Ejemplares de la Constitución española de 1978. REUTERS
Aún no hemos superado la crisis sanitaria del Covid-19 y es mucho lo
que tenemos que reflexionar y mucho lo que nos queda por avanzar y por
inventar si queremos salir de esta situación sin abandonar a una parte
de la sociedad.
Esta experiencia de crisis sanitaria mundial nos ha sacado a
los balcones a aplaudir a quienes han dado su energía y su salud para
salvarnos. Pero no solamente las profesiones sanitarias y de los
cuidados se han hecho más visibles que nunca y han adquirido un vital
protagonismo. También otro elemento ha adquirido un gran protagonismo:
El Estado (la organización territorial y política que abarca a toda
España), y especialmente el gobierno central.
Desde la derecha y la izquierda, desde incluso la falta de ideología
política clara, se ha esperado y exigido que el Gobierno central, nos
guiara y sacara de la crisis sanitaria. También en teoría se espera y
exige que nos saque, junto con las Comunidades Autónomas, entidades
Locales, y la organización supraestatal de la Comunicad Europea, de la
crisis económica. La iniciativa individual de cada persona adulta es
necesaria pero insuficiente, y las iniciativas ciudadanas colectivas
complementan e innovan, y son un ejemplo a seguir en muchas ocasiones,
pero no tienen capacidad para sustituir de manera general a las
intervenciones públicas. Se necesita una actuación ejecutiva orquestada,
armónica y colaborativa. Pero a la vez que queremos que se lleven a
cabo esas funciones y criticamos la actuación del Gobierno porque
queremos algo mejor, nos dan y nos damos respecto de la situación
económica mensajes de conformismo. Nos repetimos como un mantra que ante
la reducción del crecimiento económico no existen más opciones que
aceptar que muchas más personas pasen hambre o mueran de enfermedades
mal cuidadas o vivan en la calle o en la precariedad, o en condiciones
indignas; o que nuestros ingresos se reduzcan de una manera drástica.
Como si antes o después la capacidad del Estado para protegernos fuera a
quebrar y no existiera más posibilidad que aguantar que la mayoría de
los niños y niñas pobres, y los de la clase media y baja vayan a tener
una vida peor que la que han tenido hasta ahora, debido a la recesión
económica. Como si no existiera otra opción más que reducir la inversión
en la persecución de la violencia de género y en otras causas sociales
de primera magnitud. Pero no es eso lo que nos dice la Constitución ni
la economía.
La Constitución española no consagra un modelo económico pero sí un
orden económico que debe cumplirse en todo el Estado y que tiene como
objetivo "garantizar la convivencia democrática, dentro de la
Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social
justo", promoviendo "el progreso de la cultura y de la economía para
asegurar a todos una digna calidad de vida". Por eso España se define
como Estado Social y Democrático de Derecho (art. 1.1) y se establece la
obligación a los poderes públicos de promover las condiciones
necesarias para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas, y
por tanto de remover los obstáculos que la impidan, así como de
facilitar la participación ciudadana en la vida política, social y
económica (art. 9.2). En definitiva, nuestra norma suprema consagra la obligación para todos los poderes públicos del Estado, empezando por el Gobierno central, de adoptar las medidas y reformas que hagan factible en toda España la igualdad y la consecución de un orden económico y social justo. Y esa obligación es especialmente importante en estos momentos.
Nuestra Constitución establece que toda la riqueza del país está al
servicio del interés general (artículo 128). No solo permite las
nacionalizaciones de empresas emblemáticas que haya que salvar y poner a
disposición de ese bien común, también lo exige siempre y cuando sirva
para acercarnos a la igualdad y a un orden económico justo. No para
mantener las diferencias de riquezas. No para salvar la riqueza de
dueños y dueñas de bancos y de empresas, sino para salvar la capacidad
económica de la ciudadanía, la capacidad de respuesta de los servicios
públicos, y promover la igualdad. Y también permite y exige que las
grandes fortunas tengan que tributar de una forma mucho más
significativa que lo que sucede en la actualidad, siempre y cuando esa
entrada de dinero en las arcas públicas se use para el bien común. Algo
que algunas personas supermillonarias han entendido ya, mostrado que
están dispuestos a aportar más por el bien común del que también
dependen, como ha evidenciado esta crisis sanitaria.
No puede haber vencedores ni vencidos si queremos convivir y
progresar, y menos en una crisis de esta magnitud que ha empezado por
mostrarnos nuestra codependencia a la hora de mantener la salud y la
libertad. Se trata de aplicar una política de cuidado de toda la
ciudadanía, con independencia del signo político de cada persona, porque
todos y todas necesitamos ser cuidados y cuidar, dejando de lado
cualquier odio y conectando con lo que tenemos en común: nuestra
humanidad.
La convivencia pacífica dentro de un Estado va unida al bienestar de
la población, a la igualdad y a la justicia. En mi opinión, es el
momento de aplicar nuestra Constitución con osadía y templanza para
afrontar la tarea de armonizar los derechos individuales con las
necesidades económicas generales. Como seres humanos estamos
entrelazados y no es momento para la resignación.
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