¿Cuál
es el modelo de Intervención
en los Servicios Sociales que queremos l@s
profesionales
que trabajamos en éstos?
¿Qué
modelo quieren l@s
ciudadan@s? ¿Y
nuestr@s
representantes políticos,
hacia dónde
dirigen sus estrategias en este sentido?
Parece
claro que desde la profesión,
y desde gran parte de la ciudadanía,
la defensa de lo público
es una cuestión
innegociable y que la apuesta por unos Servicios Sociales públicos
y de calidad es firme. Así
lo contempla, en Andalucía,
la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de
Servicios Sociales.
Pero
no queda tan claro lo que quieren las personas que plantean las
políticas
Sociales municipales,
autonómicas
y estatales, observándose
una progresiva privatización
de los Servicios
públicos y el desmantelamiento del modelo de Bienestar.
En
los Servicios Sociales hemos pasado de la Beneficencia a un modelo de
Intervención centrado
en los Recursos que se inició
en 1988
con la puesta en marcha del Plan Concertado
de Prestaciones Básicas de los Servicios Sociales. Este modelo de
Intervención
centrado
en los Recursos, lejos de ser superado por la implantación de otro
Modelo de Intervención
centrado en las Personas en el que la calidad en la intervención
fuese el pilar fundamental
en el que se basara su desarrollo, se ha reforzado e, incluso,
revertido hacia modelos
más
cercanos a la Beneficencia que a la Justicia Social.
Durante
muchos años,
en el Ayuntamiento de Sevilla, l@s
profesionales que trabajamos en los
Servicios Sociales, nos hemos quejado del modelo de Intervención
centrado en los Recursos
que se ha venido aplicando desde hace años
y que tras la crisis sanitaria de 2020 provocada
por el COVID supuso la implantación
de una versión
más
estricta del mismo, más
dura, áspera
e impersonal, que potenciaba, sobre todo, la gestión
de más
recursos para dejar
en un segundo plano la intervención
de calidad del profesional y en un tercer plano
la figura
del usuari@, sobrecargando de tareas burocráticas
de manera inexplicable a l@s
profesionales.
Este
modelo, defendido por la Dirección
General del área
de Servicios Sociales y por algunas
jefaturas, responde claramente a un modelo Neoliberal que prioriza el
número
y la cantidad de resultados por delante de la calidad de la
intervención.
El éxito
de este modelo Neoliberal
depende de la cantidad de intervención
que se realice y de los recursos que se apliquen.
Para esto, el papel del profesional se reduce a ser gestor de
recursos y especialista en
tareas administrativas.
Para
que el éxito
de este modelo se haga efectivo, el razonamiento que dan sus
defensor@s esta
basado en la perversión
y adulteración
de la citada Ley de Servicios Sociales de Andalucía,
haciéndonos creer que solo existe un número
determinado de artículos sagrados, intocables
y prioritarios de dicha Ley que se han de cumplir y, en cambio, hay
otros artículos
que han sido tan
demonizados, ninguneados e invisibilizados que no son exigibles.
Es
decir, se fundamenta este modelo mediante la aplicación
de los artículos
4, 7, 9, 26, 28, 35, 41, 42, 44 que garantizan la cobertura de las
necesidades básicas,
el derecho de acceso universal al conjunto de Servicios y
prestaciones a los usuarios, la estructura en niveles de atención,
las funciones de los Servicios Sociales comunitarios, la atención
a las urgencias y emergencias
Sociales, el catálogo
de Prestaciones del Sistema Público
de Servicios Sociales,
las prestaciones garantizadas, la gestión
directa por parte de los ayuntamientos, etc.
En
cambio, otras jefaturas, las menos, y la inmensa mayoría
de los profesionales que componen
la plantilla de los Servicios Sociales del ayuntamiento de Sevilla,
creemos que el Modelo Neoliberal es un modelo anticuado, inadecuado,
injusto y desfasado, apostando por la
implantación
de otro modelo de corte más
Progresista de Intervención
Centrado en las Personas.
Para
apoyar este Modelo de Intervención
Centrado en las Personas, existen otros artículos apócrifos
de la citada Ley que las personas defensoras del Modelo Neoliberal
de intervención
en los Servicios Sociales no han tenido a bien tener en cuenta,
puesto que han adulterado
y dejado la Ley de Servicios Sociales de Andalucía
recortada a su antojo. Estos artículos
malditos son el 4, 9, 25, 29, 31, 37, 41, 45, 46, 59, 62, 63, 78 que
garantizan los objetivos
de favorecer el bienestar social y mejorar la calidad de vida de las
personas, unos Servicios
de calidad que fortalezcan las capacidades de las personas usuarias,
promover la mejora
contínua
de la calidad de los Servicios Sociales, ofrecer una atención
individual basada
en la evaluación
integral de las necesidades, los recursos humanos de los centros de
Servicios Sociales, elaboración
de los Proyectos de Intervención
Social, establecimiento de las
tasas de densidad y cobertura en el Mapa de Servicios Sociales de
Andalucía,
establecimiento
de una ratio por profesional, la calidad del Catálogo
de Prestaciones, la atención
integral centrada en la persona, tener el personal suficiente con la
formación,
titulación,
conocimientos, capacidades, aptitudes y estabilidad laboral necesaria
para garantizar
la eficiencia, eficacia y calidad del sistema, la implicación
de profesionales en la formulación
de las propuestas de carácter
general dirigidas a promover los objetivos de la presente
ley, derecho a trabajar en un adecuado marco de relaciones laborales,
el Modelo básico
de intervención,
la calidad de los Servicios Sociales, entre otras.
El
Modelo Neoliberal de Intervención
Centrado en la Gestión de los Recursos en los Servicios
Sociales cumple una función
de asistencialismo, de malla primaria de seguridad que
impide que las personas mueran por hambre o por enfermedades
cubiertas por la seguridad
social. Es impensable, para un modelo de Estado Neoliberal, tener el
vagón de cola
lleno de personas "tercermundistas". Tod@s l@s
ciudadan@s del sistema han de ser "primermundistas"
en cualquier caso, mal atendidas, pero "primermundistas".
Por lo que se hace necesario un mínimo
de estructura social que haga este trabajo. De esa forma, es falso el
axioma de que el Neoliberalismo pretende acabar con los
Servicios Sociales. Debilitarlos,
sí;
privatizarlos, sí;
eliminarlos, no.
Teniendo
en cuenta que la asistencia social ha existido independientemente de
si el sistema político
era más
cercano al capitalismo o al marxismo, no estamos ante el
planteamiento de la
defensa de la existencia de la protección
social, sino ante el debate de la naturaleza de la misma. Estamos
ante la cuestión
de optar por un modelo Neoliberal de privatización
y debilitamiento
de los Servicios Sociales, de atenuación
de la miseria y de mantenimiento de unos
Servicios Sociales mínimos
y gestores de recursos, u optar por un modelo Progresista de
defensa de los Servicios Sociales públicos
y de calidad, de atención
centrada en las personas,
de erradicación
de la desigualdad y de lucha por la Justicia social.
Los
Servicios Sociales no pueden ser una mínima
red que se dedique a gestionar recursos sin
intervención
de calidad. Lo que se promueve con esto es la caridad y cuantos más
recursos
se gestionen, más
caridad.
En
este sentido, estamos siendo testigos, pasivos, de como la mayoría
de los Servicios públicos
están
siendo desmantelados, debilitados. No son una excepción
los Servicios Sociales.
Sanidad o la Educación
publicas están
de igual modo siendo debilitadas hasta su mínima
expresión.
La
calidad, en el Estado Neoliberal, la
ofrece lo "privado". Lo público
está
para los que no pueden
permitírselo
económicamente.
No hay sensación
de que han desaparecido. Muy al contrario,
la gestión
de recursos y más
recursos da una errónea
imagen de que los Servicios Sociales
están
más
vivos que nunca. Porque, en resumen, de lo
que se trata es de debilitar a los
Servicios Sociales para que se conviertan
en una mísera
malla de protección
para las más
míseras
personas.
Defender
los Servicios públicos
no es suficiente: es hora de recuperar los Servicios Sociales.
Cuando más
golpea la desigualdad, cuando más
se acentúan
las diferencias entre clases,
cuando la situación
económica
se vuelve más
critica,
es más
necesario que nunca tener
una alternativa a la locura del mercado capitalista.
Hagamos
valer los artículos
malditos de la Ley de Servicios Sociales de Andalucía.
Reivindiquémoslos.
José
Manuel Chía Salas
