Hace
ya meses que conocimos la noticia: la
filial de Gas Natural, Petroleum Oil Gas-España, almacenará
combustible en el subsuelo de Doñana. Así, vuelve a debate la
explotación del entorno y la permisividad de los poderes públicos
ante la misma, como refleja la actuación del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente al otorgar una
Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable a la empresa de gas
natural; lo que significa el pistoletazo de salida para la
construcción del gaseoducto en la zona natural de Doñana. A ello se
oponen organizaciones ecologistas como WWF, quien presentó en
febrero denuncia ante la Comisión Europea y partidos como EQUO. Por
su parte, Ecologistas en Acción afirma que la aprobación incumple
el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, que prohíbe este
tipo de actividades a menos que sean de “interés general”.
Y
es que Doñana no es sólo la zona natural en la que se realizaría
el gaseoducto, también el Parque Nacional que ya se ha visto
alterado en otras ocasiones. La zona es rica por su biodiversidad y
fue declarado por la UNESCO patrimonio de la humanidad en el 94.
Cabría pensar que por estos honores, la zona cuenta con la máxima
protección ambiental, sin embargo, tanto la ruptura de la balsa de
residuos durante la gestión de la empresa Bolidén en Aznalcollar
(que ahora vuelve al debate con el anuncio de presentar a concurso su
explotación) como el vertido de hidrocarburos de la compañía CEPSA
en Huelva han provocado la destrucción de parte de esa biodiversidad
por la que Doñana fue reconocida.
Comprender
lo que esto significa implica entender la interdependencia que existe
entre las especies (incluída la humana) que en la zona co-habitan.
En definitiva, entender el diseño.
La
interdependencia de los conflictos.
El
medio ambiente aún no ha alcanzado el reconocimiento que merece para
nuestra supervivencia como especie. Es decir, que no existe aún
desde la administración una defensa del ecologismo que tenga como
perspectiva el medio ambiente integrado con las sociedades humanas. A
pesar del cambio climático, el aumento de la temperatura terrestre y
los cambios que provoca, se sigue explotando a la naturaleza con
fines de rentabilidad empresarial que responden al “interés de
unos cuantos” y bajo la lógica del productivismo. Tampoco en la
ciudadanía existe una integración con la naturaleza, ya que, en
definitiva, los proyectos en Doñana harán más confortable la vida
de los consumidores de gas natural. Un gas natural que no llega a las
casas por arte de magia, sino que plantea un doble conflicto: el de
la extracción y el del almacenamiento. El
permiso que el ministerio ha otorgado a la filial de Gas Natural para
almacenar gas en el subsuelo de Doñana hay que estudiarlo junto a la
extracción de gas que la compañía Repsol está realizando en la
zona de Cádiz [1]. La alarma del fracking como técnica para esa
extracción aparece en escena. Sin embargo, la compañía niega
utilizar la técnica [2] y además afirma [3] que no está sacando
gas de Doñana sino de los yacimientos que posee en el Golfo de
Cádiz. La cuestión aquí es el tratamiento de las aguas residuales.
Felipe
Fuentsaltz, de WWF, denuncia la falta de transparencia en el
tratamiento de esas aguas residuales que no se sabe exactamente dónde
van ni cuál es su tratamiento. Según la propia compañía [4] el
punto en el que depositan esas aguas fue acordado con el Ayuntamiento
de Helva. Fuentsaltz indica que esas aguas residuales las vierten en
la depuradora de Aguas de Huelva, empresa municipal que se encarga de
la gestión del agua en la localidad. Juan Manuel Buendía, de Mesa
de la Ría, agrupación política que cuenta con un concejal en el
Ayuntamiento de Huelva, explica que han presentado una queja a la
Unión Europea que se admitió a trámite. La queja responde a que
desde Mesa de la Ría entienden que Repsol no tiene autorización
ambiental unificada para esa extracción de gas. Una autorización
que previene la producción de residuos, las emisiones a la
atmósfera, al agua y al suelo. Buendía explica que pidieron un
informe de impacto ambiental a Aguas de Huelva y junto a Fuentsaltz
critica la falta de transparencia.
WWF
denuncia además que la compañía no invierta parte de su capital en
la construcción de la instalación técnica necesaria para la
depuración del agua residual y la permisividad de la administración
en este caso. Yo misma pregunté a la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía por el caso: ¿Qué mecanismos les
garantizan que los vertidos residuales tienen un plan de eliminación
en el caso de la extracción de gas natural de los pozos de Repsol en
la bahía de Cádiz? Silencio…
Junto
al gas natural, el dragado del Guadalquivir se convierte también en
un problema que afecta a Doñana. Felipe Fuentsaltz explica que
“antes de realizar el dragado habría que resolver problemas
medioambientales graves como la pésima calidad del agua debido a la
contaminación y a la mala depuración”. Dice que el saneamiento de
las aguas es malo y cada vez entra más agua del mar, lo que provoca
un aumento de la salinidad que acarrea problemas en la agricultura y
en la vida de los peces. Ello se traduce en conflictos
socio-económicos, ya que el aporte de agua dulce del estuario
enriquece las zonas de arrozales y la pesca tradicional y “si
dragamos el Guadalquivir nos cargamos el estuario”, explica el
miembro de WWF.
La
economía del bajo Guadalquivir y la biodiversidad de Doñana se ven
afectados en ese diseño interdependiente de los ecosistemas.
El
ecologismo, entendido como la visión integral del entorno en el que
se asientan las sociedades humanas y la acción que esas sociedades
ejercen sobre el entorno, es hoy más necesario que nunca dentro de
las administraciones. El caso de Doñana es sólo un ejemplo de esa
interdependencia de los eco-sistemas. Pensar en clave de diseño
interdependiente dinámico nos llevaría, desde el ecologismo, a
buscar soluciones biodegradables para nuestros residuos y emisiones
de dióxido de carbono a la atmósfera, principal causa del cambio
climático. No basta con regular, las regulaciones son “una muestra
de un error de diseño, es lo que llamamos una licencia para dañar:
un permiso emitido por un gobierno, a favor de una industria, que
permite a ésta dispensar enfermedades, destrucción y muerte a una
tasa aceptable”
[5].
Es necesario una estrategia transformadora y existen colectivos y
organizaciones que se encargan de estudiarlas y de ponerlas en marcha
dentro de un entorno reducido, pero existen y son una apuesta clara
de cambio.
…....................
[1]
Repsol
tiene el 30% de las acciones de la compañía de Gas Natural-Fenosa.
Junto a Caixa Bank (35%) es accionista mayoritario.
[2]
Noticia
publicada en la web del diario El
País en
la sección de Andalucía el 18 de marzo de 2013.
[3]
Noticia
publicada por el diario El
Cofidencial en
la sección de Economía a fecha del 18 de marzo de 2013.
[4]
Noticia
publicada por El
Cofidencial a
fecha 2 de abril de 2013.
[5]
W.
McDonough y M. Braungart en Cradle
to Cradle. Rediseñando la forma en que hacemos las cosas.
Ed. Graw Hill. Pag - 56
Marina
Agraz // Coportavoz de EQUO Sevilla.
6 comentarios:
claro, hay que prohibir, no regular..tela
Ése es el debate, Pablo, como con la esclavitud, la prostitución...
Si de verdad crees que es igual creo que hay poco que debatir
Igual no, Pablo. Comparable, asimilable...esa es la discusión de fondo.
Veràs no se puede entrar en un debate en el que el elemento comparativo con la capacidad de regulación de las actividades humanas se establezca en campos como la esclavitud, ahí no hay nada que discutir porque sólo cabe la prohibición y cualquier matiz resulta inaceptable.
Sin embargo no pasa lo mismo en nuestra sociedad actual con la prostitución. Y a mí me parece que debería ser lo mismo (o muy similar). Y creo que no es descabellado entrar a valorar los delitos ecológicos de una manera mucho más grave.
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