Patinetes y bicicletas no son lo mismo

La Dirección Geneal de Tráfico acaba de anunciar una ofensiva para hacer el uso del casco obligatorio para "bicicletas y patinetes". No puedo decir que me sorprenda, porque desde siempre ha habido una poderosa corriente en la DGT a favor de obligar a los ciclistas a llevar casco, algo que ya es obligatorio en carretera y para menores, y de lo que solo nos libramos de momento los ciclistas adultos cuando circulamos por vías urbanas. Ahora, con la excusa de los "patinetes", esa corriente, fuertemente apoyada por la industria del automóvil y por las aseguradoras, vuelve a la carga.

No hay que ser un lince para darse cuenta del escaso impacto de las leyes de casco obligatorio en la seguridad real de los ciclistas, y de su gran impacto como elemento desincentivador de la movilidad ciclista. Hace tiempo que sabemos que pedalear cotidianamente para ir al trabajo o al centro de estudios tiene un gran impacto en la salud pública, que supera cualquier impacto positivo del casco obligatorio en la seguridad vial. Y hace tiempo que sabemos también que las leyes de casco obligatorio desincentivan el uso de la bicicleta como modo de transporte urbano. No es casualidad que los países con mayor uso de la bici (y con menor accidentalidad ciclista por km ciclado) - Holanda, Dinamarca - hayan rechazado sistemáticamente las leyes de casco obligatorio, que han triunfado sin embargo en las países con menos tradición de ciclismo urbano (y mayores tasas de motorización y de accidentalidad ciclista por km ciclado) como Australia o Nueva Zelanda.

No voy a detenerme mas en este asunto. El/la lector/a interesado/a puede encontrar abundante documentación al respecto en la página web de "A Contramano", concretamente AQUI. Me interesa mas analizar como hemos llegado hasta aquí. La DGT ya intentó, en la época en que María Seguí era su directora, imponer el casco ciclista obligatorio, pero tuvo que retroceder ante la oposición de muchos ayuntamientos que, por aquella época, estaban haciendo inversiones para promover la movilidad ciclista en sus ciudades, entre otras cosas mediante la implantación de sistemas de bicicletas públicas. Cuando desde los grupos de usuarios de la bicicleta se les hizo ver que una ley de casco obligatorio convertiría en inútiles esas inversiones, en especial aquellas dirigidas a la implantación de sistemas de bicicletas públicas, muchos ayuntamientos aprobaron mociones instando al gobierno a no seguir adelante con el proyecto y, finalmente, se alcanzó un consenso: el casco solo sería obligatorio en ciudad por debajo de los 16 años.

Pero la irrupción de los llamados "Vehículos de Movilidad Personal" (VMPs), mas conocidos como "patinetes eléctricos" ha cambiado por completo este escenario. Tras la emisión por la DGT de su Instrucción 16 V 124, en la que se creaba la categoría de los VMPs (categoría que solo existe en España por cierto), estos vehículos han empezado a irrumpir en todas las ciudades españolas como vehículos "asimilables" a las bicicletas. Hay que decir que la categoría de los VMPs, tal y como los define la DGT en la citada instrucción, es una categoría bastante amplia, que incluye incluso vehículos que la legislación europea define como ciclomotores (*). Otro aspecto importante a tener en cuenta es  que en la definición de tales vehículos dada por la citada instrucción no se establece ningún límite de potencia para los mismos, lo que resulta cuando menos sorprendente, ya que, tanto la legislación española como la europea sobre clasificación de vehículos de dos ruedas hace uso de dicho concepto de manera sistemática (**).

Tras la promulgación de a citada instrucción, muchos ayuntamientos se han lanzado a regular la circulación de todo tipo de VMPs asimilándolos a las bicicletas, sin poner ningún límite de potencia para dicha asimilación. Curiosamente han sido los "Ayuntamientos del Cambio" (Barcelona, Valencia, Madrid, Zaragoza... ) los mas entusiastas a la hora de asimilar los VMPs a las bicicletas, permitiéndoles circular por las vías ciclistas prácticamente sin restricciones. Obviamente, resulta difícil oponerse a la idea de que el casco no sea obligatorio para un vehículo como el de la Figura. Y una vez instalada en el imaginario popular la idea de que un VMP es lo mismo que una bicicleta, de ello se deduce automáticamente que el casco debe ser también obligatorio para los ciclistas. La industria del automóvil, así como las aseguradoras y sus paniaguados no han desaprovechado la oportunidad, a lo que la DGT se está plegando con su sumisión habitual.

Resulta difícil oponerse a la idea de que el casco sea obligatorio para vehículos como el de la foto, más parecidos a un ciclomotor que a una bicicleta.

¿Y los grupos ciclistas de las ciudades? Pues los mismos grupos que en 2013 consiguieron convencer a sus ayuntamientos de que votaran contra el casco obligatorio en su ciudad, ahora les ha faltado poco para "aplaudir con las orejas" a sus ayuntamientos cuando han aprobado las regulaciones mencionadas, que ahora los colocan en un callejón sin salida: ¿Como van a protestar porque les pongan el casco obligatorio, si acaban de admitir que un "patinete eléctrico" es "lo mismo" que una bicicleta?.

Así que la nueva regulación de los "patinetes eléctricos" no solo amenaza con convertir las vías ciclistas en pistas para todo tipo de vehículos a motor, sino que, como daño colateral, va a impulsar la imposición del casco obligatorio no solo para los mencionados "patinetes", sino también para sus "asimiladas" bicicletas.

Hace tiempo que estoy convencido que los "patinetes eléctricos" son en gran medida la quinta columna de la industria del automóvil dentro de la movilidad activa. La irracional insistencia por parte de la industria en asimilar estos vehículos a las bicicletas sin límite de potencia alguno lo demuestra: ante las dificultades que está experimentando para introducir los coches eléctricos en el mercado, los "patinetes" (que en muchos casos no son sino pequeños ciclomotores) pueden jugar un papel de "puente" para que los consumidores se vayan acostumbrando a la movilidad eléctrica. Y si logran "asimilarlos" a las bicicletas, mucho mejor, pues pueden disfrutar de las infraestructuras ya hechas para favorecer a las bicicletas, desincentivando además su uso. Y si eso lo logran sin límite de potencia mejor, así van expulsando a las bicicletas de las vías ciclistas y apropiándose también de esas infraestructuras, aparte de hacer mas suave la transición desde los "patinetes" a  otros vehículos mas potentes. Y si de paso consiguen, en virtud de una "asimilación" absurda, imponer el casco obligatorio para los ciclistas, miel sobre hojuelas.


Hace falta que, como en el cuento del Rey Desnudo, alguien diga fuerte y claro: Los patinetes eléctricos y las bicicletas no son lo mismo. 

Ricardo Marqués 

 http://movilidad-activa.blogspot.com/2019/10/el-negro-futuro-que-nos-espera-de-la.html

--------------------------
(*) Estos vehículos que la legislación europea considera ciclomotores parece sin embargo que van a ser excluidos de la categoría de los VMPs tras las protestas de la asociación "A Contramano" y de otros grupos ciclistas. Ver AQUI (anexos).

(**) Por ejemplo, según la vigente Ley de Tráfico, un "ciclomotor" eléctrico es todo vehículo de dos ruedas y potencia igual e inferior a 4.000 watios. Idéntico límite figura en la legislación europea. Asimismo, la legislación europea incluye explícitamente el límite de 250 watios para que un ciclo de pedaleo asistido pueda asimilarse a una bicicleta convencional, etc.

El envite es un órdago a la grande

Si hoy queremos llegar a final de mes, debemos dejar atrás los falsos dilemas, mirar a la Medusa de frente sin quedar petrificados y abordar la más irrefutable cuestión política de cuantas tenemos que afrontar como seres humanos: «las condiciones que requiere la continuidad de nuestra especie en un planeta limitado». Es decir, como enfrentar la crisis climática y ecológica. De lo contrario, los seres humanos ―en este verse como habitantes del mundo sin ver el planeta― deberemos enfrentarnos, por nuestra desobediencia a la pureza, a una cuarta ruptura: la existencial. La extinción.

Los científicos nos están diciendo que no hacemos lo suficiente para combatir el calentamiento global y la emergencia climática. Que son necesarios «cambios sin precedentes y en todos los aspectos de la sociedad» para limitar el calentamiento a 1,5ºC. Transformaciones que ―según la ONU― habrán de constituir «una reorganización sistémica de los factores tecnológicos, económicos y sociales, incluyendo paradigmas, objetivos y valores».

Pero como decirlo a una sociedad en la que la propensión al consumo es mayor entre las rentas bajas que entre las altas ―mayoritaria por tanto―. Como decirlo cuando sabes que cada día que pasa, cada mes, cada año que retrasamos la adopción de las medidas que conlleven reducciones netas del consumo exigirá que las que tomemos posteriormente ―al disponer de menos tiempo para llevarlas a cabo― deban ser más radicales y dolorosas y gravar más a los que menos tienen y enriquecer a los que más tienen. Hace falta muchísima pedagogía para la comprensión profunda de la emergencia climática y como nos está afectando ya, a la cual no pueden renunciar los partidos políticos.

Hay que hablar de la emergencia climática con franqueza para generar las condiciones políticas necesarias y repetirlo una y otra vez para vacunar a la gente contra el mensaje de la extrema derecha que no se está cortando en explicar la crisis a su manera, negándola, y en beneficio de su propio plan político. Y para que a medida que la realidad vaya demostrando los hechos sobre los que se está advirtiendo, la gente tenga una comprensión cabal de lo que sucede, por qué sucede y cuales son las alternativas.

 

La rebelión de amplios sectores sociales por sus expectativas arruinadas, la creciente desigualdad, la corrupción persistente y una profunda sensación de frustración, con las «crecientes tensiones sociales y políticas» que está ocasionado, es evidente que tienen que ver con factores como los avances tecnológicos, la productividad, las políticas fiscales regresivas, el cambio climático o el declive de los combustibles fósiles.

La emergencia climática y el declive energético apuntan a que las políticas para combatir y atajar la desigualdad no podrán provenir ―como antaño― de la extracción sin freno de materias primas ni del incremento del consumo agregado de los hogares. Y que las inversiones públicas que se destinen a combatir la desigualdad, las transferencias sociales y el aumento del salario mínimo habrán de cumplir la regla: ‘emisiones cero’.

Esto es tanto como decir que al igual que el incremento de la desigualdad y las tensiones sociales y políticas muestran los límites del sistema económico, la crisis climática y ecológica exterioriza los límites del planeta que permiten la vida, de los cuales: el ozono estratosférico sigue estable; agua dulce, calcificación de los océanos, y usos del suelo están en riesgo de ser sobrepasados; y biodiversidad, agotamiento del nitrógeno y el fósforo y clima ha sido desbordados. Y para muestra un botón: Qatar ha comenzado a refrigerar las calles para combatir el aumento de las temperaturas.

Si las políticas surgidas del pacto neoliberal de la década de los 90 del siglo pasado explican un cierto regreso a la lucha de clases del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, la crisis ecológica, de la que el calentamiento global es una manifestación, ha destapado un conflicto entre generaciones que condena a los jóvenes a la inseguridad climática, alimentaria, laboral, económica y familiar. Éste se ve en la irrupción social del movimiento Juventud por el Clima y las huelgas climáticas globales. Y en la aparición de otros movimientos homólogos como Madres por el Clima o Científicos por el Clima.

Los múltiples retos del siglo XXI requieren, por tanto, la reconstrucción del pacto social roto por las élites. Y demandan, además, la institución de un pacto entre generaciones, que garantice a las futuras generaciones el uso del planeta y de unos recursos, al menos, en las mismas condiciones en que nos fue entregado por las anteriores, de manera que las acciones actuales no condicionen a aquéllas su capacidad para tomar sus propias decisiones.

Sin estas dos alianzas no será posible reconstruir la cohesión social fracturada, de la que son expresión conflictos como los chalecos amarillos, el Brexit, las revueltas de Chile, Brasil o Ecuador, el auge de la extrema derecha y los partidos populistas, los gobiernos iliberales de Europa del Este. O la propia crisis independentista de Cataluña, que goza de apoyo en amplias capas de la población y de una juventud inmersa en la inseguridad y la falta de perspectivas laborales. Independencia que es sentida por muchos como la única vía que les permitirá escapar de un presente sin alternativas.

La primera tarea de las fuerzas políticas, por tanto, tras las elecciones del 10-N, debe ser el cambio de sus hábitos: el fin del bloqueo político y de la inacción climática.

La superación del bloqueo político, primer paso para avanzar en la solución del desencuentro entre Cataluña y el resto de España y del resto de empresas pendientes, se traduce en la necesidad de generar espacios de diálogo y alcanzar nuevos pactos y alianzas políticas, económicas, sociales y de sostenibilidad, con los los que generar ilusión en el futuro en territorios y grupos sociales.

 El acceso al agua, la fragilidad de los ecosistemas, la alimentación, la salud y la seguridad se agravará en las próximas décadas de continuar la inacción climática, atentando contra nuestra seguridad actual y futura.

Es ineludible, por tanto, establecer un nuevo compromiso con las generaciones de españoles y españolas que nacen hoy, pero también con las generaciones futuras. Y esta alianza ha de ser de igualdad y libertad, es decir, económica y social. A la vez que un pacto de equidad y fraternidad, es decir, climático y ecológico, para evitar que el presente se convierta en tirano y déspota de si mismo y del futuro.

La inacción de los gobiernos, su falta de respuestas políticas a la emergencia climática y ecológica, hace ineludible la asunción por todas las fuerzas políticas de las reivindicaciones del movimiento de justicia climática, como programa político común: declaración de emergencia climática y ejecución de políticas acordes con lo señalado por la ciencia y dotadas de recursos económicos suficientes para abordarlas; decir la verdad a los ciudadanos respecto a la crítica situación climática y ecológica que vive el planeta y señalar la responsabilidad del crecimiento económico en la degradación actual, al ser una garantía para llevar a cabo un giro efectivo, pues sin una adecuada comprensión de la gravedad de la crisis no se podrá salir del estado de inacción actual; acción inmediata: consistente en la reducción drástica de emisiones en el menor tiempo posible, de acuerdo con lo planteado por la comunidad científica; democracia real, mediante la puesta en marcha de instrumentos ciudadanos participativos de supervisión y garantía de cumplimiento de las medidas climáticas que sean adoptadas; y justicia climática, convirtiendo ésta en el centro de toda acción para evitar que los que menos ha contribuido al problema y los sectores más vulnerables sean los que más sufran los efectos.

¿Y si, como sociedad, no estamos dispuestos a hacerlo? Habremos de vivir ―cada día más― lo que Churchill llamó «la era de las consecuencias», pues el capitalismo que viene ―escoltado por el calentamiento global y el declive de los combustibles fósiles― reordenará la sociedad de forma que ésta funcione para sus propósitos, con reformas amparadas en el paraguas de la innovación, lo tecnológicamente avanzado y las empresas creativas, tales como: la inteligencia artificial, la automatización, la robotización, el tratamiento masivo de datos o la captura de carbono.

El capitalismo se está pintando de verde y como ciudadanos debemos saber elegir y optar por aquellas ideas que resultan inspiradoras en lo moral y fértiles en lo teórico, aptas para iniciar la senda hacia una economía poscrecimiento, como el Acuerdo Verde para España, aunque no sepamos bien como realizarlas. Debemos enfocarnos en hacer lo que es necesario, en vez de hacer lo que es políticamente posible.

Las decisiones que hoy se adopten han de ser, por tanto, las más adecuadas. No aquéllas que sean definidas como las mejores que se pueden adoptar en un entorno lleno de incertidumbres. No podemos ser conformistas y hacer solo la parte que nos toque. Es necesario que hagamos comprender a «la gente» que no está dispuesta a renunciar a sus smartphones, a la comida rápida, los viajes ‘low cost’, a la ropa barata, a los automóviles o a la tecnología ―nosotros incluidos―, que el consumismo sin límite nos está llevando al abismo. Que es necesario y posible vivir de manera más justa, simple y sobria. No hay puntos intermedios entre la acción y la inacción, pero si caminos diversos, urgencias y niveles de miedo. El envite es un órdago a la grande. Hay que tirar del freno de emergencia.

Francisco Soler

CHILE EN EL CORAZÓN

En mi primer viaje a Chile, en compañía de un grupo de amigos y colegas de la Universidad Pablo de Olavide, sentí de primera mano que en todo el país se respiraba un ambiente de cambio. Los estudiantes de Secundaria se habían movilizado para pedir una educación de calidad para todos. Su movilización se tradujo en un intenso debate político que daba esperanzas a una sociedad deseosa de mejoras de vida. Unos pocos grupos económicos dominan toda la economía, la mayor parte de los grandes directivos de empresas proceden de un reducidisimo número de centros educativos privados. Así, pues, el ascensor social llevada parado décadas, al menos desde el golpe militar de Pinochet. En suma, neoliberalismo en estado puro.

A lo largo de estos años las movilizaciones estudiantiles han sido constantes, enviando señales inequívocas de lo que podía venir. La falta de equidad en el sistema universitario producido por la hiperliberalización de las universidades y, en determinados momentos, la corrupción del sistema de educación superior, ampliamente descrita en dos libros de la periodista María Olivia Mönckeberg (“El negocio de las universidades en Chile” y “Con fines de lucro”), son jalones que señalan en la dirección de lo que ahora está pasando.

Me duele profundamente Chile, lo llevo en el corazón. Con una gente buena y trabajadora capaz de transformar el país en la dirección de un mayor desarrollo cultural, político y económico, pero, sobre todo, en justicia social, la que lleva demandado esa buena gente desde hace ya demasiado tiempo.

La mirada hacia ese espacio de América Latina debería llevarnos a una reflexión política de lo que está pasando en nuestro país y de las secuelas que estas dejarían por muchos años en el caso de que las políticas neoliberales, que tan despiadadamente ha copiado el PP, sigan adelante a partir de las próximas elecciones. He mantenido y seguiré manteniendo que el neoliberalismo practicado por la derecha española ha tenido como modelo a Chile. Aquí la falta de equidad paró en seco a eso que llamamos el “ascensor social”... como allí. Por estas y otras razones que no ha lugar a analizar en este contexto, hemos de pedir a los partidos progresistas que, en el caso de conseguir la mayoría, lleguen a acuerdos realistas para llevar a cabo las reformas sociales tendentes a ganar en equidad y justicia social. En esa dirección la economía también crece a la vez que la riqueza se distribuye. Pero esto es materia para otro debate.

Juan Daniel Ramírez

¿Te apuntas?

Nuestro tiempo nos impone el reto histórico de encajar el sistema socioeconómico dentro de los límites del planeta. Pero la crisis climática, a la vez, nos brida la oportunidad para construir una nueva idea de España: moderna, sostenible, generosa, solidaria, abierta, feminista. Una España capaz de contribuir a que el proyecto europeo recupere su mejor dirección. Una España que cuide. Una España que no excluya. Una España que ofrezca orden, seguridad, protección y reglas claras para todos, pero en especial para quienes más las necesitan.

Pero no hacemos lo suficiente en la lucha contra el calentamiento global, nos dicen los científicos. España ―advierten― será uno de los países más afectados de la UE. Y la zona mediterránea se calienta más rápidamente. En ella la temperatura ya se ha incrementado 1,5ºC. Y cuanto más se caliente el planeta, más se instalará entre nosotros el discurso perverso: “no hay para todos”, cargando sobre los más débiles y sobre la naturaleza la defensa de los privilegios que algunos tienen.

Así pues, todo el tiempo que perdamos hoy, todo el esfuerzo que regateemos hoy, se volverá contra los y las españolas que hoy están naciendo y que serán los protagonistas del siglo XXI en un mundo más cálido y más difícil: con inseguridad climática, alimentaria, laboral, económica, familiar, afectiva. Sin derecho al futuro.

La transición ecológica que tenemos que llevar a cabo no es un experimento: se trata de generalizar y masificar aquello que sabemos que funciona. Hoy podemos hacer lo que no se pudo hacer antes por una coincidencia de factores que nunca se habían dado juntos: consenso científico, tecnologías maduras, dirección política europea comprometida con la descarbonización y una ciudadanía activa ―que ha sido capaz de promover las movilizaciones ecologistas más importantes de la historia― y ha construido un nuevo sentido común de mayorías.

El desbloqueo de la actual política de insostenibilidad pasa, por tanto, por una transición ecológica y energética, que parta de una declaración de la emergencia climática y la aplicación de políticas acordes con lo señalado por la ciencia, dotadas de recursos económicos suficientes para realizarlas; de decir la verdad a la ciudadanía respecto a la crítica situación climática y ecológica que vive el planeta y de la responsabilidad del crecimiento económico en la degradación actual; de una reducción drástica de las emisiones en el menor tiempo posible, según lo planteado por la comunidad científica; y de la participación ciudadana en la supervisión y garantía de cumplimiento de las medidas climáticas que sean adoptadas.

Pero los desafíos se superponen y el climático no es el único. Nos enfrentamos al declive de las energías fósiles; a una mutación radical del mundo del trabajo y del modelo productivo provocado por la digitalización y la automatización; al incremento de las desigualdades económicas, cronificación de la precariedad laboral e implantación del miedo como condición vital en amplias capas de la población; a demandas de plena igualdad de las mujeres en un contexto de creciente crisis de cuidados; pérdida de legitimidad y de capacidad de cohesión de los sistemas políticos como consecuencia de la ruptura unilateral del contrato social por parte de las élites y un teatro de juego geopolítico progresivamente más inestable y convulso.

En España, estas tendencias globales se manifiestan con algunas peculiaridades: el bloqueo institucional provocado por la primacía del interés de los partidos sobre cualquier consideración del interés general, potenciador de la desafección de los ciudadanos respecto a las instituciones; la necesidad de repensar el encaje afectivo e identitario de los distintos pueblos y naciones de España en un proyecto común tras el agotamiento del modelo autonómico nacido en 1978; y la hipertrofia territorial que rompe España en dos países contrapuestos: la España urbana y la España vaciada.

Por ello no podemos esperar más. Ya no queda tiempo si no queremos perder el tren del clima y el del nuevo mundo que llega. Es el momento de hacer la apuesta definitiva que se estudie en los libros de historia. Esa que cambie radicalmente nuestro país, nuestra economía, nuestras formas de vida y la manera de relacionarnos con el planeta.

La gran transformación que necesita España requerirá modificar nuestra relación con la Naturaleza, reorganizar la economía, reordenar el territorio, blindar derechos, establecer deberes, dar primacía al interés general sobre el partidista, cuestionar privilegios, repartir con justicia los esfuerzos y transformar costumbres e imaginarios arraigados. Por su esencia política esta transformación está en disputa y puede modularse desde valores, compromisos, intereses y definiciones muy diferentes. Este es el cambio queremos y ponemos sobre el tablero político. ¿Te apuntas a esta España?

Francisco Soler

Candidato Nº 1 al Senado

Más País-EQUO

por la provincia de Málaga

Duquelas traigo: turismo y flamenco

Ilustra JLR

«Llévame a ver flamenco, pero que no sea para guiris.» (Cualquiera en Sevilla, 2019). La frase que habréis escuchado y pronunciado, marca el campo: flamenco y turismo. Pero ¿qué le pasa al flamenco pa guiris? ¿Por qué la gente lo evita?

 

El flamenco siempre está naciendo, hijo de su tiempo y contexto, y no podría estar ajeno como práctica artística moderna a la (des)regulación del mercado global del turismo. Tres millones de turistas llegan cada año a Sevilla y, salvo por venir en masa, no suponen nada nuevo al flamenco, donde siempre han estado presentes. Presentes e importantes, en una práctica que se internacionaliza casi desde que emerge en el s. XIX. Narrando, tocando y bailando; financiando, enseñando, trayendo y llevando… con pieles y lenguas muy diversas, han sido protagonistas y su mirada ha moldeado la historia de este género. El turismo de nuestro siglo, dispuesto a pagar precios elevados por disfrutar de una velada flamenca en un tablao, condiciona de igual forma sus artistas. Sus expectativas y demandas determinan la oferta de un flamenco de lunares y peinetas. Aunque este deseo no les queda restringido, everybody has a mairenist friend. La sevillanía, a menudo, también erotiza el estereotipo.

Pony Bravo fija en la letra de su tema Turista, ven a Sevilla, la hemos convertido en un lugar ideal, los tres conceptos clave de una práctica artística turistificada: no hay futuro cuando se pierde el encanto: Autenticidad. Cada sevillanx es turista en su ciudad: Exotismo. La tradición aprieta los dientes: Folclore. La obsesión por vivir experiencias «reales y verdaderas» responde al deseo de comprar el producto más cotizado del consumo postmoderno: la autenticidad. Algo que no esté impostado, que no se produzca en masa ni sea hecho por dinero, a eso se refieren con autenticidad. Será que todo lo demás es mentira. Lo auténtico, como concepto, existe porque la gente lo usa, piensa y actúa como si existiese. Y en el flamenco, como otros campos, la capacidad de definir, de pontificar su estética, es una cuestión de poder. El neojondismo quiso parar el tiempo en las décadas de los 50 a 70, estableciendo un canon en base al duende, lo mágico, la herencia, la sangre, lo espontáneo, lo puramente emocional. «Ea, ya está, esto es el flamenco. Y ahora, ¿qué hacemos?». Una fiesta cerca de la hoguera, cantando penas y con unos pelos morenos larguísimos. Todo lo demás, bien peca de no ser lo suficientemente flamenco. Al ostracismo de la historia: Marchena, Caracol y María Pastora Pavón, que vendían su cante en cafés cantantes de la Alameda. «Hombre, por favor, el arte como mercancía, ¡qué herejía!»

 

Establecida la autenticidad del flamenco, vamos a reproducirla. Macetas en las esquinas; una rueda de carro nómada detrás; la bailaora que no sea pelirroja, ni gordita, ni bajita, que parezca que no está ensayado; una letrita de hambre y otra de amor apasionado. Desgarros, fuego, lunares y escobillas interminables. Pero que no parezca impostado, que entonces este tablao no lo compra naide. Y es que ya decía Quevedo: «Buscas a Roma en Roma, oh, viajero, y a Roma en Roma misma, no la hallas».

 

Lo que premia en el tablao es lo plástico, la imitación de lo jondo (un sentimiento trágico de la vida, a lo Unamuno). El teatro debe aprovechar las posibilidades de la escena para reproducir imaginarios, pero es difícil disimular que no se trata de una vulgar imitación cuando se proyecta una fiesta espontánea en un tablao. Una industria que minusvalora y desaprovecha el trabajo y el talento de sus artistas, con relaciones laborales precarias, un canon estético impuesto y la fosilización de la expresión artística en un deber ser marcado como auténtico. En la búsqueda de un flamenco puro, la clientela se encuentra con una exaltación de lo cañí. La fantasía de una foto fija de algo que está en movimiento, que es anacrónico, que se mueve entre las lógicas de diferentes tiempos. 

Avisa la UNESCO:

 

"El incremento del turismo puede tener efectos distorsionadores, ya que las comunidades pueden alterar el patrimonio para responder a la demanda de los turistas, (…). Existe también el peligro de que el patrimonio se fosilice mediante un proceso de folclorización o por una búsqueda de autenticidad, (…). Esto, efectivamente, podría hacer que se atribuyese al patrimonio cultural inmaterial un «valor de mercado» en lugar de su valor cultural, dejándolo expuesto a una explotación comercial impropia".

 

Que el flamenco se venda no es impropio de una música moderna y urbana como es, lo que aquí se cuestiona es el formato, plastificado cual fruta de supermercado: anti-ecológico, aséptico y nada apetecible.

 

Un producto más de la marca-ciudad, el flamenco es para la industria y las administraciones públicas un reclamo más. En Sevilla tenemos bien bonitos los jardines, abundan los coches de caballos, las casas encaladas por normativa, los geranios en la forja, albero y sangre, capirotes y, de último show, el flamenco. Un centro comercial al aire libre, un parque temático para el consumo. La Andalucía flamenca como una arcadia romántica, una terracita infinita. Del norte al sur, para consumir exotismo, Carmen con clavel entre los dientes, una excepción en occidente, un rincón salvaje para los sentidos huérfanos del turismo moderno.

 

Si la gente intuye la intención de este flamenco, no es de extrañar que prefiera evitarlo. ¿Quién va a querer ir a una fiesta donde no se rompan las formas? «No se baila para complacer, se baila para provocar», te recordaría Fernanda Romero. ¿Quién va a querer quedarse con la fotografía del estereotipo? ¿Quién va a perderse los coletazos, los problemas y las encrucijadas que implica que algo esté vivo? ¿Quién no usaría y manosearía el flamenco para arrojarlo contra el poder? Si se reduce un hecho social a una representación encorsetada de lo que viene buscando el turismo y la sevillanía como flamenco, este se apaga. La búsqueda de su pureza embrutece y encierra a una música que siempre ha transitado hacia lo inexplorado. Y si alguien sigue con el erre que erre de «lo auténtico», que se sume a una performance de FLO6x8, vaya a un potaje gitano en Utrera, lo disfrute con lo último de Rocío Molina o se meta en el instagram de la joven cantaora del momento. Abramos los teatros, las casas propias y comunes, multipliquemos nuestras puertas, ansiemos una ciudad libre de miedo.

 

 

Pablo Domínguez. Aficionao flamenco, integrante de CACTUS

http://eltopo.org/duquelas-traigo-turismo-y-flamenco/ 

La cultura de la violación

 

Fuente: Tumbrl

La cultura de la violación está instalada en todos los ámbitos, incluido el sistema judicial y legal que es el reflejo de nuestra sociedad rota.

La cultura de la violación de la pornografía machista y de la prostitución, núcleo duro del machismo, nos dice que las mujeres estamos disponibles sexualmente para los hombres, es más, que esa es nuestra obligación. Y que ellos pueden usarnos y convertirnos en objetos sexuales, cuando quieran. Nos dice además que en el fondo nos encanta ser usadas, nos gusta el asedio sexual, que de una forma o de otra podemos sacar beneficios de eso. Ya sea un disfrute sexual inesperado, regalo grupal de unos desconocidos, o de un conocido, ya sea dinero “fácil”. Nos dice también que si sufrimos algún daño, la culpa es nuestra, por habernos puesto en esa situación o por no habernos resistido. Salvo si el resultado es que nos matan, entonces sí que recibimos casi de manera unitaria comprensión y apoyo póstumo. Y digo casi de manera unitaria porque todavía quedan personas que cargan la culpa sobre la víctima muerta.

Esta cultura de la violación, del porno y de la prostitución ha sido fervientemente difundida por las publicaciones y películas porno, pero también por las publicaciones ordinarias y por la publicidad (recordemos las imágenes sublimando una violación en grupo), y actualmente además, y de manera masiva, a través de internet. Y por supuesto mediante la normalización de los “eventos de ocio” que consisten en compras del cuerpo de las mujeres para que actúen como robots al servicio del putero. La cultura de la violación está instalada en todos los ámbitos, incluido el sistema judicial y legal que es el reflejo de nuestra sociedad rota.

La idea de que una mujer basta con que no esté suplicando de manera indiscutible (las súplicas pueden ser interpretadas como un juego erótico) por su vida para que se considere que está disfrutando mientras la penetran brutalmente, recuerda mucho a los guiones de películas porno y a lo que relatan mujeres en situación de prostitución, donde no es raro que los amigos acudan juntos a tener una juerga sexual, en la que los únicos que están de juerga son ellos.

Muchas personas que defendemos los derechos humanos estamos hartas de que se considere normal que mujeres en situaciones vulnerables, simplemente por ser niñas, o por estar bebidas, o en zonas de conflictos armados, o por andar solas por la calle, en vez de recibir apoyo y cuidado, o como mínimo respeto, por parte de todos los hombres, haya alguno que aproveche esa situación para tocar sexualmente, incluso violar. Es una atrocidad que ante una chica bebida haya hombres que se acerquen para violarla en vez de para preguntar si necesita ayuda. Es una atrocidad que se produzcan violaciones de mujeres en situaciones de guerra incluso por hombres de la ONU. Es una atrocidad que el futuro que se presente a las mujeres que huyen de guerras o desastres naturales, sea la explotación sexual. ¿Es eso lo que puede ofrecer nuestra sociedad a las mujeres en situaciones de crisis?

No creo que esta cruda realidad sea, respecto de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, la misma que hace diez años. En mi opinión hay un empeoramiento muy significativo, en buena parte debido a que la cultura de la violación, del porno y la prostitución, ha llegado a niveles muy crueles y, además, se extiende como la pólvora a través de internet. Niños están viendo porno cruel en internet, donde las mujeres son penetradas en grupo como si fueran objetos con múltiples agujeros, y lo único que importa es la fuerza y prepotencia masculina. Se difunden además videos de violaciones o que simulan violaciones, obviándose el sufrimiento de la mujer.

La cultura de la violación, del porno y de la prostitución deshumaniza a las mujeres. Se nos despoja de nuestros deseos, de nuestros sentimientos, de nuestros derechos.

Necesitamos un sistema judicial y legislativo que no perpetúe esa deshumanización, sino que acabe con ella. Es urgente concretar conceptos indeterminados por los que se cuelan prejuicios machistas o se nos escapa la situación de las mujeres. El cambio judicial y legal es posible si trabajamos en común desde todos los sectores implicados sin ira, con humildad, sentido de corresponsabilidad y vocación de servicio. Es el momento de aprender de la experiencia y sumar conocimiento porque necesitamos un cambio total del sistema para garantizar la igualdad entre hombre y mujeres, y restituir la confianza en las instituciones. Ahora más que nunca, debemos recordar que sin igualdad no hay justicia, y sin ella no hay paz social.

Amparo Díaz Ramos es abogada especialista en violencia de género.

 https://elpais.com/elpais/2018/04/30/opinion/1525081528_204992.html

El tesoro de “la Mercedes” y los piratas de Somalia

Así como suena, este título podría ser el de una novela. Pero no lo es. Como Vd. recordará, entre los años 2012 y 2013 fue devuelto a España el tesoro de la fragata española “Mercedes”, hundida por la flota inglesa en el golfo de Cádiz en 1804, tras el fallo del Tribunal Supremo de los Estados Unidos contra Odyssey Marine Exploration que obliga a esta compañía a devolver a España las cerca de 500.000 monedas extraídas del pecio en 2007. Se trata de un tesoro de gran valor, no sólo económico y numismático, sino también cultural.

Pero, Vd. dirá: ¿qué pintan aquí los piratas de Somalia? En todo caso—podría conjeturarse—tal vez podría hacerse referencia aquí a los piratas ingleses que (más o menos respaldados por la Corona inglesa) durante tres siglos hicieron su agosto en el Atlántico a costa de los navíos españoles. O, en todo caso, habría que aludir a los espabilados caza-tesoros de la Odyssey. Pero resulta que viene aquí al pelo tratar el tema de los piratas de Somalia, y no tanto por comparar el comportamiento de estos señores con el de los ingleses en el pasado[1] o los de la Odyssey en la actualidad.

En efecto, la Somalia actual, en el pasado colonia británica e italiana, es considerada un Estado fallido que colapsó a finales de la década de 1980. La situación en el país es de caos e inexistencia de las estructuras de un auténtico Estado. Esto ya de por sí ya daría mucho que hablar sobre el colonialismo, los procesos de descolonización y el nuevo colonialismo cultural impuesto a África, entre otros aspectos, en la organización política estatal. Evidentemente, la situación de anarquía y permanente guerra civil ha tenido efectos devastadores para la población del país. El último episodio se ha dado en la hambruna en la que aún se halla la región, cuando las circunstancias han imposibilitado la llegada de ayuda internacional. Pero ésta parece ser una cuestión de menor importancia para los gobiernos de las grandes potencias mundiales. Porque lo que realmente les preocupa en Somalia es la piratería que opera en sus costas desde principios de los años 90. 

Los piratas suponen una amenaza para el transporte marítimo internacional en una zona estratégica como es la salida del Mar Rojo hacia el Océano Índico: la conexión entre Europa y Asia a través del canal de Suez. Zona atravesada por buques mercantes y petroleros. Por no hablar de los fértiles caladeros de pesca de la zona. De tal modo que los dueños del mundo decidieron intervenir en la zona: algunos de manera unilateral; otros, como en el caso de España, unidos en coaliciones navales internacionales (en concreto, España participa en una operación conjunta de la Unión Europea denominada “Atalanta”, cuya misión es, según el Ministerio de Defensa, “contribuir a supervisar las actividades pesqueras frente a Somalia y cooperar con las organizaciones y Estados que luchan contra la piratería, en especial con la Combined Task Force 150”[2], fuerza coordinada por EEUU).

Es posible que desde el Derecho Internacional Público tanto la pesca como la intervención militar en la zona sea jurídicamente impecable. Dejo la labor de apreciarlo a mis compañeros en esa área. En todo caso, desde la perspectiva que nos incumbe, la de la Filosofía del Derecho, no deja de ser paradójico que los caladeros de pesca situados frente al litoral de unos de las áreas más empobrecidas del mundo nutran los frigoríficos de los países enriquecidos. Ni normas ni acuerdos internacionales pueden legitimar este expolio[3].

Las cuestiones de fondo en este tema, a nuestro juicio,  son dos que se hallan interconectadas: de un lado, el sistema de poderes existente a nivel mundial, en el que las potencias ejercen su dominio a través no sólo del control del Derecho Internacional[4], sino también de la fuerza militar y el sostenimiento de un sistema económico liberal-capitalista en el que gozan de una posición hegemónica y operan en competencia desleal (debido a una actuación colonialista existente previamente y/o en la actualidad). Por otro lado, la segunda cuestión  es el propio sistema económico liberal-capitalista, basado en la explotación sistemática de los recursos humanos y naturales en la búsqueda de un beneficio cada vez mayor. Una de las consecuencias de este sistema ha sido, por ejemplo, el agotamiento de los caladeros de pesca en Europa, lo que nos ha impulsado al saqueo de los situados en los países empobrecidos[5].

¿Qué tiene que ver esta cuestión con el tesoro de la fragata española? Los paralelismos con el otro caso son terribles. En efecto, ¿saben de dónde procedía el oro y la plata con los que se habían acuñado las monedas que la Mercedes transportaba desde Lima hasta España? En este caso, de Perú y de Bolivia.

Me excusarán que, de nuevo, en este segundo caso, obvie las cuestiones de Derecho positivo (que serían muchas y muy complejas, con problema de sucesión de Estados incluido) y vaya al fondo de la cuestión: el expolio que España alegaba haber sufrido ante la compañía Odyssey Marine Exploration, que es manifiesto, había sido, sin embargo, llevado a cabo anteriormente por los españoles en las tierras de Sudamérica donde se extrajeron los metales preciosos del tesoro. Por tanto, desde nuestro humilde punto de vista el tesoro debería corresponder a Perú y Bolivia (lo que supondría también, de alguna manera, un resarcimiento siquiera moral por nuestro pasado colonialista)[6]. Ahora bien, ¿Vds. creen que estos Estados, con sus problemas actuales, pueden afrontar el coste económico de un litigio en EEUU sobre un asunto de este tipo?

Una última palabra sobre las analogías entre los dos casos. Primero, en los dos supuestos el Gobierno de España (tanto con una como con otra de las cabezas del bipartidismo político en aquel momento reinante) ha actuado conforme a los valores de una potencia colonizadora y ha mirado única y descaradamente por sus intereses. Segundo, los medios de comunicación generalistas no sólo han sido incapaces de ofrecernos una mirada crítica sobre estos sucesos, sino que incluso han proporcionado la información de una manera tendenciosamente maniquea, con los papeles de buenos y malos claramente establecidos.

Este artículo llega a su fin, no sin antes dejarles con una apremiante pregunta: ¿quiénes son los piratas?

 Pablo Font Oporto.

 https://www.paralelo36andalucia.com/el-tesoro-de-%e2%80%9cla-mercedes%e2%80%9d-y-los-piratas-de-somalia/

---

[1] El Profesor de la Universidad de Sevilla D. Juan Antonio SENENT DE FRUTOS, me comentó al respecto que sería interesante estudiar como el Reino Unido ha dado “continuidad histórica a su pillaje sobre el mundo por medio de los paraísos fiscales de la Commonwealth que sirven para sostener el enriquecimiento desmedido del sistema financiero con base en la City de Londres”. En palabras de él, esto vendría a constituir un “mecanismo de continuación de la piratería”.
[2] http://www.defensa.gob.es/areasTematicas/misiones/enCurso/misiones/mision_09.html (consultado el 7-3-2012).
[3] No vamos a entrar en las acusaciones de vertido de sustancias contaminantes y radiactivas por parte de los navíos internacionales en el litoral del Cuerno de África.
[4] Y de las Organizaciones internacionales como la ONU, cuyo Consejo de Seguridad posee una estructura claramente condicionada por la existencia de los cinco miembros permanentes con derecho a veto, (herencia de la Segunda Guerra Mundial), que resulta ya de todo punto insostenible.
[5] No entramos aquí en la crítica de los marineros o armadores que, acuciados por la situación, se dirigen hacia estos mares, sino más bien en el sistema que ha conducido a este estado de cosas y que les permite ahora esta salida en vez de articular otros medios para su supervivencia.
[6] Evidentemente, no valdría aquí que la compañía caza-tesoros alegara aquello de “quien roba a un ladrón…”.