Privilegios de los políticos. Situemos la cuestión

Publicado por Acción Politeia on jueves, 30 de agosto de 2012
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Con el estallido de la crisis económica, que ocasiona el empobrecimiento generalizado de las familias hasta llegar a verdades situaciones de desesperación, se acentúa la indignación y se multiplican los discursos tendentes a buscar culpables. En este sentido, la llamada clase política ya partía de una situación de descrédito entre la población, que se ha acentuado con la crisis, lo que le hace ser blanco de la crítica bajo dos puntos de vista: el coste económico público que supone pagar las retribuciones de los políticos y los privilegios que los representantes de la soberanía tiene respecto al resto de la ciudadanía.
Dada la multitud de informaciones y puntos de vista que hay al respecto, conviene delimitar muy claramente de qué estamos hablando para poder hacer una crítica coherente sin caer ni en la exageración ni en la demagogia, ya sean ocasionadas por el apasionamiento o por una verdadera estrategia encaminada a debilitar la democracia.


Impacto económico
Numerosas son las propuestas que circulan en las redes sociales alertando sobre el inmenso coste que supone pagar las retribuciones de los políticos en todo el Estado español, para además, se dice, trabajar poco y para su propio beneficio. La consecuencia de este discurso nos lleva a propuestas muy diversas, que van, desde la desaparición de las instituciones autonómicas o locales, hasta la eliminación de la mitad de los cargos políticos o la directa supresión de todos ellos.
En primer lugar, a la hora de determinar el montante económico que supone retribuir a las personas que ejercen cargos políticos en las administraciones públicas, tendríamos que ponernos de acuerdo sobre su número, cuáles son sus sueldos y cuántos de ellos no cobran ninguna cantidad.
Antes de abordar este asunto, quiero poner de manifiesto la perversión del lenguaje en el que se cae habitualmente, al considerar políticos y políticas sólo a aquellas personas que ocupan un puesto representativo en un Ayuntamiento, Diputación, Comunidad Autónoma, Estado u otra institución pública, olvidando que cientos de miles de personas, sin ningún tipo de remuneración, militan en partidos políticos, acuden a sus reuniones, votan y debaten, y por tanto son actores principales de la política. Pero también se olvida que toda la ciudadanía es sujeto, más o menos activo, de la política, no sólo a través de su voto, sino también, cuando reivindican sus derechos en el marco de un sindicato, una asociación o una plataforma, cuando acuden a una manifestación, cuando firman una petición, o incluso a la hora de tomar decisiones sobre sus hábitos de consumo o de vida.
Pero volviendo al número de políticos que existe en el Estado español, gran parte de las campañas que claman por la eliminación de puestos políticos se sustentan en un supuesto estudio interno elaborado por asesores de la Presidencia del Gobierno, curiosamente filtrado a la prensa, que sostiene que en España hay 445.000 políticos (1), 300.000 más que Alemania, y el doble que en Italia y Francia.
La verdad es que, a simple vista, este estudio sorprende muchísimo, sobre todo cuando se habla de un número tan desorbitado de políticos en relación a los países de nuestro entorno, especialmente, con la primera potencia económica europea, Alemania, un Estado de carácter federal con numerosas estructuras territoriales. En este sentido, hay que conocer que Alemania cuenta con una estructura bicameral, al igual que España. Por un lado, el Bundestag (2), compuesto de 622 diputados, frente a los 350 del Congreso de Diputados (3). Por otro lado, el Bundesrat (cámara territorial) que tiene 69 miembros (4), en este caso menos que los 266 representantes del Senado español (5). Además, Alemania tiene 16 Estados o lander, cada uno con su propio parlamento, además de regiones administrativas, distritos y municipios, y ciertas estructuras intermedias entre unas y otras, todas ellas con sus propias instituciones (6). En España hay 17 parlamentos autonómicos, más dos ciudades autónomas (Ceuta y Melilla) (7)... pero con un número inferior de miembros al de los parlamentos alemanes. También hay Diputaciones, ciertas estructuras intermedias (Comarcas, Mancomunidades) y Ayuntamientos, que en todo caso son menos que las alemanas. Otro dato clarificador: en Alemania hay 11.261 municipios, frente a los 8.166 que hay en España (8).
En definitiva, sin necesidad de hacer un estudio comparativo exhaustivo entre un estado y otro, resulta imposible llegar a la conclusión de que en España haya 300.000 políticos más que en Alemania. Al contrario, Alemania tiene un mayor número de instituciones territoriales y de miembros electos, y por tanto tiene un mayor número de políticos.
La realidad es que el número de políticos no sobrepasa los 80.000 (9), incluyendo asesores, de los cuales 68.462 son concejales (10). Entre los concejales, según la Federación Española de Municipios y Provincias -FEMP- (11), el 90 % pertenece a municipios de menos de 20.000 habitantes, que en la mayoría de los casos no perciben sueldo. Por tanto, cualquier estimación que se realice sobre el coste económico que significa pagar las retribuciones de los políticos en todo el Estado español, se tendría que calcular no sobre 445.000 políticos, como erróneamente se hace, si no como mucho sobre las retribuciones -muy dispares por otra parte- de aproximadamente 6.846 concejales que perciben retribuciones (10 % del total), más otros 12.000 políticos de otras instituciones territoriales u organismos.
Baste para corroborar la inexactitud del estudio de referencia, el que se incluya en el mismo a los liberados sindicales y empresariales como representantes políticos, ya que su actividad, como bien deberían saber los redactores del estudio, no es de representatividad política, sino de defensa de los intereses de los trabajadores y empresarios (Art. 7 de la Constitución Española) (12). En el mismo error se incurre al incluir al personal que trabaja en instituciones como el Defensor del Pueblo, Defensor del Menor o Cámaras de Comercio.
En este sentido, si definimos como políticos a los representantes sindicales y empresariales porque se financian en parte con gastos públicos ¿Por qué no incluir a los ministros de la iglesia? ¿O a los contratados por asociaciones u ONGs con las que las administraciones firman convenios de financiación? Lógicamente éstos tampoco se deberían de tener en cuenta en un estudio de estas características, pero tampoco los primeros, por lo que se desprende una clara intencionalidad ideológica al haberlos incluido. Otro dato que realmente clarifica la absoluta falsedad de los datos de este informe, es que se manifiesta que en España cobran sueldos públicos 8.122 alcaldes de los 8.166 existentes, algo absolutamente irreal como ya hemos indicado.
Lo cierto es que basándose en el estudio falaz de los casi 450.000 políticos, algunas campañas han llegado a cuantificar el coste de mantener a los cargos políticos en 14.000 millones de euros. Esta cantidad, aunque aún alejada de los 23.500 millones de euros del rescate de Bankia, está exageradamente inflada y por tanto es irreal.
En todo caso sería necesario un estudio completo, que escapa a mi capacidad como bloguero, para saber con exactitud el coste total que tiene, para el conjunto de las administraciones territoriales, la retribución de las personas que desarrollan tareas políticas en las mismas, pero sí se pueden poner algunos ejemplos concretos, que espero sean clarificadores.
Baste una simple operación aritmética, para concluir que los 350 diputados del Congreso, con un sueldo básico bruto de 2.813, 87euros al mes (13) (sin contar pagas complementarias para algunos diputados y los gastos de alojamiento y manutención), cuestan a las arcas del Estado 984.854,5 euros. Los gastos previstos en el presupuesto del Estado para el 2012 son (o eran porque ya se ha aprobado nuevos recortes al poco de aprobar los presupuestos) de 116.295 millones, de los cuales 28.913 millones son gastos financieros (14) (En el 2013 se prevé que suban estos gastos a 39.000 millones de euros). Hay que recordar que el montante de los recortes que Rajoy ha presentado recientemente para este año y los dos próximos asciende, de momento, a 102.000 millones de euros, y que el rescate a la banca solicitado por parte del Gobierno español a la Unión Europea podría alcanzar “curiosamente” casi la misma cantidad: 100.000 millones de euros (15). Sólo el rescate de Bankia supone para las arcas públicas 23.500 millones de euros (16)
Es decir, que el coste de pagar a los 350 diputados del Congreso su sueldo básico bruto representa un 0,0008 % del total del presupuesto de la Administración del Estado, un 0,003 % de los gastos financieros, o un 0,004 % del dinero público destinado a salvar Bankia.
Acudiendo a una realidad local como es el Ayuntamiento Albacete, el presupuesto municipal 2012 asciende a algo más de 129 millones de euros (17), de los cuales se presupuesta para las pagas brutas de altos cargos (alcaldesa y concejales) y personal de confianza, sin quitar la paga extra suprimida, un total de 1.139.677,06 euros. El total del Capítulo I, que se dedica a la retribución y pago de cuotas de la seguridad social del personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Albacete, va a dedicar (sin quitar la paga extra suprimida) algo menos de 50 millones de euros en el 2012. También hay que recordar que el Ayuntamiento de Albacete ha solicitado un préstamo bancario por un montante de 32,4 millones de euros, que se tendrá que devolver en diez años a un interés de casi un 6 % (18), es decir, con un sobrecoste de aproximadamente 13 millones de euros. En total, más de 45 millones de euros para devolver el principal del préstamo y los intereses.
En términos porcentuales, por tanto, el coste anual que supone para el Ayuntamiento las retribuciones brutas de los altos cargos y personal de confianza representa un 0,88 % del presupuesto total del Ayuntamiento, y un 2,3 % del presupuesto destinado a retribuir al personal funcionario y laboral (sin contar el personal de organismos autónomos).
Estos ejemplos concretos, y muchos otros que podríamos exponer, desmontan el discurso fácil y demagógico de que la crisis se solucionaría suprimiendo cargos políticos. Esto no quiere decir que no haya que establecer criterios de racionalidad y de ética política en las administraciones públicas, pero no en base especialmente a razones económicas -que también como en todas las actuaciones públicas- , sino especialmente por razones de ejemplaridad en el desempeño del cargo público. Desgraciadamente, los globos sonda lanzados están siendo utilizados por el PP -y a veces por el PSOE, como en su demagógico discurso contra la última reforma electoral de Castilla-La Mancha- para proponer reformas en las administraciones que, bajo el pretexto de la reducción de costes que supone retribuir a los políticos, en la realidad persiguen adelgazar el sector público, recentralizar el Estado, reducir la calidad democrática de nuestras instituciones, perpetuarse en el poder con un porcentaje muy inferior de votos al 50 % y afianzar el cada vez más maltrecho bipartidismo. Sin embargo, nada o casi nada afecta estas reformas a una verdadera élite política situada en la cúspide del Gobierno y aledaños, en la que se hace muy difícil distinguir donde acaban los intereses públicos y donde empiezan los intereses privados.
En ese contexto de demagogia política e interés partidista se sitúan las propuestas del PP -y también de UPyD-: devolución de competencias al Estado, supresión de municipios y mancomunidades, fortalecimiento de las Diputaciones, circunscripciones electorales más pequeñas, reducción del número de parlamentarios en las Comunidades Autónomas, etc.
La realidad es que estas medidas no suponen prácticamente ahorro económico, y persiguen claramente una finalidad distinta a la que dicen perseguir, como ha quedado demostrado con la el posicionamiento del presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, proponiendo una reducción en el número de representantes en el Parlamento Autonómico pero rechazando la supresión de asesores de su gobierno que supondría un ahorro presupuestario seis veces mayor al recorte de parlamanetarios (19)
Esto no significa que no debamos acometer reformas en algunas de nuestras instituciones democráticas, que acarrearían probablemente un ahorro económico, pero sobre todo una mayor eficacia y un mejor funcionamiento de las mismas. En este sentido, son muchas las voces fundadas que claman por la reforma del Senado, para que se convierta realmente en una Cámara de representación territorial, así como de las Diputaciones Provinciales, no para darles mayor poder, como pretende el PP, sino para refundirlas –sin despidos de empleados públicos- con otras entidades territoriales más cercanas a la ciudadanía (Comarcas, Mancomunidades, Municipios). Mención aparte merece una institución simbólica y con competencias reducidas, pero eminentemente política, como es la Monarquía, que genera un impacto económico muy poco transparente (8,2 millones de euros en el presupuesto 2012) (20), pero sobre todo, que es una reliquia del pasado que no pasa por el filtro de la representatividad electoral.
Además, no quiero dejar pasar por alto la necesaria reforma electoral en el Estado y también en muchas Comunidades Autónomas -como en Castilla-La Mancha-, reivindicada por partidos minoritarios y movimientos sociales como el 15-M, con el fin de que la pluralidad política existente en la sociedad española se refleje también en sus instituciones representativas de manera proporcional. Soy consciente de que cualquier reforma electoral que implique un aumento en el número de representantes políticos suscita una avalancha de críticas desde los sectores mediáticos de la derecha y también de algunos sectores sociales de izquierda mal informados, pero es fácilmente rebatible si se acompaña con una reducción en el coste de retribuciones y de funcionamiento de las diferentes Cámaras en la misma proporción que el mayor coste que suponga un incremento de representantes.
Por supuesto que también hay que llevar a cabo reformas destinadas a racionalizar sueldos (por ejemplo fijando un sueldo máximo para los alcaldes y concejales), impedir el cobro de más de un sueldo por parte de los cargos públicos, racionalizar indemnizaciones y pensiones, etc, cuestiones que tendrían un pequeño impacto económico sobre el conjunto del presupuesto, pero con una fuerte dimensión ética, como voy a exponer.


DERECHOS Y PRIVILEGIOS DE LOS POLÍTICOS.
Una vez aclarado el impacto económico que tiene para las arcas públicas el mantenimiento de nuestras instituciones democráticas, conviene analizar la cuestión desde el punto de vista más importante: el ético.
En primer lugar, creo necesario, hoy más que nunca, poner en valor el ejercicio de la política. Por supuesto, la acción política desarrollada por la sociedad civil, pero también la llevada a cabo por aquellas personas que ocupan cargos políticos representativos. Por supuesto, de ese 90 % de concejales que no reciben un sólo euro por defender los intereses de su pueblo, pero también de los representantes políticos que reciben una remuneración por su desempeño. Hay que seguir insistiendo en que sólo ha sido una minoría de dichos representantes los que han cometido abusos en el desarrollo de su función. Se equivoca profundamente quien propone la desaparición o reducción drástica de los políticos, ya que muy mala salida tendremos a la crisis si ésta no es política, y ejemplos históricos tenebrosos tenemos para no tropezar de nuevo en la misma nefasta piedra. Por tanto, hoy la salida a la crisis tiene que ser política, con nuevas políticas, pero también con políticos.
Eso sí, se hace necesario cambiar la manera de concebir la política, para que no sea un mero mandato representativo, sino una función pública y transparente ligada al control de la ciudadanía, y por tanto, participativa. Y no sólo son necesarios los políticos que ocupan un cargo representativo (diputados, parlamentarios regionales, concejales, etc), sino también el casi más denigrado personal de confianza y de asesoría; personal que desde una perspectiva técnica o administrativa, pero también política, realizan un trabajo preparativo fundamental -que no puede ser realizado por empleados públicos, como en ocasiones se argumenta-, a la hora de tomar decisiones políticas que pueden afectar a muchas personas, y que por tanto, son de una extraordinaria importancia.
El ejercicio de la política no es indigno, como algunos –que por cierto como regla general nunca se mojan- quieren hacernos ver. La política es una actividad muy importante, ya que incide en las vidas de muchas personas, y por tanto, su ejercicio conlleva una gran responsabilidad, e implica, si se realiza correctamente, estudio, reflexión y sacrificio personal.
La opción no es suprimir políticos, la opción es mejorar los mecanismos de control legal y ciudadano de la práctica política, para que ningún cargo se desvíe de su verdadero sentido.
Otra cuestión distinta es la dimensión ética del cargo político, sea electo o de confianza. En este sentido, tenemos que tener en cuenta el carácter ejemplarizante que debe de tener la actividad política, especialmente la representativa, por lo que se hace imprescindible establecer unos criterios transparentes y sobre todo, justos, sobre los derechos retributivos y de otro tipo de los representantes políticos. La existencia de privilegios por parte de los políticos empobrece seriamente la calidad democrática de nuestra sociedad, convirtiéndose en un sólido argumento para aquellos que pretenden hacernos retroceder en libertades conseguidas.
Hablemos del sueldo de los políticos. En este sentido, la primera idea que quiero desechar es ese discurso populista que afirma que las personas que se dedican a la política no deberían cobrar ningún tipo de cantidad, o que deberían de percibir el salario mínimo interprofesional. Este discurso, si se llevara a la práctica, implicaría volver al sistema político del S.XIX, afortunadamente superado, en el que sólo la burguesía acomodada podía ocupar cargos políticos, al tener sus necesidades básicas personales ampliamente satisfechas. Por tanto, considero que es mejor que un político, especialmente en instituciones cuyo ámbito de actuación afecta a muchos ciudadanos, se dedique plenamente al ejercicio de su actividad pública, cobrando para ello una remuneración adecuada, porque eso redundará en beneficio de la comunidad, al poder atender a tiempo completo su trabajo para la sociedad.
Lo que sí parece necesario es determinar cuáles deben ser las retribuciones de los políticos, cuáles son los criterios que tendríamos que establecer a la hora de fijar sus remuneraciones. Hay quien opina que el sueldo de los políticos, especialmente de aquellos que ocupan cargos de especial responsabilidad, debe ser alto para que puedan acceder a ellos personas con profesiones con alto nivel retributivo (ejecutivos de empresas, catedráticos, funcionarios de los niveles más altos, etc). A mi modo de ver, es un criterio que no hay que despreciar, pero que no debemos trasladar miméticamente a las leyes.
Sí parece razonable, como criterio general, que el sueldo de un político de una administración, se acerque al de los funcionarios de mayor grado de esa misma administración. Es decir, parece lógico que el Presidente del Gobierno cobre una cantidad parecida a la que pueda cobrar un funcionario del grupo A de la Administración del Estado, o que un alcalde de una ciudad de mediano o gran tamaño perciba cantidades parecidas a las que pueda tener un funcionario del grupo A de la Administración Local. En todo caso, es cierto que ha habido en los últimos años casos escandalosos de subidas retributivas, en diferentes niveles territoriales. Muchos botones de muestra se pueden poner, pero valga como ejemplo la subida descomunal, aprobada en 2008 por el PSOE, del sueldo del Presidente de Castilla-La Mancha, Jose María Barreda, así como de 161 altos cargos, de un 40 % de media (21) o de la más reciente subida salarial de entre un 16 y un 31 % del Alcalde y concejales en el municipio madrileño de Tres Cantos, gobernado por el PP, que significa, por ejemplo, que el regidor de esta localidad cobre 71.000 euros anuales (22).
Ahora bien, el verdadero problema en el ámbito de los Ayuntamientos ha sido dejar la decisión de las retribuciones de los cargos políticos de sus instituciones a ellos mismos. Cuestión que no es casual, sino que es consecuencia del acuerdo de PP y PSOE, bloqueando constantemente las propuestas de otros partidos para establecer unos sueldos máximos para los alcaldes y concejales de una localidad en base a criterios objetivos, pesando más las fidelidades políticas con determinados caciques locales que la ejemplaridad política.
Sólo ahora, en pleno periodo de crisis, el Gobierno del PP parece dar tímidos pasos para regular dichos sueldos (23). Algo parecido se puede decir a nivel autonómico, donde a pesar de la autonomía normativa que tienen los parlamentos regionales para determinar los sueldos de sus representantes políticos, se podría haber intentado llegar a compromisos comunes en el marco, por ejemplo, del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Por cierto, mi opinión es que una gran parte de los sueldos de presidentes, consejeros y directores generales de las Comunidades Autónomas deberían reducirse, ya que no parece de recibo que una buena parte de ellos superen el sueldo asignado al cargo de Presidente de Gobierno o Ministro (24).
Respecto al sueldo de las personas que desempeñan tareas políticas en las instituciones estatales, en primer lugar se hace necesario clarificar sus retribuciones, dada la gran variedad de cifras, algunas claramente desorbitadas, que se dan en los distintos foros de internet y redes sociales.
En cuanto al sueldo bruto anual de los altos cargos del Gobierno, establece el art. 24 de la ley de presupuestos generales para el 2012 (25), con la reducción aprobada por el Art.4 del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio (26) (el mismo decreto que establece la supresión de la paga extra para los empleados públicos), que el Presidente del Gobierno percibirá 72.600,36 euros anuales, y 64.053,79 para los Ministros.
Realmente, diversas pueden ser las opiniones sobre cuál debería ser el sueldo de los miembros del gobierno. Me parece que una buena solución sería establecer, entre otras cosas, un sueldo fijo para los miembros del gobierno, que debería ser sensiblemente inferior al establecido actualmente (ya que es más de tres veces el sueldo medio español), con la puntualización de que ningún cargo político cobre menos que en su puesto de trabajo previo, si éste era de carácter público (empleado público).
Sin embargo, más allá de que este sueldo nos parezca o no excesivo, lo que resulta absolutamente escandaloso es que el Real Decreto aludido (que ha establecido entre otras cosas la incompatibilidad entre el cobro de la indemnización de ex ministro y la de otro sueldo público o privado) haya “olvidado”, como ha denunciado el diputado de IU Gaspar Llamazares (27), impedir la compatibilidad, aún persistente, entre el sueldo de Presidente o Ministro y el de diputado, cuestión que beneficia al propio Rajoy, a la Vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría y a ocho ministros. Muy lamentable me parece que aquellos que ocupan los más altos cargos políticos del Estado, den este ejemplo de falta de ética pública, más cuando en su discurso y práctica política no paran de exigir sacrificios a la inmensa mayoría de la población.
Centrándonos, por otra parte, en el régimen retributivo de los diputados del Congreso (28) (estudio que vale también para los senadores ya que tienen regímenes muy similares), el sueldo bruto, como ya hemos comentado, es de 2.813,87 euros mensuales. Un salario que es 312 euros inferior al que empezaron cobrando quienes fueron elegidos diputados en 2008, debido a que la retribución parlamentaria se congeló en 2009 y en mayo de 2010 se rebajó un 10 por ciento con carácter general tras los recortes aplicados entonces a los funcionarios. Después de la supresión de la paga extra para los empleados públicos, los grupos políticos han decidido suprimir también la paga extra de navidad de los propios parlamentarios, por lo que el sueldo base anual será este año de 36.580,31, muy inferior al de los miembros del Gobierno (que por otro lado como hemos visto cobran doble paga, lo que le reporta a un ministro una cantidad anual de 100.634,1 euros).
Parece que el sueldo base de los parlamentarios está más en consonancia con lo razonable, pero el debate se origina por el cobro que algunos diputados y senadores tienen por la realización de otras actividades parlamentarias en las Cámaras. El argumento que sostiene la existencia de estos complementos considero que es razonable, ya que la asunción de responsabilidades complementarias acarrea una mayor responsabilidad y carga de trabajo, que deben ser retribuidas. Ahora bien, lo que no parece de recibo son las excesivas cantidades mensuales que realmente se perciben por asumir estas funciones. Por ejemplo, el Presidente de Mesa, recibe, además de su sueldo base, 3.064,57 euros más de complemento, otros 3.327,89 de gastos de representación y 2.728,57 por gastos de libre disposición; a otro nivel un Presidente de Comisión percibe, por asumir esa función, 1431,31 euros más. Considero que las cantidades asignadas por tareas complementarias deberían reducirse muy considerablemente para que no parezcan, como ocurre ahora, una manera camuflada de cobrar un sobresueldo.
Otra de las cuestiones controvertidas es el régimen de compatibilidades que tienen los parlamentarios. Ya hemos hablado del sangrante caso del Presidente y Ministros, que compatibilizan su sueldo con el que tienen de diputados. Al igual que la normativa que regula las incompatibilidades para los miembros del gobierno (29), la regulación del régimen de incompatibilidades de los parlamentarios establece que el mandato de los Diputados y Senadores se ejercerá en régimen de dedicación absoluta (30). Sin embargo, la práctica nos indica una realidad muy distinta, como demuestra el hecho de que algo menos de una tercera parte de los diputados (130) compatibiliza su actividad parlamentaria con una segunda actividad pública o privada (31), y que es muy habitual la propiedad de acciones de grupos empresariales.
Es cierto que una buena parte de las actividades declaradas compatibles son las que conllevan la condición simultánea del cargo de alcalde, concejales o miembros de determinados organismos públicos, y aunque no implican el cobro de una doble remuneración –salvo dietas por asistencia a órganos-, sí que, significan, a mi modo de ver, una doble actividad pública al menos discutible.
No acaban aquí las compatibilidades, siendo la abogacía y la docencia otras segundas actividades muy habituales. Fuera del ámbito parlamentario, famosa ha sido la polémica habida con la escandalosa percepción retributiva por parte de Maria Dolores de Cospedal, procedente de su doble condición de senadora y portavoz del Partido Popular, además de la percepción de trienios como abogada del Estado, que sumaban en el 2010 la cantidad de 223.97 euros (32).
Pero sin duda lo más preocupante para la salud de nuestra democracia es el estrecho vínculo que determinados políticos tienen con ciertos lobbies económicos o de poder, que provocan serias dudas a la hora de delimitar su actividad pública y privada. Conocido es el vínculo existente entre el PP y diferentes organizaciones ultra católicas como el Opus Dei, como encarna, entre otros muchos, su miembro supernumerario Jorge Fernández Diaz, actual Ministro del Interior (33). Pero hay otros vínculos muy evidentes, como el del actual Ministro de Defensa, Pedro Morenés, ex directivo de empresas de bombas y misiles (34); Miguel Angel Arias Cañete, ministro de Agricultura y Ganadería (y parece ser que de medio ambiente) casado con Micaela de Domecq (35), cuyo apellido es suficiente para reconocer los múltiples intereses económicos de la familia en el ramo; o del actual Ministro de Economía, Luis de Guindos, con amplia experiencia en el mundo empresarial y que era asesor de Lehman Brothers para Europa cuando quebró en 2008 (36). Capítulo aparte merece el caso, nuevamente, del Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, miembro del selecto cuerpo de Registradores de la Propiedad, que nunca ha aclarado si ha percibido o percibe alguna cantidad o tiene algún tipo de beneficio derivado de la cesión de su plaza en Santa Pola a otro compañero de profesión (37).
Otro objeto de polémica son las cantidades establecidas como indemnización para gastos de alojamiento y manutención. La cantidad mensual es de 1.823,86 € para los Diputados de circunscripciones distintas a Madrid y de 870,56 € para los electos por Madrid, cantidades que están exentas de tributación. No creo que sea discutible el pago de estos gastos, pero sí parecen, de nuevo, excesivas las cantidades. Pero lo que es más reprochable es que 62 diputados de circunscripciones de fuera de Madrid tengan uno o varios inmuebles en la misma ciudad (38), entre ellos los ministros Cristobal Montoro, Fátima Bañez, Jorge Fernández Diaz, José Manual Soria y Ana Pastor. Además, en el caso de los ministros se da la circunstancia de que todos disponen de vivienda, gastos pagados y fondos de representación con cargo al Ministerio de la Presidencia y a los distintos departamentos de los que son ministros. En cuanto al Presidente Rajoy hay que denunciar que recibe la cantidad de 870,56 euros, a pesar de reside con su familia en el Palacio de la Moncloa (39).
También quiero hacer una breve reflexión sobre los múltiples y sonados casos de corrupción que lamentablemente estos últimos años han proliferado en las instituciones públicas. Por supuesto, la principal responsabilidad en cada asunto de corrupción recae en el cargo que utiliza su posición para beneficio propio o de alguien cercano. Pero es cierto que también hay una responsabilidad política compartida del PP y PSOE, que durante décadas no han querido cambiar el modelo de financiación local, propiciando la financiación de los Ayuntamientos a través del desarrollo inmobiliario, convirtiéndose el trasiego de ingentes cantidades de dinero derivada de este desarrollo en una tentación irresistible para algunos mandatarios sin escrúpulos.
Además, tampoco se ha abordado una reforma profunda de la financiación de los partidos, ni de los diferentes mecanismos de control de sus finanzas, lo que ha provocado episodios de financiación irregular, algunos de carácter colosal, como presuntamente encubre la trama Gürtel.
Otra cuestión que suscita polémica en la actividad política de diputados y senadores es la que se deriva del Reglamento de Pensiones Parlamentarias y otras prestaciones económicas a favor de los ex-parlamentarios, de 11 de julio de 2006 (40). Esta norma, en los suprimidos artículos 1 a 6 por acuerdo de la Mesa del Congreso y del Senado del 19 de julio de 2011 (41), establecía que los diputados y senadores percibieran el 80 % de la pensión de jubilación máxima legal cuando se prestaran 7 años de actividad en las Cámaras, siendo del 100 % cuando se sobrepasaran los 11 años. Fruto de ese acuerdo mencionado, sin duda posible gracias a la presión social y la situación de crisis económica, estos beneficios ya no se otorgarán a los diputados de la nueva legislatura comenzada, corrigiendo lo que era un privilegio injustificable (en todo caso hay que decir que antes de ese último acuerdo hubo alguna renuncia voluntaria como la de Julio Anguita ya en el 2004) (42) .
Sin embargo, los diputados y senadores sí que siguen firmando un plan privado de pensiones con el BBVA, sufragado por las propias Cámaras, del que sólo me consta que hayan renunciado los cargos de Izquierda Unida (43) .Ciertamente, esta regulación debe de considerarse un privilegio sobre el resto de trabajadores, incluidos dentro de un régimen público de pensiones.
Dicho Reglamento también regula (Art.12 y Art.13) la indemnización por cese en el cargo de los parlamentarios que hayan sido miembros de las Cortes Generales y que tras la constitución de las Cámaras no obtengan nuevo mandato en las mismas. Este derecho corresponderá también a quién habiendo sido Senador designado por una Comunidad Autónoma, cese en dicha condición sin obtener un nuevo mandato. La cuantía de la indemnización por cese será el equivalente de una mensualidad de la asignación constitucional por cada año de mandato parlamentario en las Cortes Generales o fracción superior a seis meses, y hasta un límite máximo de veinticuatro mensualidades. Para justificar esta indemnización la exposición de motivos de la norma establece que la actividad política parlamentaria obliga, en muchas ocasiones, a quien forma parte de las Cámaras a dejar la que ha sido su ocupación habitual, de modo que, cuando se produce el cese, la vuelta a dicha ocupación suele acarrear diversas dificultades; quizá la más relevante de las mismas es la carencia de cobertura por desempleo que afecta a quien desempeña el mandato parlamentario, pero no hay que desdeñar la necesidad de reciclaje profesional, de reanudación de las actividades industriales o mercantiles, y otras circunstancias semejantes.
Esta indemnización ha sido objeto de polémica y también de crítica exagerada, queriéndola presentar ante la opinión pública como un privilegio para los parlamentarios que les otorga el derecho a cobrar automáticamente una indemnización equivalente a dos años. Tengo que decir que en sus estrictos términos esta indemnización parece razonable, por las razones esgrimidas en la propia exposición de motivos relatada, aclarando que para percibir 2 años de indemnización el parlamentario tendría que haber ocupado ese cargo durante 24 años (a un mes por año).
Las mismas consideraciones hay que realizar sobre las indemnizaciones que perciben los ex ministros, ex secretarios de Estado y otros ex altos cargos, muy similares a las de los ex parlamentarios, establecidas por la ley 74/1980 (ley de presupuestos para 1981). Otra cosa es, y volvemos de nuevo al mismo criterio, que se permitiera compatibilizar esta indemnización con otras remuneraciones públicas o privadas, salvo en el caso de desempeño de un puesto electo o de libre designación en otra administración o con el cobro de similares indemnizaciones por parte de un parlamento regional. Es cierto que este privilegio ha sido subsanado recientemente por el enésimo Real Decreto del Gobierno del PP (44) (el mismo en el que se suprime la paga extra a los funcionarios), lo que ha dado lugar a renuncias (obligatorias) de esta indemnización por parte de 65 ex altos cargos que perciben otras remuneraciones públicas o privadas (alguno como Rubalcaba había renunciado voluntariamente al principio de mandato) (45).
Sin embargo, este Real Decreto ha “olvidado”, como ya hemos comentado anteriormente, impedir la compatibilidad en el cobro del sueldo de Presidente o Ministro con el de diputado. Además, tampoco ha cambiado las indecentes pensión vitalicia o cesantía que perciben los ex presidentes del Gobierno, instaurada por Felipe Gonzalez para los ex presidentes del Gobierno (46), que asciende para este año a 74.500 euros anuales, y que seguirán percibiendo, junto a sus sueldos públicos o privados, además del propio Felipe Gonzalez, los ex ex presidentes Adolfo Suarez, Jose María Aznar y José Luis Rodriguez Zapatero (47), a pesar de recibir otras sustanciosos ingresos, en el caso de Zapatero, públicos (Consejo de Estado) y en el de Gonzalez y Aznar en actividades de asesoramiento a multinacionales que les reporta estratosféricos ingresos, después de que las iniciativas de partidos minoritarios para suprimir estas cesantías hayan sido rechazadas por PP, PSOE y CIU (48).


CONCLUSIONES
En definitiva, dada la complejidad del asunto y la gran dispersión de informaciones y opiniones existentes, creo que es conveniente saber situar el debate sobre los sueldos y otros derechos de los políticos y políticas.
Por un lado, a mi modo de ver, se hace imprescindible defender la práctica de la política frente a los ataques de los que quieren aprovechar la actual situación de crisis económica para recortar también en democracia.
Por otro lado, tenemos que seguir exigiendo que se aprueben normas que impidan situaciones de privilegio de determinados políticos, que son utilizados por algunos para atacar a la propia democracia y que suponen un muy mal ejemplo ético, que infecta a la totalidad de la política, alejándola de la ciudadanía.
En este sentido, hay que desmontar las campañas falaces sobre el número de políticos, pero también hay que seguir exigiendo, especialmente al bipartidismo, algunos cambios imprescindibles en su régimen retributivo y social: limitaciones retributivas para los cargos públicos de Ayuntamientos y Comunidades Autónomas; aproximación de las retribuciones de diputados, senadores y altos cargos del Gobierno a la de funcionarios de grupo superior; incompatibilidad absoluta y real de la actividad política con cualquier otra actividad, pública o privada, retribuida, empezando por el Presidente del Gobierno y sus ministros; limitación y control exhaustivo en la propiedad, por sí o por persona interpuesta, de acciones de grupos empresariales; limitación para el desempeño de un determinado cargo público cuando haya una vinculación entre el mismo e intereses económicos familiares...
Sólo con absoluta transparencia y ejemplaridad podremos devolver el prestigio a la práctica de la política, tan importante para que haya una salida justa a la crisis.
 



Enrique López Sánchez


1 comentarios:

Fco. Casado dijo...

Buen artículo y aclarador. tenemos que separar el abuso, y denunciarlo y eliminarlo, del gasto necesario de una función pública. Hay que hacerlo con pedagogía y ejemplos. Y señalar que no se habla nunca de los sueldos de ejecutivos, y empresarios en un país que la fiscalidad del capital está entre las más bajas de Europa

30 de agosto de 2012, 15:17

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