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Aborto: ¿libertad o derecho?


Toda mujer que se plantea interrumpir su embarazo ha de encarar —de la forma cruda, incluso cruel— su libertad. Como otras veces, en otros lugares y tiempos, el intento de legalización del aborto en Argentina días atrás, ha reproducido las razones, posiciones y debates y la polarización social entre partidarios y opositores. Uno de los defectos del debate como se ha conducido hasta ahora, es que aborda la cuestión desde la perspectiva de los derechos. Pero si se quiere encontrar una salida a la regulación del aborto es necesario cambiar el marco del debate, llevándolo a un terreno que sea más propicio para el consenso. Para ello la cuestión debería ser planteada desde la óptica de la libertad y la tolerancia. Aborto: ¿libertad o derecho?

Un derecho es el poder, la capacidad, que el ordenamiento jurídico concede a un individuo para poder exigir a terceros una conducta positiva o negativa de hacer o de no hacer algo. El único derecho que tiene explícitamente reconocido el feto —si posteriormente ve la luz— es patrimonial: el derecho a la herencia. Y la libertad es la capacidad del individuo para obrar según su propio criterio o voluntad, sin que le pueda ser impuesto el deseo de otro u otros de manera coercitiva. El derecho es un poder que es otorgado; la libertad, sin embargo, es una potencia innata, que no ha de ser concedida, consentida ni autorizada.

Una de las libertades que gozamos en nuestra sociedad es la libertad de conciencia. Y libertad de conciencia es tolerancia, que significa la contemplación del individuo por otros desde el exterior de su otredad. Es reconocimiento del otro, respeto por la diferencia y por la pluralidad. Es capacidad para comprender y para hacerse comprender. Es moderación y templanza. Y asimismo es responsabilidad —en cuanto componente básico del comportamiento moral, que sólo responde a la moral propia— que surge de la cercanía con el otro. ¿Y hay cercanía mayor que la de la madre con el feto? Reconocimiento y tolerancia son, pues, la única posibilidad de convivencia.

Entendida la interrupción del embarazo como el ejercicio de la libertad de conciencia, abarca ésta tanto la libertad psicológica o libertad de decisión, como la libertad moral o libertad de elección. El poder o capacidad de decisión sobre el embarazo así entendido, lo tiene la mujer de manera originaria, es innato a ella, no necesita que este poder le sea otorgado por otro. Aunque la Constitución reconoce que todos tienen derecho a la vida, y se puede entender que el feto está dentro de la esfera de significación del adverbio ‘todos’, no ha desempoderado a la mujer para ejercer su libertad en caso de embarazo, ni ha apoderado al Estado para que la ejerza en su lugar mediante una prohibición. Nada dice la Constitución en tal sentido.

La decisión de interrumpir el embarazo está ubicada en el ámbito interno de cada mujer y reclama la no injerencia de terceros en la adopción de la misma. Esta concepción de la interrupción del embarazo como una libertad extrae la decisión del ámbito moral (derecho) y la trae al ámbito de la democracia (libertad). Y ello sólo es posible con una ley de plazos que no criminalice a la mujer por el ejercicio de su libertad y legalice el aborto hasta un plazo determinado sin someter dicha decisión a condición alguna.

Pero si la interrupción del embarazo es configurada como un derecho, aunque sea el derecho a abortar, niega que la mujer tenga la soberanía de decidir sobre su embarazo en virtud de su libertad de conciencia. La consideración del aborto como un derecho significa que otro debe dar su consentimiento para que la mujer tenga ese poder. Configura una mujer con una capacidad de decisión limitada. Así entendidas las cosas este derecho se asemeja a una concesión de una parte de la sociedad sobre el ámbito de decisión interno de las mujeres. Sobre su ámbito de libertad. La mujer podrá decidir sólo en los supuestos autorizados para ejercer el poder concedido, con menor o mayor amplitud según se trate de una ley prohibicionista o de supuestos más o menos restrictiva. Al ser una decisión tomada por otro, por quien le otorga el ámbito de poder, éste se convierte en el dueño de la libertad de la mujer. Una cuestión de libertad de conciencia de la mujer, se convierte en una cuestión de la voluntad de otro.

La configuración del aborto como un derecho concedido, sitúa la decisión en el ámbito de la moral. En el terreno del bien y del mal. El debate es entonces una lucha por la hegemonía entre concepciones morales opuestas en la que al final habrá un ganador y un perdedor. Con esta concepción la decisión que corresponde al ámbito íntimo de la mujer, se sitúa en el centro del ágora como objeto de debate moral −entre una moral religiosa y otra laica−, de debate político y de debate social. En esta contienda todos reclaman su poder de decidir por otros: unos exigiendo su derecho a que el Estado permita un hacer, un hacer concreto, que consiste en abortar; otros clamando que el Estado lo impida. El resultado es siempre de suma cero: la ganancia de uno implica una perdida exacta del otro. La autorización o prohibición del aborto —en definitiva de la libertad de conciencia de la mujer− queda entonces sujeta la correlación de fuerzas que exista en el Parlamento en cada momento.

Esta configuración del aborto, por último, considera a la mujer como un ser necesitado de tutela y por tanto incapaz para tomar correctamente ciertas decisiones, además de ser un signo de intolerancia e inmadurez democrática al establecer —con la solo con la autoridad y legitimación de los poderes que la sancionan y aplican como única razón— la supremacía de una opción moral sobre otra.

Una sociedad democrática y ética debe buscar en la regulación del aborto una solución ganancia-ganancia, en lugar de adoptar soluciones ganancia-pérdida. Dada la pluralidad de concepciones morales existentes, la configuración del aborto como un ejercicio de la libertad de conciencia, es un signo de madurez y tolerancia democrática, que no interfiere en el ámbito de decisión interno de la mujer y mantiene esta decisión en el ámbito del que nunca hubo de salir.

Esta configuración de la interrupción del embarazo crea para la mujer un contexto que le permite ejercer su libertad y tomar la decisión sin soportar los costes de criminalización, sufrimiento psíquico e incertidumbre que acarrea una legislación restrictiva o prohibicionista. La concepción del aborto como un ejercicio de la libertad de conciencia, crea una realidad social suave para la mujer, la cuida en ese trance y la ayuda a restañar sus heridas. Las mujeres necesitan cuidados, no que salven sus almas. Lo demás es música celestial.


Francisco Soler
 http://mas.laopiniondemalaga.es/blog/barra-verde/2018/08/10/aborto-libertad-o-derecho/


El aborto y los hombres



Los motivos para abortar se pueden resumir en dos: hay mujeres que no quieren culminar su embarazo y mujeres que no pueden hacerlo. Las primeras necesitan una ley que les permita interrumpirlo sin riesgo para su salud, su dignidad o su libertad; las segundas —salvo cuando su imposibilidad se deba a problemas de salud— una política de apoyo a la natalidad que elimine los obstáculos materiales que les impiden satisfacer sus deseos de maternidad.
La ley reconoce el derecho de la mujer a interrumpir su embarazo en las primeras catorce semanas de gestación; una parte del movimiento feminista consideró insuficiente este plazo, al tiempo que denunciaba la desaparición del derecho a abortar sin plazo en caso de grave peligro para la vida o la salud de la embarazada, reconocido en la ley de 1985. 
Que el Estado nunca haya garantizado el aborto en los centros del Sistema Público de Salud ha provocado diferencias importantes en las condiciones de acceso y cobertura a este servicio entre Comunidades Autónomas. Mientras que en algunas, como Andalucía, los conciertos con algunas clínicas privadas casi permiten hablar de aborto libre y gratuito, en otras abundan las mujeres que han de pagarse la intervención en las clínicas privadas acreditadas.
Hoy los planes del Gobierno del PP convierten las limitaciones de la ley de 2010 en algo secundario, porque amenazan el derecho mismo al aborto. Los hombres por la igualdad debemos apoyar cuantas iniciativas impulse el movimiento de mujeres para defender la legalidad vigente, sin dejar por ello de discutir el lugar que ocupamos y podemos ocupar en esta batalla.
El derecho al aborto nos concierne a los hombres porque nos plantea algunos problemas:
De libertades: Se trata de defender una conquista democrática que garantiza la libertad de las mujeres al tiempo que la nuestra, porque la pérdida de este derecho puede forzar a muchos hombres a asumir paternidades que ni sus parejas desean, incluso cuando la causa del embarazo sea un fallo anticonceptivo.
De responsabilidades: Los hombres no parimos pero si embarazamos; de hecho somos responsables o corresponsables de todos los embarazos no artificiales. Siempre que eyaculamos en la vagina de una mujer fértil sin usar preservativo o sin tener hecha la vasectomía, asumimos la posibilidad de provocar un embarazo. Podríamos decir que lo estamos buscando —aunque no lo deseemos— al delegar en ellas el control de nuestro futuro.
De relaciones sexuales: El ámbito de las relaciones entre los sexos es el más resistente a la igualdad. Apenas si se ha cuestionado el modelo masculino heterosexual que se identifica con el coito vaginal, y la mayoría de los embarazos no deseados tienen su origen en la resistencia masculina al uso del condón, porque la educación sexual es una de las grandes asignaturas pendientes.
De equidad de género y respeto a su autonomía: Las mujeres no necesitan el consentimiento de su pareja para abortar, pero cuando la gestante requiere la opinión del fecundador, esta suele ser determinante en la toma de decisión. Anteponer el criterio del fecundador cuando no existe acuerdo equivaldría a imponérselo a la embarazada.
Resumiendo: ir algo más allá de la defensa de los derechos de las mujeres pasa por usar y promover el uso del condón, cuestionar el predominio de la penetración, reivindicar una educación sexual igualitaria y recordar que todo recorte al derecho de las mujeres sobre su capacidad reproductiva es violencia machista.

José Ángel Lozoya Gómez,
miembro del Foro y de la Red de Hombres por la Igualdad
Sevilla, julio 2014