Las deudas ecológicas de la democracia moderna

El movimiento del 15-M ha puesto en evidencia la profunda deuda que han contraído las sociedades modernas con la democracia. A su vez, la democracia moderna tiene una deuda latente con la ecología política y con su lucha por extender la autonomía personal y la solidaridad colectiva en el espacio (solidaridad transnacional), en el tiempo (solidaridad transgeneracional) y al conjunto de la naturaleza (solidaridad biocéntrica e interespecie). Sobre todo, esta democracia no suele integrar en sus procesos algunos aspectos que, además de ampliar nuestros círculos de solidaridad, son centrales para la transición hacia una supervivencia civilizada de la especie humana: la cuestión de la autolimitación, la representación de los sin voz, la gobernanza glocal y la capacidad de responder a la urgencia ecológica.

En este artículo, no tengo ninguna intención de ser exhaustivo, ni de hallar la solución perfecta. Me ceñiré para cada reto a exponer pinceladas de diagnóstico y de propuestas que espero puedan ser de utilidad para todas aquellas personas inquietas y ansiosas de alternativas, tanto en las instituciones como en la calle.

La democracia de la autolimitación

Ante el carácter despilfarrador de las sociedades occidentales, principal causante de la crisis ecológica, uno de los factores decisivos es la autolimitación (Riechmann, 2008). Dicho de otra manera más institucional, la gestión global de la demanda es una prioridad, no solo en temas más aceptados como el agua o la energía sino también en todos los aspectos del consumo de masas: consumo de carne y pescado, emisiones de CO2, uso de recursos naturales (renovables y no renovables), espacio de tierra disponible, opulencia material aceptable… Por supuesto, establecer límites a nuestro consumo y distribuir los pedazos de naturaleza que nos corresponden según principios de justicia ambiental, y sobre todo de forma ordenada y asumida por todos y todas, plantea un reto de gran magnitud para la res publica.

Para no caer en tentaciones autoritarias —o, peor, ecofascistas— y asumiendo que un modelo descentralizado y participativo es la forma más eficiente de alcanzar el objetivo (Marcellesi: 2008, p6), es común leer en los movimientos ecologistas y transformadores que se decidirán de forma democrática las necesidades (básicas, sociales, instrumentales, etc) ajustadas a los límites ecológicos y a la equidad social. Sin embargo, es menos común encontrar propuestas concretas de cómo articular esta “democracia de las necesidades”. Y no son pocas las preguntas: ¿Quién define y cómo lo que es una necesidad colectiva? ¿Qué necesidades se ponen a debate? ¿Cómo se combina este debate con las libertades individuales, puesto que la satisfacción individual puede entrar en conflicto con las aspiraciones colectivas? Es por tanto importante definir procesos o herramientas democráticos que permitan hacer realidad lo que Riechmann llama la “autogestión colectiva de las necesidades y los medios para su satisfacción” (2008, p.54)

Alcanzar esta reconstrucción colectiva de nuestras necesidades, sin imposiciones, pasa primero por un proceso de reapropriación democrática de la riqueza donde planteamos abiertamente por qué, para qué, hasta dónde y cómo producimos y consumimos. En este sentido Viveret (2002), en un informe solicitado por el gobierno francés de la izquierda plural (1997-2002), animaba a organizar debates participativos a escala estatal, regional o local, sobre “la naturaleza de la riqueza, su cálculo y su circulación”. De hecho, la New Economics Foundation, quien promueve un cambio radical de norma en el trabajo al proponer la semana laboral de 21 horas, defiende una idea parecida: “un debate nacional acerca de cómo usamos, valoramos y distribuimos el trabajo y el tiempo” (Coote et al: 2010, p.38). Aunque no detallan cómo llevar a cabo esta propuesta, podemos encontrar algunas iniciativas llevadas de forma participativa en la práctica: desde las instituciones con la “Iniciativa Spiral” del Consejo de Europa, (1) desde los movimientos sociales, con el “Parlamento de la calle” en Québec que dio lugar al “producto interno suave” (2) o en el Sur, con el indicador de “buen vivir sostenible” para el Estado de Acre, uno de los más “pobres” de Brasil. (3)

Por su parte, las “iniciativas en Transición” (4) son también un movimiento que de forma genuina quiere compaginar límites del crecimiento con nuevas formas de democracia. Asumen como punto de partida que nuestras sociedades tienen que superar a la vez el cambio climático y el techo del petróleo, y buscan soluciones compartidas basadas en procesos comunitarios y deliberativos (a nivel de ciudad, de barrio, de escuela, etc). Aficionadas a metodologías dinamizadoras tipo World Café o Open Space, apuestan por la inclusión como valor central para ser capaz de sumar de forma pragmática a numerosas personas, colectivos, asociaciones, empresas e instituciones. A través también de herramientas de “democracia económica” como las monedas alternativas, los grupos de consumo o los bancos de tiempo, practican la autolimitación —sin necesariamente tener que mencionarla— desde la relocalización ecológica, solidaria y resiliente de la economía.

La democracia de los sin voz

Con el concepto de “sin voz”, me refiero a dos categorías principales que carecen de representación hoy día en nuestros sistemas democráticos establecidos: los seres humanos —que viven en tierras lejanas como en los países del Sur o que todavía no han nacido como las generaciones futuras—, y el resto de seres vivos y no vivos. De hecho, comparto la sorpresa de Bruno Latour que se pregunta ¿por qué “hemos pensado que la política (era) un asunto de humanos entre sí? Puesto que (…) siempre han interactuado humanos y no humanos y que la política siempre ha sido también una definición de cosmos.” (2010) Por lo cual, comparto a su vez la propuesta de Jorge Riechmann de “superar nuestro arrogante antropocentrismo y aprender a hablar (…) en nombre de las generaciones futuras, de las restantes especies vivas, de todos aquellos que no pueden participar en nuestros consejos o asambleas pero se ven sin embargo afectados por nuestras decisiones (2005, p.201).

Además, nos llegan desde el Sur propuestas en torno al sumak kawsay y los «derechos de la naturaleza» que revolucionan nuestra cosmopolítica moderna. Si, como lo dice la Constitución de la República de Ecuador del 2008, la «Pacha Mama (…) tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales», eso implica que la naturaleza, y sus diferentes componentes, se convierten en sujeto político que de una forma u otra se tendrán que ir incorporando en nuestros procesos democráticos humanos. Dicho de otro modo, tenemos que contestar a la pregunta que ya hacía Barbara Ward en 1972: ¿quién defiende la Tierra?

Ante la actual máquina representativa silenciadora de los intereses de las generaciones futuras y de los no-humanos, encontramos primero dos propuestas que tienen en común la articulación de un sistema bicameral para ampliar los espacios de controversias y debates. Por una parte, Bourg y Whiteside plantean en su propuesta de “democracia ecológica” una “bioconstitución” donde se pondría en marcha el “Senado del futuro”. Este Senado encarnaría específica y exclusivamente los intereses largo placistas, y con integrantes elegidos en base a programas también largo placistas. Los autores introducen también en este panorama la presencia de las ONG ecologistas en órganos deliberativos de los poderes públicos (Bourg, Whiteside: 2009). De hecho, al igual que existe un diálogo social con los sindicatos, tampoco es descabellado imaginar por esta vía un “diálogo ecológico” con nuevos agentes que defienden el medio ambiente, generaciones futuras y/o poblaciones del Sur.

Por su parte, Latour propone completar el actual Congreso, el de los seres humanos y que llama “la cámara de los valores”, con un “Parlamento de las cosas”. En esta “cámara de los hechos”, estarían personas reconocidas por su competencia en un ámbito particular y que representarían las “cosas” (atún rojo, abejas, bosques, etc.), al igual que los diputados tradicionales representan hoy día la ciudadanía. Según Latour (2006), este parlamento “extiende a las cosas el privilegio de la representación, la discusión democrática y el derecho”, lo cual a primera vista casa con los avances en el Sur de los derechos de la naturaleza.

En paralelo a estas propuestas, también recojo aquí tres iniciativas que apuntan al mismo sentido y pienso son generalizables:

• El Ombudsman del futuro: el defensor de las generaciones futuras ya existe por ejemplo en Hungría. Además de salvaguardar el derecho constitucional de las generaciones presentes a un medio ambiente sano, actúa como guardián de las generaciones futuras al abogar por la sostenibilidad en todas las leyes nacionales y locales relevantes y al fomentar la intervención de la sociedad civil en estos asuntos.(5)
• El defensor de los animales: existe esta figura jurídica en el cantón de Zurich en Suiza que sin embargo, tras un referéndum federal, no se consiguió extender a todo el país.
• Representantes del Sur en las asambleas del Norte: la red de municipios “Alianza del Clima” (6) otorga de forma estructural la vicepresidencia de su organización a representantes de las poblaciones indígenas de los bosques tropicales.

La democracia glocal

Desde su creación, los movimientos ecologistas lo tienen claro: hay que “pensar global y actuar local” acercando los procesos de deliberación y decisión a la ciudadanía para una mejor cogestión y distribución de nuestros recursos naturales. Al mismo tiempo y aunque esta articulación tardó en cuajar, la Cumbre de la Tierra de 1992 terminó de asentar un nuevo consenso mundial: solo podremos luchar de forma eficiente contra retos globales, como el calentamiento global, la perdida de biodiversidad, la deforestación, etc., con respuestas globales. Se establece de esta manera una danza dialéctica entre dos dinámicas complementarias desde abajo y desde arriba. La democracia de la glocalidad refuerza ambos espacios de participación locales y globales, garantizando una correcta articulación entre ambas dimensiones tanto desde las instituciones como desde los movimientos sociales.(7)

Mientras ampliamos la descentralización como herramienta para la construcción de comunidades y sociedades resilientes (disminución de la conectividad económica y energética global), la situación socio-ambiental mundial requiere de alianzas globales más allá del ecomunicipalismo (aumento de la conectividad democrática global). Asimismo, según el grupo Great Transformation Initiative, “la transformación mundial necesitará el despertar de un nuevo actor social: un amplio movimiento de ciudadanos del mundo que exprese una identidad supranacional y construya nuevas instituciones para una era planetaria” (2010, p3). Los Foros Sociales Mundiales desde 2001 (con sus altibajos sobre cuestiones ambientales), la movilización social en la cumbre sobre cambio climático de Copenhague en 2009, la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra en Cochabamba en 2010, la protesta planetaria del 15-O de los Indignados en 2011, son demostraciones de la facultad de la sociedad civil a ser un agente de cambio organizado en redes de redes a nivel supralocal, permitiendo un trasvase constante entre lo local y lo global y vice versa.

Por otro lado, tras el fracaso de la Cumbre de Copenhague, también es necesario repensar la estructura institucional mundial hacia un “marco deliberativo global”. Por ejemplo, retomemos una vieja reivindicación ecologista, además defendida por algunos gobiernos: la Organización Mundial del Medio Ambiente que tendría como objetivo, entre otras cosas, promover la participación social en relación con los conflictos ecológicos y los bienes comunes mundiales (por ejemplo a través de ONG internacionales y locales o de conferencias de consenso globales). Además, juntemos esta idea con el «Tribunal Internacional de Justicia Climática» propuesto por la Conferencia de Cochabamba en 2010. En paralelo demos un paso más hacia la democracia global con la creación de un “Parlamento mundial” que supere las actuales carencias de la Asamblea General de Naciones Unidas, instaurando una forma de proporcionalidad entre el peso político de un Estado y su número de escaños y llegando, ojalá aunque pueda sonar utópico, a organizar un escrutinio universal (Onesta, 2007).(8) A más corto-medio plazo, está sobre todo al alcance optar por una mayor integración europea, más allá de los Estados-Naciones poco aptos para responder a problemas transfronterizos o a la crisis de las deudas soberanas —profundamente relacionada con la crisis de la economía real-real (la de los flujos de materia y energía). Este federalismo europeo,(9) que espero pueda venir de un verdadero proceso constituyente europeo, no sería un nuevo romantismo supranacional sino una realidad regional de dimensión adaptada (dentro de la actual globalización económica) para impulsar otro modelo de producción y consumo (hacia la relocalización ecológica de la economía).

La democracia de la urgencia ecológica

Llegado a este punto, no podemos obviar una cuestión planteada por algunos autores ecologistas: ¿es compatible la urgencia de la crisis ecológica con los tiempos que implican la democracia de la autolimitación, de los sin voz y de la glocalidad? Es cierto que esta democracia descrita en el artículo supone procedimientos complejos y alargados en el tiempo para poder deliberar, debatir de forma contradictoria, (in)formar a la ciudadanía y articular a una multitud de redes y agentes con intereses múltiples a diferentes niveles locales, regionales y mundial. Asimismo, según Semal y Villalba (2010), existe una incapacidad intrínseca de los procesos deliberativos democráticos a integrar la urgencia en su percepción del tiempo. Es más: hay un ultimátum ecológico (reforzado por el cruce de las cuestiones climáticas y energéticas) y por tanto una “cuenta atrás” para tomar decisiones fundamentales, so pena de una desaparición brutal de cualquier ideal democrático.

Sin negar esta objeción, estas reflexiones se basan por un lado en la predominancia de un escenario de tipo “colapso” (10) y, por otro lado, tienden a favorecer una respuesta a través de una élite eco-ilustrada. Si bien estoy de acuerdo en que hay prisa en adoptar cambios estructurales y no queda casi margen de maniobra para equivocarse, la capacidad de aguante del sistema actual ante el derrumbe social y civilizacional (por encima, por ejemplo, de lo que predicaba el primer informe del Club de Roma en 1972) parece indicar que todavía es probable que exista una “ventana de sostenibilidad” para alcanzar reformas sustanciales y compatible con una transición democrática hacia una sostenibilidad solidaria local y global (que requeriría en torno a una generación). Dicho lo dicho, lo escrito no deja de ser una apuesta con cierta dosis de fe en el ser humano (al igual que los ecologistas del colapso aplican otros tipos de creencias, más pesimistas y hobbesianas, sobre la humanidad). Simplemente, tenemos que admitir que los escenarios de futuro no pueden ser pronosticados puesto que carecemos de una información completa sobre el estado actual del sistema, que no podemos prever la evolución de sistemas complejos turbulentos y que tampoco podemos anticipar las decisiones humanas futuras ante dichas evoluciones.

En conclusión, dentro de la democracia ecológica del siglo XXI marcada por la incertidumbre y la indeterminación, nuestra primera meta es poner todos los recursos para construir sociedades resilientes y cohesionadas preparadas a enfrentarse a cambios bruscos y a probables puntos de ruptura e inflexión. Mi apuesta es clara: no solo es deseable sino que es también posible desde una democracia radicalmente reformada desde la ecología.

Por Florent Marcellesi

Publicado en el nº42 de la Revista Ecología Política

http://florentmarcellesi.eu/2012/02/14/las-deudas-ecologicas-de-la-democracia-moderna/

Referencias:

Bourg, D. y Whiteside, K. (2009): Pour une démocratie écologique. Disponible en:

http://www.laviedesidees.fr/Pour-une-democratie-ecologique.html?lang=fr

Coote Anna, Jane Franklin and Andrew Simms (2010): 21 horas: Por qué una semana laboral más corta puede ayudarnos a prosperar en el siglo XXI, New Economics Foundation. Disponible en castellano en http://www.ecopolitica.org/

Great Transition Initiative (2010): Imagine All the People: Hacia un movimiento de ciudadanos del mundo, en Visiones y caminos para un futuro lleno de esperanza, GTI.

Latour, B. (2006): “El Parlamento de las cosas”, la Vanguardia, 08.02.2006

Latour, B. (2010): “Remettre les non humains au coeur de la politique”. Ecorev, Invierno 2010, n34.

Marcellesi, F. (2008): Ecología política: génesis, teoría y praxis de la ideología verde, Bakeaz.

Onesta, Gérard (2007): “A European to a Wolrd Parliament” en The Case for global democracy, advocating a United Nations Parliamentary Assembly, Kauppi et al.

Semal, L. y Villalba, B. (2010): “Obsolescence de la durée et actualité du délai”. Ecorev, Invierno 2010, n34.

Riechmann, Jorge (2008): “¿Cómo cambiar hacia sociedades sostenibles? Reflexiones sobre biomímesis y autolimitación”, Democracia Ecológica. Formas y experiencias de participación en la crisis ambiental.

Riechmann, Jorge (2005): Un mundo vulnerable: ensayos sobre ecología, ética y tecnociencia, Los Libros de la Catarata, Madrid 2000

Viveret, Patrick (2002): Reconsidérer la richesse : rapport final de la mission “nouveaux facteurs de richesse”, Secrétariat d’Etat à l’économie solidaire, Paris

Notas:

(1) El Consejo de Europa impulsa en varias localidades europeas la elaboración participativa de indicadores de progreso y de bienestar compartido por todas las personas y agentes de un territorio. Más información: https://spiral.cws.coe.int/

(2) El Parlamento de la calle fue un ejercicio de democracia directa impulsado por movimientos de lucha contra la pobreza que interpeló la Asamblea Nacional de Québec. Como respuesta, el Primer Ministro quebequense creó un órgano llamado el “Cruce de los saberes”. De sus trabajos nació el indicador “producto interno suave”. Más información: http://www.produitinterieurdoux.org/

(3) El estado de Acre ha definido un indicador de “buen vivir sostenible” que tiene en cuenta su principal riqueza: el bosque amazónico. El proceso se ha llevado a cabo de forma participativa con economistas brasileños y la sociedad civil local —en primer lugar, los pueblos indígenas— y ha contado con el asesoramiento de una ONG y una universidad francesas. Más información: http://www.france-libertes.org/Creation-de-l-Indicateur-de-bien.html

(4) Más información en http://movimientotransicion.pbworks.com

(5) Más información: http://jno.hu/en/?&menu=intro

(6) Más información: http://www.klimabuendnis.org/

(7) La Great Initiative Transition propone de hecho una triple dinámica “Desde abajo: las responsabilidades deberán desplazarse hacia los niveles locales dentro del espíritu de subsidiariedad y participación. Desde arriba: las crecientes necesidades de gobernabilidad global desplazarán una parte mayor de la toma de decisiones al contexto internacional. Desde los lados, los negocios y la sociedad civil se convertirán en socios más activos de la gobernabilidad.” (Raskin et al. (2002): La Gran Transición: la promesa y la atracción del futuro, Instituto Ambiental de Estocolmo, p54).

(8) Incluso existe una campaña mundial para una Asamblea Parlamentaria en la ONU: http://es.unpacampaign.org/about/index.php

(9) Por ejemplo, los premios Nobel de economía del 2011 recomiendan que, para superar la crisis, Europa se dote de un presupuesto federal al igual que lo hizo Estados Unidos tras su independencia en 1776. Fuente: http://www.lemonde.fr/economie/article/2011/10/10/resoudre-la-crise-de-la-dette-un-jeu-d-enfant-pour-les-nobel-d-economie_1585401_3234.html

(10) Llamo colapso a un escenario de futuro donde los conflictos y las crisis entran en una espiral descontrolada y las instituciones se desploman.