Según las estadísticas, en Europa viven 123 millones de personas en
situación de pobreza (carencias materiales severas). España ocupaba
en 2013 el sexto lugar por la cola en la UE, con el 27,3% de
población pobre. Pero, según una reciente encuesta del INE, las
cifras de pobreza y exclusión social en España han aumentado y
afectan ya a un 29 % de la población, casi 14 millones de personas.
Respecto a los niños, según UNICEF, en los últimos años ha
crecido más de un 10% el número de menores en hogares que están
por debajo del umbral de la pobreza.
Estos son los efectos más evidentes del aumento
continuo de desposeídos por la concentración creciente de la
propiedad y el capital; ejércitos de desposeídos con crecientes
dificultades para encontrar un empleo con garantías, o no perderlo,
y que se ven abocados a engrosar las filas de precarios y excluidos.
Políticas públicas eficaces, diseñadas e impuestas por las buenas
o por las malas desde los centros de poder global, hacen posible este
proceso de concentración de propiedad, capital y poder, nada
“natural” como es fácil comprender. La eficacia de estas
políticas pro-oligárquicas (que laman “inversiones productivas”)
contrasta con la ineficacia largamente demostrada de las políticas
públicas de protección social (que llaman “gasto social”).
Entre estas políticas son destacables todos los
tipos de subsidios, ayudas y rentas mínimas. Todavía hoy se
sostiene desde muchos foros que su ineficacia radica en su
insuficiencia, y reclaman consecuentemente que se aumenten las
partidas, se amplíe el abanico de “beneficiarios” y se mejoren
los controles. Es esta justamente la reivindicación, ya secular, de
los sindicatos “mayoritarios” y la promesa, también secular, de
los partidos “con vocación de mayoría”.
Pero el creciente número de personas y entidades
de la sociedad civil que abogamos por la implantación de la Renta
Básica Universal (RBU) estamos convencidas de que la ineficacia de
estas medidas no radica principalmente en su cicatería
presupuestaria –cierta- sino en la filosofía política que las
inspira. En lo fundamental, todas estas “ayudas” condicionales
son coherentes con los principios de la “sociedad de trabajo” en
que vivimos (Hannah Arendt dixit), configurada para someter a la
mayoría al imperio del trabajo, a la necesidad perentoria de
trabajar y a que el trabajo presida nuestras vidas. En coherencia,
todas las ayudas condicionadas son diseñadas para que los
potenciales “beneficiarios” no escapen al yugo del trabajo y
permanezcan en disponibilidad total en los mercados instituidos a tal
efecto, desde los mercados de trabajos precarios a los más
especializados y mejor remunerados. Ninguna “ayuda” por separado
ni el conjunto de todas estorbará que quede satisfecha la demanda de
trabajo de cada uno de esos mercados ni el respectivo ejército
de reserva, igualmente escalonado, como tampoco el ejército
de reserva final de los excluidos.
Pero en toda la escala es la pobreza, también
escalonada, y la amenaza para cada quien de caída por esa escalera,
el resorte que compele desde abajo. Desde arriba atrae a partes
iguales el señuelo del “consumo por gamas” o la expectativa de
una “carrera brillante” (prêt-à-porter). En esa banda se mueve
el ejército ingente de desposeídos de propiedad y de las
condiciones materiales e ideáticas de libertad. Esta es la auténtica
magnitud de la trampa de la pobreza, a la que se alude a
menudo sin que se entienda la condición axial que ha alcanzado en
nuestras sociedades. Porque el consumo, sea hortera y disparatado o
selecto y elegante, no salva de la pobreza, que no es, como suele
creerse, ignorancia de códigos de distinción y carencia material,
por severa que sea: pobreza es dependencia y supeditación a otros;
alienación. Porque una vida frugal, incluso una vida de renuncia
material severa, no es pobre si no es sometida.
La propuesta de la RBU o de ciudadanía parte
precisamente de rechazar lo que comienzan aceptando subsidios, ayudas
y rentas mínimas: que el sujeto debe permanecer sometido al Reino
del Trabajo. Porque el valor superior que pretende recuperar es el de
la libertad, antes que el productivismo que subyace y legitima la
carrera agónica de trabajo y consumo en que vivimos.
Los detractores de la RBU invocan diversas razones
técnicas y materiales que la desaconsejarían o la harían
irrealizable. El supuesto técnico más socorrido es pecuniario: no
habría dinero para financiarla –dicen- o, lo que viene a ser lo
mismo, su dotación provocaría efectos inflacionarios desconocidos y
temerarios –arguyen-. Al respecto, invitamos a los lectores a
consultar un estudio recientemente publicado para el conjunto del
reino de España[1].
Se demuestra ahí con rigor y minuciosidad que la medida sería
aplicable aun dejando intacta la estructura tributaria actual del
Estado, modificando solo los tramos del IRPF y absorbiendo todas las
ayudas y subsidios condicionales actuales de igual o inferior cuantía
(645 € aprox.). La respuesta general a este estudio técnicamente
impecable del año 2014 ha sido ignorarlo. Así que, salvo algún
honroso caso, la mayoría sigue repitiendo contra la medida viejas
fórmulas y cifras descabelladas.
Evitan así los detractores entrar en el debate
ideológico-político de fondo al que inevitablemente aboca mirar de
frente la propuesta. Y esto seguramente no porque duden si
posicionarse contra la medida o porque no dominen las claves del
debate. Evitan el debate de principios porque hacerlo les obligaría
(les obligará) a desvelar su pensamiento lúgubre: su íntima aunque
públicamente negada convicción de que este orden social vigente
solo puede garantizarse manteniendo en el reino de la necesidad y el
sometimiento a la ingente masa de desposeídos. ¿O hay otros
argumentos?
[1]
http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=7535
http://blogs.publico.es/otrasmiradas/4982/renta-basica-universal-o-subsidios-condicionales/
Félix Talego Vázquez
Profesor de Antropología Social. Universidad de Sevilla.
Integrante de la Plataforma de Sevilla por la Renta Básica Universal
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