en 2030 y del 90% en
2050, pero inferior al objetivo vinculante que impone la normativa
comunitaria a España del 26,5%. Ni siquiera el objetivo de reducción
de emisiones del 23% previsto en el Plan Nacional Integrado de
Energía y Clima —que se incorporará a la futura ley durante la
tramitación parlamentaria— cumple con dicho objetivo, muy alejado
de la reducción drástica que reclaman los científicos hay que
llevar a cabo.
Dicha
cifra y el incremento de la reducción de emisiones hasta el 55% que
ha anunciado la UE, no parecen estar escogidas al azar. La cifra del
23% es el porcentaje de emisiones con el que la agricultura, la
silvicultura y otros usos de la tierra contribuyen al calentamiento
global. Y la del 55% corresponde al volumen de emisiones con el que
los cuatro principales emisores —China,
EE.UU., UE28 e India— han
contribuido a las emisiones totales de gases de efecto invernadero
durante la última década. Esta es la ambición que tan
pomposamente dicen tener España y la Unión Europea en la lucha
contra la emergencia climática. Hechos son amores.
Los
gobiernos no pueden darse el lujo de esperar. Y las personas y las
familias tampoco, pues aún estamos lejos de alcanzar la
reducción del 7,6% entre 2020-2030 que la ONU establece como
necesaria para poder evitar que el incremento de temperatura global
supere los 1,5ºC. Si la reducción efectiva de emisiones continúa
retrasándose, dicha postergación hará necesario un incremento del
porcentaje de reducción anual. Y si la reducción de las mismas
comenzara en 2025, la propia ONU cuantifica el porcentaje de la
disminución necesaria en el 15,5% cada año, lo que haría que el
objetivo de 1,5 °C fuera casi imposible.
El
porcentaje de reducción recogido en el proyecto de ley personifica
el abandono por el gobierno del compromiso de limitar el
incremento de temperatura de la tierra a 1,5º C y sitúa la
contribución de España a la reducción de la temperatura global en
el rango objetivos insuficientes que denuncia la ONU que nos abocan a
un incremento mínimo del 3,2ºC.
Esta
decisión es poco comprensible si se tiene cuenta que España será
el país más afectado de la Unión Europea (4),
circunstancia que debería colocarnos a la cabeza de los países con
mayor ambición climática, a fin de disminuir efectos adversos del
cambio climático que estamos y soportando y vamos a sufrir cada vez
más: calor, sequía, ruptura de los ciclos agrarios, inundaciones,
huracanes; y poder así mitigar las dificultades de adaptación
que tendremos.
Por
último, se debe destacar la ausencia en el proyecto de ley
del concepto de flujo neto de carbono incorporado de los
países en desarrollo a los países desarrollados. Dicha ausencia
causa un efecto de ‘espejismo de reducción’, pues cuando
se agregan al cómputo europeo las importaciones de carbono
incorporado, las emisiones per cápita de la Unión Europea —y en
consecuencia las de España— son más elevadas que las de China,
incluso aún reduciendo las emisiones nacionales (5).
Igualmente se debe subrayar la omisión en el proyecto de ley de
alguna previsión sobre
la esperada y significativa contribución de las
emisiones de dióxido de carbono y metano
que el aumento del
deshielo ocasionará, como avisa la ONU(6),
el efecto conocido como de «retroalimentación positiva».
Necesitamos,
por tanto, cerrar la brecha entre lo que estamos
haciendo y lo que debemos hacer para prevenir los efectos más graves
del cambio climático, pues como dicen las Naciones Unidas: «las
emisiones de gases de efecto invernadero [siguen] en aumento a pesar
de las advertencias de los científicos y los compromisos políticos».
Nada
puede ser celebrado entonces con este proyecto de ley, a pesar de la
bienvenida de algunas fuerzas políticas. Muy al contrario, este
proyecto de ley es intensamente desesperanzador: por los principios
que contiene y los objetivos insuficientes que establece. Y porque
con este proyecto de ley el coste de los impactos climáticos se
transfiere a la ciudadanía y a las comunidades vulnerables, en
vez de ser asumido por los actores económicos.
Debe
surgir, por tanto, un fuerte liderazgo político —hasta
ahora inexistente— que defienda la petición de la comunidad
científica y de los jóvenes de una reducción drástica de las
emisiones de gases de efecto invernadero, una disminución del orden
del 65% para 2030 y emisiones netas nulas para 2040(7),
en línea con las demandas de organizaciones ecologistas como Green
Peace (8).
El
análisis precedente confirma las conclusiones provisionales
expuestas al inicio y la inutilidad del proyecto de ley del gobierno
para contribuir al esfuerzo común de la humanidad de limitar el
incremento de temperatura a 1,5ºC. Tomando como base los compromisos
actuales, las emisiones actuales están en camino de alcanzar
56 Gt CO2e para 2030: más del doble
de lo que deberían ser, lo que supondría un incremento de
temperatura a final de siglo de 3,9ºC. Retrasar, por tanto, la
acción climática agravará el problema. Y postergar esas medidas
además incrementará el coste de construir defensas costeras, de
proteger la seguridad alimentaria, de adaptar la infraestructura y
acrecentará la dificultad para reducirlas, haciéndolas más
desafiantes.
El
desafío es reducir las emisiones a 25 Gt CO2e.
Eso significa que los compromisos, políticas y acciones que
necesitamos deben dirigirse a la reducción de las emisiones un 7,6%
cada año entre 2020 y 2030, como se ha señalado más arriba. Sólo
así se podrá limitar el calentamiento global a 1,5 °C.
No
podemos volver al modelo productivo y de consumo que nos ha traído
esta pandemia y la emergencia climática, pues proseguiremos entonces
profundizando en la causa común que las ocasiona. Las pandemias y la
emergencia climática nos están avisando que la economía no puede
funcionar por encima de los límites planetarios. Pero
todavía tenemos la oportunidad de frenar el calentamiento global.
Para ello y para satisfacer las demandas
de protección
de los españoles debemos de variar
el rumbo,
para lo cual el viraje habrá de materializarse en un nuevo
reparto
de los recursos, de los cuidados y del poder, que ofrezca algo más
que «ladrillo, industria o subsidios», cuando en los próximos
meses se concreten las ayudas de la Unión Europea. ¡Hagámoslo!
Francisco Soler Luque
Esteban de Manuel Jerez
Notas:
(2) Pero este evento hará baldíos
los esfuerzos si los planes de acción climática no contemplan esta
eventualidad, ni planes de contingencia adicionales y solo tienen en
cuenta las emisiones antropogénicas.(3) Latour, B, Donde aterrizar. Como orientarse en política, Ed. Taurus, Barcelona, 2019.
(4) El objetivo recogido en el proyecto de ley es suicida para los españoles. Las razones son obvias: el informe especial del IPCC sobre la tierra, de agosto de 2019, dice que la temperatura sobre la tierra ya ha aumentado 1,53º C por encima de las temperaturas preindustriales; el área del Mediterráneo sufrirá un incremento de temperatura adicional del 25% y en España el incremento adicional estimado es de 0,5ºC. España es el país de la Unión Europea que va a resultar más afectado por los efectos de la crisis climática y a pesar de ello la ambición climática de España es nula.
(5) Informe sobre la disparidad de emisiones de 2019 elaborado por la ONU. El Informe de brecha de emisiones mide y proyecta tres líneas de tendencia clave:
- La cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero cada año hasta 2030.
-
Los compromisos que los países están haciendo para reducir sus emisiones y el impacto que estos compromisos pueden tener en la reducción general de emisiones.
-
El ritmo al que deben reducirse las emisiones para alcanzar una emisión baja que limitaría el aumento de la temperatura a 1.5 o C , de manera asequible.
(6)https://www.unenvironment.org/es/noticias-y-reportajes/comunicado-de-prensa/aumento-de-temperatura-de-3oc-5oc-sera-inevitable-en-el
(7) Sin que se deban olvidar dos datos: primero, las emisiones de gases de efecto invernadero en España se incrementaron, en 2019, un 8,8% respecto a 1990; segundo, con los compromisos de reducción remitidos a la ONU el incremento de temperatura sería de 3,9º C, como ya se ha señalado más arriba, escenario que haría que gran parte del planeta quedara inhabitable.(8)https://es.greenpeace.org/es/sala-de-prensa/comunicados/la-declaracion-de-emergencia-climatica-no-es-suficiente-la-ue-debe-tomar-medidas-urgentes-para-reducir-las-emisiones/
(7) Sin que se deban olvidar dos datos: primero, las emisiones de gases de efecto invernadero en España se incrementaron, en 2019, un 8,8% respecto a 1990; segundo, con los compromisos de reducción remitidos a la ONU el incremento de temperatura sería de 3,9º C, como ya se ha señalado más arriba, escenario que haría que gran parte del planeta quedara inhabitable.(8)https://es.greenpeace.org/es/sala-de-prensa/comunicados/la-declaracion-de-emergencia-climatica-no-es-suficiente-la-ue-debe-tomar-medidas-urgentes-para-reducir-las-emisiones/
